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Sentencia RP-208-24 — Registro 19410

Resumen

Se interpone recurso de revisión de la sentencia de condena por delito de Secuestro Agravado; por considerar entrada en vigencia legislación mas favorable.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" … Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el artículo 192 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 239 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta pena de prisión de ocho (8) a doce(12) años. Agravándose dicha pena si concurren agravantes especificas pudiendo llegar la pena de quince (15) hasta veinte (20) años de prisión, y prohibición de residencia por el doble que dure la condena; Ponderando el quantum de la pena, es palmario que, en el marco de penas abstractas, tomando en cuenta que el encausado fue condenado a la pena mínima aumentada, las penas mínimas del Código Penal Vigente son menos gravosas para el encausado. IV. El sentenciado, al tenor del artículo 239 del nuevo Código Penal cometió el delito de Secuestro, puesto que privó de la libertad a otra persona y exigió condición para liberarla cumpliéndose esta condición; delito que se convierte en Secuestro Agravado según los hechos probados. Concurriendo lo establecido en el artículo 240 que literalmente dice: “SECUESTRO AGRAVADO. El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1), 2), 3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) hora… y 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; por lo que al concurrir dos (2) o más de las circunstancias señaladas en el precitado artículo, se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada arrojando una pena más benigna para el sentenciado. V. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde al encausado no se le impuso la pena mínima ni la pena máxima. Se debe imponer al encausado la pena de DIECISIETE (17) AÑOS de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena por el delito de Secuestro Agravado. VI. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

…" … Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el artículo 192 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 239 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta pena de prisión de ocho (8) a doce(12) años. Agravándose dicha pena si concurren agravantes especificas pudiendo llegar la pena de quince (15) hasta veinte (20) años de prisión, y prohibición de residencia por el doble que dure la condena; Ponderando el quantum de la pena, es palmario que, en el marco de penas abstractas, tomando en cuenta que el encausado fue condenado a la pena mínima aumentada, las penas mínimas del Código Penal Vigente son menos gravosas para el encausado. IV. El sentenciado, al tenor del artículo 239 del nuevo Código Penal cometió el delito de Secuestro, puesto que privó de la libertad a otra persona y exigió condición para liberarla cumpliéndose esta condición; delito que se convierte en Secuestro Agravado según los hechos probados. Concurriendo lo establecido en el artículo 240 que literalmente dice: “SECUESTRO AGRAVADO. El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1), 2), 3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) hora… y 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; por lo que al concurrir dos (2) o más de las circunstancias señaladas en el precitado artículo, se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada arrojando una pena más benigna para el sentenciado. V. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde al encausado no se le impuso la pena mínima ni la pena máxima. Se debe imponer al encausado la pena de DIECISIETE (17) AÑOS de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena por el delito de Secuestro Agravado. VI. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos días del mes de junio de dos mil veinticinco (2025), el Pleno de Magistrados de la Sala de lo Constitucional, pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-0208-2024 promovida por la Abogada LILIAN GUTIERREZ CARABANTES, a favor del señor HERMINIO GAMEZ PARADA, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha cuatro de abril de dos mil once, mediante la cual fallo: PRIMERO. - Debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a la acusada THELMA PATRICIA MOLINA ENRIQUEZ, anteriormente identificada del delito de SECUESTRO del que fue acusada. SEGUNDO. - Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS, a los señores HERMINIO GÁMEZ PARADA, LUÍS ANTONIO COLINDRES VARELA Y ANGEL DAVID HERNANDEZ ANDRADE cuyas menciones generales ya han sido anteriormente detalladas, como autores responsables penalmente de un delito de SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de SHAHIRA CASTILLO GUTIERREZ, a la pena principal de VEINTICUATRO (24) AÑOS DE RECLUSIÓN, debiéndose computar desde el día en que los imputados fueron aprendidos, con motivo de esta causa la que deberán cumplir en la penitenciaría nacional correspondiente quedando sujetos a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. TERCERO. - Como consecuencia de las penas de reclusión impuestas a los condenados, se les imponen las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, durante el tiempo de duración de la pena principal. CUARTO. - Se declara a los condenados responsables civilmente. QUINTO. - No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. SEXTO. - No procede el comiso del vehículo marca Hyundai, color ocre o rojo vino, tipo camioneta de lujo, año 2002, VIN KM8SC13D02U236059, Motor G6BA-2444199, con placas PCJ 2290, ni de los teléfonos Motorola, C 122, con número 95316904, Pantch, color gris, con número 96589689 y Motorola, color negro, con número 97021055. Son partes: 1) La abogada LILIAN GUTIERREZ CARABANTES, en favor del señor HERMINIO GAMEZ PARADA como revisionista. 2) La abogada SAGRARIO ROSIBE GUTIEREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISION PENAL PRIMERO: El día lunes once de enero del dos mil diez, aproximadamente a la una con cuarenta y cinco minutos de la tarde, la Ciudadana Shahira Castillo Gutiérrez, se conducía en su vehículo, tipo camioneta Lincoln color negro, por la colonia Moderna de esta ciudad de san Pedro Sula, Cortés, exactamente entre la 18 avenida, 5 y 6 calle noroeste, frente al instituto La Salle, donde fue interceptada, por varias personas que se conducían en dos vehículos; en la parte trasera se ubicó un vehículo tipo turismo color azul; mientras que en la parte frontal, se colocó una camioneta marca Hyundai color ocre o rojo vino, de la cual, se bajaron tres personas, quienes portando armas de fuego la obligaron a dejar su vehículo y abordar la camioneta antes descrita, dirigiéndose hacia la casa que esta ubicada en la aldea Las Oropéndolas, de Santa Cruz de Yojoa Cortés, donde la mantuvieron retenida por espacio de veinticinco días, en el trayecto la mantuvieron en el centro de la parte trasera de misma camioneta, fue custodiada por dos personas, las que le tapaban sus ojos, mientras haciendo uso de palabras soeces le decían que le amputarían un miembro de su cuerpo. SEGUNDO: El día jueves cuatro de febrero de dos mil diez. Luego de haber recibido una llamada telefónica, como a las diez de la noche, en la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación, donde les informaron que en el restaurante denominado Dragon King, ubicado en el barrio Medina de la Ciudad de San Pedro Sula, se encontraban varias personas que habían participado en la retención de Shahira Castillo Gutiérrez, así como también manifestó el lugar donde se encontraba retenida dicha persona, que era la aldea de las Oropéndolas, del Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, por lo que se desplazaron patrullas de policía de dicha dirección policial a los lugares indicados, donde primero en restaurante Dragon King, encontraron estacionado en las afueras del negocio el vehículo Hyundai, camioneta color ocre o rojo vino, y en el interior del establecimiento a los señores Ángel David Hernández Andrade y Thelma Patricia Molina Enríquez, a quienes procedieron a detener; al día siguiente en horas de la madrugada, otros agentes de la policía se servicios especiales de Investigación, procedieron a entrar a la casa de habitación en donde se encontró en su interior a los señores Herminio Gámez Parada y Luis Antonio Colindres Varela y a la ciudadana Castillo Gutiérrez, acostada en el piso sobre una colchoneta y con los ojos vendados, así como también herramientas de construcción y una caja conteniendo medicamentos entre otros.ANTECEDENTES 1)Del Inicio del Proceso Penal.-En fecha cinco (05) de febrero de dos mil diez (2010), compareció ante el Juzgado de Letras de lo penal de la sección judicial de San Pedro Sula departamento de Cortes, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, la Abogada SIRIA HEEXS RUBI, presentando requerimiento fiscal en contra los señores ALEX ANTONIO VERDE ROSALES, ANGEL DAVID HERNANDEZ ANDRADE, THELMA PATRICIA MOLINA, JOEL EDGARDO PORTILLO LOPEZ , OSCAR ARMANDO ALMENDAREZ VINDEL, HERMINIO GOMEZ PARADA, MARCO ANTONIO GAMEZ PARADA, por suponerlos responsables a título de autores del delito, SECUESTRO AGRAVADO en perjuicio de SHAHIRA GUTIERREZ CASTILLO (Folios 1-7 del antecedente). 2) De la sentencia Condenatoria. - Que en fecha cuatro de abril de dos mil once, el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO. -Debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a la acusada THELMA PATRICIA MOLINA ENRIQUEZ, anteriormente identificada del delito de SECUESTRO del que fue acusada. SEGUNDO.- Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS, a los señores HERMINIO GÁMEZ PARADA, LUÍS ANTONIO COLINDRES VARELA Y ANGEL DAVID HERNANDEZ ANDRADE/ cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas, como autores responsables penalmente de un delito de SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de SHAHIRA CASTILLO GUTIERREZ, a la pena principal de VEINTICUATRO (24) AÑOS DE RECLUSIÓN, debiéndose computar desde el día en que los imputados fueron aprehendidos con motivo de esta causa, la que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional correspondiente, quedando sujetos a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. TERCERO. - Como consecuencia de las penas de reclusión impuestas a los condenados, se les imponen las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, durante el tiempo de duración de la pena principal. CUARTO. - Se declara a los condenados responsables civilmente. QUINTO. - No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. SEXTO. - No procede el comiso del vehículo marca Hyundai, color ocre o rojo vino, tipo camioneta de lujo, año 2002, VIN KM8SC13D02U236059, Motor G6BA-2444199, con placas PCJ 2290, ni de los teléfonos Motorola, C 122, con número 95316904, Pantch, color gris, con número 96589689 y Motorola, color negro, con número 97021055. SÉPTIMO. - Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales. ASÍ LO PRONUNCIAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS…” (Folios 326-333 del tomo II del antecedente)3) De la interposición del Recurso de Revisión .- Que la Abogada LILIAN GUTIERREZ CARABANTES, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, presentando recurso de revisión penal a favor del señor HERMINIO GAMEZ PARADA, contra la sentencia relacionada en el numera que antecede, solicitando la aplicación principio de retroactividad de la ley, por ser esta más benigna para su representado, mediante la implementación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017). (Folios 1—3 del recurso de mérito 4) De la celebración de la Audiencia de Oposición y presentación de Pruebas.- En fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Integrante AIDA PATRICIA MARTINEZ, con la comparecencia de la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la abogada MIRLA AUXILIADORA REYES OSEGUERA actuando en su condición de Apoderado Legal del señor HERMINIO GÁMEZ PARADA; El Ministerio Público consideró: ANÁLISIS JURÍDICO: Esta representación del Ministerio Público después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que la Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicitó que se revea la Sentencia de fecha 04 de abril del 2011, dictada por el Tribunal de Sentencia Seccional de San Pedro Sula, Cortés, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Código Penal Vigente, el delito por el cual fue condenado su representado es sancionado con una pena más benigna, por 1o que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como 1o dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone:"Las sentencias firmes podrán ser revisadas cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)... 2).... 3)... 4)… 5).... 6) .. 7) ... 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna...", relacionado con los artículos 615 y 616 del Nuevo Código Penal. Del análisis comparativo de ambas leyes penales se aprecia que el delito de SECUESTRO se sancionaba en el artículo 192 del Código Penal derogado, con una pena de 20 años a privación de la libertad de por vida; la pena se agravó por haber permanecido la víctima privada de su libertad más de 24 horas. En la nueva normativa penal el delito de SECUESTRO se encuentra regulado en el Artículo 239, que señala: "Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de 8 a 12 años y prohibición de residencia por el doble tiempo de la condena. Asimismo, al desprenderse de los Hecho Probados, que la joven víctima fue privada de su libertad por veinticinco días, concurre la agravante tipificada en el Artículo 240, que refiere: "El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) y prohibición de residencia por el doble tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1)..., 2)....3) La privación de Libertad exceda de setenta y dos (72) horas. 4)..., 5) ..., 6) ..., y 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; por lo que al concurrir dos (2) o más de las circunstancias señaladas en el precitado artículo, se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes del caso , esta representación fiscal estima que el señor HERMINIO GÁMEZ PARADA le resulta más favorable la pena a imponer de 15 a 20 años de prisión, de conformidad a los mismos términos de la sentencia impugnada, en virtud de lo cual aprecia la aplicación de la nueva Ley penal de conformidad al Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios 23-25 vuelto del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. La recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. Así mismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Articulo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SEIS (6): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que des incriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO OCHO (8): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO NUEVE (9): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. Que la Sala ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta N.º 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía Constitucional de revisión penal. I. Del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan, esta Sala aprecia que efectivamente el señor HERMINIO GAMEZ PARADA fue condenado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha cuatro de abril del año dos mil once, a la pena de VEINTICUATRO AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO AGRAVADO en perjuicio de SHAHIRA GUTIERREZ CASTILLO más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 192 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Secuestro. III. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el artículo 192 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 239 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta pena de prisión de ocho (8) a doce(12) años. Agravándose dicha pena si concurren agravantes especificas pudiendo llegar la pena de quince (15) hasta veinte (20) años de prisión, y prohibición de residencia por el doble que dure la condena; Ponderando el quantum de la pena, es palmario que, en el marco de penas abstractas, tomando en cuenta que el encausado fue condenado a la pena mínima aumentada, las penas mínimas del Código Penal Vigente son menos gravosas para el encausado. IV. El sentenciado, al tenor del artículo 239 del nuevo Código Penal cometió el delito de Secuestro, puesto que privó de la libertad a otra persona y exigió condición para liberarla cumpliéndose esta condición; delito que se convierte en Secuestro Agravado según los hechos probados. Concurriendo lo establecido en el artículo 240 que literalmente dice: “SECUESTRO AGRAVADO. El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1), 2), 3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) hora… y 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; por lo que al concurrir dos (2) o más de las circunstancias señaladas en el precitado artículo, se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada arrojando una pena más benigna para el sentenciado. V. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde al encausado no se le impuso la pena mínima ni la pena máxima. Se debe imponer al encausado la pena de DIECISIETE (17) AÑOS de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena por el delito de Secuestro Agravado. VI. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada LILIAN GUTIERREZ CARABANTES, a favor del señor HERMINIO GAMEZ PARADA; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor HERMINIO GAMEZ PARADA, por el delito SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de SHAHIRA GUTIERREZ CASTILLO, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO Al Señor HERMINIO GAMEZ PARADA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia, por el delito de SECUESTRO AGRAVADO en perjuicio de SHAHIRA GUTIERREZ CASTILLO, a la pena de DIECISIETE (17) AÑOS de prisión y prohibición de residir o acudir al lugar en que se haya cometido el delito o a aquel en que resida la víctima o su familia por el doble de tiempo de la condena. Mas la pena accesoria de Inhabilitación Absoluta durante el tiempo de la condena. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. NOTIFIQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de agosto del dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha dos de junio del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0208-2024.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL