Sentencia RP-267-23 — Registro 19230
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal, contra la sentencia por el delito de asesinato por lo cual se le impone una pena de treinta años de reclusión, como pena principal, la cual deberá cumplir en la penitenciaría nacional; además, se le condena a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, durante el tiempo de duración de la condena.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor MAURICIO ALEXANDER MEJÍA FIGUEROA, la pena principal de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN; asimismo, se impuso las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la condena principal, por haber sido encontrado responsable como autor del delito de ASESINATO, en perjuicio del señor RAÚL ENRIQUE REYES CARVAJAL. Procediéndose, en consecuencia, por la judicatura competente Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán y de conformidad al artículo 69 del Código Penal derogado, a la imposición de la pena máxima para el delito de Asesinato, en atención a las circunstancias agravantes concurrentes y demás circunstancias personales del imputado que lograron determinar su peligrosidad. En ese orden de ideas y conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de ASESINATO, previsto en el artículo 193, prevé una pena abstracta de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión; obteniéndose, por consiguiente, que resulta conforme a derecho imponer al señor MAURICIO ALEXANDER MEJÍA FIGUEROA, como autor del delito de ASESINATO, en perjuicio del señor RAÚL ENRIQUE REYES CARVAJAL, la pena principal de VEINTICINCO (25) AÑOS DE PRISIÓN, en atención a la pena máxima que corresponde para el delito de Asesinato, conforme a la pena impuesta en la sentencia que se revisa. Siendo en consecuencia que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 ahora derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la Ley penal en favor del señor MAURICIO ALEXANDER MEJÍA FIGUEROA.”
Legislación citada
- Código Penal, art. 193 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 numeral 8 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 193 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 numeral 8 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA, a favor del ciudadano MAURICIO ALEXANDER MEJIA FIGUEROA, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha quince (15) de agosto del año dos mil trece (2013), en relación a la causa que se instruyó contra el señor MAURICIO ALEXANDER MEJÍA FIGUEROA, quien fue condenado por el delito de ASESINATO en perjuicio del señor RAUL ENRIQUE REYES CARBAJAL. (EXP. TS/JN (18) 11-2012). ANTECEDENTES 1) En fecha tres (3) de febrero del año dos mil doce (2012), comparecieron ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional, de la ciudad de San pedro Sula, Departamento de Cortés, los Agentes de Tribunales del Ministerio Público, Abogados DAVID SALGADO Y JESSICA JUAREZ, presentando Requerimiento Fiscal en contra de los ciudadanos MAURICIO ALEXANDER MEJÍA FIGUEROA, LUDIN ARNULFO MENDEZ JUAREZ Y RONY ENRIQUE VILLANUEVA ALVAREZ, por suponerlos responsables del delito de ASESINATO, en perjuicio del FISCAL COORDINADOR DE LA OFICINA LOCAL DE PUERTO CORTÉS, RAÚL ENRIQUE REYES CARVAJAL y contra RONY ENRIQUE VILLANUEVA ALVAREZ, por el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios del 1-4 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que en fecha quince (15) de agosto del año dos mil trece (2013), el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: “PRIMERO: CONDENAR al señor MAURICIO ALEXANDER MEJÍA FIGUEROA, cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente del delito de ASESINATO, en perjuicio del señor RAUL ENRIQUE REYES CARVAJAL; por lo cual se le impone una pena de TREINTA AÑOS de reclusión, como pena principal, la cual deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de Támara, Francisco Morazán o en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución determine; además, se le condena a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, durante el tiempo de duración de la condena. SEGUNDO: Se declara al condenado MAURICIO ALEXANDER MEJÍA FIGUEROA, responsable civilmente. TERCERO: No se declara el comiso. Se ordena la devolución a la Secretaría de Seguridad, de una placa de metal número 00236, de la Secretaría de Seguridad, en forma de estrella, color plateada, con logo de la Policía Nacional. CUARTO: No se condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio QUINTO: Que se ponga en conocimiento de las autoridades Fiscales y Policiales, el contenido de la presente sentencia, a efecto de que procedan a investigar y en su caso, inicien el procedimiento correspondiente, para detener y sancionar la comisión de un posible delito de FALSO TESTIMONIO, de parte de los testigos YOLANDA SHOONEWOLFF CASTRO, MÓNICA DARIELA RIVERA MATUTE Y JOSÉ ARTURO MARTÍNEZ. SEXTO: Que se envíe certificación de la presente sentencia al Director del Centro Penal de Támara, Francisco Morazán, donde se encuentra recluido el condenado MAURICIO ALEXANDER MEJÍA FIGUEROA. NOTIFIQUESE A LAS PARTES PROCESALES DE LA PRESENTE SENTENCIA. ASI LO DECLARAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS…” (Folios del 474-505 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) En fecha seis (06) de marzo del año dos mil veintitrés, compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA, interponiendo Recurso de Revisión Penal a favor del ciudadano MAURICIO ALEXANDER MEJÍA FIGUEROA, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal que más favorece al sentenciado. (Folios del 1-4 de los autos) 4) En fecha cinco (5) de junio del año dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante MARVIN RIGOBERTO ESPINAL PINEL, con la comparecencia de la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor MAURICIO ALEXANDER MEJÍA FIGUEROA; en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, en cuanto a conceder el referido recurso de revisión; habiendo manifestando el recurrente que solicita que su representado pueda gozar de este beneficio que establece el principio de retroactividad de la ley penal, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017).- La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque: “SE OTORGUE la presente acción de revisión…”. (Folios del 16-18 de los autos) CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el artículo 96 de la Constitución de la República que establece que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado. El garantista en su escrito de interposición del Recurso señala que con la entrada en vigencia del Código Penal Decreto 130-2017, devendría la aplicación inmediata del mismo por favorecer a su representado y que amparados en los preceptos legales apuntados y en estricto respeto a la legalidad este principio debe ser aplicado de manera inmediata, ya que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. CONSIDERANDO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición y presentación de pruebas. Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas se celebró en fecha cinco de junio del año dos mil veinticuatro, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Darwin Lindolfo García, como garantista a favor del señor Mauricio Alexander Mejía Figueroa y la abogada Diana Elizabeth Rodriguez Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra al abogado Darwin Lindolfo García, quien expresa que existe un principio que habla sobre la retroactividad de la ley que lo rige, la norma constitucional, el artículo uno de nuestro Código Penal y el artículo 615, amparado en esta normativa, hemos solicitado que se revise dicha sentencia, puntualmente la sentencia que dictó en su momento en esa fecha quince de agosto del dos mil trece, el Tribunal de Sentencia impuso una pena de 30 años a la entrada en vigencia de nuestro Código Penal, el Decreto 130-2017; la pena del asesinato ha tenido una reducción de años y se ha determinado en esta nueva normativa que la pena del asesinato esta entre 20 a 25 años.- Seguidamente se le cedió la palabra a la Fiscal del Ministerio Público Abogada Diana Elizabeth Rodriguez Corea, quien en su análisis jurídico hace referencia a los artículos 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 615 y 616 del nuevo Código Penal y 193 del Código Penal vigente; expresando que: “…De lo expuesto por el revisionista, se aprecia que el delito de ASESINATO era castigado en el Código Penal derogado con una pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión; con la entrada en vigencia de la norma sustantiva contenida el Decreto 130-2017, el delito de ASESINATO es sancionado el artículo 193 con la pena de prisión de 20 a 25 años. No obstante, debemos acotar que del Hecho Probado se desprende que el hoy sentenciado cuando transitaba en un vehículo a mediaciones de la aldea Rio Nance, Municipio de Choloma, Cortés, le dio alcance a un vehículo donde se conducía el abogado RAUL ENRIQUE REYES CARBAJAL, quien procedió a disparar en reiteradas ocasiones, impactándole en su humanidad veintidós disparos con múltiples trayectorias, que provoco que fuera a impactar en un autobús, momento en el cual en el vehículo que se conducía el condenado aminoro la velocidad, y permitió que el condenado se acercara nuevamente y disparar directamente contra su persona ocasionándole la muerte; por lo que al constar en autos que concurren las circunstancias agravantes señaladas en los numerales 2), 4) y 6) del artículo 32 del Código Penal vigente, relacionado con el artículo 70 inciso e), que establece: "Cuando concurren varias y ninguna atenuante se aplica la pena en su límite máximo"; por lo que resulta una pena concreta de 25 años de reclusión. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal son más favorables al sentenciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 616 párrafo cuarto del referido Código. III.OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión…” (Folios del 16-18 de los autos) CONSIDERANDO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. CONSIDERANDO (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO (7): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO (8): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (9): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, el señor Mauricio Alexander Mejía Figueroa, fue condenado mediante sentencia dictada en fecha quince de agosto del año dos mil trece, por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, por el delito de Asesinato, tipificado en el Artículo 117 de la norma derogada que disponía “Es reo de asesinato, quien de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía; 2) Con premeditación conocida; 3) Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; y, 4) Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena de asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad”. La nueva norma en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, tipifica en el artículo 193 “Asesinato. Quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. Si concurre la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria, la pena de prisión debe ser de veinticinco (25) a treinta (30) años.” El artículo 70 de la nueva norma penal establece: “Concurrencia o Ausencia de Circunstancias Modificativas de la Responsabilidad Penal. El Órgano jurisdiccional competente debe individualizar motivadamente la duración de la pena a imponer, sujetándose a las reglas siguientes: 1) En los delitos dolosos el Órgano Jurisdiccional competente determinará la pena dentro del máximo y el mínimo que la Ley señala al delito, tomando en consideración las reglas siguientes: a) Si no concurren circunstancias agravantes ni atenuantes, la pena se fija dentro del marco establecido para el delito de que se trate en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho; b) Si solo concurre una (1) o dos (2) circunstancias agravantes y ninguna atenuante, se aplica la pena media hasta el límite máximo; c) Si solo concurre alguna circunstancia atenuante se impone pena media, hasta el limite mínimo;…”-Énfasis y subrayado añadidos- CONSIDERANDO (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es añadido- CONSIDERANDO (11): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor Mauricio Alexander Mejía Figueroa fue condenado por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante sentencia definitiva y firme de fecha quince de agosto del año dos mil trece, a la PENA PRINCIPAL de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de ASESINATO, en perjuicio del señor RAÚL ENRIQUE REYES CARVAJAL; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la condena principal. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha quince de agosto del año dos mil trece mediante la cual se condenó al ciudadano MAURICIO ALEXANDER MEJÍA FIGUEROA, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en el artículo 117 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de Asesinato. III- Esta Sala considera que el caso sub júdice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma más favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. CONSIDERANDO (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor MAURICIO ALEXANDER MEJÍA FIGUEROA, la pena principal de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN; asimismo, se impuso las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la condena principal, por haber sido encontrado responsable como autor del delito de ASESINATO, en perjuicio del señor RAÚL ENRIQUE REYES CARVAJAL. Procediéndose, en consecuencia, por la judicatura competente Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán y de conformidad al artículo 69 del Código Penal derogado, a la imposición de la pena máxima para el delito de Asesinato, en atención a las circunstancias agravantes concurrentes y demás circunstancias personales del imputado que lograron determinar su peligrosidad. En ese orden de ideas y conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de ASESINATO, previsto en el artículo 193, prevé una pena abstracta de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión; obteniéndose, por consiguiente, que resulta conforme a derecho imponer al señor MAURICIO ALEXANDER MEJÍA FIGUEROA, como autor del delito de ASESINATO, en perjuicio del señor RAÚL ENRIQUE REYES CARVAJAL, la pena principal de VEINTICINCO (25) AÑOS DE PRISIÓN, en atención a la pena máxima que corresponde para el delito de Asesinato, conforme a la pena impuesta en la sentencia que se revisa. Siendo en consecuencia que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 ahora derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la Ley penal en favor del señor MAURICIO ALEXANDER MEJÍA FIGUEROA. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la Opinión del Fiscal del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 92, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 35, 70, 193, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado DARWIN LINDOLFO GARCÍA, a favor del señor MAURICIO ALEXANDER MEJÍA FIGUEROA; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por EL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor MAURICIO ALEXANDER MEJÍA FIGUEROA, por el delito de ASESINATO, en perjuicio del señor RAÚL ENRIQUE REYES CARVAJAL, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENAR al señor MAURICIO ALEXANDER MEJÍA FIGUEROA, como autor responsable penalmente del delito de ASESINATO, en perjuicio del señor RAÚL ENRIQUE REYES CARVAJAL, a la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS DE PRISIÓN, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INHABILITACIÓN ESPECIAL por el tiempo de la condena principal, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente, para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. - LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha dos de junio del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0267-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL