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Sentencia RP-247-23 — Registro 19997

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria en aplicabilidad del Principio de Retroactividad de la Ley en materia penal con relación a la causa que se instruyó contra recurrente por el delito de Extorsión Continuada en perjuicio de Testigo Protegido, donde la Sala Constitucional considera que cuando garantista peticionó la aplicación de la Ley Intermedia en el Recurso de Revisión promovido, ya se encontraba en vigencia el Decreto 93-2021,el cual incrementa las penas para el delito de Extorsión.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que en la parte dispositiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al ciudadano RICARDO ANTONIO MIRANDA CASTRO, la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE 83.33 SALARIOS MÍNIMOS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO PJU 19-7; así mismo las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena; Una vez firme la presente sentencia que se libre copia certificada de la misma al Director del Centro Penitenciario de Támara y al Juzgado de Ejecución para los efectos legales correspondientes. Por haber sido encontrado responsable del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio Testigo Protegido PJU 19-7.- Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de Extorsión, previsto en el artículo 373, prevé una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados; aplica en el caso en estudio se aprecia el delito continuado el que establece lo siguiente: Quién en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringe el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3). Si bien el Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal, disponía penas más benignas en relación con el delito de Extorsión, en comparación con el Decreto 144-1983, con el cual fue condenado el ciudadano RICARDO ANTONIO MIRANDA CASTRO, la norma que contiene la tipificación del delito de Extorsión, fue reformada posteriormente mediante Decreto 93-2021, Decreto que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 01 de noviembre del año 2021 y con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial; en ese orden de ideas cuando la garantista peticionó la aplicación de la Ley Intermedia en el Recurso de Revisión promovido, ya se encontraba en vigencia el Decreto 93-2021, Decreto que de nuevo incrementa las penas para el delito de Extorsión, estableciendo como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; concurriendo asimismo el delito continuado, contenida en el artículo 68, en cuyo caso la pena debe ser señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3); por lo tanto la pena abstracta a imponer quedaría en veinte (20) a veintiséis (26) años ocho (8) meses de prisión y multa de 1,000 a 1,333 días, con la aplicación del delito continuado en su mitad superior, por lo que la pena concreta a imponer seria de veintitrés (23) años cuatro (4) meses de prisión y multa de 1000 a 1333 días; al aplicar el artículo 53 del nuevo Código Penal, que establece el sistema de Días Multa, determinando la cantidad de cinco mil lempiras (Lps.5,000.00) de mayor nivel, en consecuencia, al efectuar el cálculo aritmético corresponde una multa de CINCO MILLONES (LPS: 5,000,000.00) A SEIS MILLONES SEISCIENTOS SENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS.6,665,000). La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al señor RICARDO ANTONIO MIRANDA BACA. Y siendo que el decreto 93-2021, estaba vigente al momento de interposición del Recurso de revisión, permiten determinar que, este último prevé sanciones más gravosas, sobre todo en cuanto a la pena de multa que también es pena principal; que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 ahora derogado, por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal intermedia en favor del condenado RICARDO ANTONIO MIRANDA CASTRO, en la cual le queda en atención a que el recurso de revisión fue presentado en fecha 01 de Marzo del 2023, encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que en la parte dispositiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al ciudadano RICARDO ANTONIO MIRANDA CASTRO, la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE 83.33 SALARIOS MÍNIMOS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO PJU 19-7; así mismo las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena; Una vez firme la presente sentencia que se libre copia certificada de la misma al Director del Centro Penitenciario de Támara y al Juzgado de Ejecución para los efectos legales correspondientes. Por haber sido encontrado responsable del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio Testigo Protegido PJU 19-7.- Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de Extorsión, previsto en el artículo 373, prevé una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados; aplica en el caso en estudio se aprecia el delito continuado el que establece lo siguiente: Quién en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringe el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3). Si bien el Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal, disponía penas más benignas en relación con el delito de Extorsión, en comparación con el Decreto 144-1983, con el cual fue condenado el ciudadano RICARDO ANTONIO MIRANDA CASTRO, la norma que contiene la tipificación del delito de Extorsión, fue reformada posteriormente mediante Decreto 93-2021, Decreto que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 01 de noviembre del año 2021 y con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial; en ese orden de ideas cuando la garantista peticionó la aplicación de la Ley Intermedia en el Recurso de Revisión promovido, ya se encontraba en vigencia el Decreto 93-2021, Decreto que de nuevo incrementa las penas para el delito de Extorsión, estableciendo como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; concurriendo asimismo el delito continuado, contenida en el artículo 68, en cuyo caso la pena debe ser señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3); por lo tanto la pena abstracta a imponer quedaría en veinte (20) a veintiséis (26) años ocho (8) meses de prisión y multa de 1,000 a 1,333 días, con la aplicación del delito continuado en su mitad superior, por lo que la pena concreta a imponer seria de veintitrés (23) años cuatro (4) meses de prisión y multa de 1000 a 1333 días; al aplicar el artículo 53 del nuevo Código Penal, que establece el sistema de Días Multa, determinando la cantidad de cinco mil lempiras (Lps.5,000.00) de mayor nivel, en consecuencia, al efectuar el cálculo aritmético corresponde una multa de CINCO MILLONES (LPS: 5,000,000.00) A SEIS MILLONES SEISCIENTOS SENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS.6,665,000). La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al señor RICARDO ANTONIO MIRANDA BACA. Y siendo que el decreto 93-2021, estaba vigente al momento de interposición del Recurso de revisión, permiten determinar que, este último prevé sanciones más gravosas, sobre todo en cuanto a la pena de multa que también es pena principal; que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 ahora derogado, por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal intermedia en favor del condenado RICARDO ANTONIO MIRANDA CASTRO, en la cual le queda en atención a que el recurso de revisión fue presentado en fecha 01 de Marzo del 2023, encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021."

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de septiembre de dos mil veinticinco.VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por la Abogada MARIA SANTOS VASQUEZ PEREZ a favor del Señor RICARDO ANTONIO MIRANDA CASTRO contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES en fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, con relación a la causa que se instruyó contra el Señor RICARDO ANTONIO MIRANDA CASTRO por el delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO FROTEGIDO-PJU 19-7.ANTECEDENTES 1)Que en fecha diecinueve (19) de julio del dos mil catorce (2014) el Agente de Tribunales del Ministerio Público, el abogado, WILMER ORLANDO NUÑEZ HERRERA, presentando REQUERIMIENTO FISCAL, en contra de los señores: Ricardo Antonio Miranda Castro y América Leticia Osorto Ordoñez, a quien se le supone responsable a título de autor de la comisión del delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de testigo protegido con clave I-23 (Folios 1 al 4 de la pieza de los antecedentes)2)Que en fecha veintiuno (21) de septiembre del dos mil dieciséis (2016), el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR la Nulidad planteada por la Defensa de los acusados Ricardo Antonio Miranda Castro y América Leticia Osorto Ordoñez. SEGUNDO: Que debemos CONDENAR y CONDENAMOS al señor RICARDO ANTONIO MIRANDA CASTRO, de generales ya conocidas y referidas en el preámbulo de esta sentencia, como autor material, responsable penalmente de un delito consumado de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE PJU 19-7, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena principal de VEINTICICNO (25) AÑOS DE RECLUSION, la que deberá de cumplir en una Penitenciaria del Sistema Penitenciario Nacional Y UNA MULTA DE OCHENTA Y TRES PUNTO TREINTAY TRES (83.33) SALARIOS MINIMOS (Ambas penas principales). TERCERO: Que debemos CONDENAR y CONDENAMOS a la señora AMERICA LETICIA OSORTO ORDOÑEZ, de generales ya conocidas y referidas en el preámbulo de esta sentencia, como autor material, responsable penalmente de un delito consumado de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE PJU 19-7, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena principal de VEINTICICNO (25) AÑOS DE RECLUSION, la que deberá de cumplir en una Penitenciaria del Sistema Penitenciario Nacional Y UNA MULTA DE OCHENTA Y TRES PUNTO TREINTA Y TRES (83.33) SALARIOS MINIMOS (Ambas penas principales). CUARTO: Los acusados por causa de las penas de reclusión, estará sujeto a participar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, según regula el régimen penitenciario, debiendo computarse a su favor, el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva por esta causa. De igual manera se condena también a RICARDO ANTONIO MIRANDA CASTRO y AMERICA LETICIA OSORTO ORDOÑEZ a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICION CIVIL, ambas penas accesorias por el tiempo que dure las penas de reclusión. QUINTO: Se declara a los señores RICARDO ANTONIO MIRANDA CASTRO y AMERICA LETICIA OSORTO ORDOÑEZ, responsable civilmente de los daños y perjuicios ocasionados por este delito. SEXTO: Se declara el comiso de la cantidad de mil lempiras (1000.00) consistentes en 02 billetes de quinientos lempiras con series U5857760 y otro con serie T9558593, Un (01) teléfono celular marca Blue, olor negro con bordes grises y un teléfono celular Black Berry Amgoo, color azul con negro, que fueron decomisados a los imputados. SEPTIMO: No procede condenar en costa a los acusados RICARDO ANTONIO MIRANDA CASTRO y AMERICA LETICIA OSORTO ORDOÑEZ. OCTAVO: Una vez firme la presente sentencia, que sea remitida junto con sus antecedentes al Juzgado de ejecución para los efectos que la ley establece, que se envié copia certificada de la misma al centro penitenciario respectivo. NOTIFIQUESE ESTA SENTENCIA A LAS PARTES PROCESALES. Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos (Folios 201 al 208 de la pieza de los antecedentes).3) En fecha primero de marzo del año de dos mil veintitrés, (2022); Compareció ante la Sala la abogada MARIA SANTOS VASQUEZ PEREZ presentando recurso de revisión a favor de del señor RICARDO ANTONIO MIRANDA CASTRO, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para sus representados. (Folios 1 al 6 de la pieza del recurso de mérito).4)En fecha cinco (05) de junio del dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante JOSE RICARDO PINEDA MEDINA con la comparecencia de la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la abogada MARIA SANTOS VASQUEZ PEREZ actuando en su condición de Apoderada Legal del señor RICARDO ANTONIO MIRANDA CASTRO; donde solicita la revisionista que a su representado se le debe aplicar la retroactividad de la Ley Penal más favorable en base al artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; ya que con el Código Nuevo Decreto 130-2017, LE ES MÁS FAVORABLE YA QUE LA pena a imponer es de 10 a 15 años , no existiendo agravantes en la causa y multa de 500 a 1000 días; por lo que solicita que se le aplique la pena mínima de 10 años y multa de 500 días. A la vez que esta sea pagada con prestación de servicios de utilidad pública de acuerdo al artículo 50 del nuevo Código Penal Vigente.- La representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva de fecha veintiuno (21) de Septiembre del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor de su representada, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes contenidas en el Código Penal vigente, sanciona el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA con una pena más benigna, en cuanto a la sustitución de la pena de salarios mínimos por los días de multa, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1).., 2)..3) ...4) .,5) ., 6) . 7) ., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna,." relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal. De lo expuesto por el revisionista, y del análisis comparativo de ambas leyes penales, se aprecia que el Código Penal Vigente, reformado mediante decreto 93-2021, regula el delito de EXTORSIÓN en el Artículo 373 reformado que señala: "debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto...". Por su parte, el Código Penal Vigente regula el delito continuado en el artículo 68 que reza: DELITO CONTINUADO Y DELITO MASA. debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3)". En cuanto a la pena principal de multa, el Código Penal Vigente dispone en el artículo 53.- PENA DE DÍAS MULTA. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5, 000). En este sentido, y siendo que de conformidad a la Declaración de Hechos Probados que contiene la sentencia cuya revisión se solícita, el sentenciado RICARDO ANTONIO MIRANDA CASTRO, fue encontrado responsable a título de autor de la comisión de varias acciones de EXTORSION CONTINUADA, las cuales se llevaron a cabo mediante amenazas de causarle la muerte al testigo protegido "PJU 19- 7", obligando al ofendido a pagar una cantidad de mil lempiras semanales, razón por la cual fue condenado por el delito de EXTORSION CONTINUADA, a la luz del artículo 616 del Código Penal vigente, para efectos de determinar la ley penal más favorable la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley, siendo la pena global impuesta en la sentencia es de 25 AÑOS DE RECLUSIÓN y una multa de OCHENTA Y TRES PUNTO TREINTA Y TRES (83.33), salarios mínimos (ambas penas principales), no obstante, la pena que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley conforme a lo solicitado por el revisionista, sería de 15 a 20 años de prisión, la que a su vez debe ser aumenta en 1/3 por la por la aplicación del delito continuado resultando una pena mínima de DIECISIETE AÑOS SEIS MESES una pena máxima de VEINTISEIS (26) AÑOS OCHO (8) MESES DE RECLUSIÓN, por cada acción, las cuales se desarrollaron de manera semanal por el término de 5 semanas comprendidas en las fechas 30 de mayo, 13, 20, 27 de junio y 18 de julio del año 2014, de ahí que la pena mínima por cada delito seria de 88 AÑOS DE PRISIÓN, estando el máximo de cumplimiento determinado por el triple del tiempo de duración de la más grave de las penas impuestas, que no puede exceder de TREINTA (30) AÑOS de conformidad con el artículo 66 del Código Penal vigente en cuanto a la pena de multa al se le hubiese impuesto la pena mínima de QUINIENTOS (500) DÍAS EN SU NIVEL MÃS ALTO POR cada delito, siendo el nivel más alto señalado por el artículo 53 del mismo Código el valor de DOS MIL QUINIRNTON (L.2,500.00 DIAS). Al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenidos en el artículo 616 del Código Penal vigente, esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no le son más favorables al sentenciado, en relación a la pena de Prisión como en relación a la pena de Multa, por lo que no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96 de la Constitución de la República, en cuanto dispones "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado,", OPINIÓN Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia Porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión y se ordene se realice por parte del Jugado de ejecución un nuevo computo de la pena.(Folios 40 al 42 de la pieza del recurso de mérito).-CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada.CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. El garantista expone que el Recurso de Revisión Penal consiste en el cambio de la pena concreta que se impuso al ciudadano Ricardo Antonio Miranda Castro, pena que se le impuso de 25 años de reclusión y multa de 83.33 salarios mínimos, de acuerdo al artículo 222 del Código Penal derogado, por la reforma vigente del Código Penal, establecida en el artículo 373 del mismo cuerpo legal; en relación con el principio de la retroactividad de la ley penal, establecida en el artículo 615 y 616, por lo que sería más recomendable imponer una pena conforme a lo que establece nuestra norma penal en el Decreto 130-2017, publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 10 de Mayo del 2020, en su artículo 373 la pena para el delito de Extorsión es de 10 a 15 años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días.CONSIDERANDO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas se celebró en fecha cinco (5) de junio del dos mil veinticuatro (2024), ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la abogada MARIA SANTOS VASQUEZ PEREZ, como garantista a favor del ciudadano RICARDO ANTONIO MIRANDA CASTRO y la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra a la parte recurrente, a la abogadaa MARIA SANTOS VASQUEZ PEREZ, para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: Se solicita muy respetuosamente que se aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley penal al señor RICARDO ANTONIO MIRANDA CASTRO, por el delito de Extorsión Continuada, en perjuicio de Testigo Protegido PJU-19-7; ya que se le condenó a una pena de veinticinco (25) años de reclusión y una multa de 83.33 salarios mínimos de acurdo al artículo 222 del Código Penal derogado. Por lo que solicita sustituirle la pena y multa de acuerdo al artículo 373 del Código Penal Decreto 130-2017 (Ley Intermedia), en donde establece que para el delito de Extorsión la pena es de 10 a 15 años y una multa de 500 a 1000 días. Que lo más beneficioso para los intereses personales del condenado es la ley intermedia, en donde se solicita una pena mínima de 10 años y una multa de 500 días y que la misma sea pagada con prestación de servicio de utilidad pública o de las víctimas de acuerdo al artículo 50 del Código Penal Vigente; Seguidamente se le cedió la palabra a la Fiscal del Ministerio Público Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERRES MALDONADO, quien hizo uso de la palabra consideró: … De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando que el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, por el cual se condenó al señor RICARDO ANTONIO MIRANDA CASTRO, en aplicación del artículo 222 del Código Penal derogado, que establecía la pena de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, en su nivel más alto. Por su parte el código Penal Vigente regula el DELITO CONTINUADO O DELITO EN MASA, en la que debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados, con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta la pena superior en un tercio (1/3); por lo que el artículo 373, reformado a través del Decreto 93-2021, sancionado con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y MULTA DE QUINIENTOS (500) A MIL (1000) DÍAS EN SU NIVEL MAS ALTO, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados; observando la foliada de la sentencia del expediente del recurso; resultando como pena mínima de diecisiete años seis meses a una pena máxima de 26 años ocho meses de reclusión por cada acción, las cuales se desarrollaron de manera semanal por el término de cinco semanas comprendidas en las fechas 30 de mayo, 13, 20 y 27 de junio y 18 de Julio del 2014, Por lo que la pena mínima sería de 88 años de prisión y dos millones quinientos mil lempiras exactos (2,500.000.00).- Se concluye entonces que al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los artículos fijados para determinar la ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son favorables al sentenciado, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta conforme la legislación derogada, resulta también imponible con arreglo al Código Penal vigente y en lo que respecta a la pena de multa, la misma resulta más gravosa respecto de la que fue impuesta en la sentencia que se pretende rever, por lo que no es procedente aplicar el principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República. Pronunciamiento Final del Ministerio Público: Que no se otorgue la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.CONSIDERANDO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal.CONSIDERANDO (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos:a.Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente;b.Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c.Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador.c.La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena.En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO (7): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2020, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”.CONSIDERANDO (8): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, el condenado RICARDO ANTONIO MIRANDA CASTRO, condenado mediante sentencia definitiva dictada en fecha veintiuno de Septiembre del dos mil dieciséis, por el Tribunal de Sentencias de la Sección Judicial de San Pedro Sula del Departamento de Cortés, tipificado en el Artículo 222 de la norma derogada que disponía:Artículo 222 “Comete el delito de extorsión, quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros, el culpable de Extorsión debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto, mas las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por lo actos de violencia física realizados. La extorsión se considera consumada y responderán como autores con independencia de si se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación, el que realice la amenaza, la exigencia o cualquier acto característico de cualquier modalidad extorsiva, así como quien participe en la recolección de dinero en forma personal, por medio de transferencias electrónicas o a través de sus cuentas en instituciones financieras o, reciba bienes así como cualquier tipo de beneficio producto del delito.Se aumentará la pena en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 1)Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado; …” La nueva norma en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, tipifica en el artículo 373 el delito de Extorsión el que dispone: Artículo 373. “Extorsión. Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyuge, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad”.El artículo 68 establece el delito Continuado y Delito en Masa de; Quién en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringe el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3).CONSIDERANDO (9): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es nuestro-CONSIDERANDO (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.CONSIDERANDO (11): CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA LEY INTERMEDIA. Se les denomina así, ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisionomía normativa. Para el jurista René Suazo Lagos reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”.CONSIDERANDO (12): Que en el caso sub júdice, la peticionaria Abogada MARIA SANTOS VASQUEZ PEREZ, compareció ante este Alto Tribunal en fecha primero (01) de Marzo del año dos mil veintitrés (2023), presentando recurso de revisión de una sentencia condenatoria penal y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna el Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, en consideración a que su representado el ciudadano RICARDO ANTONIO MIRANDA CASTRO, fue condenado por el delito de Extorsión Continuada, estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. La nueva norma penal establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión a saber: -prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días- relacionado con el artículo 68 de la misma norma que contiene las disposiciones relativas al delito continuado el que refiere: Quién en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringe el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3). En su petición, el garantista solicita la aplicación de la Ley Intermedia, o sea el Decreto 130-2017 que contiene el Nuevo Código Penal, por contener penas más benignas para el delito de Extorsión, no obstante, a ello de la foliada del escrito de interposición de la Acción Constitucional de Revisión, se advierte que el mismo fue presentado en fecha uno (01) de Marzo del dos mil veintitrés (2023), cuando se encontraba en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión a saber: -prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto-. En el caso en estudio nos encontramos ante la situación de la promulgación de una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, ello es así que el ciudadano RICARDO ANTONIO MIRANDA CASTRO, fue condenado por el delito de Extorsión Continuada, estando vigente el Decreto 144-83, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogada Defensora la revisión de esa sentencia penal, pero tal petición la realiza en fecha uno (01) de Marzo del dos mil veintitrés (2023); estando vigente el Decreto 93-2021 que de nuevo aumenta la pena para el delito de extorsión como líneas arriba se dijo.CONSIDERANDO (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I.- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el ciudadano RICARDO ANTONIO MIRANDA CASTRO, fue condenado por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula del Departamento de Cortés, mediante la sentencia definitiva a la pena principal de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE 83.33 SALARIOS MÍNIMOS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO PJU-19-7; así mismo a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena. Una vez firme la presente sentencia que se libre copia certificada de la misma al Director del Centro Penitenciario de Támara y al Juzgado de Ejecución para los efectos legales correspondientes. II.- Que la Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia definitiva condenatoria de fecha veintiuno (21) de Septiembre del dos mil dieciséis (2016), a través de la cual se condenó al ciudadano RICARDO ANTONIO MIRANDA CASTRO, el Juez aplicó lo dispuesto en el artículo 222 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de Extorsión Continuada. III. Esta Sala considera que el caso sub júdice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto no procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, en aplicación de una ley intermedia, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal, en virtud de no ser más benigna la ley en vigencia, decreto No. 93-2021 al momento de la petición de la Garantía Constitucional de Revisión Penal. CONSIDERANDO (14): Que en la parte dispositiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al ciudadano RICARDO ANTONIO MIRANDA CASTRO, la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE 83.33 SALARIOS MÍNIMOS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO PJU 19-7; así mismo las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena; Una vez firme la presente sentencia que se libre copia certificada de la misma al Director del Centro Penitenciario de Támara y al Juzgado de Ejecución para los efectos legales correspondientes. Por haber sido encontrado responsable del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio Testigo Protegido PJU 19-7.- Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de Extorsión, previsto en el artículo 373, prevé una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados; aplica en el caso en estudio se aprecia el delito continuado el que establece lo siguiente: Quién en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringe el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3). Si bien el Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal, disponía penas más benignas en relación con el delito de Extorsión, en comparación con el Decreto 144-1983, con el cual fue condenado el ciudadano RICARDO ANTONIO MIRANDA CASTRO, la norma que contiene la tipificación del delito de Extorsión, fue reformada posteriormente mediante Decreto 93-2021, Decreto que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 01 de noviembre del año 2021 y con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial; en ese orden de ideas cuando la garantista peticionó la aplicación de la Ley Intermedia en el Recurso de Revisión promovido, ya se encontraba en vigencia el Decreto 93-2021, Decreto que de nuevo incrementa las penas para el delito de Extorsión, estableciendo como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; concurriendo asimismo el delito continuado, contenida en el artículo 68, en cuyo caso la pena debe ser señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3); por lo tanto la pena abstracta a imponer quedaría en veinte (20) a veintiséis (26) años ocho (8) meses de prisión y multa de 1,000 a 1,333 días, con la aplicación del delito continuado en su mitad superior, por lo que la pena concreta a imponer seria de veintitrés (23) años cuatro (4) meses de prisión y multa de 1000 a 1333 días; al aplicar el artículo 53 del nuevo Código Penal, que establece el sistema de Días Multa, determinando la cantidad de cinco mil lempiras (Lps.5,000.00) de mayor nivel, en consecuencia, al efectuar el cálculo aritmético corresponde una multa de CINCO MILLONES (LPS: 5,000,000.00) A SEIS MILLONES SEISCIENTOS SENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS.6,665,000). La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al señor RICARDO ANTONIO MIRANDA BACA. Y siendo que el decreto 93-2021, estaba vigente al momento de interposición del Recurso de revisión, permiten determinar que, este último prevé sanciones más gravosas, sobre todo en cuanto a la pena de multa que también es pena principal; que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 ahora derogado, por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal intermedia en favor del condenado RICARDO ANTONIO MIRANDA CASTRO, en la cual le queda en atención a que el recurso de revisión fue presentado en fecha 01 de Marzo del 2023, encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 68, 69, 249, 373, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; y Decreto 93-2021 publicado en La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021. FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada MARIA SANTOS VASQUEZ PEREZ, a favor del señor RICARDO ANTONIO MIRANDA CASTRO; Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de enero de dos mil veintiséis, certificación del fallo de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0247-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.