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Sentencia RP-1763-22 — Registro 19890

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal con relación a la causa que se instruyó contra por el delito de extorsión simple en perjuicio de testigo EF-394. (Exp. No. TSCNE J1-172-2019).

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (14): Esta Sala procede a examinar si el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho: A.Que, la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de EXTORSION, enmarcado en el artículo 222 establecía una pena abstracta de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos. El Código Penal Vigente Decreto 130-2017, en el artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, dispone: “Quien, con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para si o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. La anterior pena se agravará en 1/ 3 cuando concurra alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 374 del Código Penal vigente, que en el caso de mérito concurre la circunstancia del numeral 1: “ Si el culpable es miembro de un grupo delictivo organizado o se ejecuta el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado. Ósea dicha conducta delictiva, se castiga con la misma pena de privación contemplada en el Código Penal derogado. En ese orden de ideas, la descripción del tipo penal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada. B. Sumado a lo anterior, del estudio de los antecedentes y del recurso de revisión impetrado, esta Sala aprecia, que las penas establecidas para el delito de Extorsión estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, no resultan más benignas que las establecidas en el Código Penal decreto 144-1983, derogado. (Artículo 222). En virtud que el recurso de revisión, fue interpuesto estando ya vigente la reforma que agrava nuevamente las penas para este delito, tal y como se deja explicado en los numerales anteriores. Por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor DENIS ALEXANDER MEDINA REYES.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de agosto del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por la Abogada SOMAY JAMILETH PERALTA DAVILA a favor de DENIS ALEXANDER MEDINA REYES contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, en fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintiunos, con relación a la causa que se instruyó contra el Señor DENIS ALEXANDER MEDINA REYES por el delito de EXTORSIÓN SIMPLE en perjuicio de TESTIGO EF-394. (Exp. No. TSCNE J1-172-2019). ANTECEDENTES 1) Que, en fecha dieciocho (18) de mayo del de dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras de lo penal en materia de extorsión de san pedro sula, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, el abogado CARLOS EDEN SARMIENTO presentando requerimiento fiscal en contra de DENIS ALEXANDER MEDINA REYES por suponerlo responsables del Delito de EXTORSION , en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE “EF-394”(Folios 1-5 del antecedente). 2) Que en fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), el TRIBUNAL DE SENTENCIA CONCOMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION ,dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos, por conformidad expresa de las partes al señor DENIS ALEXANDER MEDINA REYES como AUTOR responsable del delito consumado de EXTORSIÓN SIMPLE en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO EF-394 imponiéndole una pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN misma que deberán de cumplir en el centro penal de La Tolva, Moroceli, El Paraíso, debiéndose de computar desde el momento en que fue privado de su libertad en el presente caso, así mismo debiendo de trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos por conformidad expresa de las partes al señor DENIS ALEXANDER MEDINA REYES a la pena de MULTA DE CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS equivalentes a QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y SIETE LEMPIRAS exactos (Lps. 535,067), TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MAIERIA la que deberá de hacer efectivo o pagar a favor del Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República en la fase de ejecución de esta sentencia. TERCERO: Debemos condenar y condenamos al señor DENIS ALEXANDER MEDINA REYES como consecuencia de la condena de reclusión a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal por el delito condenado. CUARTO: Procede declarar y declaramos la responsabilidad civil del señor DENIS ALEXANDER MEDINA REYES la que será determinada en la fase de ejecución de la sentencia. QUINTO: No procede condenar al señor DENIS ALEXANDER MEDINA REYES en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente proceso. SEXTO: En virtud de lo solicitado por el Ministerio Público se declara el comiso de la cantidad de trescientos lempiras, dinero que le fue decomisado al condenado, quedando el mismo en calidad de depósito del Ministerio Público para su custodia ya que este Tribunal no cuenta con almacén de evidencia, debiéndose poner a la orden del Juez de Ejecución al momento de ser requerido a efectos de depositase a favor del Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República en la fase de ejecución de esta sentencia. SEPTIMO: Notifíquese esta sentencia a las partes procesales y una vez que se remita el expediente al Juzgado de Ejecución Correspondiente, as una copia certificada de la misma a la Unidad de Antecedentes Penales Corte Suprema de Justicia y otra al Instituto Nacional Penitenciario pi efectos legales correspondientes. (Folios 143-146 del recurso de mérito) 3) En fecha nueve (09) de mayo del dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante JOSE RICARDO PINEDA MEDINA , con la comparecencia de la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO , en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la abogada SOMAY JAMILETH PERALTA DAVILA actuando en su condición de Apoderado Legal del señor DENIS ALEXANDER MEDINA REYES; El Ministerio Público consideró: Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva antes citada, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Código Penal vigente, el cual sanciona con una pena más benigna el tipo penal de EXTORSIÓN, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1) .., 2).., 3) .., 4) .., 5) .., 6) .., 7)... 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna,." relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal. El revisionista solicita en su petición de revisión, que se aplique retroactivamente la nueva legislación penal vigente, a favor de su representado, el hoy condenado por ser esta más benigna, por lo que del análisis comparativo de ambas leyes penales, se aprecia que el código Penal derogado regulaba el delito de EXTORSION en su artículo 222, el cual dispone lo siguiente: "Debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto, más las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados". Por su parte, el Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) regula el delito de EXTORSIÓN en el Artículo 373 reformado que señala: "Debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte de una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación". Asimismo, el Artículo 374, dispone: AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) Si el Culpable es miembro de un grupo delictivo organizado tal como ocurre en el presente caso ya que de los hechos probados de la sentencia se desprende que el sentenciado se identificó como miembros de la pandilla 18, En cuanto a la pena principal de multa, el Código Penal Vigente dispone en el artículo 53. - PENA DE DÍAS MULTA. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5, 000). De las at *Las, se extrae que en el Código Penal vigente contempla para el delito de Extorsión una pena de 15 a 20 años de prisión, la que a su vez debe ser aumentada en 1/3 por la concurrencia de la agravante antes citada, por 1o que la nueva pena abstracta es de VEINTE (20) A VEINTISEIS (26) AÑOS OCHO (8) MESES DE PRISION. Al examinar el fallo emitido por el A-quo, se aprecia que también se condenó al procesado, a la pena de multa de cincuenta(50) salarios mínimos en su nivel más bajo, por lo que en relación a dicha condena de multa, con el actual Código Penal esta fue modificada a días multa, por 10 que al hacer la conversión corresponde también la aplicación de la multa de quinientos (500) a mil (1000) días multa, debiendo aumentarse en un tercio 1/3 por, por lo que correspondería imponer de 667 a 1333 días, cuyo valor oscila en no menor de veinte lempiras (L.20) ni mayor de cinco mil lempiras (L.5000.00), en su nivel más alto ,representación Conforme lo antes expuesto, esta fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal. favorables al sentenciado, en virtud que la pena A imponer es de mayor cuantía pues deberá imponérsele una pena entre 20 años de prisión más la multa antes citada, de ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como 10 dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal, por no ser esta más benigna al condenado. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión y se ordene se realice por parte del Jugado de ejecución un nuevo computo de la pena. (Folios 23-26 vuelto del recurso de mérito) FUNDAMENTACIÓN JURIDICA CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. La Constitución de la Republica en su artículo 186 prohíbe abrir juicios fenecidos, salvo en causas de materia penal y civil que pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados. A pedimento de estos, de cualquier persona, del Ministerio Publico o de oficio. Sin embargo, adopta la Garantía Constitucional de Revisión que se debe ejercer exclusivamente ante la Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO (2): la Ley Sobre Justicia Constitucional establece que; ningún poder ni autoridad, puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo en causas Juzgadas en materia penal que pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimento de estos, de cualquier persona, del Ministerio Publico o de Oficio. En consecuencia, toda persona agraviada que hubiere sido parte en el proceso o con derecho a ser llamada a participar en él, puede demandar la revisión de sentencias firmes en el plazo de 6 meses contados desde el día en que habiéndose realizado la última notificación. CONSIDERANDO (3): Resumen de los alegatos interpuestos por el Garantista y el Ministerio Publico en la Audiencia de Oposición de la Garantía Constitucional de Revisión: Acto seguido se le cedió la palabra a la abogada SOMAY JAMILETH PERALTA DAVILA Apoderada legal del señor DENIS ALEXANDER MEDINA REYES a efecto que haga uso de su derecho a réplica y presente las pruebas pertinentes, quien manifiesta: “… Ratifico en cada una de sus partes la solicitud de revisión de pena presentada ante esta Honorable Sala de lo Constitucional en fecha 22 de julio de 2022. Esta representación del señor DENIS ALEXANDER MEDINA REYES, quien fue sentenciado por el delito de Extorción Simple en perjuicio de testigo protegido EF-394 según sentencia del 16 de noviembre del año 2021, en la cual se les condenó a 15 años de reclusión más una multa de 50 salarios mínimos. Solicito se le aplique el principio de la retroactividad e la Ley, en la cual solo es retroactiva en materia penal según el artículo 96 constitucional en virtud que favorece a mi representado ya que en el código penal Decreto 144-83, Articulo 222 donde dice: Al culpable del delito de extorción, se le impondrá una pena de 15 a 20 años de reclusión, aunque en este caso mi representado fue sentenciado con la pena mínima, pena de 15 años y una multa de 50 salarios mínimos, y que según nuestro código penal decreto 130-17 el artículo 373, referente al delito de extorsión la pena a imponer es de 10 a 15 años y una multa de 500 a 1000 días por lo que solicito se aplique la pena mínima de 10 años y 500 días de multa y que dicha multa sea pagada con prestación de servicio de utilidad pública a las victimas artículo 50 del código penal vigente y si no es posibles se solicita multa proporcional artículo 54 del Código Penal Vigente…quiero recalcar en este caso, verdad que el joven Denis padece de una enfermedad diabética tipo 2 donde le salen un montón de panadizos en la piel, también en la cabeza y se ha visto en situación bastante deplorable de salud, por lo que pido tomen en consideración lo siguiente… Una vez concluida la exposición del recurrente se le cede la palabra a la Fiscal Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a efecto de que ésta presente la oposición del ente acusador al recurso de revisión de mérito y presente las pruebas que estime pertinentes, haciéndolo de la siguiente manera: El Ministerio Público, a través de su agente de Tribunales SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, con certificado de Colegiación Profesional números 7895, Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la sentencia definitiva actos citada, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Código Penal Vigente, el cual sanciona con una pena más benigna el tipo penal de extorsión, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más favorezca a su representado, tal y como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone: “Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado… de las normas transcritas se extrae que en el Código Penal Vigente contempla para el delito de Extorsión una pena de 15 a 20 años de prisión, lo que a su vez debe ser aumentada en un tercio por la concurrencia de las agravantes antes citadas , por lo que la nueva pena abstracta es de veinte (20) a veintiséis (26) años ocho (8) meses de prisión. Al examinar el fallo emitido por el A-quo se aprecia que también se condenó al procesado, a la pena de multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más bajo, por lo que en relación a dicha condena de multa, con el actual Código Penal esta fue modificad a días multa , por lo que al hacer la conversión correspondiente, también la aplicación de la multa de quinientos a mil (1000) días multa , debiendo aumentarse en 1/3 por lo que correspondería imponer de 667 a 1333 días, cuyo valor oscila en no menor de 20 lempiras, ni mayor de cinco mil lempiras (5,000), en su nivel más alto. Conforme a lo antes expuesto esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena a imponer es de mayor cuantía pues deberá imponérsele una pena; entre veinte (20) años de prisión más la multa antes citada, de ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal, por no ser esta más benigna al condenado. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión y se ordene se realice por parte del Juzgado de Ejecución un nuevo computo de la pena. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que, el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. “En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…” CONSIDERANDO CINCO (5): Que, la Constitución de la República en su artículo 96 establece que: “La Ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal, salvo cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado”, este precepto constitucional comprende el cumplimiento de ciertos requisitos para ser aplicable; a. Que el sujeto haya cometido acción que sea tipificada y sancionada como delito., b. Que el legislador posteriormente establezca que esa misma acción o conducta tendrá consecuencias legales distintas a aquellas previstas en la Ley anterior y finalmente que esta nueva norma signifique para el condenado una mejora conforme a su situación individual que sea menos gravosa en comparación a la pena impuesta en su condena. CONSIDERANDO SEIS (6): Que, Honduras como suscriptor de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde se compromete a respetar el principio de legalidad y retroactividad que el precitado Instrumento establece en su artículo 9; “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”. CONSIDERANDO SIETE (7): Que, la Corte interamericana ha realizado una interpretación del principio de retroactividad en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que des incriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” CONSIDERANDO (8): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”. Esto permite que el Tribunal pueda realizar una ponderación con individualidad de las circunstancias, además de aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto al juzgamiento y determinación de las penas y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin evadir los fundamentos jurídicos establecidos por el juzgador primario. ANÁLISIS JURIDICO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL CONSIDERANDO (9): Que, del examen realizado a las presentes diligencias, tomando en consideración las normas jurídicas aplicables al caso concreto y haciendo la comparación de penas que manda el artículo 616 del Código Penal (decreto 130-2017) entre las disposiciones establecidas por su orden en el Decreto 144-1983 que contiene el Código Penal derogado y el DecretoNo.130-2017 que contiene el Código Penal Vigente, resulta lo siguiente; A Consta en las presentes diligencias la Sentencia emitida por el TRIBUNAL DE SENTENCIAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN en fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021)emitió sentencia condenatoria en la causa que se instruyó contra el señor DENIS ALEXANDER MEDINA REYES por el delito de EXTORSIÓN SIMPLE, condenándolo como autor responsable del delito consumado de EXORSIÓN SIMPLE en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO EF-394, imponiéndole una pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, además, imponiéndole una multa de CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS equivalentes QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y SIETE LEMPIRAS exactos (535.067), Además de las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena… B. Observando los criterios para determinar la Ley más Favorable establecidos en el artículo 616 del Código Penal Vigente que ya hemos referido anteriormente y aplicando además los criterios establecidos en los artículos 32 y 70 del Código Penal Vigente la comparación resulta así; Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. CONSIDERANDO (10): Que, Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto a juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Que en el caso sub examine, el peticionario abogado DENIS ALEXABDER MEDINA REYES, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha seis (6) de diciembre del dos mil veintidós (2022), presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal, y en consecuencia la aplicación retroactiva de la ley y la imposición de la pena de 10 años de prisión y una multa de 500 días y que dicha multa sea pagada con prestación de servicio de utilidad pública o a las víctimas, fundamentando esto último en el artículo 50 del Código Penal Vigente, por ser más beneficioso para su representado, en consideración a que el señor DENIS ALEXANDER MEDINA REYES, fue condenado por el delito de EXTORSIÓN, estando vigente el Decreto 144-83, siendo este derogado, con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017, que establecía para el mismo delito de EXTORSION una pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. Posteriormente entró en vigor el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017, estableciendo nuevamente una pena para el delito de Extorsión de quince (15) a veinte (20) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. CONSIDERANDO (14): Esta Sala procede a examinar si el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho: A.Que, la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de EXTORSION, enmarcado en el artículo 222 establecía una pena abstracta de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos. El Código Penal Vigente Decreto 130-2017, en el artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, dispone: “Quien, con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para si o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. La anterior pena se agravará en 1/ 3 cuando concurra alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 374 del Código Penal vigente, que en el caso de mérito concurre la circunstancia del numeral 1: “ Si el culpable es miembro de un grupo delictivo organizado o se ejecuta el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado. Ósea dicha conducta delictiva, se castiga con la misma pena de privación contemplada en el Código Penal derogado. En ese orden de ideas, la descripción del tipo penal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada. B. Sumado a lo anterior, del estudio de los antecedentes y del recurso de revisión impetrado, esta Sala aprecia, que las penas establecidas para el delito de Extorsión estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, no resultan más benignas que las establecidas en el Código Penal decreto 144-1983, derogado. (Artículo 222). En virtud que el recurso de revisión, fue interpuesto estando ya vigente la reforma que agrava nuevamente las penas para este delito, tal y como se deja explicado en los numerales anteriores. Por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor DENIS ALEXANDER MEDINA REYES. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 95, 96 numeral 8, 99 párrafo primero. FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN PENAL presentada por la Abogada SOMAY YAMILETH PERRALTA DAVILA a favor del señor DENIS ALEXANDER MEDINA REYES, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN en fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021) Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente. REDACTO Magistrada ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. NOTIFÍQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. “Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de octubre de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veinticinco de agosto del dos mil veinticinco, recaído en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1763-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL