Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia RP-197-22 — Registro 19226

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal, contra la sentencia condenatoria como autor del delito de extorsión, en perjuicio de testigo protegido "AD222" a la pena principal de once (11) años tres meses (3) de reclusión, más una multa de (37.5) salarios mínimos, los que deberá cumplir en el Centro Penitenciario Nacional Marco Aurelio Soto.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a MOISES GERARDO VELASQUEZ ANDINO, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y una multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de Extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido AD222; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado MOISES GERARDO VELASQUEZ ANDINO está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, así como con la agravante específica que señala el artículo 374 del Código Penal, de haberse identificado como miembro del grupo criminal organizado denominado "mara 18", por lo cual amerita aumentar las penas a imponer en 1/3 resultando así una pena abstracta a imponer de veinte (20) a veintiséis (26) años, ocho (8) meses de prisión, que al ser rebajada en ¼ por la aplicación de la figura del procedimiento abreviado queda en una pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión, pena ésta privativa de la libertad que es mayor al rango de la sentencia dictada. lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de 750 a 1000 días que equivale de tres millones setecientos cincuenta mil lempiras (L 3,750,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de quince (15) a veinte (20) y una multa de setecientos cincuenta (750) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de tres millones setecientos cincuenta mil lempiras (L 3,750,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia es menor al margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta con el nuevo código; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho a el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de marzo dos mil veinticinco (2025), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por el Magistrado Wagner Vallecillo Paredes, pronuncia, En nombre del Estado de Honduras La Sentencia que resuelve en el Recurso de Revisión Penal número SCO-0197-2022, interpuesto por el Abogado RAMÓN MATAMOROS, a favor del señor MOISES GERARDO VELASQUEZ ANDINO, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Penal de la sección Judicial de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán, de fecha nueve (09) de marzo de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual fallo: PRIMERO: CONDENANDO al encausado MOISES GERARDO VELASQUEZ ANDINO de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, como autor del delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO "AD222" a la pena principal de ONCE (11) AÑOS TRES MESES (3) DE RECLUSION, más una multa de (37.5) salarios mínimos, los que deberá cumplir en el Centro Penitenciario Nacional Marco Aurelio Soto. SEGUNDO: CONDENANDO al imputado MOISES GERARDO VELASQUEZ ANDINO, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, así como a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario por el tiempo que dure la condena. EXP.No. 310-17-J4) Son partes: 1) El abogado Ramon Matamoros en su condición de revisionista en representación de MOISES GERARDO VELASQUEZ ANDINO.2) la abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de Fiscal del ministerio público. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISION PENAL PRIMERO: Según relata el testigo protegido AD222 quien manifestó que hace más de uno llegó a su negocio un cipote trigueño, delgado de estatura mediana y le dio unos números telefónicos y le dijo que era de parte de la mara 18 y que tenía que ponerse de acuerdo para el pago.-Por lo cual procedió a llamar a uno de los números y contestándole alguien el cual se identificó de la mara 18 y que tenía que dar el impuesto de guerra por la cantidad de un mil lempiras, que ha hecho entrega por cuatro semanas, las dos primeras entregas fueron recogidas por un menor de edad y las últimas por la persona a la que detuvieron.- Sigue manifestando que siempre se le amenaza que de no entregar el dinero se le mataría a él y su familia.- El agente de investigación Isael López quien manifestó que efectivamente llegó el primero de junio del dos mil quince, el ofendido a interponer denuncia ya que estaba siendo extorsionado por la mara 18, por lo cual se estableció que el haría la entrega y siendo que el lugar donde se haría la misma es un lugar peligroso y de no muy fácil acceso como es la papas, se le sacó como a los dos billetes de quinientos el cual iban hacer entregados por el pago, una vez que el ofendido realizó el pago, a ellos llamó y les informó que había sido entregado el dinero y como iba vestido, por lo cual fue requerido e identificado como la persona que recogió el dinero, ya que se le encontró los dos billetes de quinientos y dos celulares.- Los testigos de la defensa privada de los señores Jesús Reyes Flores y Elvin Enrique Palada ellos han sido claros al manifestar que solo pueden establecer que el ahora encausado en ese lugar ya que ellos no pueden dar fe de haberlo tenido a la vista durante todo el tiempo.- Como podemos ver el ministerio público con las declaraciones rendidas por los testigos a acreditado el indicio de participación del ahora encausado ya que son las misma características mencionadas por el ofendido, asimismo él fue reconocido como la persona a la cual le hizo entrega, asimismo los testigos de la defensa privada han aportado datos relevantes como ser el lugar donde efectivamente se hizo la entrega por testigo protegido AD222 al ahora encausado. 1) Del inicio del Proceso. En fecha cuatro (04) de junio de dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal por el Juzgado de Letras Penal de la sección Judicial de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, la Abogada ANA DELIA REYES, presentando requerimiento fiscal en contra el MOISES GERARDO VELASQUEZ ANDINO, por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, en perjuicio de Testigo Protegido AD222. (Folios 2-6 del antecedente) 2) De la sentencia Condenatoria.- Que en fecha nueve (09) de marzo de dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Letras de Penal de la sección Judicial de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: “(Sic) PRIMERO: CONDENANDO al encausado MOISES GERARDO VELASQUEZ ANDINO de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, como autor del delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO "AD222" a la pena principal de ONCE (11) AÑOS TRES MESES (3) DE RECLUSION, más una multa de (37.5) salarios mínimos, los que deberá cumplir en el Centro Penitenciario Nacional Marco Aurelio Soto. SEGUNDO: CONDENANDO al imputado MOISES GERARDO VELASQUEZ ANDINO, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, así como a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario por el tiempo que dure la condena. TERCERO: Se declara la RESPONSABILIDAD CIVIL del condenado, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. CUARTO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados en el juicio. QUINTO: Una vez firme la sentencia definitiva, se ordena que se libre copia certificada de la misma al señor Director del Centro Penitenciario Nacional de Tamara; Asimismo que se libre copia certificada de dicha sentencia al Juzgado de Ejecución de esta Sección Judicial, para los efectos legales correspondientes, remítase la causa de mérito al Juzgado e Ejecución mismo que deberá ser atreves de la Unidad de Sentencias que maneja este Juzgado.- NOTIFÍQUESE ESTE FALLO A LAS PARTES INTERVINIENTES,- Redactó esta Sentencia ABOG. GORKIANA ESPINAL MONZON, - JUEZ DE LETRAS PENAL.” (Folios 74-76 vuelto del antecedente) 3) De la interposición del Recurso de Revisión penal y su admisión por la sala de lo Constitucional.- En fecha uno (01) de febrero de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado RAMÓN MATAMOROS, a favor del señor la señora, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando darle tramite de ley al Recurso Extraordinario de Revisión en el motivo señalado del articulo 96 numeral (8) de la ley sobre Justicia Constitucional, aplicando el principio de la Retroactividad de la ley penal y la multa al hoy condenado MOISES GERARDO VELASQUEZ ANDINO por ser la más favorable para su interés personal.(Folios 1-2 del recurso de mérito)4) de la celebración de la audiencia de Oposición y presentación de prueba.- En fecha veintisiete de julio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante LUIS ALONZO DISCUA CERRATO , con la comparecencia de la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO , en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado RAMÓN MATAMOROS, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor MOISES GERARDO VELASQUEZ ANDINO; El abogado Ramon Matamoros, establece que su representado: fue condenado mediante la figura simplificadora del procedimiento abreviado conforme el artículo 222 del código penal derogado, a una pena de once años tres meses de reclusión y una multa de 37.5 salarios mínimo, sin embargo el decreto 130 -2017 ley intermedia establece en el artículo 373 el delito de extorsión con una pena de diez (10) a quince (15) años y una multa de 500 a 1000, que es la pena que favorece a su representado, por lo que solicita se aplique la retroactividad de la ley penal, solicitando una pena mínima de siete (7) años seis meses y multa de 375 días en razón de veinte lempiras que equivale a siete mil quinientos lempiras.- Por su parte la El Ministerio publico a través de su representante expreso, que efectivamente el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, condenó al imputado MOISES GERARDO VELASQUEZ ANDINO en fecha, nueve (9) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), por el delito de EXTORSION, (artículo 222 numeral 1 del Código Penal decreto 144-83) a una pena de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES de reclusión y una multa de TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS como pena principal y como penas accesorias la INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena. II. ANÁLISIS JURÍDICO: Alega el recurrente en su escrito de interposición del recurso de revisión que con la entrada en vigencia del decreto 130-2017 publicado en el diario oficial la Gaceta el 10 de mayo del año 2020, en el artículo 373 se tipifica el delito de extorsión cuya pena a imponer es de 10 a 15 años de prisión y una multa de 500 a 1000 días por lo que considera debe ser revisada la sentencia condenatoria que se dictó a su representado y se aplique el principio de retroactividad de la ley penal, conforme el artículo 15 de Derechos Civiles y Políticos y, el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Esta representación del Ministerio Público, señala que a la fecha en que fue presentado el escrito de Recurso Extraordinario de Revisión Penal (1 de febrero del 2022), el artículo 373 del Código Penal vigente ya había sido reformado mediante el Decreto 93-2021 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 01 de noviembre del 2021, vigente a partir del día siguiente de su publicación, el cual señala: "Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.. debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte de una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación". El artículo 374 "AGRAVANTES ESPECIFICAS. Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) Si el culpable es miembro de un grupo delictivo organizado o se ejecuta el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado…". Conforme al fallo emitido al sentenciado se le condenó por el delito de extorsión artículo 222 del decreto 144-83 que fijaba una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las accesorias que correspondan, imponiéndole la pena concreta dentro del rango mínimo y rebajada en 4 por haberse sometido al procedimiento abreviado de lo que resultó la imposición de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES de reclusión y una multa de TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS; De los hechos probados se desprende que un joven llegó al negocio del ofendido, le dio unos números telefónicos dijo que era parte de la mara 18 que tenía que ponerse de acuerdo para el pago, llamó a uno de los números, contestó alguien el cual se identificó de la mara 18 que tenía que dar el impuesto de guerra por la cantidad de L.1,000.00 (mil lempiras), que ha hecho entrega por cuatro semanas las dos primeras entregas fue recogida por un menor de edad y las últimas por persona a la que detuvieron-. Puede verse que la descripción del tipo penal de extorsión con la reforma penal vigente encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica de la sentencia así como con la agravante específica que señala el artículo 374 del Código Penal, de haberse identificado como miembro del grupo criminal organizado denominado "mara 18", por lo cual amerita aumentar las penas a imponer en 1/3 resultando así una pena abstracta a imponer de veinte (20) a veintiséis (26) años, ocho (8) meses de prisión, que al ser rebajada en ¼ por la aplicación de la figura del procedimiento abreviado queda en una pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión, pena ésta privativa de la libertad que ésta dentro del mismo rango de la sentencia dictada. En relación a la comparación de la pena de multa, el artículo 373 del actual Código Penal impone una multa quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto que con el aumento de un 1/3 a la cifra máxima conforme a las reglas del artículo 69 del código penal vigente resulta en una multa de 1000 a 1333 días que rebajada en ¼ por haberse aplicado en procedimiento abreviado queda de 750 a 1000 días de multa. Pena que al hacer la conversión de días multa en su nivel más alto (750 días × L.5,000.00) resulta una pena de multa de L.3,750,000.00 (TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS). Al respecto véase el artículo 53 del Código Penal Vigente que refiere: "PENA DE DÍAS MULTA. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L. 5, 000.00)". En virtud de lo anteriormente expuesto y tomando en consideración Los criterios Ligados determinación de la ley penal más favorable establecidos en los artículos 53 y 616 del Código Penal, se concluye que las nuevas penas a imponer del artículo 373 del Código Penal vigente, son de mayor cuantía que las impuestas en la sentencia objeto del recurso interpuesto. III. EN CONCLUSION: El Ministerio Público considera no procedente el recurso de revisión interpuesto por el abogado defensor RAMON MATAMOROS favor del encartado MOISES GERARDO VELASQUEZ ANDINO POR NO SER aplicable en su sentido más favorable el principio de retroactividad de la ley penal vigente.” (Folios 16-18 vuelto del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Ramón Matamoros, en representación de MOISES GERARDO VELASQUEZ ANDINO como revisionista; y la abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado , en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El Abogado RAMON MATAMOROS, solicita muy respetuosamente que se Aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley Penal Al señor MOISES GERARDO VELASQUEZ ANDINO, por el delito de Extorsión, en Perjuicio de Testigo Protegido AD-222, a una pena de 11 años 3 meses y una multa de 37.5 salarios mínimos por haber aceptado la figura de procedimiento abreviado se le debe de rebajar ¼ parte de la pena y multa del Artículo 222 del Código Penal derogado. Sustituirle la pena y multa por el artículo 373 del Código Penal Decreto 130-2017 (Ley Intermedia) en donde establece que para el delito Extorsión la pena es 10-15 años una multa de 500 a 1000 días. Que lo más beneficioso para los intereses personales del condenado es la ley intermedia, en donde se solicita una pena minina de 7 años 6 meses multa de 375 días que razón de 20, equivalente 7,500 Lps.” La Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, expreso lo Siguiente: “El revisionista solicita en su petición de revisión, que se aplique retroactivamente la legislación penal vigente, a favor de su representado, por lo que del análisis comparativo de ambas leyes penales, se aprecia que el Código Penal derogado sancionaba el delito de EXTORSION en su artículo 222, con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto, más las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados. El Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) regula el delito de EXTORSIÓN en el Artículo 373 reformado que señala: “Debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; igual concurre la agravante específica que señala el artículo 374 del Código Penal, de haberse identificado como miembro del grupo criminal organizado denominado "mara 18", por lo cual amerita aumentar las penas a imponer en 1/3 resultando así una pena abstracta a imponer de veinte (20) a veintiséis (26) años, ocho (8) meses de prisión, que al ser rebajada en ¼ por la aplicación de la figura del procedimiento abreviado queda en una pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión, pena ésta privativa de la libertad que ésta dentro del mismo rango de la sentencia dictada. En cuanto a la pena principal de multa, el Código Penal Vigente dispone en el artículo 53.- PENA DE DÍAS MULTA. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, cada día tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5, 000). De las normas transcritas, se extrae que en el Código Penal vigente el delito de Extorsión contempla una pena de 15 a 20 años de prisión, la que a su vez debe ser rebajada en ¼ por la aplicación de la figura procesal del procedimiento abreviado quedando en la pena de once años tres meses, a quince años de prisión. En lo que respecta a la pena de multa, se aprecia que con la aplicación del Código Penal vigente corresponde imponer la multa de quinientos (500) a mil (1000), que con el aumento de un 1/3 a la cifra máxima conforme a las reglas del artículo 69 del código penal vigente resulta en una multa de 1000 a 1333 días que rebajada en ¼ por haberse aplicado en procedimiento abreviado queda de 750 a 1000 días de multa. Pena que al hacer la conversión de días multa en su nivel más alto (750 días × L.5,000.00) resulta una pena de multa de L.3,750,000.00 (TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS). de conformidad a los criterios establecidos el artículo 53 y 616 del nuevo Código Penal. Conforme lo antes expuesto, La fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena a imponer se encuentra dentro del mismo rango de pena abstracta entre 15 a 20 años de prisión, más la multa antes citada, de ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal, por no ser esta más benigna al condenado. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a MOISES GERARDO VELASQUEZ ANDINO, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y una multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de Extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido AD222; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado MOISES GERARDO VELASQUEZ ANDINO está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, así como con la agravante específica que señala el artículo 374 del Código Penal, de haberse identificado como miembro del grupo criminal organizado denominado "mara 18", por lo cual amerita aumentar las penas a imponer en 1/3 resultando así una pena abstracta a imponer de veinte (20) a veintiséis (26) años, ocho (8) meses de prisión, que al ser rebajada en ¼ por la aplicación de la figura del procedimiento abreviado queda en una pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión, pena ésta privativa de la libertad que es mayor al rango de la sentencia dictada. lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de 750 a 1000 días que equivale de tres millones setecientos cincuenta mil lempiras (L 3,750,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de quince (15) a veinte (20) y una multa de setecientos cincuenta (750) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de tres millones setecientos cincuenta mil lempiras (L 3,750,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia es menor al margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta con el nuevo código; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho a el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Ramón Matamoros, en favor del señor MOISES GERARDO VELASQUEZ ANDINO. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho, notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintiuno de marzo del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0197-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL