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Sentencia RP-303-23 — Registro 19535

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria por el delito de secuestro. Se les otorgó el beneficio de Libertad condicional imponiéndoseles medidas de seguridad, ordenando su excarcelación y extendiéndoles su carta de libertad provisional. por ende, al estar suspendida la pena impuesta no procede La Acción de Revisión Penal presentada.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. Que se verifica en la resolución de fecha siete de mayo del dos mil veintiuno ( folio 439 al 441 de la pieza de ejecución) dictada por el Juzgado de Ejecución de la sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, que los acusados ALEX CRUZ FLORES CASALEGNO Y OSMAN ELPIDIO BELTRAN, quienes fueron condenados por el delito de Secuestro en perjuicio de GRETHEL ARGENTINA BARH PINEDA, a la pena de veintiocho años seis meses un día de reclusión, mediante sentencia condenatoria de fecha seis de mayo del dos mil dos, se les otorgó el beneficio de Libertad condicional imponiéndoseles medidas de seguridad, ordenando su excarcelación y extendiéndoles su carta de libertad provisional. por ende, al estar suspendida la pena impuesta no procede La Acción de Revisión Penal presentada. conforme disponen los artículos 616, 618 y 621 del NCP-130-2017.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil veinticinco (2025), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por el Magistrado Wagner Vallecillo Paredes pronuncia: En nombre del Estado de Honduras La Sentencia que resuelve el Recurso de Revisión Penal SCO-0303-2023, interpuesto por el Abogado SAMUEL DIAZ ANARIBA , a favor del señor ALEX CRUZ FLORES CASALEGNO, contra la sentencia condenatoria dictada por Juzgado de Letras de la sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes , de fecha seis (06) de mayo de dos mil dos (2002), en la que falló: PRIMERO: CONDENANDO A LOS IMPUTADOS ALEX CRUZ FLORES CASALEGNO Y OSMAN ELPIDIO BELTRÁN FLORES, ambos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia como responsables del delito de SECUESTRO en perjuicio de la estudiante universitaria GRETHEL ARGENTINA BAHR PINEDA, también de generales PINEDA, conocidas, a purgar la pena de reclusión DE VEINTIOCHO AÑOS, SEIS MESES, UN DIA en la Penitenciaría Nacional de Tamara, Departamento de Francisco Morazán, previo abono del tiempo de detención preventiva que hayan cumplido, más la condena a las penas accesorias DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por todo el tiempo que dure la condena y a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal de acuerdo con la Ley que regula el sistema penitenciario. (EXP.N0630-03). Son partes: 1) El abogado SAMUEL DIAZ ANARIBA en su condición de revisionista en favor del condenado ALEX CRUZ FLORES CASALEGNO. 2) La abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico. ANTECEDENTES 1) Del inicio del proceso Penal. - En fecha dos (02) de enero de dos mil dos (2002) compareció ante el Juzgado cuatro de lo criminal de san pedro sula, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, el abogado ERNESTO ALONZO SUAZO, presentando requerimiento fiscal en contra los señores ALEX CRUZ FLORES CASALEGNO, OSMAN ELPIDIO BELTRAN por suponerlos responsable del delito de SECUESTRO, en perjuicio de GRETHEL ARGENTINA BARH PINEDA. (Folios 1-5 del antecedente) 2) De la sentencia condenatoria. - Que en fecha seis (06) de mayo de dos mil dos (2002), el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, dictó sentencia mediante la cual fallo: PRIMERO: CONDENANDO A LOS IMPUTADOS ALEX CRUZ FLORES CASALEGNO Y OSMAN ELPIDIO BELTRÁN FLORES, ambos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia como responsables del delito de SECUESTRO en perjuicio de la estudiante universitaria GRETHEL ARGENTINA BAHR PINEDA, también de generales PINEDA, conocidas, a purgar la pena de reclusión DE VEINTIOCHO AÑOS, SEIS MESES, UN DIA en la Penitenciaría Nacional de Tamara, Departamento de Francisco Morazán, previo abono del tiempo de detención preventiva que hayan cumplido, más la condena a las penas accesorias DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por todo el tiempo que dure la condena y a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal de acuerdo con la Ley que regula el sistema Penitenciario. SEGUNDO: sobreseyendo en forma provisional las presentes diligencias a favor de las encausadas SARAHI MELIK SEDETH TREJO MEDINA Y DINORA DEL CARMEN HERVANDEZ, de generales también va conocidas en el preámbulo de este fallo por el delito de SECUESTRO en perjuicio de GRETHEL ARGENTINA BAHR PINEDA; resolución jurisdiccional que deberá entenderse en calidad de Por Ahora, mientras se alleguen al estrado judicial elementos que ameriten el proseguimiento de la causa penal respecto a ellas para lo cual extráigase testimonio de la causa principal para ese único efecto. Y MANDA: Que, si las partes no interponen recurso de Apelación contra este fallo, quede firme el mismo en virtud de estar en vigencia el artículo 447 del Código Procesal Penal publicado en fecha veinte de mayo del año dos mil, el cual deroga los artículos 409 A, 409B, 409C, 409 D y 409E, del Código de Procedimientos Penales referente al derogamiento de la consulta en materia penal y se proceda a ejecutoriar la pena impuesta NOTIFIQUESE.” Sic) (Folios 376-396. vuelto del antecedente) 3) De la interposición del Recurso de Revisión Penal y su admisión por la Sala de lo Constitucional.- En fecha dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado SAMUEL DIAZ ANARIBA, a favor del señor ALEX CRUZ FLORES CASALEGNO, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando darle tramite de ley al Recurso Extraordinario de Revisión en el motivo señalado del articulo 96 numeral (8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, aplicando el principio de la Retroactividad de la ley penal , de la pena al hoy condenado ALEX CRUZ FLORES CASALEGNO por ser la más favorable para su interés personal (Folios 28 del recurso de mérito) 4) De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas.- En fecha veintiséis de octubre de dos mil veintitrés , se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante MARVIN RIGOBERTO ESPINAL PINEL, con la comparecencia de la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ , en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado SAMUEL DIAZ ANARIBA, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor ALEX CRUZ FLORES CASALEGNO; El Ministerio Público consideró: sic” ANALISIS JURIDICO: En fecha trece (13) de marzo del 2023, el Apoderado Legal del condenado, presentó recurso de revisión de la sentencia condenatoria supra relacionada, fundamentando su petición en el principio de retroactividad de la ley penal más favorable, que en este caso corresponde la aplicación del artículo 239 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) que contempla el SECUESTRO y que establece una pena de ocho (8) a doce (12) años de prisión. Se Colige de las diligencias que en fecha siete (07) de mayo del 2021, el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula departamento de Cortés, les otorgó a los condenados en mención. el beneficio de libertad condicional en virtud de lo establecida en el Código vigente (decreto 130-2017). De igual forma, al revisar la norma sustantiva vigente se establece en el Articulo oro lo siguiente: Penas Suspendidas. "Si el cumplimiento de la pena estuviere suspendido no se procede a su revisión, a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y ésta se revocare. En este caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión de la misma. La misma regla se observa si el penado se encuentra en situación de libertad condicional". Por 10 expuesto por el revisionista y del estudio del caso, al haberse otorgado dicho beneficio a los condenados, el Ministerio Público, es del parecer que no es procedente el Recurso de Revisión interpuesto en vista que los sentenciados se encuentran bajo Libertad Condicional. III. OPINIÓN: E1 Ministerio Público, con base a lo antes expuesto, es del parecer porque SE DENIEGUE la presente acción de revisión, conforme los argumentos que preceden. (Folios 39-40 vuelto del recurso de mérito FUNDAMENTACIÓN CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha veintiséis de octubre de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Samuel Diaz Anariba , en representación de ALEX CRUZ FLORES CASALEGNO, como revisionista; y, la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El Abogado Samuel Diaz Anariba funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que a su representado le benefician las disposiciones del CP 130-2017 en el sentido que por el delito de Secuestro le corresponde una pena de doce (12) a quince (15) años de prisión, las cuales son inferiores a las impuestas en instancia. Por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, en virtud de que se verifica de las diligencias que en fecha siete (07) de mayo del 2021, el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula departamento de Cortés, les otorgo a los condenados en mención. el beneficio de libertad condicional en virtud de lo establecida en el Código vigente (decreto 130-2017). De igual forma, al revisar la norma sustantiva vigente se establece en el Articulo 618 lo siguiente: Penas Suspendidas. "Si el cumplimiento de la pena estuviere suspendido no se procede a su revisión, a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y ésta se revocare. En este caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión de la misma. La misma regla se observa si el penado se encuentra en situación de libertad condicional". Por lo expuesto por el revisionista y del estudio del caso, al haberse otorgado dicho beneficio a los condenados, el Ministerio Público, es del parecer que se deniegue el Recurso de Revisión interpuesto en vista que los sentenciados se encuentran bajo Libertad Condicional. (Folios 436 al 441 de la pieza de ejecución tomo II) CONSIDERANDO TRES (3): Casos en que no procede la ponderación de norma penal más favorable. El nuevo código penal prevé una serie de prohibiciones respecto a la ponderación de la norma más favorable y, en su caso, la aplicación retroactiva de la norma penal sustantiva más favorable. Dichas prohibiciones son: a. Penas ejecutadas (artículo 622): No se hará revisión de penas ejecutadas completamente, salvo para efectos de alegar inexistencia de reincidencia en un nuevo proceso penal; b. Penas a cumplir en vacancia legal (artículo 622): No se hará revisión de las penas cuya fecha de cumplimiento este dentro del periodo de vacancia legal del cp-130-2017; c. Suspensión de la pena y libertad condicional (artículo 618): no se hará revisión de penas suspendidas condicionalmente y penas de personas en libertad condicional conforme el VCP 144-1983, salvo reactivación de la pena por incumplimiento del beneficio; y, d. Responsabilidad civil derivada del delito (artículo 626): La despenalización del delito no afectará los procesos pendientes y los pronunciamientos firmes respecto a la responsabilidad civil derivada. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. Que se verifica en la resolución de fecha siete de mayo del dos mil veintiuno ( folio 439 al 441 de la pieza de ejecución) dictada por el Juzgado de Ejecución de la sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, que los acusados ALEX CRUZ FLORES CASALEGNO Y OSMAN ELPIDIO BELTRAN, quienes fueron condenados por el delito de Secuestro en perjuicio de GRETHEL ARGENTINA BARH PINEDA, a la pena de veintiocho años seis meses un día de reclusión, mediante sentencia condenatoria de fecha seis de mayo del dos mil dos, se les otorgó el beneficio de Libertad condicional imponiéndoseles medidas de seguridad, ordenando su excarcelación y extendiéndoles su carta de libertad provisional. por ende, al estar suspendida la pena impuesta no procede La Acción de Revisión Penal presentada. conforme disponen los artículos 616, 618 y 621 del NCP-130-2017. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado SAMUEL DIAZ ANARIBA en favor del señor ALEX CRUZ FLORES CASALEGNO. Y MANDA: que la Secretaría del Despacho, notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA DE LO SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de marzo de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-303-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL