Sentencia RP-299-23 — Registro 19372
Resumen
Se interpone acción de revisión de la sentencia condenatoria dictada por delito de Extorsión Continuada por entrada en vigencia legislación mas favorable.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Esta Sala considera que el caso sub júdice no se subsume en la causal número 8 del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que no procede la aplicación retroactiva de la nueva norma penal, por resultar ésta en perjuicio para el condenado. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal por resultar la nueva norma penal en perjuicio para el condenado..."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.8 y 99 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: EL Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de enero del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado HÉCTOR MANUEL ALVARENGA ROMERO, a favor del señor JORGE DAVID VÁSQUEZ DISCUA, contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil trece (2013), en relación a la causa que se instruyó contra el señor JORGE DAVID VÁSQUEZ DISCUA, quien fue condenado por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “K”.ANTECEDENTES 1)En fecha ocho de noviembre del año dos mil doce, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, Abogado ALEXIS MELANIO CASTILLO VÁSQUEZ, presentando Requerimiento Fiscal en contra de los señores JORGE DAVID VÁSQUEZ DISCUA y JONY RANDOLFO MATAMOROS VÁSQUEZ, por suponerlos responsables a título de autores directos del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “K”. (Folios del 2-6 de la pieza de antecedentes del A-quo)2)Que en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil trece (2013), el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en aplicación del Procedimiento Abreviado, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic)“PRIMERO: Que se debe condenar y se condena, al imputado JORGE DAVID VASQUEZ DISCUA, por suponerlo responsable del delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS K, a las pena principales de 18 AÑOS 4 MESES DE RECLUSIÓN Y LA MULTA DE 62.5 SALARIOS MÍNIMOS por el delito de EXTORSION CONTINUADA, las que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelia Sota ubicada en la aldea de Tamara, departamento de Francisco Morazán. SEGUNDO: Que se debe condenar y se condena, al imputado JORGE DAVID VASQUEZ DISCUA, como consecuencia de las condenas de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la ley. TERCERO: Se declara la RESPONSABILIDAD CIVIL del condenado, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. CUARTO: No procede la condena en costas procésales, personales ni gastos ocasionados en el juicio. QUINTO: Que se notifique esta sentencia a las partes en el proceso. Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo…” (Folios del 129-131fv de la pieza de antecedentes del A-quo)3)En fecha diez de marzo del año dos mil veintitrés, compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Abogado HÉCTOR MANUEL ALVARENGA ROMERO, interponiendo Recurso de Revisión, a favor del señor JORGE DAVID VÁSQUEZ DISCUA, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal vigente (Decreto 130-2017), por considerar que contiene penas más benignas en relación al delito por el cual fue condenado su representado. (Folios del 1-3 de los autos)4)En fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante MARVIN RIGOBERTO ESPINAL PINEL, con la comparecencia de la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELÁSQUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado HÉCTOR MANUEL ALVARENGA ROMERO, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor JORGE DAVID VÁSQUEZ DISCUA; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: “… ratifico totalmente el recurso interpuesto … Esto en vista que mi representado fue juzgado y sentenciado según un decreto 144-83. El Código Penal vigente en ese momento, pero meses después se aprobó el nuevo Código Penal vigente, actual decreto 130-2017, por lo tanto basándome en los artículos mencionados anteriormente, así como en el 96 inciso 8 de la Ley de Justicia Constitucional, haciendo uso del principio de retroactividad penal y basándome en que mi representado fue condenado a una pena de 15 años, más multa, más cuatro meses de reclusión en vista de ello, en el nuevo artículo 373 del nuevo Código Penal vigente, la pena aplicable a mi representado sería de 10 años, esto accionando con las reglas que se siguieron en la aplicación de la sentencia dictada…”; cedida que le fue la palabra a la Fiscal del Ministerio Público, después de su análisis jurídico consideró: “…En ese sentido al realizar el análisis del Hecho Probado, se establece que concurrieron dos momentos de entrega, correspondiendo aplicar dicha acción en concurso real conforme a la regla antes descrita, es decir imponer penas independientes por cada ilícito cometido, por lo que al efectuar el cálculo aritmético de rebaja de 1/4 por haberse sometido a Procedimiento Abreviado resulta así una pena a imponer de 11 años, 03 meses de prisión, por cada uno de los ilícitos cometidos, aunado a ello la pena de Multa seria 375 días por 5000 lempiras, al corresponder el nivel más alto, resultando la cantidad de UN MILLON, OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (Lps.1,875.000), determinada para cada uno de los delitos cometidos, por lo que la nueva pena es más gravosa a la fue sentenciado. De lo antes descrito ésta representación fiscal estima que la norma sustantiva vigente no es más favorable al hoy condenado por lo que, lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, no cumpliéndose las disposiciones contenidas en el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal por no ser esta más benigna al condenado…”, siendo de la OPINIÓN el Ministerio Público porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios del 18-20fv de los autos) CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada.CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. El garantista señala que amparándose en los artículos de la Ley Sobre Justicia Constitucional está solicitando la revisión de la sentencia que se impuso a su representado el señor Jorge David Vasquez Discua; que esa defensa es del criterio de que es totalmente necesario que se haga una revisión de la sentencia que se le impuso a su poderdante esto en base a la retroactividad de la ley, ya que al momento de la condena se le impuso una pena de 18 años, 4 meses por el delito de Extorsión Continuada, más una multa de 62.5 salarios mínimos, sin embargo con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal Decreto 130-2017 y siendo que el mismo contempla una considerable disminución en la pena del delito de Extorsión, esa defensa es del criterio que dicha sentencia debe ser revisada a través del petitorio realizado, aplicando la norma mas beneficiosa para su representado y siguiendo el principio de Retroactividad de la Ley Penal más favorable, fundamentado en el artículo 96 de la Constitución de la República y 96 numeral 6 de la Ley sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas, se celebró en fecha veintiséis de octubre del año dos mil veintitrés, ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Héctor Manuel Alvarenga Romero, quien actúa en su condición de apoderado legal del señor Jorge David Vásquez Discua y la abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra al abogado Héctor Manuel Alvarenga Romero, quien expuso: “… ratifico totalmente el recurso interpuesto … Esto en vista que mi representado fue juzgado y sentenciado según un decreto 144-83. El Código Penal vigente en ese momento, pero meses después se aprobó el nuevo Código Penal vigente, actual decreto 130-2017, por lo tanto basándome en los artículos mencionados anteriormente, así como en el 96 inciso 8 de la Ley de Justicia Constitucional, haciendo uso del principio de retroactividad penal y basándome en que mi representado fue condenado a una pena de 15 años, más multa, más cuatro meses de reclusión en vista de ello, en el nuevo artículo 373 del nuevo Código Penal vigente, la pena aplicable a mi representado sería de 10 años, esto accionando con las reglas que se siguieron en la aplicación de la sentencia dictada…”. Seguidamente se le cedió la palabra a la representante del Ministerio Público Abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez quien hizo uso de la palabra, expresando que: “…En ese sentido al realizar el análisis del Hecho Probado, se establece que concurrieron dos momentos de entrega, correspondiendo aplicar dicha acción en concurso real conforme a la regla antes descrita, es decir imponer penas independientes por cada ilícito cometido, por lo que al efectuar el cálculo aritmético de rebaja de 1/4 por haberse sometido a Procedimiento Abreviado resulta así una pena a imponer de 11 años, 03 meses de prisión, por cada uno de los ilícitos cometidos, aunado a ello la pena de Multa seria 375 días por 5000 lempiras, al corresponder el nivel más alto, resultando la cantidad de UN MILLON, OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (Lps.1,875.000), determinada para cada uno de los delitos cometidos, por lo que la nueva pena es más gravosa a la fue sentenciado. De lo antes descrito ésta representación fiscal estima que la norma sustantiva vigente no es más favorable al hoy condenado por lo que, lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, no cumpliéndose las disposiciones contenidas en el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal por no ser esta más benigna al condenado…”. En virtud de lo expuesto es de la Opinión porque no se otorgue la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. CONSIDERANDO (5): Que el Código Penal creado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican éstas”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…” CONSIDERANDO (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c.Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a.Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal.b.Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador.c.La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, el señor Jorge David Vásquez Discua, fue condenado mediante sentencia de Procedimiento Abreviado dictada en fecha veintisiete de septiembre del año dos mil trece, por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el delito Continuado de Extorsión, tipificado en los Artículos 222 y 37 de la norma derogada que disponían en su orden:Artículo 37 “Cuando se cometa un mismo delito contra la propiedad dos (2) o más veces, bien sea en un solo momento o en momentos diversos, mediante acciones u omisiones ejecutadas en cumplimiento de un plan preconcebido o aprovechando idénticas o similares circunstancias, dichos delitos se considerarán como uno solo continuado. En tal situación se aplicará al agente la pena más grave, aumentada en dos (2/3) tercios. En caso de duda, se tendrá por más grave la pena que tenga señalado el máximo más alto. Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará si le resulta más favorable al reo la imposición de todas las penas aplicables a los delitos concurrentes. Lo prescrito en la última parte del segundo párrafo de este Artículo y en el párrafo anterior, será aplicable a lo estatuido en el Artículo 36”.Artículo 222 “Comete el delito de extorsión, quien mediante amenazas, intimidación o violencias y con el fin de obtener para si o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes u otros servicios, obligue a una persona natural o jurídica a: 1. Hacer o dejar de hacer alguna cosa; 2. Suscribir documentos para obtener pagos de dinero; 3. Suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado. Al culpable de este delito se le impondrá una pena de reclusión de 15 a 20 años y multa de 50 salarios mínimos, más los accesorios jurídicos que correspondan. Si con ocasión de cometerse estos delitos, se da por muerta la víctima, a su conyugue, a su compañera de hogar, a un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o cualquier otra persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se le impondrá al culpable, la pena de privación de libertad de por vida. La figura de extorsión se considerará un delito de crimen organizado”. La nueva norma en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, tipifica en el artículo 373 el delito de Extorsión el que dispone:Artículo 373. “Extorsión. Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizado.Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyuge, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad”.El artículo 373 que tipifica el delito de Extorsión, fue reformado posteriormente a la vigencia del nuevo Código Penal, mediante Decreto Legislativo No. 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta NUM. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021 y vigente a partir del día siguiente de su publicación, incrementado las penas contenidas inicialmente para el delito de Extorsión, leyéndose de su contenido lo que a continuación sigue:“Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”.El Delito Continuado y Delito Masa se encuentra regulado en el artículo 68 el que textualmente dispone: “Quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3)…”. CONSIDERANDO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”.-Énfasis y subrayado añadidos-CONSIDERANDO (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.CONSIDERANDO (10): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I.- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor Jorge David Vásquez Discua, fue condenado por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante sentencia definitiva y firme a través de la institución procesal denominada Procedimiento Abreviado, en fecha veintisiete de septiembre del año dos mil trece, a la pena principal de DIECIOCHO (18) AÑOS, CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN y MULTA DE SESENTA Y DOS PUNTO CINCO (62.5) SALARIOS MÍNIMOS, por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO K; asimismo a la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena de reclusión. II.- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria mediante Procedimiento Abreviado de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil trece, a través de la cual se condenó al ciudadano Jorge David Vásquez Discua, el Tribunal aplicó lo dispuesto en los artículos 37 y 222 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito Continuado de Extorsión.- III.- Esta Sala considera que el caso sub júdice no se subsume en la causal número 8 del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que no procede la aplicación retroactiva de la nueva norma penal, por resultar ésta en perjuicio para el condenado. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal por resultar la nueva norma penal en perjuicio para el condenado. CONSIDERANDO (11): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor Jorge David Vásquez Discua, la pena principal de DIECIOCHO (18) AÑOS, CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN y MULTA DE SESENTA Y DOS PUNTO CINCO (62.5) SALARIOS MÍNIMOS y la pena accesoria de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil durante el tiempo de duración de la pena de reclusión, por haber sido encontrado responsable del delito Continuado de Extorsión, en perjuicio Testigo Protegido K. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de Extorsión, previsto en el artículo 373, relacionado con el artículo 68 en cuanto al delito continuado, preveía una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. No obstante, la petición de la garantía de Revisión Penal fue promovida en fecha 10 de marzo del año 2023, habiendo operado la reforma contenida en el Decreto Legislativo No. 93-2021, incrementando las penas para el delito de Extorsión, estableciendo un marco abstracto en las penas de Prisión de quince (15) a veinte (20) años y Multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. Por tratarse de un delito continuado debe castigarse con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3), según lo dispone el artículo 68 del nuevo Código Penal. Conforme a las disposiciones de la pena a imponer por tratarse de un delito continuado, en el caso en comento Extorsión, la pena abstracta quedaría en diecisiete (17) años seis (6) meses a veintiséis (26) años, ocho (8) meses de prisión y una multa de 750 a 1,333 días. Como bien se indica en la audiencia de Oposición celebrada, en la sentencia que se revisa de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil trece, el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en aplicación de la Institución Procesal del Procedimiento Abreviado, conforme a lo establecido en los artículos 403 y 404 del Código Procesal Penal, dictando la sentencia respectiva imponiendo las penas que correspondan, rebajadas en un (1/4) cuarto, en consecuencia y aplicando la rebaja correspondiente quedaría un marco abstracto de penas de PRISIÓN DE TRECE (13) A DIECISIETE (17) AÑOS, SEIS (6) MESES y MULTA DE 561 A 750 DÍAS EN SU NIVEL MÁS ALTO, que equivale a Cinco Mil Lempiras (Lps. 5,000.00), según lo establecido en el artículo 53 del nuevo Código Penal. En atención a la propuesta consensuada por las partes, el imputado fue condenado a la pena mínima solicitada, en virtud de lo cual procedería la imposición de pena en los mismos términos. Siguiendo esta idea y conforme a la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente si bien prevé una sanción menos gravosa en relación a la pena de Prisión, no ocurre lo mismo en atención a la pena de Multa, la cual se ve incrementada ostensiblemente en relación a la pena impuesta por el juzgador primario, ello es así pues al realizar la multiplicación de la pena mínima de Multa de 561 días por Lps. 5,000.00, resulta en una multa de dos millones, ochocientos cinco mil lempiras (Lps. 2,805,000.00), lo cual no resulta en beneficio para el condenado, en atención que se le impuso una pena de reclusión de dieciocho (18) años, cuatro (4) meses y multa de 62.5 salarios mínimos vigente en el año 2013. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal en virtud de no ser más benigna.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; Decreto Legislativo No. 93-2021 de fecha 1 de noviembre del año 2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760. FALLA: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado HÉCTOR MANUEL ALVARENGA ROMERO, a favor del señor JORGE DAVID VÁSQUEZ DISCUA; Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la Magistrada Francisca Villela Zavala.- NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintiocho de enero de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0299-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL