Sentencia RP-1742-22 — Registro 19888
Resumen
Se interpuso recurso de revisión contra la sentencia condenatoria dictada con relación a la causa que se instruyó por los delitos de robo agravado, robo de vehículo agravado y portación ilegal de armas de uso comercial.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Felipe Castro, las penas de dieciséis (16) años, ocho (8) meses de reclusión, por un delito de Robo de Vehículo Agravado y Robo Agravado, en concurso ideal; y tres (3) años de reclusión, por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, haciendo un total de diecinueve (19) años seis (6) meses de reclusión. En cuanto al delito de robo de vehículo, esta conducta está penalizada en el código penal vigente, en el artículo 364, último párrafo “si para la sustracción se emplea violencia e intimidación las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación”; esto se refiere al artículo 361, que tiene una pena abstracta de 4 a 8 años, aumentada en 1/3 por la agravante específica el 363.9, al cometer el hecho empleando armas, resultando con el nuevo código penal una pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses de prisión. En cuanto al delito de robo agravado, con violencia e intimidación, el artículo 361 establece una pena abstracta de 4 a 8 años de prisión, aumentado en 1/3 por la utilización de un arma de fuego como medio de intimidación, resultando una pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses de prisión. En cuanto al delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial, esta conducta está penalizada en el código penal vigente, en el artículo 580.1.3 “la pena es de 1 a 4 años de prisión y localización permanente de hasta 2 años, si se trata de armas permitidas y las artesanales, pero se aumenta en 1/3 cuando se porten ese tipo de armas”, resultando con el nuevo código penal una pena abstracta de 4 a 5 años, 4 meses de prisión. El artículo 616.1 del código penal vigente establece “Para determinar cuál sea la ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogadas y de la que entra en vigor”. En el presente caso, la pena impuesta al condenado por el delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial, fue de 3 años de reclusión y el actual código penal establece una pena abstracta de 4 a 5 años, 4 meses de prisión, por el aumento de 1/3 por el porte, por lo que la nueva pena de este delito no resulta más favorable, razón por la cual no procede aplicar el artículo 96 Constitucional, y además, las penas por los delitos de Robo de Vehículo Agravado y Robo Agravado, resultan también imponibles. 2. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. "
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 363.9 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 364 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada Mirla Auxiliadora Reyes Oseguera, a favor del señor Felipe Castro, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil catorce, con relación a la causa que se instruyó contra el señor FELIPE CASTRO, por haber sido condenado por los delitos de ROBO AGRAVADO, ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE USO COMERCIAL, en perjuicio LA EMPRESA DON JULIO Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL “PRIMERO.- En fecha dieciocho de marzo del año dos mil trece (18/03/2013), entre las nueve y diez de la mañana, precisamente cuando los señores Jorge Alberto Alvarenga Navarro y José Hernán Márquez Guevara se conducían en un vehículo automotor propiedad de la empresa Especias Don Julio cargado de productos alimenticios a la altura de la aldea la Alianza, jurisdicción del municipio de San José de Colinas, departamento de Santa Bárbara son interceptados y se les detiene su marcha por los hoy imputados Héctor Gabriel Núñez Enrique y Felipe Castro y otros quienes haciendo uso de armas de fuego los someten llevándolos a unos matorrales a la orilla de la carretera, luego le despojan del vehículo y del producto alimenticio y se lo llevan dejándolo abandonado a tres kilómetros de ahí, sustrayendo de su interior parte del producto que fue encontrado en fecha cuatro de julio del año dos mil trece, en el barrio El Calvario del municipio de Quimistan, departamento de Santa Bárbara por parte de la Dirección General de Investigación Criminal, quienes encontraron un total de ciento veinte cajas, conteniendo producto sustraído propiedad de la empresa Do Julio, misma que fue decomisada. SEGUNDO: A los pocos minutos una patrulla policial que se conducía del municipio de San Luis a Santa Bárbara, cuando se transportaba a la altura de la aldea Alianza, jurisdicción del municipio de Colinas, departamento de Santa Bárbara, encontraron el camión color blando propiedad de la empresa Especias Don Julio, mal estacionado y con las puertas abiertas y con el cajón vacío y al hacer pesquisas en la zona encontraron a los señores Jorge Alberto Alvarenga Navarro y José Hernán Márquez Guevara que los tenían sometidos por el señor Felipe Castro y otros, quienes al ver la presencia policial se fugaron del lugar, logrando solo capturar al señor Felipe Castro a quien se le decomiso un arma de fuego tipo revolver, marca Smith&Wesson, con serie 271741, pavón blanco niquelado, calibre 38 y horas después y productos de las investigaciones se le dio captura al señor Héctor Gabriel Núñez Enríquez en la aldea el Temblor, jurisdicción del municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, a quien se le decomiso un vehículo marca Toyoya, tipo pick-up, modelo desconocido, color azul, placa: PAP 7069, año 1984 y en su interior se encontró una batería de encendido marca LTH, identificada con el número 91, misma que fue sustraída al camión color blanco, unidad que identificada también con el número 91, propiedad de la empresa Especies Don Julio, dándole detención y poniéndole a la orden del Ministerio Público.”ANTECEDENTES1)Que en fecha veintinueve (29 de septiembre de dos mil catorce (2014) el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, dictó sentencia mediante, la cual FALLA: PRIMERO: …….. SEGUNDO: ……….. TERCERO: Condenar y condenamos al señor FELIPE CASTRO, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, la pena principal de DIECISEIS (16) AÑOS, OCHO (8) MESES de reclusión por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULOS y ROBO AGRAVADO en concurso ideal en perjuicio de la EMPRESA ESPECIAS DON JULIO, de igual forma se le condena a la pena principal de TRES (3) AÑOS, de reclusión por la comisión del delito PORTACION ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Haciendo un total de DIECINUEVE (19) AÑOS, CUARTO: ……….QUINTO……….. SEXTO: ……………. SEPTIMO: ………….. OCTAVO.- …………. (Folios 2-7).2)En fecha veintiún (21) de agosto del dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y presentación de pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, con la comparecencia de la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la abogada MIRLA AUXILIADORA REYES OSEGUERA, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor FELIPE CASTRO. De lo expuesto por el revisionista, se aprecia que el Código Penal Vigente, regula el delito de ROBO DE VEHÍCULO en su artículo 364, en cuyo último párrafo señala: "Si para la sustracción se emplea dolosa o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación". En tal sentido, el artículo 361, dispone que el delito de robo con violencia o intimidación, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, la cual debe ser aumentada un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las agravantes específicas que enumera el artículo 363, como ser la contenida en el 9 cuando se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto resultando una pena a imponer de ocho (8) años a diez (10) años ocho (8) meses. Por otra parte, el artículo 580 numeral 1 del Código Penal, sanciona el delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Comercial, con una pena de uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; la cual debe ser aumentada en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización, resultando una pena de cuatro (4) años a cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión; la que a su vez se incrementara un tercio (1/3), por concurrir la agravante contenida en el numeral 1 del artículo 584, consistente en haberse cometido los hechos en el ámbito de un grupo delictivo (Artículo 136 CP), tal como se desprende de los hechos probados en la sentencia que establece que los conductores del vehículo fueron interceptados y se les detiene su marcha por los hoy imputados y otros, por lo que resulta una pena abstracta de cinco (5) años cuatro (4) meses como pena mínima y siete (7) años un (1) mes diez (10) días de prisión como pena máxima. Al examinar el fallo sub-judice y de conformidad a las normas transcritas se extrae que, si bien, en cuando al delito de Robo de vehículo agravado, existe una pena más baja a imponer de 8 a 10 años 4 meses de reclusión, no obstante, en lo que respecta al delito de portación ilegal de armas de fuego permitida, la pena a imponer se ve incrementada, ya que correspondería imponer la pena máxima de seis (6) a ocho (8) años de prisión, en comparación a los tres (3) años de reclusión a los que fue condenado el encausado, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 615 de la norma sustantiva, es imperativo que las disposiciones del Código Penal vigente resulten más favorables tomadas en su conjunto, ya que no es admisible la aplicación fragmentando las dos (2) normas sustantivas. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima, que en la presente causa no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme el Código anterior. III. OPINION: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de Revisión, en los términos supra señalados. (Folios 33-36).FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República, prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda, que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal, se celebró en fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada Mirla Auxiliadora Reyes Oseguera, a favor del señor Felipe Castro, como revisionista; y, la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. La Abogada Mirla Auxiliadora Reyes Oseguera, solicita la revisión de la pena y que se aplique el Principio de Retroactividad de la Ley, tomando en cuenta las nuevas penas vigentes en el Decreto 130-2017, en base al artículo 96 de la Constitución, se solicita la retroactividad de la ley, siempre que favorezca al reo, por lo que se solicita la revisión de las penas. Por su parte, el Ministerio Público, estima que las disposiciones contenidas en el actual código penal, no son más favorables al sentenciado; por lo que solicita que no se otorgue la revisión solicitada. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Felipe Castro, las penas de dieciséis (16) años, ocho (8) meses de reclusión, por un delito de Robo de Vehículo Agravado y Robo Agravado, en concurso ideal; y tres (3) años de reclusión, por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, haciendo un total de diecinueve (19) años seis (6) meses de reclusión. En cuanto al delito de robo de vehículo, esta conducta está penalizada en el código penal vigente, en el artículo 364, último párrafo “si para la sustracción se emplea violencia e intimidación las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación”; esto se refiere al artículo 361, que tiene una pena abstracta de 4 a 8 años, aumentada en 1/3 por la agravante específica el 363.9, al cometer el hecho empleando armas, resultando con el nuevo código penal una pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses de prisión. En cuanto al delito de robo agravado, con violencia e intimidación, el artículo 361 establece una pena abstracta de 4 a 8 años de prisión, aumentado en 1/3 por la utilización de un arma de fuego como medio de intimidación, resultando una pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses de prisión. En cuanto al delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial, esta conducta está penalizada en el código penal vigente, en el artículo 580.1.3 “la pena es de 1 a 4 años de prisión y localización permanente de hasta 2 años, si se trata de armas permitidas y las artesanales, pero se aumenta en 1/3 cuando se porten ese tipo de armas”, resultando con el nuevo código penal una pena abstracta de 4 a 5 años, 4 meses de prisión. El artículo 616.1 del código penal vigente establece “Para determinar cuál sea la ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogadas y de la que entra en vigor”. En el presente caso, la pena impuesta al condenado por el delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial, fue de 3 años de reclusión y el actual código penal establece una pena abstracta de 4 a 5 años, 4 meses de prisión, por el aumento de 1/3 por el porte, por lo que la nueva pena de este delito no resulta más favorable, razón por la cual no procede aplicar el artículo 96 Constitucional, y además, las penas por los delitos de Robo de Vehículo Agravado y Robo Agravado, resultan también imponibles. 2. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Código Penal reformado en el artículo 373 por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760, de fecha 1 de noviembre de 2021. Artículo 618 del código penal vigente. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada Mirla Auxiliadora Reyes Oseguera, en favor del señor FELIPE CASTRO. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al Juzgado de Ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó Magistrado Wagner Vallecillo. – Notifíquese. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre de dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1742-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL