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Sentencia RP-209-23 — Registro 20319

Resumen

Se interpuso recurso de revisión contra sentencia condenatoria por el delito de Proxenetismo agravado en perjuicio de afectadas y testigo protegido clave A-1, imponiendo una pena de seis años nueve meses de prisión, más multa; con penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; La Sala estima, después del estudio de las presentes diligencias que no se puede revisar la sentencia, en virtud que no es favorable para el imputado; y es por eso que se declara sin lugar el recurso de revisión penal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"Esta Sala Constitucional observa que efectivamente el señor DALTON ANTUNEZ MURILLO fue condenado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha diez de febrero del año dos mil veintiuno a la pena de SEIS AÑOS NUEVE MESES DE PRISION Y MULTA DE CIENTO DOCE Y MEDIO SALARIOS MÍNIMOS en su escala más alta en la zona en el tiempo de la comisión del delito por un delito de PROXENETISMO AGRAVADO en perjuicio de DANIA PATRICIA MORALES MEJIA, LESLY YOHANA MORALES MEJIA y testigo protegido CON CLAVE A-1; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL; en cambio, en el nuevo Código Penal Vigente, se encuentra regulado en el artículo 259, EXPLOTACION SEXUAL DE MENORES O PERSONAS CON DISCAPACIDAD: ”Quien de cualquier modo promueve, favorece o facilita la explotación sexual de persona o menor de dieciocho (18) años o con discapacidad necesitada de especial protección, o se beneficia directa o indirectamente de dicha explotación a sabiendas de tales circunstancias, debe ser castigado con la pena de prisión de seis (6) a ocho (8) años y multa de cien (100) a mil (1000) días. Las penas a imponer deben ser prisión de ocho (8) a doce (12) años y multa de mil (1000) a dos mil (2000) días si la explotación sexual del menor o discapacitado es forzada u obtenida mediante el empleo de violencia, intimidación, engaño, prevalimiento o cualquier medio por el que se consiga la anulación de la voluntad de la víctima. Se debe entender, en todo caso, que la explotación sexual es forzada cuando la víctima sea menor de catorce (14) años..."..."Concurriendo en el caso dos circunstancias por lo que debería aumentarse dos tercios de la pena, en consecuencia, la nueva pena abstracta que correspondería aplicar con el nuevo código penal sería de DOCE (12) A VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN, y multa de DOS MIL A TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES DÍAS, pero por ley no debe sobrepasar de DOS MIL DIAS, sin embargo tomando en consideración que el condenado se sometió a Procedimiento abreviado, debe beneficiarse de una rebaja de ¼ de la pena, la cual sería una pena abstracta de NUEVE (9) AÑOS A DOCE (12) AÑOS DE PRISIÓN, Y MULTA DE MIL QUINETOS A DOS MIL (2000) DIAS MULTA, de modo que aún condenándole a la pena mínima de mueve años de reclusión y multa de un mil quinientos días, inhabilitación absoluta, suspensión de la ciudadanía y decretar la responsabilidad civil, resulta que sería mucho más gravosa la pena con la nueva ley que la impuesta en la sentencia, ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia es mucho menor que la correspondería imponerle con la nueva ley penal (decreto 130-2017), por lo tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"Esta Sala Constitucional observa que efectivamente el señor DALTON ANTUNEZ MURILLO fue condenado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha diez de febrero del año dos mil veintiuno a la pena de SEIS AÑOS NUEVE MESES DE PRISION Y MULTA DE CIENTO DOCE Y MEDIO SALARIOS MÍNIMOS en su escala más alta en la zona en el tiempo de la comisión del delito por un delito de PROXENETISMO AGRAVADO en perjuicio de DANIA PATRICIA MORALES MEJIA, LESLY YOHANA MORALES MEJIA y testigo protegido CON CLAVE A-1; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL; en cambio, en el nuevo Código Penal Vigente, se encuentra regulado en el artículo 259, EXPLOTACION SEXUAL DE MENORES O PERSONAS CON DISCAPACIDAD: ”Quien de cualquier modo promueve, favorece o facilita la explotación sexual de persona o menor de dieciocho (18) años o con discapacidad necesitada de especial protección, o se beneficia directa o indirectamente de dicha explotación a sabiendas de tales circunstancias, debe ser castigado con la pena de prisión de seis (6) a ocho (8) años y multa de cien (100) a mil (1000) días. Las penas a imponer deben ser prisión de ocho (8) a doce (12) años y multa de mil (1000) a dos mil (2000) días si la explotación sexual del menor o discapacitado es forzada u obtenida mediante el empleo de violencia, intimidación, engaño, prevalimiento o cualquier medio por el que se consiga la anulación de la voluntad de la víctima. Se debe entender, en todo caso, que la explotación sexual es forzada cuando la víctima sea menor de catorce (14) años..."..."Concurriendo en el caso dos circunstancias por lo que debería aumentarse dos tercios de la pena, en consecuencia, la nueva pena abstracta que correspondería aplicar con el nuevo código penal sería de DOCE (12) A VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN, y multa de DOS MIL A TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES DÍAS, pero por ley no debe sobrepasar de DOS MIL DIAS, sin embargo tomando en consideración que el condenado se sometió a Procedimiento abreviado, debe beneficiarse de una rebaja de ¼ de la pena, la cual sería una pena abstracta de NUEVE (9) AÑOS A DOCE (12) AÑOS DE PRISIÓN, Y MULTA DE MIL QUINETOS A DOS MIL (2000) DIAS MULTA, de modo que aún condenándole a la pena mínima de mueve años de reclusión y multa de un mil quinientos días, inhabilitación absoluta, suspensión de la ciudadanía y decretar la responsabilidad civil, resulta que sería mucho más gravosa la pena con la nueva ley que la impuesta en la sentencia, ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia es mucho menor que la correspondería imponerle con la nueva ley penal (decreto 130-2017), por lo tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de diciembre de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada CLAUDIA MARITZA MAYORQUIN MOLINA, a favor del señor DALTON ANTUNEZ MURILLO, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, de fecha diez de febrero del año dos mil veintiuno, con relación a la causa que se instruyó contra el señor DALTON ANTUNEZ MURILLO, por haber sido condenado por el delito de PROXENETISMO AGRAVADO en perjuicio de DANIA PATRICIA MORALES MEJIA, LESLY YOHANA MORALES MEJIA Y TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE A-1. ANTECEDENTES 1) En fecha veinticuatro de febrero del año dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, los Abogados EDSON GLADIMIR GODOY y GERARDO ESCOBAR, en su condición de Agentes de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de del señor PABLO RAMON RAMIREZ AYES, SANTOS ERNESTO GARTCIA MENDOZA y DALTON ANTUNEZ MURILLO, por suponerlos responsables del delito de PROXENETISMO AGRAVADO, en perjuicio de la LIBERTAD E INTEGRIDAD FISICA, PSICOLOGICA Y SEXUAL de DANIA PATRICIA MORALES MEJIA, LESLY YOHANA MORALES MEJIA y TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE A-1. (Folios 1-4 del expediente del A-quo). 2) En fecha diez de febrero del año dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic)“1.- CONDENAR al señor DALTON ANTUNEZ MURILLO de generales ya conocidas como responsable penalmente en concepto de autor del delito de PROXENETISMO AGRAVADO, en perjuicio de DANIA PATRICIA MORALES MEJIA, LESLY YOHANA MORALES MEJIA y TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE A-1, a la pena de SEIS AÑOS NUEVE (9) MESES DE PRISION, MAS LA MULTA DE CIENTO DOCE Y MEDIO SALARIOS MINIMOS, en su escala más alta en la zona en el tiempo de la comisión del delito POR EL DELITO DE PROXENETISMO AGRAVADO, pena que deberá cumplir en el Centro Penal de esta ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho.- 2.- CONDENAR: Al señor DALTON ANTUNEZ MURILLO, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena, consistente en derechos de familia y administración de bienes, pudiendo disponer de los propios por vía testamento”. (Folios 339-342 del antecedente). 3) En fecha veintiuno de febrero del año dos mil veintitrés, la Abogada CLAUDIA MARITZA MAYORQUIN MOLINA, compareció ante la Sala de lo Constitucional, interponiendo Recurso de Revisión a favor del señor DALTON ANTUNEZ MURILLO, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representada. (Folios 4-6 del recurso de mérito). 4) En fecha diecinueve de octubre del año dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante JOSE RICARDO PINEDA MEDINA, con la comparecencia de la Abogada CLAUDIA MARITZA MAYORQUIN MOLINA, en su condición de Apoderado Legal del señor DALTON ANTUNEZ MURILLO y la Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; la Abogada CLAUDIA MARITZA MAYORQUIN MOLINA, en su condición de Apoderado Legal del señor DALTON ANTUNEZ MURILLO manifestó que, ratifica la garantía de revisión de la sentencia y la retroactividad de la ley más favorable, aunque la pena es mayor pero la considera más favorable por la multa y el régimen de libertad condicional; El Ministerio Público consideró que, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el revisionista en su escrito de interposición del recurso solicita que se revea la Sentencia Definitiva de fecha diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021) , dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECIÓN JUDICIAL DE JUTICALPA DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Nuevo Código Penal Vigente, el delito por el cual fue condenado su representado es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la ley que más le favorezca, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley de Justicia Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)…., 2) …., 3) …, 4) …, 5) …., 6) …., 7) …, 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna…”, relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal, que señalan; Artículo 615: RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616: “CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la Ley Penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique… De lo expuesto por el revisionista el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales, indicando las sanciones correspondientes al delito de PROXENETISMO AGRAVADO por el cual fue condenado el señor DALTON ANTUNEZ MURILLO. Según lo regulado en el artículo 148 del Código Penal derogado, establecía: “Incurre en el delito de proxenetismo, quien promueva, induzca, facilite, reclute o someta a otras personas en actividades de explotación sexual comercial, y será sancionado con pena de reclusión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos. Las penas anteriores se aumentarán en un medio (1/2) en los casos siguientes: 1) cuando las victimas sean personas menores de dieciocho (18) años; 2) Cuando el sujeto activo se aprovecha de su oficio, profesión o negocio; 3) cuando el sujeto activo ejerce una relación de poder razón de confianza, parentesco o jerarquía sobre la víctima y, 4) Cuando la víctima es sometida a condiciones de servidumbre u otras prácticas análogas a la esclavitud. “. En el nuevo Código Penal Vigente, se encuentra regulado en el artículo 259, EXPLOTACION SEXUAL DE MENORES O PERSONAS CON DISCAPACIDAD: ”Quien de cualquier modo promueve, favorece o facilita la explotación sexual de persona o menor de dieciocho (18) años o con discapacidad necesitada de especial protección, o se beneficia directa o indirectamente de dicha explotación a sabiendas de tales circunstancias, debe ser castigado con la pena de prisión de seis (6) a ocho (8) años y multa de cien (100) a mil (1000) días. Las penas a imponer deben ser prisión de ocho (8) a doce (12) años y multa de mil (1000) a dos mil (2000) días si la explotación sexual del menor o discapacitado es forzada u obtenida mediante el empleo de violencia, intimidación, engaño, prevalimiento o cualquier medio por el que se consiga la anulación de la voluntad de la víctima. Se debe entender, en todo caso, que la explotación sexual es forzada cuando la víctima sea menor de catorce (14) años.”. Relacionado con el Artículo 260.- AGRAVANTES ESPECIFICAS. Las penas contempladas en los artículos precedentes se deben agravar hasta en un tercio (1/3) si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 1) se pone en peligro la vida o salud de la víctima, sin perjuicio de las penas que correspondan por las lesiones o muertes causadas (en el presente caso se suministraban a las victimas drogas o alucinógenos); 2) La víctima es especialmente vulnerable por razón de edad, situación, enfermedad, o escaso desarrollo intelectual o físico y en todo caso, cuando sea menor de seis (6) años; 3)…Las penas pueden incrementarse hasta en dos tercios (2/3) o más circunstancias de las previstas en este artículo. En el Nuevo Código Penal Vigente dispone en el artículo 53.- PENA DE DIAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L.5,000). La nueva pena abstracta es de DOCE (12) A VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN, y con la rebaja por haberse sometido el encausado al Procedimiento abreviado, se procede a hacer una rebaja de ¼ quedando una nueva pena abstracta de NUEVE (9) AÑOS A DOCE (12) AÑOS, Y MULTA DE MIL QUINETOS A DOS MIL (2000) DIAS MULTA. Al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado. Por lo que no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.” Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. - OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.”.CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimento de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. CONSIDERANDO DOS (2) Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “Procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” CONSIDERANDO TRES (3). De conformidad con el artículo 96 preámbulo y numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, entre otros casos, cuando: “proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna”, y el artículo 99 de la misma ley, dispone que, la Sala de lo Constitucional, según proceda, declarará sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada.CONSIDERANDO CUATRO (4): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño de la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO CINCO (5): El Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”, asimismo, el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”.CONSIDERANDO SEIS (6): El Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior, en consecuencia, cumpliéndose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello implicaría una aplicación parcial de dos normas penales y con ello el juzgador estaría creando una nueva norma penal. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO SIETE (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. El artículo 616 del Código Penal prevé que: “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Se exceptúan los supuestos en los que el presente Código contuviera para el mismo hecho la previsión de una pena alternativa no privativa de libertad, pues en tal caso se tiene que proceder a la revisión de la pena. Si la imposición de la pena dependiera de un dato que no obra en las actuaciones, se solicita el correspondiente dictamen para que el Órgano Jurisdiccional competente pueda determinar la cuantía de la nueva pena que habrá de sustituir a la anterior. Si el dictamen no llegara a ser conclusivo y se tratara de una pena de multa proporcional, para calcular la que correspondiera en el presente Código se ésta a lo dispuesto en el Artículo 54 de éste. En caso de concurso ideal de delitos, procede realizar una comparación global de las penas resultantes aplicando las distintas legislaciones, no cabe, por lo tanto, calificar unos delitos de acuerdo a la legislación que se deroga y otros con arreglo al presente Código. Únicamente en el caso de que se hubiere despenalizado una de las conductas constitutivas del concurso, se hace la comparación teniendo en cuenta la pena que correspondiera a la conducta que continúa siendo delictiva en una y otra legislación. Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación. En el caso de que lo procedente sea aplicar la regla más beneficiosa de limitación de cumplimiento, incorporada al presente Código, que consiste en el triple del tiempo de la pena más grave por la que se hubiere condenado al sujeto sin que se llegaren a alcanzar los treinta (30) años, habrán de compararse las penas que hubieren podido corresponder a los distintos delitos para determinar qué es lo más beneficioso para el condenado. En todos los supuestos en los que a criterio del Órgano Jurisdiccional competente proceda la revisión de la condena es inexcusable oír al condenado; por ello, no lo es en el supuesto en el que se considere que la legislación anterior es más beneficiosa, en cuyo caso se puede dictar directamente Auto declarando la improcedencia de la revisión. Sin embargo y aún en esta última ocasión, el Órgano Jurisdiccional competente puede si lo considera, dar audiencia al condenado”. CONSIDERANDO OCHO (8): Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”.CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo mullen crimen, nula poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: al establecer que “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario se transgrediría el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): Esta Sala Constitucional observa que efectivamente el señor DALTON ANTUNEZ MURILLO fue condenado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha diez de febrero del año dos mil veintiuno a la pena de SEIS AÑOS NUEVE MESES DE PRISION Y MULTA DE CIENTO DOCE Y MEDIO SALARIOS MÍNIMOS en su escala más alta en la zona en el tiempo de la comisión del delito por un delito de PROXENETISMO AGRAVADO en perjuicio de DANIA PATRICIA MORALES MEJIA, LESLY YOHANA MORALES MEJIA y testigo protegido CON CLAVE A-1; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL; en cambio, en el nuevo Código Penal Vigente, se encuentra regulado en el artículo 259, EXPLOTACION SEXUAL DE MENORES O PERSONAS CON DISCAPACIDAD: ”Quien de cualquier modo promueve, favorece o facilita la explotación sexual de persona o menor de dieciocho (18) años o con discapacidad necesitada de especial protección, o se beneficia directa o indirectamente de dicha explotación a sabiendas de tales circunstancias, debe ser castigado con la pena de prisión de seis (6) a ocho (8) años y multa de cien (100) a mil (1000) días. Las penas a imponer deben ser prisión de ocho (8) a doce (12) años y multa de mil (1000) a dos mil (2000) días si la explotación sexual del menor o discapacitado es forzada u obtenida mediante el empleo de violencia, intimidación, engaño, prevalimiento o cualquier medio por el que se consiga la anulación de la voluntad de la víctima. Se debe entender, en todo caso, que la explotación sexual es forzada cuando la víctima sea menor de catorce (14) años.”. Siendo precisamente el caso según los antecedentes, pero al relacionar el Artículo 260.- AGRAVANTES ESPECIFICAS. Las penas contempladas en los artículos precedentes se deben agravar hasta en un tercio (1/3) si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 1) se pone en peligro la vida o salud de la víctima, sin perjuicio de las penas que correspondan por las lesiones o muertes causadas (en el presente caso se suministraban a las victimas drogas o alucinógenos); 2) La víctima es especialmente vulnerable por razón de edad, situación, enfermedad, o escaso desarrollo intelectual o físico y en todo caso, cuando sea menor de seis (6) años; 3)…Las penas pueden incrementarse hasta en dos tercios (2/3) cuando concurran dos o más circunstancias de las previstas en este artículo. Concurriendo en el caso dos circunstancias por lo que debería aumentarse dos tercios de la pena, en consecuencia, la nueva pena abstracta que correspondería aplicar con el nuevo código penal sería de DOCE (12) A VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN, y multa de DOS MIL A TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES DÍAS, pero por ley no debe sobrepasar de DOS MIL DIAS, sin embargo tomando en consideración que el condenado se sometió a Procedimiento abreviado, debe beneficiarse de una rebaja de ¼ de la pena, la cual sería una pena abstracta de NUEVE (9) AÑOS A DOCE (12) AÑOS DE PRISIÓN, Y MULTA DE MIL QUINETOS A DOS MIL (2000) DIAS MULTA, de modo que aún condenándole a la pena mínima de mueve años de reclusión y multa de un mil quinientos días, inhabilitación absoluta, suspensión de la ciudadanía y decretar la responsabilidad civil, resulta que sería mucho más gravosa la pena con la nueva ley que la impuesta en la sentencia, ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia es mucho menor que la correspondería imponerle con la nueva ley penal (decreto 130-2017), por lo tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 403 y 404 del Código Procesal Penal; 148 del código penal derogado; 53, 257, 259, 260, 615, 616 del nuevo código penal; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada CLAUDIA MARITZA MAYORQUIN MOLINA, a favor del señor DALTON ANTUNEZ MURILLO, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho en fecha diez de febrero del año dos mil veintiuno, con relación a la causa que se instruyó contra el señor DALTON ANTUNEZ MURILLO, por haber sido condenado por el delito de PROXENETISMO AGRAVADO en perjuicio de DANIA PATRICIA MORALES MEJIA, LESLY YOHANA MORALES MEJIA Y TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE A-1. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese y cumplase. “FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días de abril del dos mil veintiséis, certificación del Fallo de fecha diez de diciembre del dos mil veinticinco recaído en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0209-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL