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Sentencia RP-281-23 — Registro 20581

Resumen

La Sala de lo Constitucional constató que el condenado se le impuso una pena de quince (15) años de reclusión por el delito de Homicidio Simple, y por el delito de Hurto se le impuso una pena de cuatro (4) años de reclusión, ambos delitos en perjuicio de la víctima. Siendo analizado el caso dicha Sala concluyó que la pena establecida en el nuevo código penal para el delito de homicidio, aún aplicandole la mínima no le es favorable, se encuentra dentro del mismo rango de su condena (15 años), y no representa ventaja para el peticionario. Considera que para el delito de hurto le es favorable la aplicación retroactiva de la pena del nuevo código penal, no así para el delito de homicidio, por lo que en aplicación de la normativa penal, no procede otorgar la presente revisión penal, ya que no se puede aplicar de manera fragmentada dos (2) normas cuando una de ellas le favorece; por lo tanto se debe declarar sin lugar la presente acción constitucional.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"en el presente caso de autos, el ahora recurrente DARWIN FERNANDO MIRALDA RAUDALES, fue condenado por el delito de HOMICIDIO SIMPLE Y HURTO, en perjuicio del señor RAUL FERNANDO AGUIRRE, a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delio de HOMICIDIO más inhabilitación absoluta e interdicción civil; Y a la pena de CUATRO (4) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de HURTO, mas inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena. Ya con el Código Penal (Decreto 130-2017), tenemos, que en cuanto al delito de Homicidio, establecido en el artículo 192, señala una pena abstracta de 15 a 20 años de prisión. El delito de Hurto Simple, se encuentra en el artículo 357, con una pena abstracta de prisión de seis (6) meses a dos (2) años, sin embargo del estudio de la causa y en cuanto a este delito observamos que existen circunstancias que de acuerdo al artículo 363 numerales 5) y 9) del referido cuerpo legal agravan la pena, ya que se produjeron perjuicios de especial consideración que posteriormente terminaron con la vida del ofendido y porque el hecho se cometió empleando instrumentos peligrosos como es el caso de un objeto romo, haciendo por tal razón que la pena para este delito de hurto se aumente en dos tercios (2/3) por concurrir las dos (2) circunstancias antes mencionadas, quedando una nueva pena abstracta de diez (10) meses a 3 años 4 meses de prisión.- Por lo anterior, se puede observar que la pena establecida en el nuevo código penal para el delito de homicidio aun aplicándole la mínima no le es favorable ya que se encuentra dentro del mismo rango de su condena (15 años), sin que le represente al recurrente ventaja alguna con la aplicación retroactiva de lo señalado en el nuevo Código Penal. A nuestro criterio para el delito de hurto le es favorable la aplicación retroactiva de la pena comprendida en el nuevo código penal, no así para el delito de homicidio, por tal razón y en estricta aplicación de lo referido en el artículo 616 primer párrafo del nuevo Código Penal, no es procedente otorgar la presente revisión penal, ya que no se puede aplicar de manera fragmentada dos (2) normas cuando solo una de ellas le favorece.- Por lo dicho, se debe declarar sin lugar esta garantía constitucional de revisión penal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"en el presente caso de autos, el ahora recurrente DARWIN FERNANDO MIRALDA RAUDALES, fue condenado por el delito de HOMICIDIO SIMPLE Y HURTO, en perjuicio del señor RAUL FERNANDO AGUIRRE, a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delio de HOMICIDIO más inhabilitación absoluta e interdicción civil; Y a la pena de CUATRO (4) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de HURTO, mas inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena. Ya con el Código Penal (Decreto 130-2017), tenemos, que en cuanto al delito de Homicidio, establecido en el artículo 192, señala una pena abstracta de 15 a 20 años de prisión. El delito de Hurto Simple, se encuentra en el artículo 357, con una pena abstracta de prisión de seis (6) meses a dos (2) años, sin embargo del estudio de la causa y en cuanto a este delito observamos que existen circunstancias que de acuerdo al artículo 363 numerales 5) y 9) del referido cuerpo legal agravan la pena, ya que se produjeron perjuicios de especial consideración que posteriormente terminaron con la vida del ofendido y porque el hecho se cometió empleando instrumentos peligrosos como es el caso de un objeto romo, haciendo por tal razón que la pena para este delito de hurto se aumente en dos tercios (2/3) por concurrir las dos (2) circunstancias antes mencionadas, quedando una nueva pena abstracta de diez (10) meses a 3 años 4 meses de prisión.- Por lo anterior, se puede observar que la pena establecida en el nuevo código penal para el delito de homicidio aun aplicándole la mínima no le es favorable ya que se encuentra dentro del mismo rango de su condena (15 años), sin que le represente al recurrente ventaja alguna con la aplicación retroactiva de lo señalado en el nuevo Código Penal. A nuestro criterio para el delito de hurto le es favorable la aplicación retroactiva de la pena comprendida en el nuevo código penal, no así para el delito de homicidio, por tal razón y en estricta aplicación de lo referido en el artículo 616 primer párrafo del nuevo Código Penal, no es procedente otorgar la presente revisión penal, ya que no se puede aplicar de manera fragmentada dos (2) normas cuando solo una de ellas le favorece.- Por lo dicho, se debe declarar sin lugar esta garantía constitucional de revisión penal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"en el presente caso de autos, el ahora recurrente DARWIN FERNANDO MIRALDA RAUDALES, fue condenado por el delito de HOMICIDIO SIMPLE Y HURTO, en perjuicio del señor RAUL FERNANDO AGUIRRE, a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delio de HOMICIDIO más inhabilitación absoluta e interdicción civil; Y a la pena de CUATRO (4) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de HURTO, mas inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena. Ya con el Código Penal (Decreto 130-2017), tenemos, que en cuanto al delito de Homicidio, establecido en el artículo 192, señala una pena abstracta de 15 a 20 años de prisión. El delito de Hurto Simple, se encuentra en el artículo 357, con una pena abstracta de prisión de seis (6) meses a dos (2) años, sin embargo del estudio de la causa y en cuanto a este delito observamos que existen circunstancias que de acuerdo al artículo 363 numerales 5) y 9) del referido cuerpo legal agravan la pena, ya que se produjeron perjuicios de especial consideración que posteriormente terminaron con la vida del ofendido y porque el hecho se cometió empleando instrumentos peligrosos como es el caso de un objeto romo, haciendo por tal razón que la pena para este delito de hurto se aumente en dos tercios (2/3) por concurrir las dos (2) circunstancias antes mencionadas, quedando una nueva pena abstracta de diez (10) meses a 3 años 4 meses de prisión.- Por lo anterior, se puede observar que la pena establecida en el nuevo código penal para el delito de homicidio aun aplicándole la mínima no le es favorable ya que se encuentra dentro del mismo rango de su condena (15 años), sin que le represente al recurrente ventaja alguna con la aplicación retroactiva de lo señalado en el nuevo Código Penal. A nuestro criterio para el delito de hurto le es favorable la aplicación retroactiva de la pena comprendida en el nuevo código penal, no así para el delito de homicidio, por tal razón y en estricta aplicación de lo referido en el artículo 616 primer párrafo del nuevo Código Penal, no es procedente otorgar la presente revisión penal, ya que no se puede aplicar de manera fragmentada dos (2) normas cuando solo una de ellas le favorece.- Por lo dicho, se debe declarar sin lugar esta garantía constitucional de revisión penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de octubre de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADAES a favor del Señor DARWIN FERNANDO MIRALDA RAUDALES, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, en fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, con relación a la causa que se instruyó contra el señor DARWIN FERNANDO MIRALDA RAUDALES por el delito de HOMICIDIO SIMPLE y HURTO en perjuicio del señor RAUL FERNANDO AGUIRRE. ANTECEDENTES 1).- Que en fecha tres (03) de septiembre del dos mil diecinueve (2019),el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL , dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: Que debemos Condenar y Condenamos en Estricta Conformidad, al señor Darwin Fernando Miralda Raudales, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de los delitos de: Homicidio Simple, a la pena de Quince (15) años de reclusión y por el delito de Hurto, a una pena concreta de Cuatro (4) años de reclusión, ambos delitos fueron cometidos en contra del señor José Fernando Aguirre, penas a las que se ha de computar el tiempo que el acusado haya estado en efectiva prisión como consecuencia de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva y la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional, que designe el Juez de Ejecución Competente. SEGUNDO: Que debemos Condenar y Condenamos al señor Darwin Fernando Miralda Raudales, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal, así como también, a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO: No procede el COMISO, en virtud de no haberse puesto ninguna prueba de convicción, a la orden de este Tribunal de Sentencia. CUARTO: No procede la condena del señor Darwin Fernando Miralda Raudales, en COSTAS procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: Se declara la Responsabilidad Civil, del señor Darwin Fernando Miralda Raudales, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. SEXTO: Siendo que las partes procesales han renunciado de manera expresa al termino de veinte días, para la interposición del recurso de casación que se proceda a elaborar el auto de firmeza y se envíen las presentes diligencias al Juzgado de Ejecución de esta Sección Judicial. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. (Folios 461-463 del recurso de mérito). 2).- En fecha veintiuno (21) de septiembre del dos mil veintitres (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante AIDA PATRICIA MARTINEZ con la comparecencia de la abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES actuando en su condición de Apoderado Legal del señor DARWIN FERNANDO MIRALDA RAUDALES; Esta representación del ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia definitiva antes citada, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad d al actual Código Penal los delitos por los cuales fue condenado su representado es sancionado con una pena más baja, por 10 que es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1) .., 2) ... 3) ..., 4) ..,5)...., 6) ... 7) .., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, relacionado con los artículos 615 y 616 del Código Penal vigente. De lo expuesto por el revisionista y al examinar el fallo condenatorio sub-judice, se extrae que el señor DARWIN FERNANDO MIRADA RAUDALES, fue condenado por el delito de HOMICIDIO, a una pena de quince (15) años de reclusión, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 116 del Código Penal derogado que establecía como pena abstracta entre quince (15) a veinte (20) años de reclusión; por lo que al realizar el análisis comparativo de la pena a imponer conforme el Código Penal vigente, se aprecia que esa misma conducta delictiva es regulada en el ARTÍCULO 192, el cual es castigado con una pena igual de prisión de quince (15) a veinte (20) años Visto así, y por tratarse de penas privativas de libertad no se considera que el presente código na más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas las circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Por su parte, el código Penal vigente tipifica en su artículo 357, el delito de HURTO SIMPLE, el cual debe ser castigado con la pena de prisión de seis (6) meses a dos (2) años, no obstante, del análisis de los hechos probados establecidos en la sentencia se determina que en la causa de mérito concurren las circunstancias específicas del Artículo 363, consistentes en: 5) Se producen perjuicios de especial consideración 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o Instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto; de cuyo último párrafo se extrae que en el caso de concurrir dos o más de las anteriores circunstancias, la pena del hurto o del robo se debe aumentar en dos tercios (2/3), resultando en nueva pena abstracta de 3 años 4 meses de prisión, En este orden de ideas se puede determinar que, tanto la pena por el delito de Hurto, como la del delito de Homicidio Simple, resultan también imponibles con las penas de RECLUSIÓN hubieran con la aplicación del nuevo Código Penal; sumado al hecho que la pena a imponer por ambos delitos se encuentra dentro del rango de la pena abstracta señalada para los delitos Homicidio y Hurto, por lo que de conformidad con el artículo 616 del Código Penal vigente, a efecto de determinar la Ley más favorable se debe analizar la aplicabilidad de las normas comparadas completas, no admitiendo como más beneficiosa la aplicación fragmentada de las normas, por lo que en el caso concreto no es más favorable al condenado la normativa invocada por el revisionista, siendo que de ser aplicada en su totalidad como prescribe la ley, no le resulta en mayor beneficio. III. PRONUNCIAMIENTO: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, por cuanto la nueva legislación aplicable al caso concreto no le es más favorable al sentenciado al no ser admisible la aplicación fragmentada de las dos normas en análisis. (Folios 15-17 vuelto del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Que en fecha siete (7) de marzo de dos mil veintitrés (2023), se presenta ante esta Sala de lo Constitucional Recurso de Revisión Penal a favor del Señor DARWIN FERNANDO MIRALDA RAUDALES, contra las sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecisiete (2017), con relación a la causa que se instruyo contra el señor DARWIN FERNANDO MIRALDA RAUDALES, por el delito de HOMICIDIO SIMPLE Y HURTO, en perjuicio del señor RAUL FERNANDO AGUIRRE, fundamentando su acción en el artículo 186 de la Constitución de la República, 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, asimismo, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), enmarcándolo en el artículo 192 y 357, al referir que establece una pena aplicable al delito de Homicidio de quince (15) a veinte (20) años de prisión y por el delito de Hurto Simple a una pena de prisión de seis (6) meses a dos (2) años. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo adopta la garantía Constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte de un proceso penal, pueda practicar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentra firme; en este sentido manda que la Ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir.- En ese orden el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece que las sentencias condenatorias penales pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedido de estos, de cualquier persona, del Ministerio Publico o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme, tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO TRES (3): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado Hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos del Garantista expresados en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho (8) del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y 186 de la Constitución de la República, que determinan la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los antecedentes “La objeción contra la sentencia firme, dictada por el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, y de donde resulta el motivo del recurso extraordinario de revisión lo constituye que al hacer estudio de la sanción correspondiente de delito juzgado, con aplicación de una ley vigente al momento de cometerse los hechos pero novada con posterioridad al juzgamiento respetivo, esta resulta por ahora arbitraria y por supuesto violatoria, a la sanción penal establecida en el tipo penal correspondiente, ya que ahora es menor la sanción por ese ilícito penal, por haber sido reducida la misma en el nuevo código penal vigente…” CONSIDERANDO CINCO (5): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que en fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, con la comparecencia de la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado José Alejandro Núñez Valladares, en su condición de Apoderado del señor Darwin Fernando Miralda Raudales; manifestando este último que por este acto2903220775144510972807741920661098575457055532120750887550977807508875429768075044303863340750443027844757504430216725575184001097280749046010883907225665 ratifica el Recurso de Revisión interpuesto con anterioridad, fundamentándose en los artículos 615 y 616 del Decreto 130-2017, asimismo el artículo 357, donde establece el delito de hurto con una pena de seis (6) meses, asimismo en el artículo 192, que establece el delito de homicidio, para que se le aplique la retroactividad de la ley más favorable a su representado, en vista de que es más benigna para él, y asimismo hace mención que dicho Código Penal establece también un beneficio de libertad condicional más favorable para su representado. APRECIACION JURIDICA: El Ministerio Público señala que la sentencia definitiva dictada en estricta conformidad en fecha tres (3) de septiembre del dos mil diecinueve (2019), por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se Condenó al señor DARWIN FERNANDO MIRALDA RAUDALES, por el delito de HOMICIDIO SIMPLE Y HURTO, en perjuicio del señor RAUL FERNANDO AGUIRRE, a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delio de HOMICIDIO más inhabilitación absoluta e interdicción civil; Y a la pena de CUATRO (4) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de HURTO, mas inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena. Del análisis de la sentencia objeto de revisión y al realizar una comparación con lo referido para estos delitos en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017) nos damos cuenta que de acuerdo al artículo 192, se prevé para el delito de Homicidio una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, lo que demuestra que la pena anterior es imponible a la actual (15 años).- En cuanto al Hurto, este se encuentra ubicado en el artículo 357 del Código Penal decreto 130-2017, estableciendo una pena de prisión de seis (6) meses a dos (2) años de prisión, pero está de acuerdo con el artículo 363 del mismo cuerpo legal se aumenta en dos tercios (2/3) por existir dos circunstancias específicas como lo son la establecida en el numeral 5 y 9 del artículo 363 del nuevo Código Penal, resultando por ese efecto una nueva pena de 3 años, 4 meses de prisión, resultando también imponibles con las penas de reclusión, sumado el hecho que la pena a imponer por ambos delitos se encuentra dentro del rango de la pena abstracta señalada para los delitos de Homicidio y Hurto. CONCLUSION DEL MINISTERIO PUBLICO: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Publico se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, por cuanto la nueva legislación aplicable al caso concreto no le es más favorable al sentenciado al no ser admisible la aplicación fragmentada de las dos normas de análisis. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor… Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SIETE (7): Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que en todo caso, cuando concurren los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen acerca de la benignidad de la ley, interpretando lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualizan los hechos concretos y probados, esbozados en la sentencia condenatoria así mismo sus penas y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la que sea más favorable. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. CONSIDERANDO DOCE (12): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO TRECE (13): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República de Honduras en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. La Sala hace su exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal I.- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan a la presente garantía constitucional de revisión penal, esta Sala aprecia que efectivamente el señor DARWIN FERNANDO MIRALDA RAUDALES, fue condenado por el delito de HOMICIDIO SIMPLE Y HURTO, en perjuicio del señor RAUL FERNANDO AGUIRRE, a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delio de HOMICIDIO más inhabilitación absoluta e interdicción civil; Y a la pena de CUATRO (4) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de HURTO, mas inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena. II.- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que en la sentencia condenatoria firme antes señalada, el Órgano Jurisdiccional competente aplico lo dispuesto en el Artículo 1, 48, 54, 62, 105, 107, 116, 223 y 224 del Código Penal (Decreto 144-84); 1, 322 y 338 del Código Procesal Penal; estimando que el condenado cometió los delitos antes mencionados. CONSIDERANDO QUINCE (15): Sentencia que se recurre a través de la presente Garantía Constitucional de Revisión Penal. La emitida por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Cortes de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, mediante la cual FALLA:”PRIMERO: Que debemos Condenar y Condenamos en Estricta Conformidad, al señor Darwin Fernando Miralda Raudales, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de los delitos de: Homicidio Simple, a la pena de Quince (15) años de reclusión y por el delito de Hurto, a una pena concreta de Cuatro (4) años de reclusión, ambos delitos fueron cometidos en contra del señor José Fernando Aguirre, penas a las que se ha de computar el tiempo que el acusado haya estado en efectiva prisión como consecuencia de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva y la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional, que designe el Juez de Ejecución Competente. SEGUNDO: Que debemos Condenar y Condenamos al señor Darwin Fernando Miralda Raudales, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal, así como también, a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO: No procede el COMISO, en virtud de no haberse puesto ninguna prueba de convicción, a la orden de este Tribunal de Sentencia. CUARTO: No procede la condena del señor Darwin Fernando Miralda Raudales, en COSTAS procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: Se declara la Responsabilidad Civil, del señor Darwin Fernando Miralda Raudales, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia…”. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que de la aplicación de la Norma contenida en el Artículo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional se desprende, que si bien para la interposición de la garantía constitucional de revisión en materia penal se puede invocar está bajo el caso de que procede la aplicación retroactiva de una Ley Penal por ser más benigna, que el alcance y la aplicación de este motivo va orientado a que la nueva pena contemplada para el tipo penal por el cual ha sido condenado el impetrante sea más favorable a este.- Se señala lo anterior, pues en el presente caso de autos, el ahora recurrente DARWIN FERNANDO MIRALDA RAUDALES, fue condenado por el delito de HOMICIDIO SIMPLE Y HURTO, en perjuicio del señor RAUL FERNANDO AGUIRRE, a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delio de HOMICIDIO más inhabilitación absoluta e interdicción civil; Y a la pena de CUATRO (4) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de HURTO, mas inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena. Ya con el Código Penal (Decreto 130-2017), tenemos, que en cuanto al delito de Homicidio, establecido en el artículo 192, señala una pena abstracta de 15 a 20 años de prisión. El delito de Hurto Simple, se encuentra en el artículo 357, con una pena abstracta de prisión de seis (6) meses a dos (2) años, sin embargo del estudio de la causa y en cuanto a este delito observamos que existen circunstancias que de acuerdo al artículo 363 numerales 5) y 9) del referido cuerpo legal agravan la pena, ya que se produjeron perjuicios de especial consideración que posteriormente terminaron con la vida del ofendido y porque el hecho se cometió empleando instrumentos peligrosos como es el caso de un objeto romo, haciendo por tal razón que la pena para este delito de hurto se aumente en dos tercios (2/3) por concurrir las dos (2) circunstancias antes mencionadas, quedando una nueva pena abstracta de diez (10) meses a 3 años 4 meses de prisión.- Por lo anterior, se puede observar que la pena establecida en el nuevo código penal para el delito de homicidio aun aplicándole la mínima no le es favorable ya que se encuentra dentro del mismo rango de su condena (15 años), sin que le represente al recurrente ventaja alguna con la aplicación retroactiva de lo señalado en el nuevo Código Penal. A nuestro criterio para el delito de hurto le es favorable la aplicación retroactiva de la pena comprendida en el nuevo código penal, no así para el delito de homicidio, por tal razón y en estricta aplicación de lo referido en el artículo 616 primer párrafo del nuevo Código Penal, no es procedente otorgar la presente revisión penal, ya que no se puede aplicar de manera fragmentada dos (2) normas cuando solo una de ellas le favorece.- Por lo dicho, se debe declarar sin lugar esta garantía constitucional de revisión penal. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia el pronunciamiento del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los Artículos1.1, 9, 11.2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 48, 54, 62, 105, 107, 116, 223 y 224 del Código Penal (Decreto 144-84); 1, 192, 363.5 y 9, 357 y 616 primer párrafo, todos del Código Penal (Decreto 130-2017); 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: Declarar SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, a favor de DARWIN FERNANDO MIRALDA RAUSALES, por lo referido en esta sentencia.- Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente, para su conocimiento; Redacto la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil veintiséis, certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-281-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL