Sentencia RP-246-23 — Registro 19533
Resumen
Se interpuso recurso de Revisión contra la Sentencia condenatoria el delito de asesinato. Se declara civilmente responsable de indemnización de perjuicios a favor de familiares y dependientes económicos de como consecuencia de los hechos por los cuales se les condena. La Sala estima que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente Garantía Constitucional de Revisión.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
III. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso en cuanto al delito de Asesinato, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 117, antes de ser reformado mediante Decreto 191-96, del 31 de octubre del 1996, establecía: “Es reo de asesinato quien diere muerte a alguna persona concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Ejecutar el hecho con alevosía; 2) Por precio, recompensa o promesa remuneratoria; 3) Con premeditación conocida; 4) Ejecutarlo por medio de inundación, incendio, veneno, explosión, descarrilamiento, varamiento, o avería de nave u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos; 5) Ejecutar el hecho con ensañamiento aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido; El reo de asesinato será castigado con veinte (20) a treinta(30) años de reclusión.” En el Código Penal Decreto 130-2017, el delito de Asesinato está plasmado en el artículo 193 y establece: “Quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años.” Haciendo un examen del rango de penas a imponer con ambos cuerpos normativos, es patente que la aplicación del nuevo Código no es más favorable para el encausado, y que se encuentra dentro del mismo rango de la pena impuesta en instancia , siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima, después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente Garantía Constitucional de Revisión. Por consiguiente, No Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por no resultar está, más benigna al procesado.
Legislación citada
- Código Penal, art. 193 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: Corte Suprema de Justicia - Sala de lo Constitucional Sentencia de revisión penal En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio de dos mil veinticinco, el Pleno de Magistrados de la Sala de lo Constitucional, pronuncian: En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el Recurso de revisión penal SCO-0246-2023 promovido por el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, a favor de los señores FAVIO SATURNINO MONTES RAMOS Y SERGIO MONTES SERRANO, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, que fallo: PRIMERO: Condenar al acusado FAVIO SATURNINO MONTES RAMOS cuyos datos generales de identidad fueron antes mencionados, como autor responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de la vida de MERLIN FERMIN CRUZ CACERES , a sufrir la pena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN, la que cumplirá en el centro del sistema penitenciario nacional que designe el Juez de Ejecución competente, junto con las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal, por lo que durante dicho tiempo el condenado no podrá ejercer su oficio titular ni cargos, ni otros oficios públicos y profesiones que ostente o eventualmente adquiera durante el tiempo de la condena y no podrá ejercer derechos políticos a los que se hace referencia el artículo cuarenta y ocho del Código Penal, declarándosele interdicto civilmente. SEGUNDO: Condenar al acusado SERGIO MONTES SERRANO cuyos datos generales de identificación fueron mencionados, como autor responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de la vida de MERLIN FERMIN CRUZ CACERES, a sufrir la pena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION, la que cumplirá en el centro del sistema penitenciario nacional que designe el Juez de Ejecución competente, junto con las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal, por lo que durante dicho tiempo el condenado no podrá ejercer su oficio titular ni cargos, ni otros oficios públicos y profesiones que ostente o eventualmente adquiera durante el tiempo de la condena y no podrá ejercer derechos políticos a los que se hace referencia el artículo cuarenta y ocho del Código Penal, declarándosele interdicto civilmente. TERCERO: Se declaran civilmente responsables a los señores SERGIO MONTES SERRANO Y FAVIO SATURNINO MONTES RAMOS de indemnización de perjuicios a favor de familiares y dependientes económicos de MERLIN FERMIN CRUZ CACERES como consecuencia de los hechos por los cuales se les condena. Son partes: 1) El Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ en favor de FAVIO SATURNINO MONTES RAMOS Y SERGIO MONTES SERRANO, , como revisionista; 2) La Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA, fiscal del Ministerio Público. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA QUE SE REVISA UNICO: En horas de la mañana del veinticuatro de febrero del dos mil quince, en el camino que conduce a la aldea Palo Copado en el municipio de Marale, departamento de Francisco Morazán, los Señores SERGIO MONTES SERRANO Y FAVIO SATURNINO MONTES RAMOS estando agazapados en un costado de dicho camino, dispararon con escopeta en varias ocasiones en contra del señor MERLIN FERMIN CRUZ CACERES el cual transitaba por este camino en compañía de su padre el señor CARLOS CRUZ CASTRO, falleciendo el señor MERLIN FERMIN CRUZ CASTRO a consecuencia de un trauma encéfalo craneano abierto producto de uno de los disparos de arma de fuego que impactaron en el lado izquierdo de su cabeza. ANTECEDENTES 1) Del Inicio del proceso Penal.- En fecha once de mayo del año dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Talanga, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada MARION GARCIA SALGADO, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores SERGIO MONTES SERRANO y FABIO SATURNINO MONTES RAMOS, por suponerlos responsables del delito de ASESINATO, en perjuicio de MERLIN FERMIN CRUZ CACEREZ. 2) De la Sentencia Condenatoria.- Que en fecha veinticuatro de mayo del año dos mil diecisiete, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: Condenar al acusado FAVIO SATURNINO MONTES RAMOS cuyos datos generales de identidad fueron antes mencionados, como autor responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de la vida de MERLIN FERMIN CRUZ CACERES , a sufrir la pena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN, la que cumplirá en el centro del sistema penitenciario nacional que designe el Juez de Ejecución competente, junto con las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal, por lo que durante dicho tiempo el condenado no podrá ejercer su oficio titular ni cargos, ni otros oficios públicos y profesiones que ostente o eventualmente adquiera durante el tiempo de la condena y no podrá ejercer derechos políticos a los que se hace referencia el artículo cuarenta y ocho del Código Penal, declarándosele interdicto civilmente. SEGUNDO: Condenar al acusado SERGIO MONTES SERRANO cuyos datos generales de identificación fueron mencionados, como autor responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de la vida de MERLIN FERMIN CRUZ CACERES, a sufrir la pena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION, la que cumplirá en el centro del sistema penitenciario nacional que designe el Juez de Ejecución competente, junto con las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal, por lo que durante dicho tiempo el condenado no podrá ejercer su oficio titular ni cargos, ni otros oficios públicos y profesiones que ostente o eventualmente adquiera durante el tiempo de la condena y no podrá ejercer derechos políticos a los que se hace referencia el artículo cuarenta y ocho del Código Penal, declarándosele interdicto civilmente. TERCERO: Se declaran civilmente responsables a los señores SERGIO MONTES SERRANO Y FAVIO SATURNINO MONTES RAMOS de indemnización de perjuicios a favor de familiares y dependientes económicos de MERLIN FERMIN CRUZ CACERES como consecuencia de los hechos por los cuales se les condena. CUARTO: No procede la condena en cosas de los señores SERGIO MONTES SERRANO Y FAVIO SATURNINO MONTES RAMOS. QUINTO: No procede el comiso del arma de fuego utilizada en la comisión de estos hechos, por no haber sido encontradas durante el proceso ni mucho menos puestas a disposición de este Tribunal.”. (Folios 217-235 vuelto, del antecedente). 3) De la interposición del recurso de revisión y su admisión por la Sala Constitucional. En fecha uno de marzo del año dos mil veintitrés, el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, compareció ante la Sala de lo Constitucional, interponiendo Recurso de Revisión a favor de Los señores (sic) FAVIO SATURDINO MONTES RAMOS Y SERGIO MONTES SERRANO, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para sus representados. (Folios 1-6 del recurso de mérito). 4)De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha veintiuno de septiembre del año dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante FELIPE RENE SPEER LAINEZ, con la comparecencia de la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, en su condición de defensor de los señores FAVIO SATURNINO MONTES RAMOS y SERGIO MONTES SERRANO; El Ministerio Público consideró: “…. Después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que la revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva antes citada, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de los condenados, en aplicación del artículo 96 numeral 1 y 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: “Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)…, 2)…, 3)…, 4)…., 5)…., 6)…., 7)…, 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna,…”De lo expuesto por el revisionista y al examinar el fallo condenatorio sub-judice se extrae que los señores FAVIO SATURDINO MONTES RAMOS Y SERGIO MONTES SERRANO fueron condenados por el delito de ASESINATO, a una pena de veinte (20) años de reclusión, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 117 del Código Penal derogado que establecía como pena abstracta entre veinte (20) a treinta (30) años de reclusión; por lo que al realizar el análisis comparativo de la pena a imponer conforme el Código Penal vigente, se aprecia que esa misma conducta delictiva es regulada en el ARTICULO 193, la cual debe ser castigado con una pena igual de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años, Visto así, y por tratarse de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas las circunstancias, fuera también imposible con arreglo al presente Código Penal. Ante las premisas expuestas, estima esta Representación fiscal que en el caso sub-examine, las disposiciones contempladas en el Código Penal vigente no son más favorable a los hoy condenados, por lo que lo peticionado por el revisionista no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley de Justicia Constitucional, que regula el principio de retroactividad de la Ley penal por ser esta más benigna al condenado.- OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.”. (Folios 20-21 del recurso de mérito). Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con eL artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado integrante FELIPE RENE SPEER LAINEZ , con la comparecencia de la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA , en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, actuando en su condición de defensor de los señores FAVIO SATURNINO MONTES RAMOS Y SERGIO MONTES SERRANO ; como revisionista. Solicitando se aplique la retroactividad de la ley penal, señalada en el artículo 96 numeral ocho de la ley de Justicia Constitucional, ya que el delito por el que fueron condenados sus representados, con el nuevo código Penal, la pena de Prisión es más benigna y les favorece, para poder solicitar un beneficio en Juzgado de ejecución, De lo expuesto por el revisionista y al examinar el fallo condenatorio sub- judice se extrae que los señores FAVIO SATURNINO MONTES RAMOS Y SERGIO MONTES SERRANO fueron condenados por el delito de ASESINATO, a una pena de veinte (20) años de reclusión, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 117 del Código Penal derogado que establecía como pena abstracta entre veinte (20) a treinta (30) años de reclusión; por lo que al realizar el análisis comparativo de la pena a imponer conforme el Código Penal vigente, se aprecia que esa misma conducta delictiva es regulada en el ARTICULO 193, la cual debe ser castigado con una pena igual de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años, Visto así, y por tratarse de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas las circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Ante las premisas expuestas, estima esta Representación fiscal que en el caso sub-examine, las disposiciones contempladas en el Código Penal vigente no son más favorable a los hoy condenados, por lo que lo peticionado por el revisionista no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley de Justicia Constitucional, que regula el principio de retroactividad de la Ley penal por ser esta más benigna al condenado.- OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión. CONSIDERANDO TRES (3): Criterios para determinar la ley penal más favorable. El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. Así mismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Artículo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO CINCO (5): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO SEIS (6): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. Lo negrito y subrayado es nuestro-. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que des- incriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO OCHO (8): FUNDAMENTACIÓN DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía Constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía Constitucional de revisión penal esta Sala aprecia, que efectivamente los señores FAVIO SATURNINO MONTES RAMOS Y SERGIO MONTES SERRANO, fueron condenados por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, mediante la Sentencia Condenatoria Definitiva Y Firme, de fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecisiete(2017), a la pena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ASESINATO, en perjuicio de perjuicio de MERLIN FERMIN CRUZ CACERES, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 117 DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de ASESINATO. III. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso en cuanto al delito de Asesinato, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 117, antes de ser reformado mediante Decreto 191-96, del 31 de octubre del 1996, establecía: “Es reo de asesinato quien diere muerte a alguna persona concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Ejecutar el hecho con alevosía; 2) Por precio, recompensa o promesa remuneratoria; 3) Con premeditación conocida; 4) Ejecutarlo por medio de inundación, incendio, veneno, explosión, descarrilamiento, varamiento, o avería de nave u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos; 5) Ejecutar el hecho con ensañamiento aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido; El reo de asesinato será castigado con veinte (20) a treinta(30) años de reclusión.” En el Código Penal Decreto 130-2017, el delito de Asesinato está plasmado en el artículo 193 y establece: “Quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años.” Haciendo un examen del rango de penas a imponer con ambos cuerpos normativos, es patente que la aplicación del nuevo Código no es más favorable para el encausado, y que se encuentra dentro del mismo rango de la pena impuesta en instancia , siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima, después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente Garantía Constitucional de Revisión. Por consiguiente, No Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por no resultar está, más benigna al procesado. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; código Penal Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado JOSE ALEJANDRO VALLADARES a favor del señores FAVIO SATURNINO MONTES RAMOS Y SERGIO MONTES SERRANO, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. - NOTIFÍQUESE FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días de agosto del dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha dos de junio del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0246-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL