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Sentencia RP-1788-22 — Registro 19892

Resumen

Se interpuso recurso de Revisión por suponerlo responsable del delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido “AVE”.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (5): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso al señor Carlos Ariel Carbajal Enamorado a la pena principal de quince (15) años de reclusión mas una pena de multa de 50 salarios mínimos como autor del delito de extorsión en perjuicio de Testigo Protegido Ave; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. La conducta por la cual fue condenado el señor Carlos Ariel Carbajal Enamorado, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen abstracto de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia, y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 excede por mucho el importe pecuniario impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. Es importante además señalar que la Sala de lo Constitucional tiene como criterio jurisprudencial consolidado que una vez iniciado un trámite de revisión en materia penal, al momento de aplicar las normas penales a la sustanciación del recurso, se deberá observar la norma que fue invocada por el revisionista y que al momento de peticionar estaba en vigencia; asimismo, al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso), y en el caso de que en el lapsus de presentación del recurso y la emisión de la resolución final, la norma invocada por el revisionista fuese derogada o reformada, se tomará en consideración la más benigna, ya que el cambio de circunstancias es por causas ajenas al peticionario. Ello atendiendo el mandato constitucional que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado, así como también bajo la órbita del principio pro homine, ampliamente reconocido por la Sala de lo Constitucional, cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, el juez deberá preferir aquella que contenga mejores protecciones o que sean más favorables para el individuo. (Ver sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional en los expedientes SCO-568-2020, SCO-599-2020, SCO-629-2020, SCO-652-2020, SCO-718-2020, SCO-760-2020, SCO-1094-2020, SCO-148-2021, SCO-374-2021, SCO-392-2021, SCO-503-2021, SCO-620-2021, SCO-796-2021, SCO-805-2020, SCO-850-2020; entre otras). Este criterio definido anteriormente no es aplicable al caso presente, puesto que la garantía constitucional de revisión penal fue promovida por el Abogado Víctor Alexis Andino Quiroz, en favor del señor Carlos Ariel Carbajal Enamorado, el 12 de diciembre de 2022, fecha en la cual ya se encontraba en vigencia el Decreto Legislativo No. 93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del NCP 130-2017 y que aumenta la pena para el delito de extorsión a prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, más las penas accesorias y las consecuencias penales derivadas del delito. Es decir, no existe conflicto respecto a determinar cuáles son las leyes penales que deban compararse para efectos de realizar el análisis jurídico de retroactividad de la ley penal. Asimismo, se aprecia que el Juzgado de Ejecución Penal de Tegucigalpa, en audiencia de libertad condicional de fecha veinte de noviembre de dos mil veinte declara con lugar la solicitud de libertad condicional y conmuta de la pena de multa por trabajo comunitario en beneficio del señor Carlos Ariel Carbajal Enamorado; decisión que fue apelada por el Ministerio Público y la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán en fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno declaró ha lugar dicho recurso de apelación y revocó la sentencia apelada por estimar que el juez aplicó al imputado dos beneficios contenidos en distintas normativas penales; una derogada (artículo 53) y otra vigente (artículo 81); la primera relativa al beneficio de sustitución de la pena de multa por trabajo comunitario, el cual realizaría por el término de un año con ocho horas diarias de servicio, de lunes a viernes por los cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos setenta lempiras (L.439,470.00) correspondientes a la multa de cincuenta salarios mínimos impuesta como pena multa; la segunda norma aplicada es la correspondiente al beneficio de libertad condicional concedido de acuerdo al artículo 81 del Código Penal vigente; por tanto, se observa que el juez efectivamente aplicó de manera fragmentada la ley y concedió al penado beneficios contendidos tanto en la ley penal derogada como en la ley penal vigente y en consecuencia el Juzgado de Ejecución Penal del departamento de Francisco Morazán revocó el beneficio de libertad condicional y conmuta por trabajo comunitario que le fuera otorgado al señor Carlos Ariel Carbajal Enamorado y ordena emitir orden de captura en su contra.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

...Es decir, no existe conflicto respecto a determinar cuáles son las leyes penales que deban compararse para efectos de realizar el análisis jurídico de retroactividad de la ley penal. Asimismo, se aprecia que el Juzgado de Ejecución Penal de Tegucigalpa, en audiencia de libertad condicional de fecha veinte de noviembre de dos mil veinte declara con lugar la solicitud de libertad condicional y conmuta de la pena de multa por trabajo comunitario en beneficio del señor Carlos Ariel Carbajal Enamorado; decisión que fue apelada por el Ministerio Público y la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán en fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno declaró ha lugar dicho recurso de apelación y revocó la sentencia apelada por estimar que el juez aplicó al imputado dos beneficios contenidos en distintas normativas penales; una derogada (articulo 53) y otra vigente (articulo 81); la primera relativa al beneficio de sustitución de la pena de multa por trabajo comunitario, el cual realizaría por el término de un año con ocho horas diarias de servicio, de lunes a viernes por los cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos setenta lempiras (L.439,470.00) correspondientes a la multa de cincuenta salarios mínimos impuesta como pena multa; la segunda norma aplicada es la correspondiente al beneficio de libertad condicional concedido de acuerdo al artículo 81 del Código Penal vigente; por tanto, se observa que el juez efectivamente aplicó de manera fragmentada la ley y concedió al penado beneficios contendidos tanto en la ley penal derogada como en la ley penal vigente y en consecuencia el Juzgado de Ejecución Penal del departamento de Francisco Morazán revocó el beneficio de libertad condicional y conmuta por trabajo comunitario que le fuera otorgado al señor Carlos Ariel Carbajal Enamorado y ordena emitir orden de captura en su contra."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo y Resolución que literalmente dice.”. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de marzo de dos mil veinticinco.- VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el VICTOR ALEXIS ANDINO QUIROZ, a favor del señor CARLOS ARIEL CARBAJAL ENAMORADO, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha once (11) de diciembre de dos mil catorce(2014), con relación a la causa que se instruyó contra el señor CARLOS ARIEL CARBAJAL ENAMORADO, por haber sido condenado por el delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido “AVE”. (EXP. N0.246-2014). A N T E C E D E N T E S.- 1) En fecha dieciséis (16) de enero de dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras penal de la sección judicial de Tegucigalpa, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, el Abogado DAVID RODRIGUEZ CERROS, presentando requerimiento fiscal en contra el señor CARLOS ARIEL CARBAJAL ENAMORADO, por suponerlo responsable del delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido “AVE”. (Folios 2-6 del antecedente).- 2) Que en fecha once (11) de diciembre de dos mil veintidós (2022), TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: CONDENAR al acusado CARLOS ARIEL CARBAJAL ENAMORADO de generales anteriormente descritas, como autor responsable de un delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AVE, por lo que se le impone la pena de quince (15) años de reclusión y multa de cincuenta (50) salarios mínimos. SEGUNDO: Se le impone a la vez la pena de INHABILITACIÓN ABSOLUTA durante el tiempo de duración de la pena de reclusión por el cual se le condena. TERCERO: Se declara responsable civilmente al acusado CARLOS ARIEL CARBAJAL ENAMORADO como consecuencia de su responsabilidad penal apreciada por este Tribunal en la presente sentencia, por lo que deberá restituir al testigo protegido la cantidad entregada por el mismo, o en su defecto indemnizar al testigo protegido los perjuicios que haya ocasionado su acción por la cual se le condena. CUARTO: Se declara no ha lugar la condena del señor CARLOS ARIEL CARBAJAL ENAMORADO al pago de costas procesales y/o personales. NOTIFÍQUESE la presente sentencia a las partes procesales.” (Folios 117-119 vuelto del antecedente).- 3) En fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado VICTOR ALEXIS ANDINO QUIROZ, a favor del señor CARLOS ARIEL CARBAJAL ENAMORADO, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando se individualice la pena concreta en base a la pena abstracta del decreto 130-2017 consistente en el código penal vigente y en definitiva se resuelva de conformidad a derecho (Folios 1-5 del recurso de mérito).- 4) En fecha diecinueve de junio de dos mil veinticuatro, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante JOSE RICARDO PINEDA MEDINA, con la comparecencia de la Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA , en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado, VICTOR ALEXIS ANDINO FIGUEROA actuando en su condición de Apoderado Legal del señor CARLOS ARIEL CARBAJAL ENAMORADO; El Ministerio Público consideró: ANTECEDENTE: La constituye la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en fecha once (11) de diciembre del año dos mil catorce (2014), mediante la cual se condenó al señor CARIOS ARIEL CARBAJAL ENAMORADO por el delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AVE a una pena de QUNCE (15) años de reclusión y Multa de CINCUENTA (50 SALARIOS MINIMOS EQUIVALENTES A CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEV MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L.439,470.00) más penas accesorias. II. APRECIACION JURÍDICA: Que la causal revisión invocada por el revisionista se encuentra contentivo en el numeral 8) del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia constitucional, que dispone: Las sentencias firmes podrán revisadas en cualquier tiempo por la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor condenado en cualquiera de los casos siguientes cuando 1)..2) ..., 3) ..., 4) ..., 5)..., 6) .., 7) ..., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna; así como el principio constitucional contenido en el artículo 96 de la constitución de la República por considerar que las disposiciones contenidas en el nuevo Código Penal son más favorables a Su representado. Esta representación del Ministerio Público al examinar las presentes diligencias se extrae que efectivamente el señor CARLOS ARIEL CARBAJAL ENAMORADO fue condenado por el delito antes citado, sin embargo éste se encuentra con orden de captura pendiente como se colige de la nota de fecha 16 de noviembre del 2021, al revocarle el beneficio de Libertad Condicional y Conmuta, de tal manera que al no encontrarse habido, lo peticionado representa una franca contravención a lo que establece la condena impuesta en la sentencia que hoy se pretende rever y consecuentemente contraviene la garantía de ejecución de pena, ya que la responsabilidad penal fue declarada como consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho contrario al orden jurídico, de lo cual se infiere que la lesión generada al bien jurídico protegido y que ha sido infringido conlleva una sanción por el daño ocasionado a las víctimas de un hecho ilícito que en este caso ha sido incumplida por el condenado y que deviene en la obligación legal de cumplir con la pena impuesta en dicha sentencia condenatoria, sino dicho fallo se convertiría en una simple declaración formal carente de seguridad jurídica y de realizar debidamente el legítimo propósito del proceso penal consistente en el aseguramiento del imputado al juicio y al cumplimiento de una condena. De lo expuesto debemos resaltar que el Principio de retroactividad de la Ley Penal ha sido creado atendiendo una serie de principios orientados a la protección de aquellos que han sido sancionados por la comisión de delitos o que están siendo sometidos a procesos penales, lo cual, no ocurre en el caso de autos en vista que el sentenciado no se encuentra cumpliendo la pena impuesta. Por lo que esta representación fiscal es de la opinión que en el caso sub -examine que no es procedente la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República, que reza: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.". De ahí que se estime que peticionado por el revisionista no se encuentra conforme Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 9 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal. III.OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” (Folios 22-24 vuelto del recurso de mérito).- CONSIDERANDO (1): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. .- CONSIDERANDO (2): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” .- CONSIDERANDO (3): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Víctor Alexis Andino Quiroz, en representación del señor CARLOS ARIEL CARBAJAL ENAMORADO, como revisionista; y, la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El abogado Víctor Alexis Andino Quiroz funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor de los condenados cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. En síntesis, solicita que se declare con lugar el recurso de revisión penal interpuesto a favor del señor Carlos Ariel Carbajal Enamorado, a quien el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa lo encontró responsable del delito de extorsión, imponiendo para ello con la norma ya derogada (Decreto 144-83), una pena de quince años de reclusión más una multa de cincuenta salarios mínimos, y siendo que ha entrado en vigencia una nueva normativa penal bajo decreto 130-2017, la cual es más beneficiosa para el referido señor; en base a lo que establece el articulo 373 del mismo cuerpo legal, que contiene una pena de 10 a 15 años de prisión mas una multa de 500 a 1000 días que puede ser a razón de veinte lempiras por día, esta defensa solicita una pena concreta y en base a lo que establece el articulo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, asimismo en base a lo que establece el articulo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, solicito un pena de diez años de prisión mas una multa de diez mil lempiras; recalcando que la causa fue llevaba mediante estricta conformidad tal como lo manda el Código Procesal Penal en su artículo 322. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que el revisionista invoca la causal contenida en el numeral 8 del articulo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, así como en el artículo 96 de la Constitución de la República, por considerar que las disposiciones contenidas en el nuevo Código Penal son mas favorables a su representado. Que al examinar las diligencias se extrae que efectivamente el señor Carlos Ariel Carbajal Enamorado fue condenado por el delito de extorsión continuada; sin embargo, este se encuentra con orden de captura pendiente como se colige de la nota de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, al revocarle el beneficio de libertad condicional y conmuta, de tal manera que al no encontrarse habido, lo peticionado representa una franca contravención a lo que establece la condena impuesta en la sentencia que hoy se pretende rever; consecuentemente contraviene la garantía de ejecución de pena, ya que la responsabilidad penal fue declarada como consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho contrario al orden jurídico, de lo cual se infiere que la lesión generada al bien jurídico protegido y que ha sido infringido, conlleva una sanción por el daño ocasionado a las victimas de un hecho ilícito, que en este caso ha sido incumplida por el condenado y que deviene en la obligación legal de cumplir con la pena impuesta en dicha sentencia condenatoria, sino dicho fallo se convertiría en una simple declaración formal carente de seguridad jurídica y de realizar debidamente el debido propósito del proceso penal consistente en el aseguramiento del imputado al juicio y al cumplimiento de la condena. Se debe resaltar que el principio de retroactividad de la ley penal ha sido creado atendiendo una serie de principios orientados a la protección de aquellos que han sido sancionados por la comisión de delitos o que están siendo sometidos a procesos penales, lo cual, no ocurre en el caso de autos, puesto que el sentenciado no se encuentra cumpliendo la pena impuesta; por lo que, en el caso sub-examine no es procedente la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal y se estima que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a lo que dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en consecuencia, el Ministerio Público se pronuncia porque no se otorgue la presente acción de revisión en los términos supra señalados.- CONSIDERANDO (4): Del principio de legalidad y de las reglas generales y particulares de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. * Del principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 11.2), en la Declaración de los derechos y Deberes del Hombre (artículos 5 y 15), en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (artículo 9), en el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (artículos 6, 9 y 14), en el Código de Conducta Para Funcionarios Encargados de Hacer y Cumplir la Ley (artículo 1), así como en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades y la Carta Africana Sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. De igual modo, en la Constitución de la República de Honduras se establece en el artículo 84 que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. El Principio de Legalidad exige del legislador: a. Que formule las descripciones del delito del modo más preciso posible (Nullum crimen sine lege certa), y, b. Que las leyes no tengan efecto retroactivo (nullum crimen sine lege praevia), salvo cuando le sea más favorable al procesado o condenado. Por otra parte, exige del juzgador: a. Que sus condenas se basen en la ley escrita y no en el derecho consuetudinario (nullum crimen sine lege scripta) y, b. Que no amplíe la ley escrita en perjuicio del afectado (nullum crimen sine lege stricta), la llamada prohibición por analogía. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley que regula las mismas situaciones que la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría a su arbitrio contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad son: a. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; b. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o, c. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más favorable no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. En el texto del artículo 96 de la Constitución Política se establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente al momento del hecho; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior y por la cual estaba siendo juzgada o por la cual fue condenada la persona; y, c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; y, c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo, no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales en los siguientes casos: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. * Casos en que no procede la ponderación de norma penal más favorable. El nuevo Código Penal prevé una serie de prohibiciones respecto a la ponderación de la norma más favorable y, en su caso, la aplicación retroactiva de la norma penal sustantiva más favorable. Dichas prohibiciones son: a. Penas ejecutadas (artículo 622): No se hará revisión de penas ejecutadas completamente, salvo para efectos de alegar inexistencia de reincidencia en un nuevo proceso penal; b. Penas a cumplir en vacancia legal (artículo 622): No se hará revisión de las penas cuya fecha de cumplimiento este dentro del periodo de vacancia legal del cp-130-2017; c. Suspensión de la pena y libertad condicional (artículo 618): no se hará revisión de penas suspendidas condicionalmente y penas de personas en libertad condicional conforme el VCP 144-1983, salvo reactivación de la pena por incumplimiento del beneficio; y, d. Responsabilidad civil derivada del delito (artículo 626): La despenalización del delito no afectará los procesos pendientes y los pronunciamientos firmes respecto a la responsabilidad civil derivada. * Reglas generales de ponderación El Código Penal 130-2017 prevé una serie de reglas generales que deben de observarse en el proceso de ponderación ya sea en primera instancia como en la resolución de recursos devolutivos. Dichas reglas generales son: a) Proceso contradictorio: El proceso de ponderación debe de realizarse de manera contradictoria; el artículo 616 indica que es obligatorio emplazar siempre a la persona procesada o condenada, así como a las demás partes, para la celebración de una audiencia que tenga tal efecto. Es excepción de esto los procesos que se encuentren en trámite de un recurso devolutivo, cuyo emplazamiento este hecho por la ley al disponerse la presentación de un escrito supletorio; b) Prohibición de fragmentación: El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (artículo 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera confrontación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 versus todas las normas del Código 130-2017; c) Penas conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (artículo 617 NCP); d) Extinción de la pena por cumplimiento: El artículo 621 indica que el juzgado de ejecución deberá de declarar extinguida la pena y ordenará la libertad inmediata de la persona cuando conforme el NCP144-83 haya cumplido una pena superior a la que señala para ese mismo delito por el NCP130-2017. Es pues que el supuesto requiere: i. Identidad en el tipo de Pena entre ambos cuerpos normativos; y ii. Que se trate de penas no concursadas. Cuando no se cumplan estas dos reglas se deberá de seguir con el procedimiento respecto a penas de distinta naturaleza o penas concursadas; e) Atipicidad: De acuerdo con el párrafo segundo del artículo 615 del NCP, los hechos tipificados como delitos en el VCP pero que no encuentren su réplica en la nueva codificación, deben de motivar el dictado de un sobreseimiento definitivo en las causas penales activas y la declaratoria de cesación de cumplimiento de pena en las sentencias condenatorias firmes que se estén ejecutando. El sobreseimiento puede ser dictado en cualquier etapa del proceso, siendo la excepción a la regla de que la ponderación se debe de reservar para el momento del juzgamiento; f) Penas privativas de libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (artículo 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentra dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (artículo 621); g) Pena de multa: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa. La aplicación retroactiva se realizará excepcionalmente cuando: i. No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y ii. la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (artículo 619). En caso de encontrar un delito o falta en el VCP coincidente en el supuesto de hecho con uno previsto en el NCP, y que ambos sancionen con multa; y que además proceda la excepción antes explicada, se procederá a la conversión, cuyas reglas son las siguientes: i. Cada salario mínimo impuesto como pena de multa por el VCP144-83 equivaldrá a 10 días multa regulados por el NCP130-2017; ii. Si la pena de multa impuesta por el VCP144-83 es por una cantidad fija, se procederá a realizar la comparación cuantitativa entre ésta y la pena de multa que corresponda conforme el NCP130-2017; h) Penas privativas de derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (artículo 620); y, i) Medidas de seguridad: Respecto a las medidas de seguridad impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (artículo 625). *Reglas particulares de ponderación: penas concursadas y penas no concursadas. A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta con base al rigor del VCP 144-83, lo que incluye establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: * Concurso ideal. Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un concurso ideal (artículo 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017. Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; b. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o c. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i. Limite subjetivo, ii. Limite objetivo ordinario; y, iii. Limite objetivo extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. *Delito continuado. En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (artículo 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (artículo 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el concurso ideal. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: a. En primera instancia: a. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá qué codificación es la más beneficiosa; o b. En segunda instancia y única instancia: La comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicará la pena que le sea más favorable al procesado y con ello se definirá que cuerpo normativo corresponde aplicar. *Concurso real. Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa. Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: i. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y, ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o iii. Para hacer efectivo el limite subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: *. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; **. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. b. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: i. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. ii. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: *. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; **. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; ***. Si el concurso real está compuesto por penas conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. *Concurso medial El concurso medial desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un concurso medial (artículo 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, explicado ut supra; b. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; c. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas. *Penas conjuntas no concursadas. Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece.- CONSIDERANDO (5): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso al señor Carlos Ariel Carbajal Enamorado a la pena principal de quince (15) años de reclusión mas una pena de multa de 50 salarios mínimos como autor del delito de extorsión en perjuicio de Testigo Protegido Ave; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. La conducta por la cual fue condenado el señor Carlos Ariel Carbajal Enamorado, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen abstracto de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia, y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 excede por mucho el importe pecuniario impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. Es importante además señalar que la Sala de lo Constitucional tiene como criterio jurisprudencial consolidado que una vez iniciado un trámite de revisión en materia penal, al momento de aplicar las normas penales a la sustanciación del recurso, se deberá observar la norma que fue invocada por el revisionista y que al momento de peticionar estaba en vigencia; asimismo, al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso), y en el caso de que en el lapsus de presentación del recurso y la emisión de la resolución final, la norma invocada por el revisionista fuese derogada o reformada, se tomará en consideración la más benigna, ya que el cambio de circunstancias es por causas ajenas al peticionario. Ello atendiendo el mandato constitucional que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado, así como también bajo la órbita del principio pro homine, ampliamente reconocido por la Sala de lo Constitucional, cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, el juez deberá preferir aquella que contenga mejores protecciones o que sean más favorables para el individuo. (Ver sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional en los expedientes SCO-568-2020, SCO-599-2020, SCO-629-2020, SCO-652-2020, SCO-718-2020, SCO-760-2020, SCO-1094-2020, SCO-148-2021, SCO-374-2021, SCO-392-2021, SCO-503-2021, SCO-620-2021, SCO-796-2021, SCO-805-2020, SCO-850-2020; entre otras). Este criterio definido anteriormente no es aplicable al caso presente, puesto que la garantía constitucional de revisión penal fue promovida por el Abogado Víctor Alexis Andino Quiroz, en favor del señor Carlos Ariel Carbajal Enamorado, el 12 de diciembre de 2022, fecha en la cual ya se encontraba en vigencia el Decreto Legislativo No. 93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del NCP 130-2017 y que aumenta la pena para el delito de extorsión a prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, más las penas accesorias y las consecuencias penales derivadas del delito. Es decir, no existe conflicto respecto a determinar cuáles son las leyes penales que deban compararse para efectos de realizar el análisis jurídico de retroactividad de la ley penal. Asimismo, se aprecia que el Juzgado de Ejecución Penal de Tegucigalpa, en audiencia de libertad condicional de fecha veinte de noviembre de dos mil veinte declara con lugar la solicitud de libertad condicional y conmuta de la pena de multa por trabajo comunitario en beneficio del señor Carlos Ariel Carbajal Enamorado; decisión que fue apelada por el Ministerio Público y la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán en fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno declaró ha lugar dicho recurso de apelación y revocó la sentencia apelada por estimar que el juez aplicó al imputado dos beneficios contenidos en distintas normativas penales; una derogada (articulo 53) y otra vigente (articulo 81); la primera relativa al beneficio de sustitución de la pena de multa por trabajo comunitario, el cual realizaría por el término de un año con ocho horas diarias de servicio, de lunes a viernes por los cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos setenta lempiras (L.439,470.00) correspondientes a la multa de cincuenta salarios mínimos impuesta como pena multa; la segunda norma aplicada es la correspondiente al beneficio de libertad condicional concedido de acuerdo al artículo 81 del Código Penal vigente; por tanto, se observa que el juez efectivamente aplicó de manera fragmentada la ley y concedió al penado beneficios contendidos tanto en la ley penal derogada como en la ley penal vigente y en consecuencia el Juzgado de Ejecución Penal del departamento de Francisco Morazán revocó el beneficio de libertad condicional y conmuta por trabajo comunitario que le fuera otorgado al señor Carlos Ariel Carbajal Enamorado y ordena emitir orden de captura en su contra. -POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado VICTOR ALEXIS ANDINO QUIROZ, a favor del señor CARLOS ARIEL CARBAJAL ENAMORADO. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que ejecute el presente fallo. Redactó la Magistrada ISBELA BUSTILLO. - NOTIFÍQUESE.- WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. MARLINA DUBÓN VILLEDA. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”. ”CORTE SUPREMA DE JUSTICIASALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de agosto del dos mil veinticinco.- VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado VICTOR ALEXIS ANDINO QUIROZ en la sentencia del recurso de revisión penal presentado por el peticionario a favor del señor CARLOS ARIEL CARBAJAL ENAMORADO, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintiuno de marzo de dos mil veinticinco y por la cual se falla no ha lugar el recurso de revisión penal interpuesto contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha once de diciembre de dos mil catorce, con relación a la causa que se instruyó contra el señor CARLOS ARIEL CARBAJAL ENAMORADO, por el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AVE.- CONSIDERANDO (1): Que en fecha doce de mayo de dos mil veinticinco, el recurrente abogado VICTOR ALEXIS ANDINO QUIROZ, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la resolución emitida por este Alto Tribunal en fecha veintiuno de marzo de dos mil veinticinco, por considerar que esta Sala debió declarar con lugar el presente recurso de revisión penal, ya que si bien el articulo 373 del Código Penal, decreto 130-2017 fue reformado mediante decreto 93-2021 donde se establece que el delito de extorsión será sancionado con una pena de 15 a 20 años de prisión y una multa de 500 a 1000 días en su nivel más alto, no menos cierto es que la Constitución de la República es la ley fundamental y está por encima de cualquier otra norma, por ende, debe aplicarse lo que esta regula, es por ello que se consagra el principio de retroactividad de la ley penal en su artículo 96 que dice que la ley no tiene efecto retroactivo excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado; principio que también se encuentra regulado en el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos.- CONSIDERANDO (2): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, mismo que podrá interponerse en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho; misma que fue efectuada por personalmente por el abogado VICTOR ALEXIS ANDINO QUIROZ en fecha nueve de mayo de dos mil veinticinco, interponiéndose el recurso de reposición en fecha doce de mayo de dos mil veinticinco, según consta en la pieza de mérito.- CONSIDERANDO (3): Que revisado que ha sido el recurso de reposición planteado por el recurrente y la sentencia dictada en fecha veintiuno de marzo de dos mil veinticinco por esta Sala, se aprecia que no son de recibo las exposiciones planteadas por el recurrente en el recurso de reposición interpuesto en fecha doce de mayo de dos mil veinticinco, puesto que tal como quedó establecido en la sentencia dictada por esta Sala, “el Juzgado de Ejecución Penal de Tegucigalpa, en audiencia de libertad condicional de fecha veinte de noviembre de dos mil veinte declara con lugar la solicitud de libertad condicional y conmuta de la pena de multa por trabajo comunitario en beneficio del señor Carlos Ariel Carbajal Enamorado; decisión que fue apelada por el Ministerio Público y la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán en fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno declaró ha lugar dicho recurso de apelación y revocó la sentencia apelada por estimar que el juez aplicó al imputado dos beneficios contenidos en distintas normativas penales; una derogada (artículo 53) y otra vigente (artículo 81); la primera relativa al beneficio de sustitución de la pena de multa por trabajo comunitario, el cual realizaría por el término de un año con ocho horas diarias de servicio, de lunes a viernes por los cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos setenta lempiras (L.439,470.00) correspondientes a la multa de cincuenta salarios mínimos impuesta como pena multa; la segunda norma aplicada es la correspondiente al beneficio de libertad condicional concedido de acuerdo al artículo 81 del Código Penal vigente; por tanto, se observa que el juez efectivamente aplicó de manera fragmentada la ley y concedió al penado beneficios contendidos tanto en la ley penal derogada como en la ley penal vigente y en consecuencia el Juzgado de Ejecución Penal del departamento de Francisco Morazán revocó el beneficio de libertad condicional y conmuta por trabajo comunitario que le fuera otorgado al señor Carlos Ariel Carbajal Enamorado y ordena emitir orden de captura en su contra”. CONSIDERANDO (4): En este orden de ideas, esta Sala encuentra que las pretensiones expresadas por el recurrente en el recurso de reposición, al no encontrarse dentro del ámbito de la justicia constitucional y dada la naturaleza de los derechos que se estiman violentados con el acto reclamado, por las razones antes expuestas, resulta procedente declarar no ha lugar el presente recurso de reposición intentado en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda.- CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.- POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188, 189, 222 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 239, 240 numerales 1 y 7 del Código Penal, 119, 120, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado VICTOR ALEXIS ANDINO QUIROZ en la sentencia del recurso de revisión penal presentado por el peticionario a favor del señor CARLOS ARIEL CARBAJAL ENAMORADO, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintiuno de marzo de dos mil veinticinco; por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y ORDENA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. MARLINA DUBÓN VILLEDA. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil veinticinco, certificación de fallo de fecha veintiuno de marzo del año dos mil veinticinco, y Resolución de fecha quince de agosto del dos mil veinticinco, recaída en el recurso de Revisión Penal registrado en este tribunal con el número SCO-1788-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL