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Sentencia RP-1807-22 — Registro 19893

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria por los delitos de posesión ilegal de arma de fuego comercial en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras, y por el delito de encubrimiento en perjuicio de la administración pública.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Francis Daniel Erazo Castellanos y Carlos Alberto Quintanilla Girón, las penas de tres (3) años de reclusión, por cada uno de los delitos de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial y Encubrimiento. En cuanto al delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial, esta conducta está penalizada en el código penal vigente, en el artículo 580.1.3 “la pena es de 1 a 4 años de prisión y localización permanente de hasta 2 años, si se trata de armas permitidas y las artesanales, pero se aumenta en 1/3 cuando se porten ese tipo de armas”, resultando con el nuevo código penal una pena abstracta de 4 a 5 años, 4 meses de prisión. 2. El artículo 616.1 del código penal vigente establece “Para determinar cuál sea la ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogadas y de la que entra en vigor”. En el presente caso, la pena impuesta a los condenados por el delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial, fue de 3 años de reclusión y el actual código penal establece una pena abstracta de 4 a 5 años, 4 meses de prisión, por el aumento de 1/3 por el porte, por lo que la nueva pena no resulta más favorable, razón por la cual, no procede aplicar el artículo 96 constitucional. Otro aspecto a tomar en cuenta es, que no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos normas, tomando en cuanta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que le perjudique. 3. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Francis Daniel Erazo Castellanos y Carlos Alberto Quintanilla Girón, las penas de tres (3) años de reclusión, por cada uno de los delitos de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial y Encubrimiento. En cuanto al delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial, esta conducta está penalizada en el código penal vigente, en el artículo 580.1.3 “la pena es de 1 a 4 años de prisión y localización permanente de hasta 2 años, si se trata de armas permitidas y las artesanales, pero se aumenta en 1/3 cuando se porten ese tipo de armas”, resultando con el nuevo código penal una pena abstracta de 4 a 5 años, 4 meses de prisión. 2. El artículo 616.1 del código penal vigente establece “Para determinar cuál sea la ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogadas y de la que entra en vigor”. En el presente caso, la pena impuesta a los condenados por el delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial, fue de 3 años de reclusión y el actual código penal establece una pena abstracta de 4 a 5 años, 4 meses de prisión, por el aumento de 1/3 por el porte, por lo que la nueva pena no resulta más favorable, razón por la cual, no procede aplicar el artículo 96 constitucional. Otro aspecto a tomar en cuenta es, que no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos normas, tomando en cuanta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que le perjudique. 3. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Francis Daniel Erazo Castellanos y Carlos Alberto Quintanilla Girón, las penas de tres (3) años de reclusión, por cada uno de los delitos de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial y Encubrimiento. En cuanto al delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial, esta conducta está penalizada en el código penal vigente, en el artículo 580.1.3 “la pena es de 1 a 4 años de prisión y localización permanente de hasta 2 años, si se trata de armas permitidas y las artesanales, pero se aumenta en 1/3 cuando se porten ese tipo de armas”, resultando con el nuevo código penal una pena abstracta de 4 a 5 años, 4 meses de prisión. 2. El artículo 616.1 del código penal vigente establece “Para determinar cuál sea la ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogadas y de la que entra en vigor”. En el presente caso, la pena impuesta a los condenados por el delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial, fue de 3 años de reclusión y el actual código penal establece una pena abstracta de 4 a 5 años, 4 meses de prisión, por el aumento de 1/3 por el porte, por lo que la nueva pena no resulta más favorable, razón por la cual, no procede aplicar el artículo 96 constitucional. Otro aspecto a tomar en cuenta es, que no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos normas, tomando en cuanta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que le perjudique. 3. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Francis Daniel Erazo Castellanos y Carlos Alberto Quintanilla Girón, las penas de tres (3) años de reclusión, por cada uno de los delitos de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial y Encubrimiento. En cuanto al delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial, esta conducta está penalizada en el código penal vigente, en el artículo 580.1.3 “la pena es de 1 a 4 años de prisión y localización permanente de hasta 2 años, si se trata de armas permitidas y las artesanales, pero se aumenta en 1/3 cuando se porten ese tipo de armas”, resultando con el nuevo código penal una pena abstracta de 4 a 5 años, 4 meses de prisión. 2. El artículo 616.1 del código penal vigente establece “Para determinar cuál sea la ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogadas y de la que entra en vigor”. En el presente caso, la pena impuesta a los condenados por el delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial, fue de 3 años de reclusión y el actual código penal establece una pena abstracta de 4 a 5 años, 4 meses de prisión, por el aumento de 1/3 por el porte, por lo que la nueva pena no resulta más favorable, razón por la cual, no procede aplicar el artículo 96 constitucional. Otro aspecto a tomar en cuenta es, que no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos normas, tomando en cuanta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que le perjudique. 3. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada Miryan Ivone Palomo Nuñez, a favor de los señores Francis Daniel Erazo Castellanos y Carlos Alberto Quintanilla Girón, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha cinco de junio de dos mil diecinueve, con relación a la causa que se instruyó contra el señor FRANCIS DANIEL ERAZO CASTELLANOS y CARLOS ALBERTO QUINTANILLA GIRON, por haber sido condenados por los delitos de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, y por el delito de ENCUBRIMIENTO en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL “PRIMERO: El día domingo trece de diciembre de dos mil quince en horas de la madrugada, personas desconocidas, cortaron l acerca perimetral de alambre de la hacienda propiedad del señor Miguel Ángel Pinto Vargas, ubicada en la Aldea Monterrey, municipio de Choloma, e ingresaron a la misma, de donde se llevaron varios cerdos de engorde y una bomba de agua, marchándose del lugar con rumbo desconocido. SEGUNDO: A la una y treinta de la tarde, de ese mismo día, Agentes de la Policía Nacional, realizaban patrullaje de rutina, cuando encontraron en el lugar conocido como Las delicias de ese mismo sector de Monterrey, a los señores FRANCIS DANIEL ERAZO CASTELLANOS Y CARLOS ALBERTO QUINTANILLA, a quienes les practicaron un registro encontrándoles unos sacos en las que portaban varios cerdos de engorde y una bomba de agua, mismos que habían sido sustraídas de la propiedad del señor Pinto Vargas, dos armas de fuego tipo pistolas, una 357 y una 38 mm, así como también un arma de fabricación casera simulando un fusil, apto para disparar proyectiles 30 gauge,0 0sin que hubiesen justificado el haber adquirido legalmente los cerdos y la bomba, conociendo su origen irregular, al igual que las armas precitadas sin documentación alguna, siendo puestos a disposición de la autoridad competente. ”ANTECEDENTES1)En fecha catorce (14) de diciembre de dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, el abogado Delcides Martínez Acosta, presentando requerimiento fiscal en contra los señores FRANCIS DANIEL ERAZO CASTELLANOS Y CARLOS ALBERTO QUINTANILLA GIRON, por suponerlo responsable del delito de ENCUBRIMIENTO Y POSESION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, RESPECTIVAMENTE. (Folios 1-3 del antecedente).2)Que en fecha cinco (05) de junio de dos mil diecinueve (2019), el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: ……. SEGUNDO: ………… TERCERO: ….. CUARTO: ….: QUINTO: CONDENAR al señor CARLOS ALBERTO QUINTANILLA por el delito de POSESION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, imponiéndose una pena de TRES AÑOS DE RECLUSION. SEXTO: Se condena al señor FRANCIS DANIEL ERAZ CASTELLANOS por un delito de POSESION ILEGAL DE ARM COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DE ESTADO DE HONDURAS, imponiéndose una pena de TRES AÑO DE RECLUSION SEPTIMO: CONDENAR al señor CARLOS ALBERTO QUINTANILLA por el delito de ENCUBRIMIENTO en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, imponiéndose una pena de TRES AÑOS DE RECLUSION, HACIENDO UN TOTAL DE SEIS AÑOS DE RECLUSION POR AMBOS DELITOS, más las penas de inhabilitación absoluta e interdicción civil. OCTAVO: CONDENAR al señor FRANCIS DANIEL ERAZO CASTELLANOS por el delito de ENCUBRIMIENTO en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, imponiéndose una pena de TRES AÑOS DE RECLUSION, HACIENDO UN TOTAL DE SEIS AÑOS DE RECLUSION POR AMBOS DELITOS, más la pena de Inhabilitación absoluta e interdicción civil. NOVENO: …… DECIMO: ….. ONCEAVO: …..” (Folios 218-223 vuelto del antecedente)3)En fecha quince (15) de diciembre de dos mil veintidós, esta Sala, tuvo por recibido el recurso de Revisión Penal, interpuesto por la abogada Miryan Ivone Palomo Nuñez, a favor de los señores FRANCIS DANIEL ERAZO CASTELLANOS Y CARLOS ALBERTO QUINTANILLA GIRON, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando se individualice la pena concreta en base a la pena abstracta a imponer y descrita en el código penal vigente, mediante Decreto 130-2017 y en definitiva se mande a practicar y reformar un nuevo cómputo de pena con la individualización solicitada y conforme a la ley vigente antes descrita.(Folios 1-4 del recurso de mérito).4)En fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, con la comparecencia de la abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la abogada Miryan Ivone Palomo Nuñez, actuando en su condición de Apoderado Legal de los señores FRANCIS DANIEL ERAZO CASTELLANOS Y CARLOS ALBERTO QUINTANILLA GIRON; II. APRECIACIÓN JURÍDICA: Esta representación del Ministerio Público al examinar las presentes diligencias se extrae que condenó FRANCIS DANIEL ERAZO CASTELLANOS Y CARLOS ALBERTO QUINTANILLA GIRON por los delitos de POSESION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS a la pena de TRES (03) AÑOS Y POR EL DELITO DE ENCUBRIMIENTO a la pena de TRES(03) AÑOS, más las penas accesorias de interdicción civil e inhabilitación absoluta, sin embargo los condenados se encuentran con orden de captura pendiente, como se colige del informe enviado por el Juzgado de Ejecución, 10 que representa una franca contravención a la garantía de ejecución de la pena, ya que la responsabilidad penal fue declarada como consecuencia derivada de la comisión de un hecho contrario al orden jurídico, de lo cual se infiere que la lesión generada al bien protegido y que ha sido infringido conlleva una sanción por el daño ocasionado a la víctima del hecho ilícito, la que en este caso ha sido incumplida por el condenado y que deviene en la obligación legal de cumplir con la pena impuesta en dicha sentencia condenatoria, sino dicho fallo condenatorio se convertiría en una simple declaración formal debidamente carente de seguridad jurídica de legítimo realizar propósito del proceso penal consistente en el aseguramiento del imputado al juicio y al cumplimiento de una condena. De lo expuesto debemos resaltar que el Principio de Retroactividad de la Ley Penal ha sido creado atendiendo una serie de principios orientados a la protección de aquellos que han sido sentenciados y cumpliendo condena por la comisión de delitos o que están siendo sometidos en el proceso penal, lo cual, no ocurre en el caso de autos, al encontrarse los sentenciados con orden de captura pendiente, circunstancia que imposibilita contar con el Cómputo de Pena, como lo ha dejado plasmado el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, mediante auto de fecha doce (12) de mayo del presente año (folio 251 de la pieza principal), por ende no se ha determinado la fecha de efectiva prisión, si no ha sido procesada y/o condenada por otros delitos, por lo que esta representación fiscal, es de la opinión que en el caso sub-examine, no es procedente la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal, preceptuado en el artículo 96, constitución de la República, que reza: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado." De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de Retroactividad de la Ley Penal. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de Revisión, en los términos supra señalados.” (Folios 20-22 vuelto del recurso de mérito).FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República, prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de Revisión Penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal, se celebró en fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la abogada Miryan Ivone Palomo Nuñez, a favor de los señores Francis Daniel Erazo Castellanos y Carlos Alberto Quintanilla Giron, como revisionista; y, la abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. La abogada Miryan Ivone Palomo Nuñez, solicita, la revisión de la pena y que se aplique el principio de Retroactividad de la Ley, tomando en cuenta las nuevas penas vigente en el Decreto 130-2017, en base al artículo 96 de la constitución, se solicita la retroactividad de la ley, siempre que favorezca al reo, por lo que se solicita la revisión de las penas. Por su parte, el Ministerio Público estima, que las disposiciones contenidas en el actual código penal, son más favorables al sentenciado; por lo que solicita que se otorgue la revisión solicitada.CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Francis Daniel Erazo Castellanos y Carlos Alberto Quintanilla Giron, las penas de tres (3) años de reclusión, por cada uno de los delitos de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial y Encubrimiento. En cuanto al delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial, esta conducta está penalizada en el código penal vigente, en el artículo 580.1.3 “la pena es de 1 a 4 años de prisión y localización permanente de hasta 2 años, si se trata de armas permitidas y las artesanales, pero se aumenta en 1/3 cuando se porten ese tipo de armas”, resultando con el nuevo código penal una pena abstracta de 4 a 5 años, 4 meses de prisión. 2. El artículo 616.1 del código penal vigente establece “Para determinar cuál sea la ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogadas y de la que entra en vigor”. En el presente caso, la pena impuesta a los condenados por el delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial, fue de 3 años de reclusión y el actual código penal establece una pena abstracta de 4 a 5 años, 4 meses de prisión, por el aumento de 1/3 por el porte, por lo que la nueva pena no resulta más favorable, razón por la cual, no procede aplicar el artículo 96 constitucional. Otro aspecto a tomar en cuenta es, que no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos normas, tomando en cuanta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que le perjudique. 3. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Código Penal reformado en el artículo 373 por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021. Artículo 616 del código penal vigente. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada Miryan Ivone Palomo Nuñez, en favor de los señores FRANCIS DANIEL ERAZO CASTELLANOS Y CARLOS ALBERTO QUINTANILLA GIRON. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Wagner Vallecillo- Notifíquese. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de septiembre de dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha dos de junio de dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Revisión Penal Registrado en este Tribunal con el número SCO-1807-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL