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Sentencia RP-227-23 — Registro 19228

Resumen

Se interpone recurso de revisión de la sentencia de condena firme por delito de Extorsión Simple porque la nueva ley es mas favorable, declarándose la improcedencia porque no le favorece.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. III. En consecuencia, la comparativa de penas entre las dos (2) legislaciones penales, es decir, entre el Código Penal derogado (Decreto 144-1983), por el cual se condenó al ciudadano FRANCISCO RAMON MARTINEZ GUILLEN a la pena de 15 años de efectiva prisión; y el Decreto 93-2021, norma vigente al momento de interponerse el Recurso de revisión; determina que este último Decreto Legislativo prevé sanciones iguales, o más gravosas, que las impuestas al ciudadano beneficiario del recurso, conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83, ahora derogado. Por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley por el delito de EXTORSIÓN, tomando en especial consideración que el recurso de revisión fue presentado por el garantista en fecha 23 de febrero de 2023, es decir, encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021. CONSIDERANDO (12): Que, la subsunción del caso bajo estudio a través de la garantía constitucional de revisión en el causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, exigiría la cumplimentación de los requisitos exigidos, tanto en la norma sustantiva, como en la Ley Sobre Justicia Constitucional. No resulta procedente, en consecuencia, la aplicación retroactiva de la norma penal vigente al momento de incoarse la presente garantía de revisión penal, por no resultarle más benigna al señor FRANCISCO RAMON MARTINEZ GUILLEN, que la norma vigente al momento de dictársele la sentencia condenatoria; a la luz del brocardo latino Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se relaciona con el principio Iura novit curiae (El juzgador conoce el derecho); en comparación a la legislación penal contenida en el Decreto No. 93-2021, norma penal vigente, al momento de presentarse la presente garantía constitucional de Revisión Penal..."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8, 99 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

…" Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. III. En consecuencia, la comparativa de penas entre las dos (2) legislaciones penales, es decir, entre el Código Penal derogado (Decreto 144-1983), por el cual se condenó al ciudadano FRANCISCO RAMON MARTINEZ GUILLEN a la pena de 15 años de efectiva prisión; y el Decreto 93-2021, norma vigente al momento de interponerse el Recurso de revisión; determina que este último Decreto Legislativo prevé sanciones iguales, o más gravosas, que las impuestas al ciudadano beneficiario del recurso, conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83, ahora derogado. Por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley por el delito de EXTORSIÓN, tomando en especial consideración que el recurso de revisión fue presentado por el garantista en fecha 23 de febrero de 2023, es decir, encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021. CONSIDERANDO (12): Que, la subsunción del caso bajo estudio a través de la garantía constitucional de revisión en el causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, exigiría la cumplimentación de los requisitos exigidos, tanto en la norma sustantiva, como en la Ley Sobre Justicia Constitucional. No resulta procedente, en consecuencia, la aplicación retroactiva de la norma penal vigente al momento de incoarse la presente garantía de revisión penal, por no resultarle más benigna al señor FRANCISCO RAMON MARTINEZ GUILLEN, que la norma vigente al momento de dictársele la sentencia condenatoria; a la luz del brocardo latino Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se relaciona con el principio Iura novit curiae (El juzgador conoce el derecho); en comparación a la legislación penal contenida en el Decreto No. 93-2021, norma penal vigente, al momento de presentarse la presente garantía constitucional de Revisión Penal..."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8, 99 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado JOSE RAFAEL ERAZO PAISANO, a favor del señor FRANCISCO RAMON MARTINEZ GUILLEN, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha diecinueve (19) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), con relación a la causa que se instruyó contra el señor FRANCISCO RAMON MARTINEZ GUILLEN, por haber sido condenado por el delito de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “PJJP-1410” (EXP. No_____).1) En fecha treinta (30) de julio de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Penal unificado de san pedro sula departamento de cortes, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, la abogada TELMA MARTINEZ, presentando requerimiento fiscal en contra los señores FRANCISCO RAMON MARTINEZ GUILLEN Y EDWIN RAMOS PERDOMO, por suponerlo responsable del delito de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “PJJP-1410” (Folios 1-3 del antecedente) 2) Que en fecha Dieciséis (16) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), el tribunal de sentencia de san pedro sula, Departamento de Cortes, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: Que debemos ABSOLVER y al efecto ABSOLVEMOS de responsabilidad penal al señor FRANCISCO RAMÓN MARTÍNEZ GUILLÉN, cuyas generales ya han sido anteriormente detalladas, por la acusación incoada en su contra por el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS al señor FRANCISCO RAMÓN MARTÍNEZ GUILLÉN, cuyas generales ya han sido anteriormente detalladas, como COAUTOR del delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, en perjuicio del señor TESTIGO PROTEGIDO PJTP1410, a la pena principal de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN. TERCERO: Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS al señor FRANCISCO RAMÓN MARTÍNEZ GUILLÉN, cuyas generales ya han sido anteriormente detalladas, al pago de una MULTA de OCHENTA Y TRES PUNTO TRES SALARIOS MÍNIMOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, por la comisión del delito de EXTORSIÓN CONTINUADA en perjuicio del señor TESTIGO PROTEGIDO PITP1410. CUARTO: Que debemos ABSOLVER y al efecto ABSOLVEMOS responsabilidad penal al señor EDWIN RAMOS PERDOMO, cuyas genera ya han sido anteriormente detalladas, por la acusación incoada en su contra I el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de LA SEGURIDA INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. QUINTO: Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS al señor EDWIN RAMOS PERDOMO, cuyas generales ya han sido anteriormente detalladas, como COAUTOR del delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, en perjuicio del señor TESTIGO PROTEGIDO PJTP1410, a la pena principal de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN. SEXTO: Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS al señor EDWIN RAMOS PERDOMO, cuyas generales ya han sido anteriormente detalladas, al pago de una MULTA de OCHENTA Y TRES PUNTO TRES SALARIOS MÍNIMOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, por la comisión del delito de EXTORSIÓN CONTINUADA en perjuicio del señor TESTIGO PROTEGIDO PJTP1410. SEPTIMO: Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS a los señores FRANCISCO RAMÓN MARTÍNEZ GUILLÉN y EDWIN RAMOS PERDOMO, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal. Página 13 de 13 GUILLEN y EDWIN RAMOS PERDOMO, civilmente responsables. OCTAVO: se declara a los señores FRANCISCO RAMON MARTINEZ GUILLEN Y EDWIN RAMOS PERDOMO NOVENO: Las penas de reclusión deberán cumplirse en una Penitenciaría Nacional, quedando sujetos a participar en obras públicas o en labores según regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se han encontrado en prisión preventiva. DECIMO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. DECIMO PRIMERO: El teléfono celular marca Blue color negro y verde, portador de dos IMEI numeración 351771057996598 y 351771058401598, podrá ser devuelto a quien acredite su legítima propiedad. DECIMO SEGUNDO: Una vez firme la presente sentencia, deberán remitirse las actuaciones al Juzgado de Ejecución, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE esta sentencia a las partes procesales, ASÍ LO PRONUNCIAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS” (Folios 235-241 vuelto del antecedente) 3) En fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023), esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado JOSE RAFAEL ERAZO PAISANO, a favor del señor FRANCISCO RAMON MARTINEZ GUILLEN, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando convertir esta pena del viejo instrumento jurídico a las penas establecidas en el nuevo instrumento jurídico (Decreto No. 130-2017), según establecidas en el artículo 373 del mismo cuerpo legal. (Folios 1-5 del recurso de mérito) 4) En fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado LUIS ALONZO DISCUA CERRATO, con la comparecencia de la Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado JOSE RAFAEL ERAZO PAISANO, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor FRANCISCO RAMON MARTINEZ GUILLEN; El Ministerio Público consideró: El Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), dictó Sentencia Condenatoria contra el señor FRANCISCO RAMON MARTINEZ GUILLEN, reformada mediante sentencia de casación dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dictada en fecha nueve (9) de junio del año 2020, mediante la cual se condenó al señor FRANCISCO RAMON MARTINEZ GUILLEN, por un delito consumado de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO "PJJP-1410", condenándoles a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION, más multa de 50 salarios mínimos; las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA Y E INTERDICCION CIVIL Y se declaró la responsabilidad civil al condenado. II. APRECIACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS: Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes contenidas en el Código Penal, el cual es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1).., 2)..,3) .., 4) ..,5) .., 6) ... 7) ., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna,." relacionado con los artículos 615 y 616 del actual Código Penal: Que del análisis comparativo de ambas leyes penales, se aprecia que el Código Penal derogado regulaba el delito de EXTORSION en su artículo 222, el cual sancionaba la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto, más las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados; mientras que el Código Penal vigente (Decreto 130-2017)regula esa misma conducta delictiva en el Artículo 373 reformado, que lo sanciona con la misma pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. En cuanto a la pena principal de multa, el Código Penal Vigente dispone en el artículo 53. - PENA DE DÍAS MULTA. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5, 000), por lo que correspondería imponer una pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (LPS. 2,500,000.00). Se concluye entonces que al examinar 10 peticionado por el revisionista, de conformidad con 10 dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta conforme la legislación derogada, resulta también imponible con arreglo al Código Penal vigente, y en lo que respecta a la pena de multa la misma resulta más gravosa respecto de la que le fue impuesta en la sentencia que se pretende rever, por lo que no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado." Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. III.OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión y se ordene se realice por parte del Juzgado de ejecución un nuevo computo de la pena. (Folios 20-22 del recurso de mérito) CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Resumen de los alegatos expuestos en interposición de la garantía constitucional de revisión. En fecha 23 de febrero de 2023, compareció el garantista, Abogado JOSÉ RAFAEL ERAZO PAISANO, fundando petición en el precepto autorizante del numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado, cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. Recurso de revisión penal implementado a favor del señor FRANCISCO RAMON MARTINEZ GUILLEN, por haber sido condenado por el delito de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “PJJP-1410”; por parte del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), fallo que le condena a la pena de 25 AÑOS DE RECLUSIÓN, más una pena de MULTA de OCHENTA Y TRES PUNTO TRES SALARIOS MÍNIMOS, que deberá de enterarse o pagarse a favor del ESTADO DE HONDURAS. Solicitando, en definitiva, el garantista, se imponga a su defendido una pena mínima conforme a lo que se establece en el Decreto 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 10 de mayo del año 2020; cuyo artículo 373 prescribe que, la pena para el delito de EXTORSIÓN, es de 10 a 15 años y multa de 500 días. CONSIDERANDO (4): Que el artículo 96 de la Constitución de la República de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a)Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b)Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c)Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador)La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación, respecto a lo estipulado en la norma penal derogada; teniendo, como consecuencia, la aplicación de la norma que resulte más favorable. CONSIDERANDO (5): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (6): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, dado que, la revisión penal se ha solicitado conforme a lo normado en el nuevo Código Penal, en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, el cual tipifica así el delito de EXTORSIÓN: Artículo 373. “Extorsión. Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyuge, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad”. Cabe mencionar que el artículo 373 del Código Penal vigente, en referencia, fue reformado por medio del Decreto No. 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Núm. 35,760 de fecha uno de noviembre del año 2021, y vigente al día siguiente de su publicación, cuyo nuevo texto dispondría:ARTÍCULO 373.- “EXTORSION. Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga a trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para si o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. CONSIDERANDO (7): ADSCRIPCIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, la cual, una vez en vigor, forma parte de nuestro derecho interno, comprometiéndose nuestro país como Estado suscriptor originario de la Convención, a respetar los derechos y libertades en ella reconocidos. En su artículo 9, la Convención o Pacto de San José establece el Principio de Legalidad y de Retroactividad, por el cual dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Así, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha sostenido que: “… en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo.” -Lo resaltado y subrayado es añadido-. CONSIDERANDO (8): EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD exige que, toda medida limitativa de derechos fundamentales debe encontrarse prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo, en la Constitución de la República de Honduras, en el artículo 84, se lee: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional que desarrolla el artículo 1 del Código Penal: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta”. CONSIDERANDO (9): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. I. Que, del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal, se observa que el ciudadano FRANCISCO RAMON MARTINEZ GUILLEN, fue sujeto de sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), por el delito de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO PJTP1410; condenándosele, inicialmente, a la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN más una pena de MULTA DE OCHENTA Y TRES PUNTO TRES SALARIOS MÍNIMOS a enterar o pagar a favor del ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (10): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. II. Que, conforme a las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017 para el delito de Extorsión, el artículo 373 establece una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados; de no concurrir la agravante específica al delito de Extorsión, contenida en el numeral 1) del artículo 374 de la misma norma. De ello se desprende, que el referido Decreto 130-2017, contemplaría, aparentemente, una pena privativa de libertad más benigna, en relación con el delito de Extorsión, según prescrito en el Decreto 144-1983; bajo el cual resultó condenado el ciudadano FRANCISCO RAMON MARTINEZ GUILLEN. No obstante, contra dicha sentencia se interpuso recurso de Casación Penal a favor del ciudadano FRANCISCO RAMON MARTINEZ GUILLEN, resultando modificada por la sentencia dictada por la Sala de lo Penal del 09 de junio de 2020, que estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por la Defensa Técnica, conforme al Código Penal derogado; imponiéndole al señor FRANCISCO RAMON MARTINEZ la pena de quince (15) años de reclusión y multa de cincuenta (50) salarios mínimos. Ulteriormente, se legisló el Decreto 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021, con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. En ese orden de ideas, aun y cuando no fuere peticionado expresamente por el garantista, resulta la normativa vigente, de obligatoria aplicación, al promoverse y resolverse el Recurso de Revisión bajo estudio. El Decreto 93-2021, resulta que incrementa ostensiblemente las penas para el delito de Extorsión, estableciendo como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. Tal y como ha indicado la Fiscal para la Defensa de la Constitución, en la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, celebrada ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional en fecha 19 de octubre de 2023; no debería otorgarse la presente acción de revisión, en vista a que las disposiciones contenidas en la reforma del Código Penal, en comparando, no resultan más favorables al sentenciado; pues la pena de reclusión impuesta, en el caso concreto, resultaría también imponible con arreglo al Código Penal vigente. Y, en lo que respecta a la pena de multa, resultaría ésta inclusive, más gravosa para el delito en mención. - Por todo lo cual, con base a lo establecido en los artículos 53 y 616 del Código Penal vigente, no resultaría aplicable la causal contenida en el artículo 96 de la Constitución de la República, respecto a la no retroactividad de las leyes penales, salvo caso de favorabilidad legal para para el delincuente o procesado CONSIDERANDO (11): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. III. En consecuencia, la comparativa de penas entre las dos (2) legislaciones penales, es decir, entre el Código Penal derogado (Decreto 144-1983), por el cual se condenó al ciudadano FRANCISCO RAMON MARTINEZ GUILLEN a la pena de 15 años de efectiva prisión; y el Decreto 93-2021, norma vigente al momento de interponerse el Recurso de revisión; determina que este último Decreto Legislativo prevé sanciones iguales, o más gravosas, que las impuestas al ciudadano beneficiario del recurso, conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83, ahora derogado. Por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley por el delito de EXTORSIÓN, tomando en especial consideración que el recurso de revisión fue presentado por el garantista en fecha 23 de febrero de 2023, es decir, encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021. CONSIDERANDO (12): Que, la subsunción del caso bajo estudio a través de la garantía constitucional de revisión en el causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, exigiría la cumplimentación de los requisitos exigidos, tanto en la norma sustantiva, como en la Ley Sobre Justicia Constitucional. No resulta procedente, en consecuencia, la aplicación retroactiva de la norma penal vigente al momento de incoarse la presente garantía de revisión penal, por no resultarle más benigna al señor FRANCISCO RAMON MARTINEZ GUILLEN, que la norma vigente al momento de dictársele la sentencia condenatoria; a la luz del brocardo latino Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se relaciona con el principio Iura novit curiae (El juzgador conoce el derecho); en comparación a la legislación penal contenida en el Decreto No. 93-2021, norma penal vigente, al momento de presentarse la presente garantía constitucional de Revisión Penal.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 4, 59, 60, 80, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 69, 373, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; y Decreto 93-2021 publicado en La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021. FALLA: DECLARANDO SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado JOSÉ RAFAEL ERAZO PAISANO, a favor del ciudadano FRANCISCO RAMON MARTINEZ GUILLEN. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. – FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintiuno de marzo del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0227-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL