Sentencia RP-20-24 — Registro 19995
Resumen
Sentencia en revisión condenó a recurrente como autor responsable del delito de Autor de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, a una pena de seis (6) años de reclusión, más penas accesorias de Inhabilitación absoluta e Interdicción civil, más multa pecuniaria; La Sala de lo Constitucional concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto de la pena en comparación con la legislación penal anterior.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"En el caso sub examine, la peticionaria INGRID ONEYDA SIERRA MARTINEZ, compareció ante este Tribunal, el diez de enero de dos mil veinticuatro, presentando acción de Revisión de una sentencia condenatoria penal, solicitando la aplicación de la ley que considera más benigna, (Decreto No. 93-2021 que entró en vigencia el 2 de noviembre de 2021) que reformó el artículo 439 del Nuevo Código Penal), arguyendo que su representada fue condenada por el delito de LAVADO DE ACTIVOS estando vigente el nuevo código penal Decreto 130-2017, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto No. 93-2021. Sin embargo, este Tribunal Constitucional advierte que la nueva norma penal que establecía en el artículo 439 una serie de conductas criminosas sin exigir que estas no tengan causa o justificación económica o lícita de su procedencia, al momento en que fue presentada la acción de revisión penal, ya no estaba vigente, porque el decreto 93-2021 que entró en vigencia el dos de noviembre de dos mil veintiuno ya había sido reformado antes de que se solicitara la revisión penal por el decreto 43-2023 de fecha veinticinco de julio de dos mil veintitrés y que entró en vigencia un día después, mismo que nuevamente incorporaba como requisito que las conductas criminosas no tengan causa o justificación económica o lícita de su procedencia; distinto sería el caso, si en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, hubiese entrado en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 439 del Decreto 130-2017 contentivo del Nuevo Código Penal. Sin embargo, en el caso sujeto a estudio, nos encontramos ante la pretensión de que se aplique una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, incluso no se encontraba vigente al momento de la presentación del recurso de revisión, ello es así porque la señora MERLIN YANINA TOLEDO PINEDA, fue condenada por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, estando vigente el Decreto 130-2017, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 93-2021, peticionando la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia nuevamente un tipo penal exactamente igual al que originalmente fue condenada..."..."Esta Sala Constitucional estima que en el presente caso, una vez iniciado el trámite de Revisión penal, al momento de decidir la aplicación de las normas penales deberá compararse únicamente la norma bajo cuya vigencia resultó condenado el imputado y la que se encuentra vigente actualmente que resulta ser la misma que regía cuando se presentó la acción de revisión penal, en ese orden de ideas, esta Sala observa que efectivamente la señora MERLIN YANINA TOLEDO PINEDA fue condenada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, como autora del delito de LAVADO DE ACTIVOS, a la pena de SEIS AÑOS DE RECLUSION Y las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL y LA PENA DE MULTA DEL 75% CONSISTENTE EN UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS DEL VALOR DE OBJETO DE LVADA, delito y penas que contempla exactamente igual actualmente el artículo 439 del código penal (decreto 43-2023). Al realizar la comparación del injusto penal y las penas entre la legislación derogada y la vigente se observa que, las penas que corresponden serían exactamente las mismas. Por lo tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio en comparación con la legislación penal anterior, ya que conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal, no se considera que la pena del decreto 43-2023 es más favorable porque la pena que le fue impuesta con la ley vigente cuando se le condenó es imponible con la nueva norma..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.6 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de noviembre del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en la acción de Revisión Penal Interpuesta por la Abogada INGRID ONEYDA SIERRA MARTINEZ a favor de la Señora MERLIN VANINA TOLEDO PINEDA, contra la sentencia definitiva dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, con relación a la causa que se instruyó contra la Señora MERLIN YANINA TOLEDO PIMEDA por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Exp.11-2016 J.N.M.D.C.) ANTECEDENTES 1)En fecha veintidós (22) de noviembre del de dos mil diecinueve (2019), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CON JURRIDICCION NACIONAL EN MATERIA PENAL, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, el abogado FRANKLYN ORLANDO MORALES, presentando requerimiento fiscal Contra el contra los señores JOSE ALBERTO PUERTO CONOCIDO TAMBIEN COMO JOSE ALBERTO CORTES PUERTO, KAREN DARIELLA AMAYA GOMEZ, ANA MARIA VENTURA FLORES, RAUL ALBERTO RODRIGUEZ VENTURA, MIGUEL OMAR MIRANDA IZAGUIRRE Y MERLIN YANINA TOLEDO PINEDA a quienes se les supone responsable a título de autores directos de la comisión del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, (Folios 232-255 del antecedente). 2)En fecha veintiséis (26) de julio del dos mil veintiuno (2021), el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL , dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: CONDENANDO a la señora MERLIN YANINA TOLEDO PINEDA, de generales conocidas en el presente proceso, como responsable penalmente en concepto de AUTOR de la comisión del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, a una pena concreta de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSION, pena que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de Tamara, Departamento de Francisco Morazán, sujetos a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario. SEGUNDO: CONDENAR a la señora MERLIN YANINA TOLEDO PINEDA, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena. TERCERO: IMPONER UNA MULTA DEL 75% CONSISTENTE EN UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (1,556,550.00) DEL VALOR OBJETO DEL LAVADO, A LA IMPUTADA MERLIN YANINA TOLEDO PINEDA, como responsable penalmente en concepto de AUTOR de la comisión del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. CUARTO: Se declara el COMISO del dinero objeto del delito, siendo esta la cantidad DE NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS (L.9, 253.00), QUE LE FUERAN DECOMISADOS; MONTO QUE FUE DEPOSITADO EN LA CUENTA DE LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), ASÍ COMO TAMBIÉN DINERO QUE SE ENCUENTRA EN LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS EN LEMPIRAS 3041152651, CUENTA DE AHORROS EN DÓLARES 3041186475, EN ODEF FINANCIERA CUENTA DE AHORROS EN LEMPIRAS 21-032-002557-8, CUENTA DE AHORROS EN LEMPIRAS 22-032-002482-0, CUENTA DE AHORROS EN LEMPIRAS 741254101 DE BANCO BAC HONDURAS S.A. QUINTO: No procede la condena en costas personales ni procesales. SEPTIMO: Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales y una vez firme envíese copia de la misma a la unidad de Antecedentes Penales, debiéndose remitir la causa al Juzgado de Ejecución para los Afectos legales correspondientes. (Folios 636-646 del recurso de mérito) 3) En fecha diez (10) de enero de dos mil veinticuatro (2024), la abogada INGRID ONEYDA SIERRA MARTINEZ, actuando como apoderada de la señora MERLIN YANINA TOLEDO PINEDA, compareció ante la Sala de lo Constitucional interponiendo acción de Revisión Penal, contra la sentencia de fecha veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno, dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, fundamentando su petición en el artículo 96 numeral 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. 4) En fecha treinta (30) de octubre del dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante FELIPE RENE SPEER LAINEZ con la comparecencia de la abogada INGRID ONEYDA SIERRA MARTINEZ actuando en su condición de Apoderado Legal de la señora MERLIN YANINA TOLEDO PINEDA y la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; La abogada INGRID ONEYDA SIERRA MARTINEZ actuando en su condición de Apoderado Legal de la señora MERLIN YANINA TOLEDO PINEDA, en el uso de la palabra manifestó que, basa su petición en el artículo 96 numeral 6) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud de que su representada fue condenada de conformidad con el decreto 130-2017 y mediante decreto 93-2021 del 1 de noviembre de 2021 que reforma el artículo 439 del delito de Lavado de Activo, la citada reforma ya no establece como elemento que los procesados no tengan causa o justificación económica o lícita de su procedencia de los bienes, por lo que es procedente la aplicación retroactiva del artículo 439 con la reforma del decreto 93-2021; Por su parte, el Ministerio Público expresó: APRECIACIÓN JURÍDICA: Que la causal de revisión invocada por el revisionista en relación al delito de LAVADO DE ACTIVOS, invocando la causal que se encuentra contenida en el numeral 8) del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone: Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado en cualquiera de los casos siguientes, cuando: 1) ..., 2) .... 3) 4) ..., 5).,6) ..., 7) ..,8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna; así como el principio constitucional contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República, con motivo de la aprobación del Decreto 93-2021, en cuanto reforma el artículo 439 del Código Penal que contiene el delito de Lavado de Activos, la cual favorece a su representado al derogarse la tipicidad y antijurídica en relación a: "...1) en relación a: " ... Que no tenga causa o justificación económica o lícita de su procedencia", por lo que resulta evidente que su representada no incurrió en el delito en referencia. Del examen de los antecedentes, se aprecia que el Juzgado en mención, condenó a la acusada en mención por el delito de Lavado de Activos, a la pena antes descrita, respecto a lo cual el recurrente aduce que su representada debe ser beneficiada con la reforma del artículo 439, del Código Penal, por lo que se desprende de los hechos admitidos por la hoy condenada, se desprende que realizó acciones como la adquisición de bienes inmuebles, sin contar con la capacidad económica ni financiera para su adquisición, dando como resultado la no justificación por parte de la hoy condenada, por lo cual fue condenada mediante sentencia de Procedimiento abreviado. Al examinar el fallo sub-judice se aprecia que la señora MERLIN YANINA TOLEDO PINEDA, fue condenada por el delito de lavado de activos a una pena de SEIS (06) AÑOS DE RECLUSIÓN y una multa del 758 consistente en UN MILION QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (LPS.1,556,550.00) y si bien es cierto, la reforma al artículo 439 del Código Penal vigente, realizada a través del Decreto 93-2021 publicado en el Diario Oficial La Gaceta NO. 35,760, derogó lo atinente "O que no tenga causa o justificación económica o licita de su procedencia." No menos cierto es, que la reforma a dicho artículo fue dejado sin valor ni efecto mediante Decreto 43-2023, publicado en el Diario La Gaceta No, 36,290, de fecha 25 de julio del 2023, (con anterioridad a la fecha de presentación de la presente solicitud el 10 de enero del 2024), en virtud que la reforma citada por la revisionista contraviene disposiciones de carácter convencional al suprimir que no se tengan causa o, justificación económica o lícita de la procedencia del bien, lo que violenta el numeral 7) del artículo 5 de la Convención de Viena que exhorta a los Estados Partes a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen lícito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno. Asimismo, la Convención de Palermo expone en su artículo 12 numeral 7): "Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen ilícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso en la medida que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la Índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas". Asimismo la Sala afirma de manera categórica que la redacción del artículo 439 del Código penal, reformado mediante el artículo 4 del decreto 93-2021, no se encuentra dispuesta de conformidad con las obligaciones contraídas por el Estado de Honduras con la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada transnacional o Convención de Palermo y asimismo contraviene de manera directa a las obligaciones contenidas en la Convención de Mérida, como si lo estaba anteriormente en su forma original, o sea como se dispone en el decreto Legislativo 130-2017 (Código Penal), es por ello que el primer motivo de inconstitucionalidad por razón de contenido es de recibo, De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal. III. OPINIÓN: El Ministerio Público, con base a lo antes expuesto, es del parecer QUE NO SE OTORGUE la solicitud presentada conforme los argumentos que anteceden. Acto seguido, cedió la palabra a la Abogada INGRID ONEYDA SIERRA MARTINEZ apoderada legal de la Señora MERLIN YANINA TOLEDO PINEDA a efecto de que haga uso de su derecho a la Réplica, quien manifiesta: Lo había manifestado en el presente recurso de revisión, verdad de que ese decreto estuvo vigente en su momento y que existe jurisprudencia que varias personas salieron se les otorgó el beneficio con este decreto que estuvo vigente y que además por haber estado vigente, puede ser utilizado por mi representada para que se le otorgue el presente recurso de revisión además, quiero hacer de su conocimiento señor señores magistrados que la persona que está acusada por este delito de lavado de activos, como lo pueden observar en el expediente, existe un dictamen forense que esta persona está discapacitada para trabajar, tiene una lesión en la pierna derecha y además padece de una enfermedad grave terminal verdad como es el virus de inmunodeficiencia humana la pena ella casi la tiene cumplida lo que no ha cumplido es el pago de la sanción y por lo tanto, en apego al decreto 93-2021 solicito se declare con lugar el presente recurso de revisión. EL MAGISTRADO QUE PRESIDE MANIFIBSTA: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente, quedando las partes intervinientes en la presente audiencia notificados en estrados, firmando para constancia el suscrito Magistrado que preside la audiencia y el Secretario de la Sala Constitucional que da fe, debiendo entregarle a las partes copia de la respectiva audiencia para los efectos legales correspondientes, siendo las nueve de la mañana con cuarenta y siete minutos. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimento de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. CONSIDERANDO DOS (2) Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “Procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” CONSIDERANDO TRES (3). De conformidad con el artículo 96 preámbulo y numera 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, entre otros casos, cuando: “Después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de pruebas que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma más favorable al reo”, y el artículo 99 de la misma ley, dispone que, la Sala de lo Constitucional, según proceda, declarará sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO CUATRO (4): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño de la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO CINCO (5): El Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”, asimismo, el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO SEIS (6): El Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior, en consecuencia, cumpliéndose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello implicaría una aplicación parcial de dos normas penales y con ello el juzgador estaría creando una nueva norma penal. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena.-CONSIDERANDO SIETE (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. El artículo 616 del Código Penal prevé que: “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Se exceptúan los supuestos en los que el presente Código contuviera para el mismo hecho la previsión de una pena alternativa no privativa de libertad, pues en tal caso se tiene que proceder a la revisión de la pena. Si la imposición de la pena dependiera de un dato que no obra en las actuaciones, se solicita el correspondiente dictamen para que el Órgano Jurisdiccional competente pueda determinar la cuantía de la nueva pena que habrá de sustituir a la anterior. Si el dictamen no llegara a ser conclusivo y se tratara de una pena de multa proporcional, para calcular la que correspondiera en el presente Código se ésta a lo dispuesto en el Artículo 54 de éste. En caso de concurso ideal de delitos, procede realizar una comparación global de las penas resultantes aplicando las distintas legislaciones, no cabe, por lo tanto, calificar unos delitos de acuerdo a la legislación que se deroga y otros con arreglo al presente Código. Únicamente en el caso de que se hubiere despenalizado una de las conductas constitutivas del concurso, se hace la comparación teniendo en cuenta la pena que correspondiera a la conducta que continúa siendo delictiva en una y otra legislación. Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación. En el caso de que lo procedente sea aplicar la regla más beneficiosa de limitación de cumplimiento, incorporada al presente Código, que consiste en el triple del tiempo de la pena más grave por la que se hubiere condenado al sujeto sin que se llegaren a alcanzar los treinta (30) años, habrán de compararse las penas que hubieren podido corresponder a los distintos delitos para determinar qué es lo más beneficioso para el condenado. En todos los supuestos en los que a criterio del Órgano Jurisdiccional competente proceda la revisión de la condena es inexcusable oír al condenado; por ello, no lo es en el supuesto en el que se considere que la legislación anterior es más beneficiosa, en cuyo caso se puede dictar directamente Auto declarando la improcedencia de la revisión. Sin embargo y aún en esta última ocasión, el Órgano Jurisdiccional competente puede si lo considera, dar audiencia al condenado”. CONSIDERANDO OCHO (8): Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo mullen crimen, nula poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: al establecer que “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario se transgrediría el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): Sobre la aplicación de la ley penal intermedia. Se le denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso de marras se trata de una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa, así como su contenido básico. Para el jurista René Suazo Lagos reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”. CONSIDERANDO ONCE (11): En el caso sub examine, la peticionaria INGRID ONEYDA SIERRA MARTINEZ, compareció ante este Tribunal, el diez de enero de dos mil veinticuatro, presentando acción de Revisión de una sentencia condenatoria penal, solicitando la aplicación de la ley que considera más benigna, (Decreto No. 93-2021 que entró en vigencia el 2 de noviembre de 2021) que reformó el artículo 439 del Nuevo Código Penal), arguyendo que su representada fue condenada por el delito de LAVADO DE ACTIVOS estando vigente el nuevo código penal Decreto 130-2017, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto No. 93-2021. Sin embargo, este Tribunal Constitucional advierte que la nueva norma penal que establecía en el artículo 439 una serie de conductas criminosas sin exigir que estas no tengan causa o justificación económica o lícita de su procedencia, al momento en que fue presentada la acción de revisión penal, ya no estaba vigente, porque el decreto 93-2021 que entró en vigencia el dos de noviembre de dos mil veintiuno ya había sido reformado antes de que se solicitara la revisión penal por el decreto 43-2023 de fecha veinticinco de julio de dos mil veintitrés y que entró en vigencia un día después, mismo que nuevamente incorporaba como requisito que las conductas criminosas no tengan causa o justificación económica o lícita de su procedencia; distinto sería el caso, si en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, hubiese entrado en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 439 del Decreto 130-2017 contentivo del Nuevo Código Penal. Sin embargo, en el caso sujeto a estudio, nos encontramos ante la pretensión de que se aplique una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, incluso no se encontraba vigente al momento de la presentación del recurso de revisión, ello es así porque la señora MERLIN YANINA TOLEDO PINEDA, fue condenada por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, estando vigente el Decreto 130-2017, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 93-2021, peticionando la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia nuevamente un tipo penal exactamente igual al que originalmente fue condenada. En ese orden de ideas, el Ministerio Público ha reprochado la aplicación del decreto 93-2021, dado que la norma vigente actualmente es la del decreto 43-2023, advirtiendo que la norma sustantiva vigente es exactamente igual a la norma bajo cuya vigencia fue condenada y que tipifica el delito exactamente igual, con las mismas penas, poniendo de manifiesto una discusión doctrinal en relación a si la ley intermedia más favorable debe tenerse en cuenta o no, pues corresponde a una concepción jurídica inexistente en el momento del hecho y que ya no se profesa, “sin embargo, la doctrina española, de modo prácticamente unánime entiende que dichas leyes surten efectos retroactivos en cuanto benefician al reo”, en ese sentido, el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación» (STS, 2.ª, 953/2013, de 16-XII). Otras resoluciones que aplican la ley penal intermedia más favorable son las SSTS, 2.ª, 140/2002, de 8-II; 692/2008, de 4-XI; 1026/2009, de 16-X; y 1078/2012, de 16-VI. Sin embargo, en el caso subjúdice no podría adoptarse ese criterio doctrinal, porque ya no estaba vigente la norma más benigna cuando se solicitó la revisión, ni cuando se dicta la presente sentencia. CONSIDERANDO DOCE (12): Esta Sala Constitucional estima que en el presente caso, una vez iniciado el trámite de Revisión penal, al momento de decidir la aplicación de las normas penales deberá compararse únicamente la norma bajo cuya vigencia resultó condenado el imputado y la que se encuentra vigente actualmente que resulta ser la misma que regía cuando se presentó la acción de revisión penal, en ese orden de ideas, esta Sala observa que efectivamente la señora MERLIN YANINA TOLEDO PINEDA fue condenada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, como autora del delito de LAVADO DE ACTIVOS, a la pena de SEIS AÑOS DE RECLUSION Y las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL y LA PENA DE MULTA DEL 75% CONSISTENTE EN UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS DEL VALOR DE OBJETO DE LVADA, delito y penas que contempla exactamente igual actualmente el artículo 439 del código penal (decreto 43-2023). Al realizar la comparación del injusto penal y las penas entre la legislación derogada y la vigente se observa que, las penas que corresponden serían exactamente las mismas. Por lo tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio en comparación con la legislación penal anterior, ya que conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal, no se considera que la pena del decreto 43-2023 es más favorable porque la pena que le fue impuesta con la ley vigente cuando se le condenó es imponible con la nueva norma. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 6), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 439 código penal decreto 130-2017, 439 código penal decreto 93-2021, 439 código penal decreto 43-2023, 615, 616 del nuevo código penal; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada INGRID ONEYDA SIERRA MARTINEZ, a favor de la señora MERLIN YANINA TOLEDO PINEDA, contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, con relación a la causa que se instruyó contra la señora MERLIN YANINA TOLEDO PINEDA por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de enero de dos mil veintiséis, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-0020-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL