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Sentencia RP-185-24 — Registro 19705

Resumen

Se interpuso recurso de Revisión contra la sentencia condenatoria por el delito consumado de extorsión simple en perjuicio de testigo protegido AF-029, a la pena de quince años de reclusión, más multa de cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos treinta y cinco Lempiras con cincuenta centavos (L. 445,535.50 ), la pena de reclusión deberá cumplirlas en centro penitenciario ubicado en Morocelí, el Paraíso.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO OCHO (8): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a EDRAS OBED MARADIAGA ZEPEDA, las penas principales de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION y una multa de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS, CON CINCUENTA CENTAVOS (L.445,535.50), por ser autor penalmente responsable de un delito de Extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido AF-029 ; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado EDRAS OBED MARADIAGA ZEPEDA está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de Dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 la nueva pena excede por mucho el importe pecuniario impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.”

Legislación citada

  • Código Penal, art. 373 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia.-Sala de lo Constitucional Sentencia de revisión penal. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio de dos mil veinticinco (2025), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por el Magistrado Luis Fernando Padilla, pronuncia: En nombre del Estado de Honduras,La sentencia que resuelve el Recurso de Revisión Penal número SCO 0185-2024 interpuesto por el Abogado HERMES ULISES MARQUEZ ZELAYA, a favor del señor EDRAS OBED MARADIAGA ZEPEDA contra la Sentencia Condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION en fecha veinticuatro de Junio de dos mil diecinueve, en la cual falló: PRIMERO Que debemos condenar como en efecto condenamos al señor EDRAS OBED MARADIAGA ZEPEDA, cuyas generales ya han sido anteriormente detallada, a título de autor penalmente responsable del delito consumado de EXTORSIÓN SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AF-029, a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN, más multa de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (LPS 445,535.50 ), la pena de reclusión deberá cumplirlas en Centro Penitenciario ubicado en Morocelí, El Paraíso, debiéndose descontar al cómputo, desde el día que fue detenido o privado de su libertad de manera efectiva en el Centro Penal Poder Judicial Honduras respectivo y la pena de multa deberán enterarla en la Tesorería General de la republica SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al señor EDRAS OBED MARADIAGA ZEPEDA a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo que dure su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario. TERCERO: Se declara al señor EDRAS OBED MARADIAGA ZEPEDA, responsable civilmente de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito por el que es condenado. CUARTO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: No procede declarar el comiso de ningún objeto relacionado con el delito, en virtud de no haberlo solicitado por el Ministerio Público. Son partes: 1)El abogado HERMES ULISES MARQUEZ ZELAYA. En favor de EDRAS OBED MARADIAGA ZEPEDA como revisionista.2)La abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ, Fiscal del Ministerio Publico. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISION PENAL PRIMERO: Considera este Tribunal que ha quedado plenamente probado que el día martes dieciséis de Enero del año dos mil dieciocho, como a eso de las ocho y cuarenta y cinco de la mañana llegó al negocio del testigo protegido AF-029 el ahora acusado a bordo de una motocicleta color negro quien vestía un suéter negro con letras azules, pantalón jeans azul, con sandalias identificándose como miembro de la Pandilla 18, manifestándole que iba a cobrar el impuesto de guerra por la cantidad de seiscientos lempiras semanales, advirtiéndole que si se negaba lo iba a matar y a quemar su negocio, por lo que el testigo protegido le entregó la cantidad solicitada un billete de quinientos y uno de cien lempiras retirándose del lugar el encausado. El testigo protegido puso en conocimiento el hecho a los agentes de la policía preventiva de la posta policial del Durazno, brindándoles las características físicas y de vestimenta del sospechoso por lo que lo agentes como a tres cuadras del centro de trabajo del testigo protegido localizaron al imputado el cual coincidía con las descripciones que el ofendido les había brindado procediendo a detenerlo encontrándole en posesión de los seiscientos lempiras, una mochila conteniendo en su interior unos clavos y una moto en la que se conducía, procediendo a darle detención. El tribunal llega a la conclusión de tener estos hechos como probados de acuerdo a la valoración que de forma conjunta y amónica se ha realizado a la prueba aportada por ambas partes. ANTECEDENTES 1).-Del inicio del proceso penal. En fecha diecisiete (17) de enero de dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras de lo penal de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, la Abogada CESIA ESTRADA BRUNER, presentando requerimiento fiscal en contra el señor ESDRAS OBED MARADIAGA ZEPEDA por suponerlo responsable del delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AF-029. (Folios 1-4 del antecedente). 2).-De la Sentencia condenatoria Que en fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil diecinueve (2019), el Tribunal de sentencia con competencia nacional en materia de Extorsión, dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: Que debemos condenar como en efecto condenamos al señor EDRAS OBED MARADIAGA ZEPEDA, cuyas generales ya han sido anteriormente detallada, a título de autor penalmente responsable del delito consumado de EXTORSIÓN SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AF-029, a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN, más multa de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS( LPS 445,535.50 ), la pena de reclusión deberá cumplirlas en Centro Penitenciario ubicado en Morocelí, El Paraíso, debiéndose descontar al cómputo, desde el día que fue detenido o privado de su libertad de manera efectiva en el Centro Penal respectivo y la pena de multa deberán enterarla en la Tesorería General de la republica SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al señor EDRAS OBED MARADIAGA ZEPEDA a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo que dure su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario. TERCERO: Se declara al señor EDRAS OBED MARADIAGA ZEPEDA, responsable civilmente de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito por el que es condenado. CUARTO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: No procede declarar el comiso de ningún objeto relacionado con el delito, en virtud de no haberlo solicitado por el Ministerio Público. SEXTO: Que se notifique esta sentencia a las partes procesales y una vez firme se remita el expediente al Juzgado de Ejecución correspondiente, así como una copia certificada de esta sentencia a la Unidad de Antecedentes Penales y al Centro Penal donde se encuentra recluido el señor EDRAS OBED MARADIAGA ZEPEDA. (Folios 137 -143 del recurso de mérito) 3).- De la Interposición del Recurso de revisión Penal y su admisión por la Sala de lo Constitucional. Que en fecha quince de Febrero de dos mil veinticuatro, compareció ante la Sala de lo Constitucional, El Abogado HERMES ULISES MARQUEZ ZELAYA, presentando recurso de revisión penal a favor del señor EDRAS OBED MARADIAGA ZEPEDA, contra la sentencia condenatoria de fecha veinticuatro de Junio de dos mil diecinueve (24-06-2019), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-06 del recurso) 4).-De la Celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante LUIS ALONZO DISCUA CERRATO, con la comparecencia de la abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado HERMES ULISES MASQUEZ ZELAYA actuando en su condición de Apoderado Legal del señor EDRAS OBED MARADIAGA ZEPEDA; El Ministerio Público consideró: Después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, de conformidad a las disposiciones vigentes contenidas en el nuevo Código Penal, el cual es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a Su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)..., 2)..., 3) .., 4).,5).., 6) ... 7) ...,8) Proceda la Aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna," relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal. De la revisión de ambas leyes penales se aprecia que el delito de EXTORSION por el cual se condenó al señor EDRAS OBED MARADIAGA ZEPEDA, según lo regulado en el artículo 222 del Código Penal derogado, que establecía una pena de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta une más las accesorias que correspondan: mientras que el Código Penal Vigente sanciona esa misma figura delictiva en el artículo 373, reformado a través del Decreto 93-2021, con la misma pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y MULTA DE QUINIENTOS (500) A MIL (1000) DÍAS EN SU NIVEL MÁS ALTO, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados, si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. Por otra parte, el Código Penal Vigente dispone en el artículo 53.- PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5,000), que resultara del estudio Socio Económico realizado por parte del Consejo Técnico del Centro Penitenciario por medio de la trabajadora social. Conforme 10 antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 616 párrafo cuarto del referido Código, en cuanto señala que cuando se trata de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho fuera también imponible con arreglo al presente Código; tal como acontece en el caso de impuesta al sentenciado conforme la legislación derogada se encuentra dentro del mismo rango de pena abstracta imponible al delito de Extorsión con arreglo al Código Penal vigente, sumado al hecho que la pena de multa se vuelve más onerosa para el encausado; por lo que el Ministerio Público es de la opinión que se mantenga la pena impuesta al hoy condenado. Por lo que esta representación fiscal, es del criterio que no resulta procedente lo solicitado por el revisionista, en tanto que las disposiciones contenidas en las reformas del Código Penal Vigente, respecto al marco punitivo aplicable al delito de Extorsión, no resulta más beneficiosa para el sentenciado, por lo que no concurre la causal contenida en los artículos 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios 20-25 vuelto del recurso de mérito FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.CONSIDERANDO DOS (2):Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales de la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos de las partes en audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha veintiuno de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), con la comparecencia de la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado HERMES ULISES MARQUEZ ZELAYA, actuando en su condición de revisionista en favor del señor EDRAS OBED MARADIAGA ZEPEDA; El abogado Márquez Zelaya fundó su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la ley sobre Justicia Constitucional, solicitando se aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley Penal al señor EDRAS OBED MARADIAGA ZEPEDA, quien fue condenado por el delito de Extorsión Simple, en Perjuicio del Testigo Protegido AF-029, a una pena de quince (15) años de reclusión y una multa de 445,535.50 Lempiras, de conformidad al artículo 222 del Código Penal derogado, Solicitando la pena y multa señalada en el artículo 373 del Código Penal Decreto 130-2017 (Ley Intermedia) en donde establece que para el delito Extorsión la pena es 10-15 años una multa de 500 a 1000 días; solicitando la pena mínima en virtud de no concurrir agravante especificas del artículo 374 del código penal vigente, siendo lo más beneficioso en favor de su representado.La representante del Ministerio Público consideró: “… que de la revisión de ambas leyes penales se determina que la sanción correspondiente al delito de Extorsión simple conforme al artículo 222 del código penal derogado era una pena de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos más las penas accesorias; mientras que el Código Penal Vigente sanciona esa misma figura delictiva en el artículo 373, reformado a través del Decreto 93-2021, con la misma pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y MULTA DE QUINIENTOS (500) A MIL (1000) DÍAS EN SU NIVEL MÁS ALTO, Por otra parte, el Código Penal Vigente dispone en el artículo 53.- PENA DE DÍAS MULTA. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5,000), que resultara del estudio Socio Económico realizado por parte del Consejo Técnico del Centro Penitenciario por medio de la trabajadora social; Conforme lo antes expuesto, estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 616 párrafo cuarto del referido Código, en cuanto señala que cuando se trata de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho fuera también imponible con arreglo al presente Código; tal como acontece en el caso de impuesta al sentenciado conforme la legislación derogada se encuentra dentro del mismo rango de pena abstracta imponible al delito de Extorsión con arreglo al Código Penal vigente, sumado al hecho que la pena de multa se vuelve más onerosa para el encausado; por lo que el Ministerio Público es de la opinión que se mantenga la pena impuesta al hoy condenado. CONSIDERANDO CINCO (5): Reglas de ponderación aplicables. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro. CONSIDERANDO OCHO (8): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a EDRAS OBED MARADIAGA ZEPEDA, las penas principales de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION y una multa de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS, CON CINCUENTA CENTAVOS (L.445,535.50), por ser autor penalmente responsable de un delito de Extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido AF-029 ; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito.La conducta por la cual fue condenado EDRAS OBED MARADIAGA ZEPEDA está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de Dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 la nueva pena excede por mucho el importe pecuniario impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado HERMES ULISES MARQUEZ ZELAYA, en favor del señor EDRAS OBED MARADIAGA ZEPEDA. Y MANDA: Que la secretaria del despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho corresponda. Notifíquese. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de septiembre de dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha dos de junio de dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Revisión Penal Registrado en este Tribunal con el número SCO-0185-2024.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL