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Sentencia RP-235-22 — Registro 19229

Resumen

Sentencia en revisión condenó a recurrente a la pena de once (11) años tres (3) meses de reclusión, más multa, con penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; quien aceptó la aplicación de la figura desjudicializadora de procedimiento abreviado; habiendo renunciado las partes a interponer recurso alguno quedando firme la sentencia; La Sala de lo Constitucional concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JERSON REINERY NIETO BACA, fue condenado por el delito de EXTORSION SIMPLE por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, mediante la Sentencia Definitiva y Firme de fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), a la pena principal de ONCE AÑOS Y TRES MESES DE RECLUSION Y MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC-529; Así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL...."..."esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria, antes relacionada mediante la cual se condenó al señor JERSON REINERY NIETO BACA, el Juzgado Sentenciador aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 222 del CÓDIGO PENAL, contenido en el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de EXTORSION..."...."en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JERSON REINERY NIETO BACA, la pena principal de ONCE AÑOS Y TRES MESES DE RECLUSION Y MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AF-529; Así mismo las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL..."..."En el caso subjudice, el encausado fue condenado mediante la figura desjudicializadora del proceso abreviado, es así que para realizar una ponderación que constituya la igualdad en cuanto a juzgamiento, debemos transitar sobre la figura procesal a la que se sometió el encartado; Aplicando la rebaja de un cuarto ¼ a la pena. (Artículo 404 del Código Procesal Penal). Resultando la misma pena de prisión, que se le impuso en la sentencia revisada y multa de 375 a 500 días, a razón de cinco mil lempiras (L.5,000.00 en su nivel más alto) por día multa, reflejando la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (LPS 1,875,000.00) en concepto de Multa, pena que es más gravosa con relación a los 37.5 salarios mínimos, a los que fue condenado. III. Sumado a lo anterior, del estudio de los antecedentes y del recurso de revisión impetrado, esta Sala aprecia, que las penas establecidas para el delito de Extorsión estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, no resultan más benignas que las establecidas en el Código Penal decreto 144-1983, derogado. (Artículo 222). En virtud que el recurso de revisión, fue interpuesto estando ya vigente (a partir del primero de noviembre de los dos mil veintiunos), la reforma que agrava nuevamente las penas para este delito, tal y como se deja explicado en los numerales anteriores. Por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JERSON REINERY NIETO BACA..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JERSON REINERY NIETO BACA, fue condenado por el delito de EXTORSION SIMPLE por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, mediante la Sentencia Definitiva y Firme de fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), a la pena principal de ONCE AÑOS Y TRES MESES DE RECLUSION Y MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC-529; Así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL...."..."esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria, antes relacionada mediante la cual se condenó al señor JERSON REINERY NIETO BACA, el Juzgado Sentenciador aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 222 del CÓDIGO PENAL, contenido en el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de EXTORSION..."...."en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JERSON REINERY NIETO BACA, la pena principal de ONCE AÑOS Y TRES MESES DE RECLUSION Y MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AF-529; Así mismo las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL..."..."En el caso subjudice, el encausado fue condenado mediante la figura desjudicializadora del proceso abreviado, es así que para realizar una ponderación que constituya la igualdad en cuanto a juzgamiento, debemos transitar sobre la figura procesal a la que se sometió el encartado; Aplicando la rebaja de un cuarto ¼ a la pena. (Artículo 404 del Código Procesal Penal). Resultando la misma pena de prisión, que se le impuso en la sentencia revisada y multa de 375 a 500 días, a razón de cinco mil lempiras (L.5,000.00 en su nivel más alto) por día multa, reflejando la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (LPS 1,875,000.00) en concepto de Multa, pena que es más gravosa con relación a los 37.5 salarios mínimos, a los que fue condenado. III. Sumado a lo anterior, del estudio de los antecedentes y del recurso de revisión impetrado, esta Sala aprecia, que las penas establecidas para el delito de Extorsión estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, no resultan más benignas que las establecidas en el Código Penal decreto 144-1983, derogado. (Artículo 222). En virtud que el recurso de revisión, fue interpuesto estando ya vigente (a partir del primero de noviembre de los dos mil veintiunos), la reforma que agrava nuevamente las penas para este delito, tal y como se deja explicado en los numerales anteriores. Por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JERSON REINERY NIETO BACA..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de febrero del dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor JERSON REINERY NIETO BACA, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil diecisiete(2017), con relación a la causa que se instruyó contra el señor JERSON RENIERY NIETO BACA, por haber sido condenado por el delito de EXTORSION SIMPLE, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC-529. 1) En fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado CARLOS CHAVEZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor JERSON REYNIERY NIETO BACA, por suponerlo responsable del delito de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC 529. (Folios 2-7 del expediente del A-quo). 2) Que en fecha veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic)“1.) CONDENAR: al Señor procesado JERSON RENIERY NIETO BACA de generales ya conocidas, en el preámbulo de esta sentencia como responsable penalmente a título de Autor del delito EXTRORSION SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC -529, a la pena de ONCE (11) AÑOS TRES (3) meses de RECLUSION MAS UNA MULTA DE 37-5 SALARIOS MINIMOS, asimismo a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena, asimismo se condena al imputado JERSON RENIERY NIETO BACA, cumplir trabajos comunitarios que le san asignados dentro del recinto penitenciario.- Dicha condena la deberá cumplir en el Centro Penitenciaro nacional de Támara, Francisco Morazán., 2).- Y MANDA que habiendo renunciado las partes a interponer recurso alguno queda firme la presente sentencia, después de los tres días que emita la sentencia, por lo que se ordena se envié certificación de esta sentencia junto con el expediente al Juzgado de Ejecución correspondiente y se libren copias certificadas de la misma al Director del Centro Nacional Penitenciario de Támara, Francisco Morazán Antecedentes Penales, secretaría y a la Coordinación de este Juzgado, para los efectos legales correspondientes”.(Folios 58-62 vuelto, del antecedente). 3) En fecha siete de febrero del año dos mil veintidós, el Abogado RAMON MATAMOROS, compareció ante la Sala de lo Constitucional, interponiendo Recurso de Revisión a favor de del señor JERSON REINIERY NIETO BACA, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado. (Folios 1-2 del recurso de mérito) 4) En fecha veintisiete de julio del año dos mil veintisiete de febrero del año dos mil veintidós, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado LUIS ALONSO DISCUA CERRATO, con la comparecencia de la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUITIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado RAMON MATAMOROS, en su condición de Apoderado Legal del señor JERSON REINERY NIETO BACA; El Ministerio Público consideró: “conforme lo antes expuesto, esta representación estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena a imponer es igual a la cual deberá imponérsele conforme la norma sustantiva vigente, sumado a que la pena de multa a imponer resulta más onerosa, de ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley Penal, por no ser esta más benigna al condenado. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público, se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.”. (Folios … del recurso de mérito). FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. La Constitución de la Republica en su artículo 186 prohíbe abrir juicios fenecidos, salvo en causas de materia penal y civil que pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados. A pedimento de estos, de cualquier persona, del Ministerio Publico o de oficio. Sin embargo, adopta la Garantía Constitucional de Revisión que se debe ejercer exclusivamente ante la Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO (2): la Ley Sobre Justicia Constitucional establece que; ningún poder ni autoridad, puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo en causas Juzgadas en materia penal que pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimento de estos, de cualquier persona, del Ministerio Publico o de Oficio. En consecuencia, toda persona agraviada que hubiere sido parte en el proceso o con derecho a ser llamada a participar en él, puede demandar la revisión de sentencias firmes en el plazo de 6 meses contados desde el día en que habiéndose realizado la última notificación. CONSIDERANDO (3): Resumen de los alegatos interpuestos por el Garantista y el Ministerio Publico en la Audiencia de Oposición de la Garantía Constitucional de Revisión: “ Acto seguido, cedió la palabra al Abogado RAMON MATAMOROS apoderado legal del señor JERSON REINIERY NIETO BACA a efecto que haga uso de su derecho a Réplica y presente las pruebas que estime pertinentes, quien manifiesta: si gracias se ratifica el contenido de la Solicitud de Revisión de la Sentencia Condenatoria, se solicita muy respetuosamente que se aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley penal al Señor Jerson Ranieri Nieto Baca, por el delito de Extorción simple en perjuicio de Testigo Protegido AC-529, a una pena de 11 años 3 meses y una multa de 37.5 salarios mínimos por haber aceptado la figura de procedimiento abreviado se le debe de bajar una ¼ parte de la pena y multa del artículo 222 DEL Código Penal derogado. Sustituirle la pena y multa por el artículo 373 del Código Penal decreto 130-2017 (Ley Intermedia) en donde establece que para el delito de extorción la pena es de 10 a 15 años una multa de 500 a 1000 días. Que lo más beneficioso para los intereses del condenado es la ley intermedia, en donde solicita una pena mínima de 7 años 6 meses, multa de 375 días en razón de 20 equivalente a 7,500.00 Lps. Se ofrece como medio de prueba la sentencia de mérito, misma que se encuentra incorporada la presente pieza de autos. Y que se declare con lugar la misma. Una vez concluida la exposición del recurrente se le sede la palabra a la Discal Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a efecto de que está presente la oposición del ente acusador al recurso de revisión de mérito y presente las pruebas que estime pertinentes, haciéndolo de la siguiente manera: El Ministerio Publico a través de su agente fiscal Sagrario ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución… refiriéndose al Recurso Extraordinario de Revisión Penal interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor JERSON REINIERY NIETO BACA, contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), quien fue condenado por el delito de EXTORCIÓN SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AC-328”, por lo que el Ministerio Publico se permite rendir el siguiente: DICTAMEN: I.- ANTECEDENTES: En veintinueve (29) del año dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictar sentencia condenatoria, contra JERSON REINERY NIETO BACA, por el delito de EXTORCIÓN SIMPLE a una pena de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN MAS UNA PENA DE MULTA de TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS como pena principal, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL. II ANALISIS JUDÍDICO: Esta representación del Ministerio Público, después hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva de veintinueve (29) del dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal vigente, le son más benignas a su representado, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más les favorezca, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional , que dispone: “ Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)…, 2)…, 3)…, 4)…, 5)…, 6)…, 7)…, 8) Proceda la aplicación retroactiva de una Ley por ser más benigna…” relacionado con los artículos 615 y 616 del Nuevo Código Penal. Que, del análisis comparativo de ambas leyes penales, se aprecia que el Código Penal derogado regulaba el delito de EXTORSIÓN en su artículo 222, el cual será castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos; mientras que el Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) regula la misma conducta penal de EXTORCIÓN en el Articulo 373 reformado mediante el Decreto 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 1 de noviembre del 2021 y vigente a partir del día siguiente de su publicación, resultando que, a la fecha en que fue presentado el escrito del Recurso Extraordinario de Reposición Penal (7) de febrero del 2022) , el artículo 373 ya había sido reformado, el cual señala: “Debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años de multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, que al relacionarlo con el artículo 53, se establece que cada día de multa tiene un valor no menor de veinte lempiras (L.20) ni mayor de cinco mil lempiras (L.5,000.00). De las normas transcritas, se extrae que el Código Penal vigente contempla la misma pena de 15 a 20 años de prisión para el delito de EXTORCIÓN, misma que debe ser rebajada en ¼ por la aplicación de la figura procesal del procedimiento abreviado quedando en una pena de 11 años 3 MESES a 15 años de prisión. Así mismo se aprecia que también se condenó al procesado, a la pena de multa de treinta y siete puntos cinco salarios mínimos en su nivel mas bajo, equivalente a la cantidad de L.364,444.87), por lo que en relación a dicha condena de multa, con el nuevo código penal esta fue modificada a días de multa que al hace la conversión corresponde también la aplicación de la multa de quinientos (500) a mil (1000) y al ser rebajado en ¼ por abreviado resulta una pena de multa de 375 a 500 días , que aplicando en su nivel más alto corresponde imponer una multa de L1.875,000.00 de conformidad a los criterios establecidos en el artículo 53 y 616 del nuevo Código Penal. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son favorables al sentenciado, en virtud que la pena a imponer es igual a la que deberá imponérsele conforme a la norma sustantiva vigente, sumado a que la pena de multa a imponer resulta más onerosa, de ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal por no se está más benigna al condenado. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTROGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados”CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. “En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República en su artículo 96 establece que: “La Ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal, salvo cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado”, este precepto constitucional comprende el cumplimiento de ciertos requisitos para ser aplicable; a. Que el sujeto haya cometido acción que sea tipificada y sancionada como delito., b. Que el legislador posteriormente establezca que esa misma acción o conducta tendrá consecuencias legales distintas a aquellas previstas en la Ley anterior y finalmente que esta nueva norma signifique para el condenado una mejora conforme a su situación individual que sea menos gravosa en comparación a la pena impuesta en su condena. CONSIDERANDO SEIS (6): Que Honduras como suscriptor de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde se compromete a respetar el principio de legalidad y retroactividad que el precitado Instrumento establece en su artículo 9; “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Corte interamericana ha realizado una interpretación del principio de retroactividad en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que des incriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” CONSIDERANDO OCHO (8): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado. Esto permite que el Tribunal pueda realizar una ponderación con individualidad de las circunstancias, además de aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto al juzgamiento y determinación de las penas y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin evadir los fundamentos jurídicos establecidos por el juzgador primario. ANÁLISIS JURIDICO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL CONSIDERANDO NUEVE (9): Que del examen realizado a las presentes diligencias y tomando en consideración las normas jurídicas aplicables al caso concreto, haciendo la comparación de penas que manda el artículo 616 del Código Penal (decreto 130-2017) entre las disposiciones establecidas por su orden en el Decreto 144-1983 que contiene el Código Penal derogado y el DecretoNo.130-2017 que contiene el Código Penal Vigente, resulta lo siguiente; A. Que, mediante sentencia definitiva emitida en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en nombre del Estado de Honduras CONDENÓ al señor JERSON REINIERY NIETO BACA, con identidad 0801-1989-05293, como responsable planamente a título de Autor del delito de EXTORCIÓN SIMPLE en perjuicio TESTIGO PROTEGIDO AC-529, a la pena de ONCE (11) AÑOS TRES (3) meses de RECLUSIÓN MAS UNA MULTA DE 37.5 SALARIOS MINIMOS, asimismo las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena, así mismo se condena al imputado JERSON REINIERY NIETO BACA a cumplir trabajos comunitarios que le sean asignados en el recinto penitenciario…” B. Observando los criterios para determinar la Ley más Favorable establecidos en el artículo 616 del Código Penal Vigente que ya hemos referido anteriormente y aplicando además los criterios establecidos en los artículos 32 y 70 del Código Penal Vigente la comparación resulta así; Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. CONSIDERANDO OCHO (8): Que, Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto a juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Que en el caso sub examine, el peticionario abogado RAMON MATAMOROS, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha siete de febrero del dos mil veintidós, presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal, y en consecuencia la aplicación retroactiva de la ley y la imposición de la pena de 10 años de prisión, rebajada en un ¼, resultando una pena mínima de 7 años 6 meses y de multa de 500 días, por ser más beneficioso para su representado, en consideración a que el señor JERSON REINERY NIETO BACA, fue condenado por el delito de EXTORSIÓN, estando vigente el Decreto 144-83, siendo este derogado, con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017, que establecía para el mismo delito de EXTORSION una pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. Posteriormente entró en vigor el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017, estableciendo nuevamente una pena para el delito de Extorsión de quince (15) a veinte (20) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que, la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JERSON REINERY NIETO BACA, fue condenado por el delito de EXTORSION SIMPLE por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, mediante la Sentencia Definitiva y Firme de fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), a la pena principal de ONCE AÑOS Y TRES MESES DE RECLUSION Y MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC-529; Así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II- Que, esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria, antes relacionada mediante la cual se condenó al señor JERSON REINERY NIETO BACA, el Juzgado Sentenciador aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 222 del CÓDIGO PENAL, contenido en el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de EXTORSION. III- Esta Sala procede a examinar si el caso sub judice se subsume en el causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho.CONSIDERANDO QUINCE (15): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JERSON REINERY NIETO BACA, la pena principal de ONCE AÑOS Y TRES MESES DE RECLUSION Y MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AF-529; Así mismo las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de EXTORSION, enmarcado en el artículo 222 establecía una pena abstracta de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos. El Código Penal Vigente Decreto 130-2017, en el artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, dispone: “Quien, con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. Ósea dicha conducta delictiva, se castiga con la misma pena de privación contemplada en el Código Penal derogado. En ese orden de ideas, la descripción del tipo penal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folios 76 al 78 del expediente del Juzgado de Letras). II. En el caso subjudice, el encausado fue condenado mediante la figura desjudicializadora del proceso abreviado, es así que para realizar una ponderación que constituya la igualdad en cuanto a juzgamiento, debemos transitar sobre la figura procesal a la que se sometió el encartado; Aplicando la rebaja de un cuarto ¼ a la pena. (Artículo 404 del Código Procesal Penal). Resultando la misma pena de prisión, que se le impuso en la sentencia revisada y multa de 375 a 500 días, a razón de cinco mil lempiras (L.5,000.00 en su nivel más alto) por día multa, reflejando la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (LPS 1,875,000.00) en concepto de Multa, pena que es más gravosa con relación a los 37.5 salarios mínimos, a los que fue condenado. III. Sumado a lo anterior, del estudio de los antecedentes y del recurso de revisión impetrado, esta Sala aprecia, que las penas establecidas para el delito de Extorsión estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, no resultan más benignas que las establecidas en el Código Penal decreto 144-1983, derogado. (Artículo 222). En virtud que el recurso de revisión, fue interpuesto estando ya vigente (a partir del primero de noviembre de los dos mil veintiunos), la reforma que agrava nuevamente las penas para este delito, tal y como se deja explicado en los numerales anteriores. Por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JERSON REINERY NIETO BACA. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 95, 96 numeral 8, 99 párrafo primero. FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN PENAL presentada por el Abogado RAMÓN MATAMOROS a favor del señor JERSON REINERY NIETO BACA, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION en fecha cinco (05) de noviembre del dos mil dieciocho (2018). Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente. Redactó la Magistrada ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. NOTIFÍQUESE. – FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA. CASTELLANOS FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintisiete de febrero del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0235-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL