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Sentencia RP-282-22 — Registro 20582

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la Sentencia Condenatoria el delito de extorsión en perjuicio de testigo protegido “AD-230”. Se declaro sin lugar porque el garantista peticionó la aplicación de la Ley Intermedia en el Recurso de Revisión promovido, ya se encontraba en vigencia el Decreto 93-2021, Decreto que de nuevo incrementa las penas para el delito de Extorsión.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a la señora JOSELYN SCARLETH RIVERA AGURCIA, la pena de ONCE (11) AÑOS, TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN y MULTA DE 37.5 SALARIOS MÍNIMOS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AD-230; asimismo las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal; así como también a realizar trabajos en obras públicas dentro del establecimiento penal, por el tiempo que dure la condena principal, por haber sido encontrada responsable del delito de Extorsión, en perjuicio Testigo Protegido AD-230. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de Extorsión, previsto en el artículo 373, prevé una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si bien el Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal, disponía penas más benignas en relación con el delito de Extorsión, en comparación con el Decreto 144-1983, con el cual fue condenada la ciudadana Joselyn Scarleth Rivera Agurcia, la norma que contiene la tipificación del delito de Extorsión, fue reformada posteriormente mediante Decreto 93-2021, Decreto que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021 y con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial; en ese orden de ideas cuando el garantista peticionó la aplicación de la Ley Intermedia en el Recurso de Revisión promovido, ya se encontraba en vigencia el Decreto 93-2021, Decreto que de nuevo incrementa las penas para el delito de Extorsión, estableciendo como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; penas a las que se le debe rebajar un cuarto (1/4) por la aplicación del Procedimiento Abreviado, por lo tanto la pena abstracta a imponer quedaría en once (11) años, tres (3) meses a quince (15) años de prisión y multa de 375 a 500 días; como bien lo indica la Fiscal del Despacho, en la Audiencia de Oposición celebrada, al aplicar el artículo 53 del nuevo Código Penal, que establece el sistema de Días Multa, determinando la cantidad de cinco mil lempiras (Lps. 5,000.00) de mayor nivel, en consecuencia, al efectuar el cálculo aritmético corresponde una multa de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (LPS: 1,875,000) A DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (LPS. 2,500,000). La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó a la ciudadana Joselyn Scarleth Rivera Agurcia y el Decreto 93-2021, vigente al momento de interposición del Recurso de revisión, permiten determinar que, este último prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 ahora derogado, por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal intermedia en favor de la señora Joselyn Scarleth Rivera Agurcia, en atención a que el recurso de revisión fue presentado en fecha 10 de febrero del año 2022, encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice.”.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de diciembre del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS, a favor de la señora JOSELYN SCARLETH RIVERA AGURCIA, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil dieciséis (2016), en relación a la causa que se instruyó en contra de la señora JOSELYN SCARLETH RIVERA AGURCIA, quien fue condenada por el delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AD-230”. A N T E C E D E N T E S. 1) Que en fecha siete (7) de junio del año dos mil quince (2015), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGICIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el Agente de Tribunales del Ministerio Publico Abogada VICTORIA ELISA MORENO, presentando Requerimiento Fiscal en contra de la señora JOSELYN SCARLETH RIVERA AGURCIA, por suponerla responsable del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AD230. (Folios del 1-4 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil dieciséis (2016), el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, dictó Sentencia Definitiva a través de la figura procesal del Procedimiento Abreviado, mediante la cual Falló: “PRIMERO: CONDENAR a la encausada JOSELYN SCARLETH RIVERA AGURCIA, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, a las penas principales de ONCE (11) AÑOS CON TRES(3) MESES DE RECLUSION, como autor del delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AD-230”, dicha pena la deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de Mujeres de la Aldea de Tamara del Distrito Central de este Departamento, y el pago de una multa por la cantidad de TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO(37.5) SALARIOS MINIMOS, misma que se hará efectiva en la Institución que la Secretaria del Estado en el Despacho de Finanzas haya autorizado para tal fin. SEGUNDO: Se le condena a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL; asimismo a TRABAJOS EN OBRAS PUBLICAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO PENAL por el tiempo que dure la condena principal de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario. TERCERO: Se mantiene la medida cautelar de la Prisión Preventiva hasta que la presente sentencia adquiera el carácter de Firme. CUARTO: No procede la condena en costas procesales ni personales y gastos ocasionados en el juicio. - Y MANDA: Si no se interpone recurso alguno contra ésta sentencia, una vez firme se libre copia certificada de la misma a la Directora de la Penitenciaria Nacional de Mujeres; Asimismo que se libre copia certificada de dicha sentencia al Juzgado de Ejecución para los efectos legales correspondientes.- NOTIFIQUESE A LAS PARTES ESTE FALLO…” (Folios del 49-52 de la pieza de antecedentes del A-quo) .- 3) Que en fecha diez (10) de febrero del año dos mil veintidós (2022), compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Abogado RAMON MATAMOROS, interponiendo Recurso de Revisión Penal a favor de la señora JOSELYN SCARLETH RIVERA AGURCIA, contra la sentencia condenatoria de fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil dieciséis (2016), dictada POR EL JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGICIAGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, peticionando el recurrente la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal más favorable al condenado, a efecto de aplicar las disposiciones del nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), por contener penas más favorables para el delito de Extorsión. (Folios del 1-4 de los autos) .- 4) Que en fecha diez (10) de agosto del año dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, ante el Pleno de la Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, presidido por el Magistrado Integrante LUIS ALONSO DISCUA CERRATO, con la comparecencia de la Abogada GIOVINEZZA DUBOIS ZAVALA, en su condición de Apoderada Legal de la señora JOSELYN SCARLETH RIVERA AGURCIA y la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. En la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; habiendo manifestando la recurrente que ratifica el contenido de la solicitud de Revisión de la Sentencia condenatoria, en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes del nuevo Código Penal (Decreto 130-2017).- La representante del Ministerio Público, concluyó que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la ley penal, por no ser esta más benigna, siendo de la opinión porque: “NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados”. (Folios del 35-37 de los autos). CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. El garantista expone que el Recurso de Revisión Penal consiste en el cambio de la pena concreta que se impuso a la condenada Joselyn Scarleth Rivera Agurcia, de la pena de 11 años, 3 meses de reclusión y multa de 37.5 salarios mínimos, del artículo 222 del Código Penal derogado, por la reforma vigente del Código Penal, establecida en el artículo 373 del mismo cuerpo legal; en relación con el principio de la retroactividad de la ley penal, establecida en el artículo 615 y 616, por lo que sería más recomendable imponer una pena conforme a lo que establece nuestra norma penal en el Decreto 130-2017, publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 10 de mayo del año 2020, en su artículo 373 la pena para el delito de Extorsión es de 10 a 15 años y multa de 500 días. CONSIDERANDO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas se celebró en fecha diez de agosto del año dos mil veintitrés, ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada Giovinezza Dubois Zavala, como garantista a favor de la señora Joselyn Scarleth Rivera Agurcia y la Abogada Diana Elizabeth Rodriguez Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Se le cedió la palabra a la parte recurrente, la abogada Giovinezza Dubois Zavala, para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: Se ratifica el contenido de la solicitud de Revisión de la sentencia condenatoria, se solicita muy respetuosamente que se aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley Penal a la señora Joselyn Scarleth Rivera Agurcia, por el delito de Extorsión Simple, en perjuicio de Testigo Protegido AD-230, a una pena de 11 años 3 meses y una multa de 37.5 salarios mínimos del Articulo 222 del Código Penal derogado. Sustituirle la pena y multa por el artículo 373 del Código Penal Decreto 130-2017 (Ley Intermedia), en donde establece que para el delito de Extorsión la pena es de 10-15 años y una multa de 500 a 1000 días. Al igual debe hacerle la rebaja 1/4 parte de la pena y multa, por haber aceptado la figura de Procedimiento Abreviado. Que lo más beneficioso para los intereses personales de la condenada es la ley intermedia, en donde se solicita una pena mínima de 7 años 6 meses de reclusión y una multa de 375 días a razón de 20, equivalente 7,500 Lps… Seguidamente se le cedió la palabra a la Fiscal del Ministerio Público Abogada Diana Elizabeth Rodriguez Corea quien en el uso de la palabra consideró: “… Que, del análisis comparativo de ambas leyes penales, se aprecia que el Código Penal derogado regulaba el delito de EXTORSIÓN en su artículo 222, el cual era castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos; mientras que el Código Penal vigente (Decreto 130-2017), regula la misma conducta penal de EXTORSIÓN en el Artículo 373 reformado mediante el Decreto 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 01 de noviembre del 2021 y vigente a partir del día siguiente de su publicación, resultando que, a la fecha en que fue presentado el escrito de Recurso Extraordinario de Revisión Penal (10) de febrero del 2022), el artículo 373 ya había sido reformado, el impone una pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, que al relacionarlo con el artículo 53, se establece que cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil (L 5,000.00). De las normas transcritas, se extrae que en el Código Penal vigente contempla la misma pena de 15 a 20 años de prisión para el delito de EXTORSIÓN, misma que debe ser rebajada en ¼ por la aplicación de la figura procesal del procedimiento abreviado quedando en una pena de 11 años 3 meses a 15 años de prisión. Asimismo se aprecia que también se condenó al procesado, a la pena de multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos en su nivel más bajo, por lo que en relación a dicha condena de multa, con el nuevo Código Penal esta fue modificada a días multa, que al hacer la conversión corresponde también la aplicación de la multa de quinientos (500) a mil (1000) y al ser rebajado en 1/4 por la aplicación de la figura procesal del procedimiento abreviado resulta una pena de multa de 375 a 500 días, que aplicado en su nivel más alto corresponde imponer una multa de L. 1,875,000.00 de conformidad a los criterios establecidos el artículo 53 y 616 del Código Penal vigente. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena a imponer es igual a la cual deberá imponérsele conforme la norma sustantiva vigente, sumado a que la pena de multa a imponer resulta más onerosa; de ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la ley penal, por no ser esta más benigna al condenado. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados…”. CONSIDERANDO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. CONSIDERANDO (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO (7): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (8): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, la ciudadana Joselyn Scarleth Rivera Agurcia, fue condenada mediante sentencia definitiva dictada en fecha veintisiete de abril del año dos mil dieciséis, por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, aplicando la Institución Jurídica del Procedimiento Abreviado, por el delito de Extorsión, tipificado en el Artículo 222 de la norma derogada que disponía:Artículo 222 “Comete el delito de extorsión, quien mediante amenazas, intimidación o violencia y con el fin de obtener para si o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes u otros servicios, obligare a persona natural o jurídica a: 1) Hacer o dejar de hacer alguna cosa; 2) Suscribir documentos para obtener pagos de dinero; o 3) Suscribir, otorgar, entregar o destruir escritura pública o cualquier otro documento público o privado. Al culpable de este delito se le impondrán las penas de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las accesorias que correspondan. Si con ocasión de cometerse este delito de le da muerte a la víctima, a su cónyuge o compañero (a) de hogar, a un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o cualquier otra persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se le impondrá al culpable la pena de privación de libertad de por vida.” Asimismo, en los artículos 403 y 404 del Código Procesal Penal, se desarrolla lo relativo al procedimiento especial del Procedimiento Abreviado, estableciendo en su orden: Artículo 403. “Casos en que procede el Procedimiento Abreviado. Salvo el caso de reincidencia, a solicitud conjunta del Ministerio Público y del imputado, se seguirá el procedimiento abreviado para la investigación y sanción de toda clase de delitos de acción pública, si concurren los requisitos siguientes: …”.Artículo 404. “Trámite de la Solicitud de Procedimiento Abreviado. Admitida la solicitud del procedimiento abreviado, el respectivo juez convocará a las partes a una audiencia que se celebrará en un plazo no menor de veinte (20) días ni mayor de treinta (30) días, contados a partir de la fecha del auto de admisión, en la cual se oirá al imputado, a la víctima y al Ministerio Público, y recibirá la prueba relativa a las circunstancias previstas en el Código Penal, para la determinación de la pena concreta… Cumplido lo prescrito en el párrafo primero, el Juez dictará sentencia imponiendo las penas que correspondan, rebajadas en un (1/4) cuarto. La rebaja podrá llegar hasta la tercera parte, cuando el imputado haya procedido a reparar las consecuencias del delito perjudiciales para la víctima” La nueva norma en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, tipifica en el artículo 373 el delito de Extorsión el que dispone: Artículo 373. “Extorsión. Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyuge, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad”. CONSIDERANDO (9): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (11): CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA LEY INTERMEDIA. Se les denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisionomía normativa. Para el jurista René Suazo Lagos reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”.CONSIDERANDO (12): Que en el caso sub júdice, el peticionario Abogado Ramón Matamoros, compareció ante este Alto Tribunal en fecha diez (10) de febrero del año dos mil veintidós (2022), interponiendo recurso de revisión de una sentencia condenatoria penal y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna el Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, en consideración a que su representada la ciudadana Joselyn Scarleth Rivera Agurcia, fue condenada por el delito de Extorsión estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. La nueva norma penal establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión a saber: -prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días-. En su petición, el garantista solicita la aplicación de la Ley Intermedia, o sea el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, por contener penas más benignas para el delito de Extorsión, no obstante, a ello de la foliada del escrito de interposición de la Acción Constitucional de Revisión, se advierte que el mismo fue presentado en fecha 10 de febrero del año 2022, cuando se encontraba en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión a saber:-prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto-. En el caso en estudio nos encontramos ante la situación de la promulgación de una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, ello es así pues la señora Joselyn Scarleth Rivera Agurcia, fue condenada por el delito de Extorsión, estando vigente el Decreto 144-83, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal, pero tal petición la realiza en fecha 10 de febrero del año 2022, estando vigente el Decreto 93-2021 que de nuevo aumenta la pena para el delito de extorsión como líneas arriba se dijo. CONSIDERANDO (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I.- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente la señora Joselyn Scarleth Rivera Agurcia, fue condenado por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la sentencia definitiva y firme, en aplicación del Procedimiento Abreviado en fecha veintisiete de abril del año dos mil dieciséis, a la pena principal de ONCE (11) AÑOS, TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN y MULTA DE 37.5 SALARIOS MÍNIMOS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AD-230; asimismo a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal; así como también a realizar trabajos en obras públicas dentro del establecimiento penal, por el tiempo que dure la condena principal de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario. II.- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia definitiva condenatoria de fecha veintisiete de abril del año dos mil dieciséis, a través de la cual se condenó a la señora Joselyn Scarleth Rivera Agurcia, el Juez aplicó lo dispuesto en el artículo 222 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que la condenada cometió el delito de Extorsión. III. Esta Sala considera que el caso sub júdice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto no procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, en aplicación de una ley intermedia, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal, en virtud de no ser más benigna la ley en vigencia al momento de la petición de la Garantía Constitucional de Revisión, el decreto No. 93-2021.- CONSIDERANDO (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a la señora JOSELYN SCARLETH RIVERA AGURCIA, la pena de ONCE (11) AÑOS, TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN y MULTA DE 37.5 SALARIOS MÍNIMOS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AD-230; asimismo las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal; así como también a realizar trabajos en obras públicas dentro del establecimiento penal, por el tiempo que dure la condena principal, por haber sido encontrada responsable del delito de Extorsión, en perjuicio Testigo Protegido AD-230. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de Extorsión, previsto en el artículo 373, prevé una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si bien el Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal, disponía penas más benignas en relación con el delito de Extorsión, en comparación con el Decreto 144-1983, con el cual fue condenada la ciudadana Joselyn Scarleth Rivera Agurcia, la norma que contiene la tipificación del delito de Extorsión, fue reformada posteriormente mediante Decreto 93-2021, Decreto que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021 y con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial; en ese orden de ideas cuando el garantista peticionó la aplicación de la Ley Intermedia en el Recurso de Revisión promovido, ya se encontraba en vigencia el Decreto 93-2021, Decreto que de nuevo incrementa las penas para el delito de Extorsión, estableciendo como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; penas a las que se le debe rebajar un cuarto (1/4) por la aplicación del Procedimiento Abreviado, por lo tanto la pena abstracta a imponer quedaría en once (11) años, tres (3) meses a quince (15) años de prisión y multa de 375 a 500 días; como bien lo indica la Fiscal del Despacho, en la Audiencia de Oposición celebrada, al aplicar el artículo 53 del nuevo Código Penal, que establece el sistema de Días Multa, determinando la cantidad de cinco mil lempiras (Lps. 5,000.00) de mayor nivel, en consecuencia, al efectuar el cálculo aritmético corresponde una multa de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (LPS: 1,875,000) A DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (LPS. 2,500,000). La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó a la ciudadana Joselyn Scarleth Rivera Agurcia y el Decreto 93-2021, vigente al momento de interposición del Recurso de revisión, permiten determinar que, este último prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 ahora derogado, por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal intermedia en favor de la señora Joselyn Scarleth Rivera Agurcia, en atención a que el recurso de revisión fue presentado en fecha 10 de febrero del año 2022, encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 número 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 69, 373, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; y Decreto 93-2021 publicado en La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021. FALLA: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado RAMÓN MATAMOROS, a favor de la señora JOSELYN SCARLETH RIVERA AGURCIA; Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo.- NOTIFÍQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil veintiséis, certificación de Fallo de fecha diez de diciembre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este tribunal con el número SCO-0282-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL