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Sentencia RP-307-22 — Registro 19895

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria con relación a la causa que se instruyó por el delito de extorsión simple en perjuicio de testigo protegido AC-134 (EXP.N0.344-2017-J2)

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO QUINCE (15): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor EDGAR JAVIER FLORES BAQUEDANO la pena principal de ONCE AÑOS Y TRES MESES DE RECLUSION Y MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC-134 Así mismo las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de EXTORSION, enmarcado en el artículo 222 establecía una pena abstracta de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos. El Código Penal Vigente Decreto 130-2017, en el artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, dispone: “Quien, con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para si o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. O sea, dicha conducta delictiva, se castiga con la misma pena de privación contemplada en el Código Penal derogado. En ese orden de ideas, la descripción del tipo penal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada. En el caso subjudice, el encausado fue condenado mediante la figura desjudicializadora del proceso abreviado, es así que para realizar una ponderación que constituya la igualdad en cuanto a juzgamiento, debemos transitar sobre la figura procesal a la que se sometió el encartado; Aplicando la rebaja de un cuarto ¼ a la pena. (Artículo 404 del Código Procesal Penal). Resultando la misma pena de prisión, que se le impuso en la sentencia revisada y multa de 375 a 500 días, a razón de cinco mil lempiras (L.5,000.00 en su nivel más alto) por día multa, reflejando la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (LPS 1,875,000.00) en concepto de Multa, pena que es más gravosa con relación a los 37.5 salarios mínimos, a los que fue condenado. III. Sumado a lo anterior, del estudio de los antecedentes y del recurso de revisión impetrado, esta Sala aprecia, que las penas establecidas para el delito de Extorsión estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, no resultan más benignas que las establecidas en el Código Penal decreto 144-1983, derogado. (Artículo 222). En virtud que el recurso de revisión, fue interpuesto estando ya vigente (a partir del primero de noviembre de los dos mil veintiuno), la reforma que agrava nuevamente las penas para este delito, tal y como se deja explicado en los numerales anteriores. Por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor EDGAR JAVIER FLORES BAQUEDANO.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO QUINCE (15): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor EDGAR JAVIER FLORES BAQUEDANO la pena principal de ONCE AÑOS Y TRES MESES DE RECLUSION Y MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC-134 Así mismo las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de EXTORSION, enmarcado en el artículo 222 establecía una pena abstracta de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos. El Código Penal Vigente Decreto 130-2017, en el artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, dispone: “Quien, con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para si o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. O sea, dicha conducta delictiva, se castiga con la misma pena de privación contemplada en el Código Penal derogado. En ese orden de ideas, la descripción del tipo penal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada. En el caso subjudice, el encausado fue condenado mediante la figura desjudicializadora del proceso abreviado, es así que para realizar una ponderación que constituya la igualdad en cuanto a juzgamiento, debemos transitar sobre la figura procesal a la que se sometió el encartado; Aplicando la rebaja de un cuarto ¼ a la pena. (Artículo 404 del Código Procesal Penal). Resultando la misma pena de prisión, que se le impuso en la sentencia revisada y multa de 375 a 500 días, a razón de cinco mil lempiras (L.5,000.00 en su nivel más alto) por día multa, reflejando la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (LPS 1,875,000.00) en concepto de Multa, pena que es más gravosa con relación a los 37.5 salarios mínimos, a los que fue condenado. III. Sumado a lo anterior, del estudio de los antecedentes y del recurso de revisión impetrado, esta Sala aprecia, que las penas establecidas para el delito de Extorsión estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, no resultan más benignas que las establecidas en el Código Penal decreto 144-1983, derogado. (Artículo 222). En virtud que el recurso de revisión, fue interpuesto estando ya vigente (a partir del primero de noviembre de los dos mil veintiuno), la reforma que agrava nuevamente las penas para este delito, tal y como se deja explicado en los numerales anteriores. Por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor EDGAR JAVIER FLORES BAQUEDANO.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio del dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS a favor del señor EDGAR JAVIER FLORES BAQUEDANO, contra la sentencia condenatoria dictada por JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha tres (03) de abril de dos mil diecisiete(2017), con relación a la causa que se instruyó contra el señor EDGAR JAVIER FLORES BAQUEDANO por el delito de EXTORSION SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC-134 (EXP.N0.344-2017-J2) ANTECEDENTES 1) En fecha siete (07) de abril de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el juzgado de letras penal de la sección judicial de Tegucigalpa Francisco Morazán, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, el abogado, SANTIAGO RENE MONCADA SAUCEDA presentando requerimiento fiscal en contra el señor, EDGAR JAVIER FLORES BAQUEDANO, por suponerlo responsable del delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC134. (Folios 01-07 del antecedente) 2) Que en fecha tres (03) de abril de dos mil diecisiete (2017), el juzgado de letras penal de la sección judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual FALLÓ: EL JUEZ RESUELVE: Haciendo aplicación de los artículos 61, 69, 70, 82, 89, 90, 24, 95 y 303 de la Constitución de la República; 1 y 40 numeral 3 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 403 y 404 del Código Procesal Penal; 32, 222 numeral 1, en relación con el artículo 37, del Código Penal; 1) CONDENA al señor EDGAR JAVIER FLORES BAQUEDANO, por haber cometido el delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC-134, a la pena de ONCE (11) AÑOS, TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN que se deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional en Tamara de éste Departamento, sujeto a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario.- 2) Asimismo se CONDENA al imputado EDGAR JAVIER FLORES BAQUEDANO a pagar UNA MULTA DE 37.5 Salarios que deberá enterar a la Tesorería General de la República. 3) Se CONDENA al imputado EDGAR JAVIER FLORES BAQUEDANO a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, así como a trabajar en labores para las cuales tengan vocación los condenados durante el tiempo de su condena.- 3) No procede la condena en costas procesales ni personales, ni gastos ocasionados en el juicio.-4).- Si no se interpone recurso alguno contra esta sentencia, una vez firme se libre copia certificada de la misma al Director del Centro Penal "Marco Aurelio Soto" asimismo que se libre copia certificada de dicha sentencia al Juzgado de Ejecución de esta Sección Judicial, así como nota al Director del Centro Penitenciario Nacional de Tamara para los efectos legales correspondientes. Y MANDA QUE SE NOTIFIQUE A LAS PARTES EN EL PROCESO ETRAS PENA) EL PRESENTE FALLO. (Folios 80-81 del recurso de mérito) 3) En fecha quince (15) de febrero de dos mil veintidós (2022), esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS, a favor de del señor EDGAR JAVIER FLORES BAQUEDANO, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la revisión de la pena conforme al nuevo código penal vigente. (Folios 1-4 del recurso de mérito). 4) En fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante FELIPE RENE SPEER LAINEZ , con la comparecencia de la Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA , en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado RAMON MATAMOROS , actuando en su condición de Apoderado Legal del señor EDGAR JAVIER FLORES BAQUEDANO; El Ministerio Público consideró: El Ministerio Público, a través de su agente fiscal MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, con carné de Colegiación Número 09178, de este domicilio, accionando en representación, defensa protección de los intereses generales de la sociedad, designada y debidamente acreditada ante esa Honorable Corte Suprema de Justicia, para conocer de es llamado a conocer esta los casos que por ley representación fiscal, refiriéndose al Recurso extraordinario de Revisión Penal interpuesto por el abogado RAMON MATAMOROS favor del señor EDGAR JAVIER FLORES BAQUEDANO contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa de fecha tres (03) de abril del Dos mil diecisiete (2017), mediante la cual se solicita revisión penal no. 0307-2022 condenó al señor EDGAR JAVIBR FLORES BAQUEDANO por el delito de EXTORSION SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC 134, al respecto el Ministerio Público en base a lo establecido en el artículo 106 de la Ley Sobre Justicia Constitucional se permite manifestar lo siguiente: I. -ANTECEDENTE: Lo constituye la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa de fecha tres (03) de abril del Dos mil diecisiete (2017), mediante la cual se condenó al señor EDGAR JAVIER FLORES BAQUEDANO por el delito de EXTORSION SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC 134, a una pena de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE RECLUSION Y UNA MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS. ANÁLISIS JURÍDICO: Que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia definitiva antes indicada, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, en virtud que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal contempla una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1) .., 2).., 3) ..., 4) ..., 5) ...,6) ... 7) ....8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna,." relacionado con los artículos 615 y 616 del Código Penal vigente. II.- HECHOS RELEVANTES DEL CASO. El Ministerio Público al hacer un análisis de los hechos probados ha podido establecer que el día 07 de abril del dos mil dieciséis, el TESTIGO PROTEGIDO AC 134. interpuso formal denuncia ante la Fuerza Nacional Anti Extorsión manifestando que desde hace más de un año estaba siendo víctima de extorsión por personas que se identificaron como miembros de la Mara 18, quienes bajo amenazas lo obligaron a pagar la cantidad de DIEZ MIL LEMPIRAS SEMANALES (L10,000,00) los días jueves de cada semana por impuesto de guerra, hacia como dos meses había parado el cobro, después de seis días llego una persona diciendo que recogerán los L10,000 para los Homies de la mara 18 que si no les harían una masacre, por lo que un equipo de Agentes montaron vigilancia en Barrio Villa Adela donde fue detenido el imputado siendo identificado como EDGAR JAVIER FLORES BAQUEDANO. El Ministerio Público al hacer un análisis comparativo de ambas leyes penales, se establece que el Código Penal derogado Decreto 144/83 sancionaba el delito de EXTORSION SIMPLE en su artículo 222 que establecía una pena de QUINCE (15) a VEINTE (20) años de reclusión y una multa de CINCUENTA SALARIOS MINIMOS por tal razón el juzgador impuso una pena de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE RECLUSION Y UNA MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS. Esta representación del Ministerio Público, señala que a la fecha en que fue presentado el escrito de Recurso Extraordinario de Revisión Penal (15 de febrero del 2022), el artículo 373 del Código Penal vigente ya había sido reformado mediante el Decreto 93-2021 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 01 de noviembre del 2021, vigente a partir del día siguiente de su publicación, el cual señala: "Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero. debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (ROO) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de TOUU C las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte de una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación". El artículo 374 "AGRAVANTES ESPECIFICAS. Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: Si el culpable es miembro de un grupo delictivo organizado o se ejecuta el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado. ". A realizar la aplicación de la norma en el marco de los hechos probados de la sentencia con la reforma penal vigente del delito de extorsión, la circunstancia de que el imputado se identificó como miembro de la Mara 18, concurre la agravante supra relacionada, aumentando la pena en 1/3, resultando así la pena. abstracta de veinte (20) a veintiséis (26) años, ocho (8) meses de prisión, que al ser rebajada de nuevo en una pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión, pena privativa de la libertad que resulta más gravosa que la impuesta en la sentencia que se pretende reveer. En relación a la comparación de la pena de multa, el artículo 373 del actual Código Penal impone una multa quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto que con el aumento de un 1/3 por concurrir la agravante en referencia, resulta en una multa de 1000 a 1333 días que rebajada en ¼ por haberse aplicado el procedimiento abreviado quedando de 750 a 1000 días de multa. Equivalente la multa mínima en su nivel más alto (750 días x L.5,000.00) para un valor de TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS L. 3,750,000. En virtud de lo anteriormente expuesto tomando en consideración los criterios fijados para la determinación de la ley penal más favorable establecidos en los artículos 53 Y 616 del Código Penal, se concluye que las nuevas penas a imponer del artículo 373 reformado del Código Penal vigente, son de mayor cuantía que las impuestas en la sentencia objeto del recurso interpuesto. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, por no ser la misma más favorable para el condenado. “(Folios 19-21 vuelto del recurso de mérito)” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. La Constitución de la Republica en su artículo 186 prohíbe abrir juicios fenecidos, salvo en causas de materia penal y civil que pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados. A pedimento de estos, de cualquier persona, del Ministerio Publico o de oficio. Sin embargo, adopta la Garantía Constitucional de Revisión que se debe ejercer exclusivamente ante la Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO (2): la Ley Sobre Justicia Constitucional establece que; ningún poder ni autoridad, puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo en causas Juzgadas en materia penal que pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimento de estos, de cualquier persona, del Ministerio Publico o de Oficio. En consecuencia, toda persona agraviada que hubiere sido parte en el proceso o con derecho a ser llamada a participar en él, puede demandar la revisión de sentencias firmes en el plazo de 6 meses contados desde el día en que habiéndose realizado la última notificación. CONSIDERANDO (3): Resumen de los alegatos interpuestos por el Garantista y el Ministerio Publico en la Audiencia de Oposición de la Garantía Constitucional de Revisión: “Acto seguido se le cede la palabra al Abogado Ramon Matamoros, apoderado legal del señor EDGAR JAVIER FLORES BAQUEDANO a efecto que haga uso de su derecho a la Réplica y presente las pruebas que estime pertinentes, quien manifiesta; “Se ratifica el contenido de la solicitud de Revisión de la Sentencia Condenatoria, se solicita muy respetuosamente que se Aplique el Principio de la Retroactividad al señor EDGAR JAVIER FLORES BAQUEDANO, por el delito de Extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido AC-134 a una pena de once (11) años y (3) meses y una multa de 37.5 salarios mínimos por haber aceptado la figura del procedimiento abreviado se le debe rebajar ¼ parte de la pena y multa del articulo 222 del Código Penal derogado. Sustituirle la pena y multa por el articulo 373 del Código Penal Decreto 130-2017 (Ley intermedia) En donde establece que para el delito de extorsión la pena es de 10 a 15 años una multa de 500 a 1000 días. Que lo más beneficioso para los intereses personales del condenado es la ley intermedia en donde se solicita una pena mínima de 7 años 6 meses multa de 375 días que a razón de 20, equivalente 7,500 lps. Se ofrece como medio de prueba la sentencia de mérito, misma que se encuentra incorporada la presente pieza de autos”. Una vez concluida la exposición del recurrente se le cede la palabra a la Fiscal Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, a efecto de que está presente la oposición del ente acusador al recurso de revisión de merito y presente las pruebas que estime pertinentes, haciéndolo de la siguiente manera: El Ministerio Público, a través de su agente fiscal Marina Audely Varela Figueroa, adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución número 09178, de este domicilio, accionando en representación, defensa y protección de los intereses generales de la sociedad, designada y debidamente acreditada ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, para conocer de los casos que por Ley es llamado a conocer esta representación fiscal, refiriéndose al Recursos extraordinario de Revisión penal interpuesto por el abogado RAMON MATAMOROS a favor del señor EDGAR JAVIER FLORES BAQUEDANO contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa de fecha tres (3) de abril del dos mil diecisiete, mediante la cual se condenó al señor EDGAR JAVIER FLORES BAQUEDANO, por el delito de EXTORSIÓN SIMPLE en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO ac 134, al respecto el Ministerio Publico en base a lo establecido en el artículo 106 de la Ley sobre Justicia Constitucional se permite manifestar lo siguiente: …” I.,II. Que el revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la sentencia definitiva antes indicada fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, en virtud de las disposiciones contenidas en el actual Código Penal contempla una pena más benigna, por lo que ha su criterio es procedente aplicar a Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el articulo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado… : Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente revisión, por no ser la misma más favorable al condenado. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que, el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. “En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO CINCO (5): Que, la Constitución de la República en su artículo 96 establece que: “La Ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal, salvo cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado”, este precepto constitucional comprende el cumplimiento de ciertos requisitos para ser aplicable; a. Que el sujeto haya cometido acción que sea tipificada y sancionada como delito., b. Que el legislador posteriormente establezca que esa misma acción o conducta tendrá consecuencias legales distintas a aquellas previstas en la Ley anterior y finalmente que esta nueva norma signifique para el condenado una mejora conforme a su situación individual que sea menos gravosa en comparación a la pena impuesta en su condena. CONSIDERANDO SEIS (6): Que, Honduras como suscriptor de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde se compromete a respetar el principio de legalidad y retroactividad que el precitado Instrumento establece en su artículo 9; “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”. CONSIDERANDO SIETE (7): Que, la Corte interamericana ha realizado una interpretación del principio de retroactividad en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que des incriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” CONSIDERANDO (8): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”. Esto permite que el Tribunal pueda realizar una ponderación con individualidad de las circunstancias, además de aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto al juzgamiento y determinación de las penas y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin evadir los fundamentos jurídicos establecidos por el juzgador primario. ANÁLISIS JURIDICO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL CONSIDERANDO (9): Que, del examen realizado a las presentes diligencias y tomando en consideración las normas jurídicas aplicables al caso concreto, haciendo la comparación de penas que manda el artículo 616 del Código Penal (decreto 130-2017) entre las disposiciones establecidas por su orden en el Decreto 144-1983 que contiene el Código Penal derogado y el DecretoNo.130-2017 que contiene el Código Penal Vigente, resulta lo siguiente; a. Que, mediante sentencia definitiva, emitida en fecha 3 de abril del dos mil diecisiete (2017), El Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Municipio el Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, en nombre del Estado de Honduras: 1. CONDENA al señor EDGAR JAVIER FLORES BAQUEDANO, por haber cometido el delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC-134 a la pena de ONCE (11) AÑOS. TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional en Tamra de este Departamento, sujeto a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario. – 2 Así mismo se condena al imputado EDGAR JAVIER FLORES BAQUEDANO a pagar una MULTA DE 37.5 Salarios que deberá entregar a la Tesorería General de la República. 3) Se condena al señor EDGAR JAVIER FLORES BAQUEDANO a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICICIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, así como a trabajar en labores para las cuales tengan vocación los condenados durante el tiempo de su condena. b. Observando los criterios para determinar la Ley más Favorable establecidos en el artículo 616 del Código Penal Vigente que ya hemos referido anteriormente y aplicando además los criterios establecidos en los artículos 32 y 70 del Código Penal Vigente la comparación resulta así; Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. CONSIDERANDO (10): Que, Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro. CONSIDERANDO (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto a juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO(12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO(13): Que en el caso sub examine, el peticionario abogado RAMON MATAMOROS, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha siete de febrero del dos mil veintidós, presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal, y en consecuencia la aplicación retroactiva de la ley penal establecida en el artículo 625 y 616 por lo que sería más recomendable imponer una pena y una multa conforme a lo que establece nuestra norma penal en el decreto 130-2017, publicada en el diario Oficial La Gaceta en fecha 10 de mayo del año 2020 en su artículo 373 la pena para el delito de extorsión es de 10 a 15 años y una multa de 500 a 1000 días, por ser más beneficioso para su representado, en consideración a que el señor EDGAR JAVIER BAQUEDANO FLORES, fue condenado por el delito de EXTORSIÓN, estando vigente el Decreto 144-83, siendo este derogado, con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017, que establecía para el mismo delito de EXTORSION una pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. Posteriormente entró en vigor el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017, estableciendo nuevamente una pena para el delito de Extorsión de quince (15) a veinte (20) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. CONSIDERANDO (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que, la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor EDGAR JAVIER FLORES BAQUEDANO - EXTORSIÓN por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, mediante la Sentencia Definitiva y Firme de fecha 3 de abril del dos mil diecisiete (2017), a la pena principal de ONCE AÑOS Y TRES MESES DE RECLUSION Y MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC-134, asimismo a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICICIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, así como a trabajar en labores para las cuales tengan vocación los condenados durante el tiempo de su condena. II- Que, esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria, antes relacionada mediante la cual se condenó al señor EDGAR JAVIER FLORES BAQUEDANO, el Juzgado Sentenciador aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 222 del CÓDIGO PENAL, contenido en el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de EXTORSION III- Esta Sala procede a examinar si el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor EDGAR JAVIER FLORES BAQUEDANO la pena principal de ONCE AÑOS Y TRES MESES DE RECLUSION Y MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC-134 Así mismo las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de EXTORSION, enmarcado en el artículo 222 establecía una pena abstracta de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos. El Código Penal Vigente Decreto 130-2017, en el artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, dispone: “Quien, con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para si o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. Osea dicha conducta delictiva, se castiga con la misma pena de privación contemplada en el Código Penal derogado. En ese orden de ideas, la descripción del tipo penal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada. En el caso subjudice, el encausado fue condenado mediante la figura desjudicializadora del proceso abreviado, es así que para realizar una ponderación que constituya la igualdad en cuanto a juzgamiento, debemos transitar sobre la figura procesal a la que se sometió el encartado; Aplicando la rebaja de un cuarto ¼ a la pena. (Artículo 404 del Código Procesal Penal). Resultando la misma pena de prisión, que se le impuso en la sentencia revisada y multa de 375 a 500 días, a razón de cinco mil lempiras (L.5,000.00 en su nivel más alto) por día multa, reflejando la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (LPS 1,875,000.00) en concepto de Multa, pena que es más gravosa con relación a los 37.5 salarios mínimos, a los que fue condenado. III. Sumado a lo anterior, del estudio de los antecedentes y del recurso de revisión impetrado, esta Sala aprecia, que las penas establecidas para el delito de Extorsión estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, no resultan más benignas que las establecidas en el Código Penal decreto 144-1983, derogado. (Artículo 222). En virtud que el recurso de revisión, fue interpuesto estando ya vigente (a partir del primero de noviembre de los dos mil veintiuno), la reforma que agrava nuevamente las penas para este delito, tal y como se deja explicado en los numerales anteriores. Por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor EDGAR JAVIER FLORES BAQUEDANO POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 95, 96 numeral 8, 99 párrafo primero. FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN PENAL presentada por el Abogado RAMÓN MATAMOROS a favor del señor EDGAR JAVIER BAQUEDANO FLORES contra la sentencia condenatoria emitida por el Juzgado de Letras Penal, con competencia Nacional en materia de Extorsión de Tegucigalpa, Francisco Morazán en fecha tres de abril del dos mil diecisiete (2017). Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente. REDACTÓ MAGISTRADA ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de noviembre de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha treinta de julio de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-307-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL