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Sentencia RP-343-22 — Registro 19709

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria dictada por el delito de secuestro. Declarado el recurso sin lugar.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional: 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a los señores José Ramón Bardales, Nilson Alexander Contreras Pereira y Darwin Alberto Pereira, por suponerlos responsables de la comisión del delito de SECUESTRO en perjuicio de la señora MARTHA LILIAN RUIZ SERRANO. Acordando las partes, se les impusiera a los imputados, la pena de veinte (20) años de reclusión, más las penas accesorias. 2. En cuanto al delito de secuestro en el nuevo código penal (art. 239) tiene una pena abstracta de 8 a 12 años de prisión. En relación con el secuestro agravado, en el NCP art. 240, tiene una pena abstracta de 12 a 15 años de prisión, y como concurren las agravantes de que la víctima era mujer en situación de vulnerabilidad (conducía sola), lo que activa el Artículo 240.4 del nuevo código y que existió participación en grupo delictivo organizado (planificación previa y reparto de roles entre 6 personas), aplicando el Artículo 240.7. Por lo que la Pena equivalente bajo el nuevo código al concurrir dos agravantes, el rango penal se eleva a 15-20 años según el Artículo 240 (último párrafo), igualando la condena original. El artículo 616 del código penal vigente establece en su primer párrafo: “…no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que el favorece y rechazando lo que le perjudique”. En el presente caso, atendiendo la literalidad de la norma penal, se aprecia que la pena de (8-12 años) que señala el artículo 239 del Código Penal actual, se agrava a una pena de 12 a 15 años, cuándo concurren algunas de las circunstancias previstas en el artículo 240, de igual forma el penúltimo párrafo de dicho artículo aumenta esa pena de 15 a 20 años de reclusión, cuando concurren dos (2)o más de las circunstancias enumeradas en el artículo 240. Al contrastar la literalidad de la norma penal vigente con los HECHOS PROBADOS consignados en la sentencia condenatoria dictada contra los acusados se aprecia que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables a los sentenciados, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta conforme la legislación derogada, resulta también imponible conforme el nuevo Código Penal por los fundamentos legales indicados. Por lo que no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme a las reglas dispuestas en el artículo 616 del nuevo Código Penal.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de mayo de dos mil veinticinco VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor de los señores José Ramón Bardales, Nilson Alexander Contreras Pereira y Darwin Alberto Pereira, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial en Materia Penal, de fecha veintiuno de julio de dos mil dieciséis, con relación a la causa que se instruyó contra los señores José Ramón Bardales, Nilson Alexander Contreras Pereira y Darwin Alberto Pereira, por haber sido condenados por el delito de Secuestro, en perjuicio de Martha Lilian Ruiz Serrano. ANTECEDENTES 1) En fecha veintiséis de septiembre de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, la Agente Fiscal, Abogada Karla Yaneth Zavala Mendoza, presentando requerimiento fiscal contra el señor Darwin Alberto Tinoco Pereira, por suponerlo responsable del delito de Secuestro, en perjuicio de Martha Lilian Ruiz Serrano. (Folios 1-4 del antecedente) 2) En fecha quince de enero de dos mil quince, la Abogada Karla Yaneth Zavala Mendoza, actuando en su condición antes indicada, compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, presentando ampliación de Requerimiento Fiscal contra los señores José Ramón Bardales y Nilson Alexander Contreras Fuentes, por suponerlos responsables del delito de Secuestro en perjuicio de Martha Lilian Ruiz Serrano. (Folios 44-48 del antecedente) 3) Que en fecha veintiuno de julio de dos mil dieciséis, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial en Materia Penal, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos, por conformidad expresa de las partes, a los señores JOSE RAMON BARDALES, NILSON ALEXANDER CONTRERAS PEREIRA Y DARWIN ALBERTO TINOCO PEREIRA, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autores penalmente responsables de la comisión del delito de SECUESTRO en perjuicio de la señora MARTHA LILIAN RUIZ SERRANO, a la pena principal de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN, a la cual se le ha de computar el tiempo en que los imputados hubieran estado detenidos o privados de libertad por esta causa, condena que deberán cumplir los condenados en la Penitenciaría Nacional que determine el Juez de Ejecución competente. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos a los señores JOSE RAMON BARDALES, NILSON ALEXANDER CONTRERAS PEREIRA Y DARWIN ALBERTO TINOCO PEREIRA, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, así como también, a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO: No se condena a los señores JOSE RAMON BARDALES, NILSON ALEXANDER CONTRERAS PEREIRA Y DARWIN ALBERTO TINOCO PEREIRA, en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. CUARTO: No se declara el comiso, por no haberse puesto a disposición de este Tribunal de Sentencia ninguna pieza de convicción o ejecución. QUINTO: Se declara la responsabilidad civil los señores JOSE RAMON BARDALES, NILSON ALEXANDER CONTRERAS PEREIRA Y DARWIN ALBERTO TINOCO PEREIRA, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. Que se notifique esta sentencia a las partes procesales. Así por esta nuestra Sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos.” (Folios 237-241 del antecedente) 4) En fecha dieciocho de febrero de dos mil veintidós, compareció ante esta Sala, el Abogado Ramón Matamoros, interponiendo recurso de revisión a favor de los señores José Ramón Bardales, Nilson Alexander Contreras Pereira y Darwin Alberto Pereira, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para sus representados. (Folios 1-4 del recurso de mérito) 5) En fecha trece de abril de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, con la comparecencia de la Abogada sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Ramón Matamoros, en su condición de Apoderado Legal de los señores José Ramón Bardales, Nilson Alexander Contreras Pereira y Darwin Alberto Pereira; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: “…ratifica el contenido de la solicitud de revisión…sustituirle la pena y multa por el artículo 239 del Código Penal Vigente en donde establece que para el delito Secuestro la pena es 8 a 12 años. Que lo más beneficioso para los intereses personales de los condenados es una pena minina de 8 años…” El Ministerio Público consideró: “…Al contrastar la literalidad de la norma penal vigente con los HECHOS PROBADOS consignados en la sentencia condenatoria dictada contra los acusados se aprecia entre otros aspectos: ¨ Que en el caso concreto, sin lugar a dudas , resultó que la señora MARTHA LILIANA RUIZ, fue privada de su libertad ambulatoria por los imputados, quienes actuaban en común acuerdo con otros individuos, con el propósito de obtener de su patrono , como precio de su libertad, una suma determinada de dinero….¨ ¨En el presente caso, no cabe duda alguna que la señora Martha Ruíz, una vez que fue interceptada, fue sometida mientras se conducía en un vehículo tipo turismo, cuando se disponía a llegar a su centro de trabajo, ubicado en el barrio Medina de la ciudad de San Pedro Sula, por seis individuos entre los que se encontraban los señores…. Quienes formaban para de un mismo grupo de personas, siendo trasladada posteriormente a un sitio identificado como una casa, ubicada en la colonia Lomas del Cacao… ¨ ¨ En el presente caso, se hicieron varias llamadas telefónicas a la persona que era el patrono de la víctima en ese momento, el mismo día que fue interceptada, es decir el 24 de septiembre de 2014, a eso de las 7:45 de la mañana, mediante las cuales realizaban los acusados junto a otras personas, las cuales exigían la cantidad de un millón de lempiras a cambio de la liberación de la señora Ruíz¨ ¨ En ese orden de ideas en el presente caso, quedó acreditado que el dominio del hecho lo tenían los imputados, junto a otros individuos que no son parte en el proceso… como se puede apreciar en el caso de estudio, cada uno de los que participaban en los hechos juzgados, tenían un reparto de funciones necesarias para su ejecución, actuaron de común acuerdo bajo un plan preconcebido, realizaron cada uno una parte del rol que les correspondía ¨ Razón por la cual el Ministerio Público, considera que los condenados cometieron el delito bajo la concurrencia de dos (2) circunstancias agravantes descritas en los numerales 4) y 7) del artículo 240 del Código Penal actual; ya que la víctima es una mujer, que al momento del hecho conducía sola en su vehículo, lo cual, se califica como especialmente vulnerable, por el hecho de ser mujer, conduciendo sola, y ese estado de vulnerabilidad fue prevista por un grupo de personas (imputados) para secuestrarla, quienes como bien se establece en los hechos probados en la sentencia condenatoria dictada su actuar obedeció a un plan preconcebido con un reparto de funciones para la ejecución, actuaron de común acuerdo, realizaron cada uno una parte del rol que les correspondía para obtener a cambio de la libertad de la víctima una cantidad considerable de dinero, lo cual, considera el Ministerio Público se encuentra en el ámbito de un grupo delictivo organizado conforme lo define La Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional en el artículo 1…Al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables a los sentenciados, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta conforme la legislación derogada, resulta también imponible conforme el nuevo Código Penal por los fundamentos legales indicados. Por lo que no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.” Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados…” La Magistrada manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. (Folios 22-25 vuelto de mérito) FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de Revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al Principio de Seguridad Jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha a los trece (13) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado RAMON MATAMOROS, como revisionista, a favor de los Señores JOSE RAMON BARDALES, NILSON ALEXANDER CONTRERAS PEREIRA Y DARWIN ALBERTO PEREIRA contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL en fecha veintiuno de julio de dos mil dieciséis, con relación a la causa que se instruyó contra los Señores JOSE RAMON BARDALES, NILSON ALEXANDER CONTRERAS PEREIRA Y DARWIN ALBERTO PEREIRA por el delito de SECUESTRO en perjuicio de MARTHA LILIAN RUIZ SERRANO. (Exp. No. 057-2016-JN); y, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. El Abogado RAMON MATAMOROS, solicita la revisión de la pena y que se aplique el principio de retroactividad de la ley, tomando en cuenta las nuevas penas vigentes en el Decreto 130-2017, en base al artículo 96 de la Constitución, se solicita la retroactividad de la ley, siempre que favorezca al reo, por lo que se solicita la revisión de las penas a los señores José Ramón Bardales, Nilson Alexander Contreras Pereira y Darwin Alberto Pereira, quienes fueron condenados por el delito de Secuestro, en Perjuicio de Martha Lilian Ruiz Serrano, a una pena de 20 años de reclusión del artículo 192 numeral 1) del Código Penal derogado. Sustituirle la pena y multa por el artículo 239 del Código Penal Vigente en donde establece que para el delito Secuestro la pena es 8 a 12 años. Que lo más beneficioso para los intereses personales de los condenados es una pena mínima de 8 años. Por su parte el Ministerio Público, estima que las disposiciones contenidas en el actual código penal no son más favorables al sentenciado; por lo que solicita que no se otorgue la revisión solicitada. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos que de los hechos probados se establece que los condenados cometieron el delito de secuestro bajo la concurrencia de dos (2) circunstancias agravantes descritas en los numerales 4) y 7) del artículo 240 del Código Penal actual; ya que la víctima es una mujer, que al momento del hecho conducía sola en su vehículo, lo cual, se califica como especialmente vulnerable, por el hecho de ser mujer, conduciendo sola, y ese estado de vulnerabilidad fue prevista por un grupo de personas (imputados) para secuestrarla, quienes como bien se establece en los hechos probados en la sentencia condenatoria dictada su actuar obedeció a un plan preconcebido con un reparto de funciones para la ejecución, actuaron de común acuerdo, realizaron cada uno una parte del rol que les correspondía para obtener a cambio de la libertad de la víctima una cantidad considerable de dinero, lo cual, considera el Ministerio Público se encuentra en el ámbito de un grupo delictivo organizado conforme lo define La Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional en el artículo 1: a) Por "grupo delictivo organizado" : Se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material; b)Por "delito grave" se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave; c) Por "grupo estructurado", se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada. En consonancia con tal definición, el Código Penal establece: Artículo 136.-GRUPO DELICTIVO ORGANIZADO. Se considera grupo delictivo organizado a cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados conforme a lo dispuesto en el presente código. En virtud de lo anterior, la pena prevista en el Código Penal actual conforme al artículo 239 y 240 es de 15 a 20 años de reclusión, lo cual se encuentra en el rango punitivo dentro del cual fueron condenados los acusados. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional: 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a los señores José Ramón Bardales, Nilson Alexander Contreras Pereira y Darwin Alberto Pereira, por suponerlos responsables de la comisión del delito de SECUESTRO en perjuicio de la señora MARTHA LILIAN RUIZ SERRANO. Acordando las partes, se les impusiera a los imputados, la pena de veinte (20) años de reclusión, más las penas accesorias. 2. En cuanto al delito de secuestro en el nuevo código penal (art. 239) tiene una pena abstracta de 8 a 12 años de prisión. En relación con el secuestro agravado, en el NCP art. 240, tiene una pena abstracta de 12 a 15 años de prisión, y como concurren las agravantes de que la víctima era mujer en situación de vulnerabilidad (conducía sola), lo que activa el Artículo 240.4 del nuevo código y que existió participación en grupo delictivo organizado (planificación previa y reparto de roles entre 6 personas), aplicando el Artículo 240.7. Por lo que la Pena equivalente bajo el nuevo código al concurrir dos agravantes, el rango penal se eleva a 15-20 años según el Artículo 240 (último párrafo), igualando la condena original. El artículo 616 del código penal vigente establece en su primer párrafo: “…no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que el favorece y rechazando lo que le perjudique”. En el presente caso, atendiendo la literalidad de la norma penal, se aprecia que la pena de (8-12 años) que señala el artículo 239 del Código Penal actual, se agrava a una pena de 12 a 15 años, cuándo concurren algunas de las circunstancias previstas en el artículo 240, de igual forma el penúltimo párrafo de dicho artículo aumenta esa pena de 15 a 20 años de reclusión, cuando concurren dos (2)o más de las circunstancias enumeradas en el artículo 240. Al contrastar la literalidad de la norma penal vigente con los HECHOS PROBADOS consignados en la sentencia condenatoria dictada contra los acusados se aprecia que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables a los sentenciados, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta conforme la legislación derogada, resulta también imponible conforme el nuevo Código Penal por los fundamentos legales indicados. Por lo que no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme a las reglas dispuestas en el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Código Penal reformado en el artículo 373 por Decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021. Artículo 618 del código penal vigente. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Ramón Matamoros, en favor de los Señores JOSÉ RAMÓN BARDALES, NILSON ALEXANDER CONTRERAS PEREIRA Y DARWIN ALBERTO PEREIRA. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA DE LO SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha dos de mayo de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-343-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL