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Sentencia RP-1775-22 — Registro 19891

Resumen

Se interpuso recurso de revisión penal SCO-1775-2022 contra la sentencia condenatoria por haber cometido los delitos de extorsión simple, en perjuicio de testigo protegido BB-Y por el delito de facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar o denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal se impuso a OSCAR OMAR GARCIA REYES las penas siguientes: i.Once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, en perjuicio de Testigo Protegido “BB-78”. ii.Cuatro (4) años y seis (6) meses de reclusión y multa de treinta y siete mil quinientos lempiras (L 37,500.00), en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. Las penas de reclusión anteriores fueron impuestas en concurso real (artículo 35 del VCP 144-83) las cuales en acumulado ascienden a un total de quince (15) años y nueve (9) meses de reclusión, más la multa correspondiente a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, y treinta y siete mil quinientos lempiras (L 37,500.00); más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de la pena de reclusión y las consecuencias legales de responsabilidad civil y trabajo en obras públicas o labores dentro del establecimiento penitenciario durante el tiempo de la condena. La conducta de Extorsión en NCP (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), tiene como penas principales: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales deben aumentarse un tercio (1/3) en su límite superior por la agravante contemplada en el artículo 374 numeral 1) del NCP 130-2017, la cual debe contemplarse si el culpable es miembro de un grupo delictivo organizado o se ejecuta el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado; en este sentido, el artículo 136 del NCP 130-2017 define grupo delictivo organizado como cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados conforme a lo dispuesto en el NCP 130-2017. De los hechos probados de la sentencia se desprende que el sentenciado al momento de realizar las acciones extorsivas que ocasionaron su condena se asumió miembro de la Pandilla 18 y lo realizó en compañía de tres personas más, lo que cumple la agravante específica antes citada y ofrece un nuevo margen abstracto de veinte (20) años a veintiséis (26) años y ocho (8) meses de prisión y mil (1000) días a mil trescientos treinta y tres (1333.33) días multa. Asimismo, estas penas al ser rebajadas en un cuarto (1/4) en su límite inferior por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión y una multa de setecientos cincuenta (750) a mil (1000) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa. Respecto al delito de Tráfico de Drogas por posesión para la facilitación de su consumo (artículo 311), las penas, a saber: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o, ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla:https://www.incb.org/documents/NarcoticDrugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. En el caso del señor OSCAR OMAR GARCIA REYES, conforme a los hechos probados se encontraba en posesión de veinte bolsas de plástico, conteniendo en su interior 38,7g de marihuana, considerada una droga que no causa grave daño a la salud y no compatible para el consumo personal inmediato; conducta que castiga el NCP 130-2017 con la pena de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días. Al hacer la disminución de este margen abstracto en un cuarto (¼) por la aplicación del procedimiento abreviado, se determina como nueva pena abstracta de uno (1) a cuatro (4) años de prisión, y multa de setenta y cinco (75) a cien (100) días. Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia (15 años y 9 meses) es menor al margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta con el NCP 130-2017 (de 16 a 24 años de prisión); y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del NCP.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: Corte Suprema de Justicia Sala de lo Constitucional Sentencia de revisión penal En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de junio de dos mil veinticinco (2025), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por el Magistrado Luis Fernando Padilla Castellanos pronuncia En nombre del Estado de Honduras La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-1775-2022, promovido por los abogados SERGIO ARTURO FUNES AGUILERA Y GUSTAVO ENRIQUE VARELA PONCE en favor de OSCAR OMAR REYES GARCIA, contra la sentencia de fecha dos(2) de abril de dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, mediante la cual falló: Primero: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al imputado OSCAR OMAR GARCÍA REYES, por haber cometido los delitos de EXTORSIÓN SIMPLE, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BB-78 a la pena de 11 AÑOS, 3 MESES DE RECLUSIÓN MÁS UNA PENA DE MULTA DE 37.5 SALARIOS MÍNIMOS; y por el delito de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS a la pena de 4 AÑOS, 6 MESES DE RECLUSIÓN, MAS UNA PENA DE MULTA DE TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (LPS. 37,500.00), COMO PENA PRINCIPAL Y COMO PENAS ACCESORIAS LA INHABILITACIÓN ABSOLUTA Y LA INTERDICCIÓN CIVIL, POR EL TIEMPO QUE DURE SUS CONDENAS. Penas que deberá cumplir, en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en el Valle de Tamara, Departamento de Francisco Morazán, quedando obligado por el tiempo que dure la condena a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario. SEGUNDO: CONDENANDO al imputado OSCAR OMAR GARCÍA REYES, como consecuencia de la pena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena. -TERCERO: Se declara la responsabilidad civil del imputado OSCAR OMAR GARCÍA REYES, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. CUARTO: No procede la condena en costas personales ni procesales. QUINTO: Que se notifique la presente Sentencia & las Partes intervinientes. (Folios 87-90 del recurso de mérito) expediente (193-2019) Son partes: 1) Los abogados SERGIO ARTURO FUNEZ AGUILERA Y GUSTAVO ENRIQUE VARELA PONCE en favor de OSCAR OMAR REYES GARCIA como revisionista; 2) La Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, fiscal del Ministerio Público HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA QUE SE REVISA PRIMERO: En fecha martes cinco de febrero del año dos mil diecinueve, interpuso denuncia ante las oficinas de la FNAMP, un ciudadano, al cual por motivos de seguridad y vulnerabilidad se le asigno la clave BB078, en la que manifiesta que hace aproximadamente tres meses, está siendo víctima del delito de extorsión, por parte de tres sujetos del sexo masculino, quienes se identifican como miembros de la PANDILLA 18, quienes mediante amenazas a muerte, le exigen el pago semanal de SEISCIENTOS LEMPIRAS (Lps. 600.00), llegando a recogerlo cualquier día de la semana. Los que tienen las siguientes características uno de ellos es de tez blanco, delgado, alto, de 20 a 22 años de edad, con acné en la cara, conocido con el alias de ANUEL O WICHO, la otra persona es de tez trigueño claro, delgado, ojos color miel, estatura mediana, de 18 a 19 años de edad; y, la tercera persona de tez trigueño, gordo, estatura mediana, de 45 a 49 años de edad, conocido con el alias de EL GORDO, los cuales siempre caminan armados; cabe mencionar que estos sujetos cuando exigen que se les pague doble cuota, lo amenazan con matarlo en el acto o con quemarle el negocio. Después de interponer la denuncia, al testigo protegido, se le asignó un agente de investigación, el cual le asesoro para llevar a cabo un Acta de Sereo de dinero, misma que se llevó a cabo el día seis (6) de febrero del año Dos Mil Diecinueve, proporcionado la cantidad de DOS CIENTOS LEMPIRAS (Lps. 200.00), en denominaciones de dos (2) billetes de CIEN LEMPIRAS, con las series: 1.- CH6902039; 2.-CH7276711; en presencia del fiscal de turno y el agente de investigación. SEGUNDO: El día domingo diez (10) de febrero del año 2019, siendo las 10:30 horas, se conformó un equipo de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas, con el objetivo de realizar una operación de seguimiento y vigilancia en la colonia Calpules, donde el Testigo Protegido, BB-078, realizaría el pago del dinero a los supuestos extorsionadores. Los agentes se ubicaron en lugares estratégicos de cinco a diez metros de distancia, para poder presenciar el pago del dinero que había sido previamente seriado. A eso de las 11:30 horas, observaron a una persona de sexo masculino con las siguientes características: Tez trigueño, gordo, estatura mediana, entre 45 a 50 años de edad, vistiendo una camiseta color negro con un dibujo en la parte frontal, pantalón jeans azul, zapatos tipo tenis color negro; acto seguido, entro al negocio del Testigo Protegido, exigiéndole el cobro de la extorsión, el cual por temor que lo mataran a él o a sus empleados, hizo entrega de SEISCIENTOS LEMPIRAS (Lps. 600.00), en denominaciones de SEIS (6), billetes de CIEN LEMPIRAS, donde iban los dos billetes de CIEN LEMPIRAS, que fueron previamente seriados. Luego se retiró el sospechoso del negocio abordando un vehículo tipo turismo, color azul, marca Hyundai, procedieron a darle seguimiento de unos 250 a 300 metros del lugar de la entrega, al requerirlo y a practicarle el registro personal, encargándose de dicha diligencia el agente Brayan Sauceda, quien le encontró en la bolsa frontal derecha dos teléfonos celulares uno marca HUAWEi, color blanco con número de Imei 864823031524812, el otro teléfono es color negro con gris, con numero de Imei 012791009665498; en la bolsa frontal izquierda del pantalón se encontró la cantidad de SETECIENTOS LEMPIRAS (LPS.700.00) en denominaciones de SIETE BILLETES DE CIEN LEMPIRAS, con las siguientes series:1.-CH7276711; 2.-CJ1750196; 3.-CF6025062; 4.- CE6687756; 5.- CF5059266; 6.- CF5124828 у 7.- СН6902039. En las bolsas trasera derecha e izquierda del pantalón, se le encontraron un total de VEINTE (20), bolsitas plásticas transparentes conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana, preparadas de tal manera que estaban listas para su venta o su distribución. TERCERO: Finalmente se identificó con el nombre de OSCAR OMAR GARCIA REYES. mayor de edad, con número de identidad 1707-1970-00217, dándole formal detención a las 12:00 horas, por suponerlo responsable de los delitos de EXTORSIÓN Y FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO ILLÍCITO DE DROGAS, por que posteriormente fue trasladado hacia las instalaciones de la DPI, donde el agente de investigación se puso en contacto con el Testigo Protegido, al cual le informó que se había detenido a un sospechoso y le solicito que se presentara a la sede administrativa para reconocerlo, por lo que se conformó un álbum fotográfico con siete (7) fotografías de personas con similares características físicas a las del sospechoso, poniéndole a la vista dicho álbum e identificando en LA FOTOGRAFÍA #3 al sujeto que conoce con el alias de EL GORDO, el cual incluso andaba vestido de la misma forma como cuando fue a cobrarle el dinero de la extorsión: Camiseta negra, pantalón jean azul y tenis azules. En cuanto al Delito de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRASPORTE PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, no pudo ser probado a ciencia cierta lo manifestado por el imputado las 20 bolsitas conteniendo la hierba seca supuesta marihuana, que le fueron colocadas a él por en su declaración, en cuanto a los mismos Agentes de Investigación, lo que sí se pudo constatar es que a él lo encontraron en posesión de dichas bolsas, al momento de hacerle el registro personal, donde conforme al dictamen #2019-0801-0501-01221, del Laboratorio Químico Toxicológico, de la Dirección de Medicina Forense, presentado por el Ministerio Público, concluye que de conformidad con los análisis realizados a la hierba seca decomisada, es marihuana y conforme a la cantidad decomisada de 38,7 g (treinta y ocho coma siete gramos), es incompatible con la dosis Considerada como CONSUMO PERSONAL INMEDIATO. ANTECEDENTES PRIMERO: Del inicio del proceso penal. Que en fecha once (11) de febrero del de dos mil diecinueve (2019), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION , el Agente de Tribunales del Ministerio Público, la abogada, ANA DELIA REYES TURCIOS presentando requerimiento fiscal en contra de los señores OSCAR OMAR GARCIA REYES , por el delito de EXTORSION CONTINUADA Y FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “BB078” Y LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO (Folios 1-6 del antecedente). SEGUNDO: De la sentencia Condenatoria.- Que en fecha dos (02) de abril del dos mil diecinueve (2019), el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION , dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al imputado OSCAR OMAR GARCÍA REYES, por haber cometido los delitos de EXTORSIÓN SIMPLE, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BB-78 a la pena de 11 AÑOS, 3 MESES DE RECLUSIÓN MÁS UNA PENA DE MULTA DE 37.5 SALARIOS MÍNIMOS; y por el delito de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS a la pena de 4 AÑOS, 6 MESES DE RECLUSIÓN, MAS UNA PENA DE MULTA DE TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (LPS. 37,500.00), COMO PENA PRINCIPAL Y COMO PENAS ACCESORIAS LA INHABILITACIÓN ABSOLUTA Y LA INTERDICCIÓN CIVIL, POR EL TIEMPO QUE DURE SUS CONDENAS. Penas que deberá cumplir, en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en el Valle de Támara, Departamento de Francisco Morazán, quedando obligado por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario. SEGUNDO: CONDENANDO al imputado OSCAR OMAR GARCÍA REYES, como consecuencia de la pena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena. -TERCERO: Se declara la responsabilidad civil del imputado OSCAR OMAR GARCÍA REYES, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. CUARTO: No procede la condena en costas personales ni procesales. QUINTO: Que se notifique la presente Sentencia & las Partes intervinientes. (Folios 87-90 del recurso de mérito) TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. Los abogados SERGIO ARTURO FUNES AGUILERA Y GUSTAVO ENRIQUE VARELA PONCE en representación de OSCAR OMAR REYES GARCIA, comparecieron ante esta Sala de lo Constitucional en fecha nueve (9) de diciembre de dos mil veintidós (2022), presentando recurso de revisión penal a favor de su representado, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha dos de abril del dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha veinte (20) de Enero de dos mil veintitrés (2023), ordenándose, posteriormente, la celebración de la audiencia respectiva (f. 19). CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante la Sala de lo Constitucional (f. 26), habiendo comparecido los abogados SERGIO ARTURO FUNES AGUILERA Y GUSTAVO ENRIQUE VARELA PONCE en favor de OSCAR OMAR REYES GARCIA, como revisionistas; y, la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, fiscal del Ministerio Público; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando los revisionistas que pide se aplique el principio de retroactividad penal sustituyendo la pena del delito de Extorsión Simple, por la establecida en el artículo 373 del NCP 130-2017 (ley intermedia) de diez (10) años y quinientos (500) días a razón de veinte lempiras (L 20.00), y con la rebaja de un ¼ por la aplicación de procedimiento abreviado solicita una pena de siete(7) años seis meses de prisión y multa de 375 días multa. Entretanto, para el delito de Facilitación de Medios de Transporte Para el Tráfico Ilícito de Drogas, solicitó la aplicación del artículo 311 párrafo segundo del NCP 130-2017 con la pena de un (1) año seis meses de reclusión y multa de setenta y cinco días (100) días. Por su parte, el Ministerio Público fue de la opinión que No se otorgue la acción de revisión ya que al comparar ambas legislaciones, la pena aplicable al caso concreto conforme los hechos declarados como probados en la sentencia, la nueva legislación no le es más favorable las nuevas penas, por ello no procede la aplicación de Retroactividad penal ya que dichas penas resultan ser mas graves que la anterior, Señaló que al revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de EXTORSIÓN y FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS, por los cuales se condenó al hoy imputado. El Código Penal derogado establecía el delito de EXTORSIÓN en el artículo 222, que sancionaba al culpable de este delito con la pena de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta salarios mínimos. más las penas accesorias. En el Nuevo Código Penal Vigente el delito de EXTORSION se encuentra regulado en el artículo 373, reformado a través del decreto 93-2021.- con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y MULTA DE QUINIENTOS (500) A MIL (1000) DÍAS EN SU NIVEL MAS ALTO, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de Intimidación realizados, al producto de lo anterior causaron la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. Igualmente indico que, respecto a la pena de Multa, Nuevo Código Penal Vigente dispone en el artículo 53,- PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la Institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mi1 (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mi1 Lempiras (L5, 000). Por lo que la pena de quince (15) años de reclusión y quinientos (500) días multa, equivale a DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (LPS. 2, 500,000.00) ya que es en su nivel más alto. Siendo que de los hechos probados se desprende que el ahora condenado se identificó como miembro de la "pandilla 18" procede el incremento de un tercio (1/3) de conformidad a lo establecido en el artículo 374 numeral 1, de las Agravantes específicas, por lo que la nueva pena a Imponer es de VEINTE (20) A VEINTISEIS (26) AÑOS OCHO (8) MESES y la multa seria de 1000 a 1333 días, que de aplicarse el mínimo en su nivel más alto conforme el artículo 53, equivale a CINCO MILLONES DE LEMPIRAS (LPS, 5,000,000). Y al aplicar rebaja de 1/4 por haberse sometido a la medida alterna de Procedimiento Abreviado, quedaría una pena abstracta de QUINCE (15) a VEINTE (20) años de prisión, conforme al cálculo aritmético dispuesto en el artículo 69 numeral 2 del nuevo Código Penal; asimismo este ilícito penal contempla una pena de multa por la cual también fue condenado, quedando la nueva pena de multa rebajada en un ¼, de 750 a 1000 días, que de aplicarse el mínimo conforme al artículo 53 en su nivel más alto correspondería la cantidad de TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS MILLONES (Ips.3,750.000). De lo antes relacionado se observa que la nueva norma sustantiva vigente no le es más favorable al sentenciado al establecer penas mayores a las fue sentenciado. En cuanto al delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS, señaló que éste se encontraba regulado en la Ley de Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, en el Artículo 22, con una pena de seis (6) a nueve (9) años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras. Por su parte, el Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) con relación al delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS, dispone en Artículo 311 siguiente: "Quien realice actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier otra forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas toxicas estupefacientes sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos, en ambos supuestos se debe imponer además multa de cien (100) a quinientos (500) días". Por otra parte, el artículo 53 del Código Penal vigente dispone: "PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. nos a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5,000)". De las normas trascritas se extrae que el artículo 311 del nuevo Código Penal, sanciona el ilícito de TRÁFICO ILICITO DE DROGAS determinado dos rangos de penas: la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos; no obstante al revisar los hechos probados en la sentencia de mérito, se colige que la acción delictiva se cometió bajo el ámbito de una estructura criminal, al señalar que la acción delictiva se cometió por tres sujetos que se identificaron como miembros de la Pandilla 18, concurriendo así la agravante establecida en el artículo 312 numeral 3) del Código Penal que determina una pena de prisión de DIEZ (10) A QUINCE (15) AÑOS Y MULTA DE TRESCIENTOS (300) A QUINIENTOS (500) DIAS; al efectuar la rebaja de 1/4 por la aplicación del procedimiento abreviado quedaría una pena de SIETE (7) años, seis (6) meses a diez (10) años, resultando una Multa de 225 a 300 días, que tienen un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5,000). Resulta de esta manera evidente que la norma vigente, no le es favorable al hoy sentenciado al contemplar penas mayores a las que fue sentenciado. Por lo que es de la OPINIÓN: QUE NO SE OTORGUE la solicitud de Revisión presentada conforme los argumentos que anteceden. (Folios 26-32 vuelto del recurso de mérito) Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de los abogados SERGIO ARTURO FUNES AGUILERA Y GUSTAVO ENRIQUE VARELA PONCE en favor de OSCAR OMAR REYES GARCIA, como revisionista; y, la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, fiscal del Ministerio Público. Los Revisionistas fundan su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Solicita se aplique el principio de retroactividad penal sustituyendo la pena del delito de Extorsión Simple, por la establecida en el artículo 373 del NCP 130-2017 (ley intermedia) por la aplicación de procedimiento abreviado solicita una pena de siete (7) años seis (6) mes de prisión y multa de 375 días. Entretanto, para el delito de Facilitación de Medios de Transporte Para el Tráfico Ilícito de Drogas, solicitó la aplicación del artículo 311 párrafo segundo del NCP 130-2017 con la pena de un (1) año seis meses de reclusión y multa de setenta y cinco días (100) días. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que, NO SE OTORGUE la acción de revisión por cuanto la nueva legislación aplicable al caso concreto no le es más favorable al sentenciado pues al hacer la comparación en ambas legislaciones esta resulta ser más grave. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena concursada, los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa. Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: i. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y, ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o iii. Para hacer efectivo el limite subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: *. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; **. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. b. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: i. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. ii. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: *. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; **. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; ***. Si el concurso real está compuesto por penas conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar o denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal se impuso a OSCAR OMAR GARCIA REYES las penas siguientes: i.Once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, en perjuicio de Testigo Protegido “BB-78”. ii.Cuatro (4) años y seis (6) meses de reclusión y multa de treinta y siete mil quinientos lempiras (L 37,500.00), en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. Las penas de reclusión anteriores fueron impuestas en concurso real (artículo 35 del VCP 144-83) las cuales en acumulado ascienden a un total de quince (15) años y nueve (9) meses de reclusión, más la multa correspondiente a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, y treinta y siete mil quinientos lempiras (L 37,500.00); más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de la pena de reclusión y las consecuencias legales de responsabilidad civil y trabajo en obras públicas o labores dentro del establecimiento penitenciario durante el tiempo de la condena. La conducta de Extorsión en NCP (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), tiene como penas principales: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales deben aumentarse un tercio (1/3) en su límite superior por la agravante contemplada en el artículo 374 numeral 1) del NCP 130-2017, la cual debe contemplarse si el culpable es miembro de un grupo delictivo organizado o se ejecuta el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado; en este sentido, el artículo 136 del NCP 130-2017 define grupo delictivo organizado como cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados conforme a lo dispuesto en el NCP 130-2017. De los hechos probados de la sentencia se desprende que el sentenciado al momento de realizar las acciones extorsivas que ocasionaron su condena se asumió miembro de la Pandilla 18 y lo realizó en compañía de tres personas más, lo que cumple la agravante específica antes citada y ofrece un nuevo margen abstracto de veinte (20) años a veintiséis (26) años y ocho (8) meses de prisión y mil (1000) días a mil trescientos treinta y tres (1333.33) días multa. Asimismo, estas penas al ser rebajadas en un cuarto (1/4) en su límite inferior por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión y una multa de setecientos cincuenta (750) a mil (1000) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa. Respecto al delito de Tráfico de Drogas por posesión para la facilitación de su consumo (artículo 311), las penas, a saber: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o, ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla:https://www.incb.org/documents/NarcoticDrugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde:https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. En el caso del señor OSCAR OMAR GARCIA REYES, conforme a los hechos probados se encontraba en posesión de veinte bolsas de plástico, conteniendo en su interior 38,7g de marihuana, considerada una droga que no causa grave daño a la salud y no compatible para el consumo personal inmediato; conducta que castiga el NCP 130-2017 con la pena de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días. Al hacer la disminución de este margen abstracto en un cuarto (¼) por la aplicación del procedimiento abreviado, se determina como nueva pena abstracta de uno (1) a cuatro (4) años de prisión, y multa de setenta y cinco (75) a cien (100) días. Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia (15 años y 9 meses) es menor al margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta con el NCP 130-2017 (de 16 a 24 años de prisión); y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del NCP. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por los Abogados SERGIO ARTURO FUNES AGUILERA Y GUSTAVO ENRIQUE VARELA PONCE , en favor del señor OSCAR OMAR GARCIA REYES. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, notifique lo resuelto a los recurrentes para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días de septiembre del dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veinte de junio del dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1775-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL