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Sentencia RP-1690-22 — Registro 19886

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la Sentencia Condenatoria por el delito de secuestro. De lo expuesto en la sentencia no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva ley penal, porque la pena de 20 años de reclusión, con la pena que establece el nuevo código penal con todas las circunstancias resulta también imponible con el actual código penal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en Revisión Penal, se impuso a Rafael Osmar Rosales Mira, la pena de veinte (20) años de reclusión, por el delito de secuestro en perjuicio de Manuel Nieto Bueso, delito que tenía una pena abstracta de 20 años de reclusión a privación de la libertad de por vida, con el anterior código penal. La conducta por la cual fue condenado Rafael Osmar Rosales Mira, está prevista en el vigente Código Penal 130-2017, como delito de Secuestro Agravado, en el artículo 240.3.7, y penúltimo párrafo del mismo, que se castiga con la pena prisión de 15 a 20 años de prisión, al concurrir según los hechos probados dos o más de las circunstancias que agravan especialmente la pena, tales como “La privación de la libertad excedió las 72 horas; y el delito se cometió en el ámbito de un grupo delictivo organizado”; y al compararse las penas impuestas por el A-quo, que impuso a Rafael Osmar Rosales Mira, la pena de 20 años de reclusión, con la pena que establece el nuevo código penal, se evidencia que al tratarse ambas de penas privativas de libertad, no se considera que el actual código penal sea más favorable, ya que la pena anterior (20 años), con todas las circunstancias resulta también imponible con el actual código penal. 2. Es evidente, que, de lo expuesto, no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva ley penal, ya que, para el secuestro, la nueva pena también resulta imponible. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616.4 del Nuevo Código Penal.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal interpuesto por la abogada Maria Elena Fonseca Cruz, a favor del señor RAFAEL OSMAR ROSALES MIRA, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Colón, en fecha uno de octubre de dos mil doce, con relación a la causa que se instruyó contra el señor RAFAEL OSMAR ROSALES MIRA, por el delito de SECUESTRO en perjuicio de MANUEL NIETO BUESO. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL “PRIMERO: El día siete de noviembre del año dos mil ocho, el señor Manuel Nieto Bueso, estaba halando fruta de palma africana en su vehículo, cuando de repente fue privado de su libertad por personas de identidad desconocida, quedando abandonado el vehículo en que se transportaba en un trayecto solitario, ubicado entre la carretera que pasaba por la Cooperativa La Confianza y Sinaloa, frente a unos potreros del Curla, jurisdicción de Tocoa, Colón. SEGUNDO: Las personas que privaron de su libertad al señor Manuel Nieto Bueso, comenzaron a comunicarse vía teléfono celular con los familiares de éste, desde los números 9622-2846 y 9676-1634, especialmente con el señor Juan Nieto Bueso, a su teléfono celular 9769-2106, a quien le exigieron la cantidad de Tres Millones de Lempiras como pago de rescate por la liberación de su hermano, cantidad que no le fue posible conseguir por sus condiciones económicas, por lo que esas personas le manifestaron que ya estaban cansadas y que consiguiera la menos Medio Millón de Lempiras, que lo llamarían para quedar donde iba entregar el dinero, siendo esa la ultima llamada recibida que fue el sábado quince de noviembre del dos mil ocho; después no tuvo mas comunicación con estas personas; por eso no se pago ninguna cantidad de dinero por la liberación del señor Manuel Nieto Bueso. TERCER: El día dieciséis de noviembre del año dos mil ocho, entre las cuatro y cinco de la tarde, los policías de Fronteras José Nahun Sorto López, Sergio Antonio Linares y Rosalío Hernández Lagos, se encontraban realizando un operativo de rutina en el sector de Carbonales carretera salida a Olancho, municipio de Bonito Oriental, departamento de Colón; cuando en ese momento le hicieron señal de parada a un vehiculo marca: Kia Sephia, serie KNAFB1219Y5877792, motor: TE-177062, color: rojo, tipo: turismo, modelo: 2,000, con placas PBS-8837, que era conducido por el señor Rafael Osmar Rosales Mira, quien no se detuvo y se dio a la fuga a gran velocidad, los policías le dispararon a las llantas y al darle persecución mas adelante se impacto contra un cerco de alambre, se le hizo un registro personal y se le encontró entre sus pertenencias dos chips o simcard, el primero con serie 8950402102059749834 y con el numero 9622-2846; el segundo serie 8950402102039875741 y con numero 9690-8668; y un teléfono celular marca Alcatel, color negro y gris con IMEI numero 011138005276824 conteniendo simcard serie 8950401402001894112 y con el numero 9676-1634; luego procedieron a su detención y fue puesto a la orden de las autoridades juntamente con las evidencias decomisadas. CUARTO: Según la información proporcionada por los vaciados telefónicos, los días trece, catorce y quince de noviembre del año dos mil ocho, desde el chip simcard 9622-2846 que le fue decomisado al señor Rafael Osmar Rosales Mira, se realizaron nueve llamadas al teléfono celular 9769-2106, perteneciente al señor Juan Nieto Bueso, desde las celdas 0231 y 0211 ubicadas en Bonito Oriental; celda 0142 ubicada en Quebrada de Agua (Corocito) y celda 0111 ubicada en San José del Cinco, todas en el departamento de Colón; asimismo, los días catorce y quince de noviembre del año dos mil ocho, desde el chip o simcard 9676-1634 que le fue decomisado al señor Rafael Osmar Rosales Mira, se realizaron siete llamadas al teléfono celular 9769-2106, perteneciente al señor Juan Nieto Bueso, desde las celdas 0212, 0013 y 0231 ubicadas en Bonito Oriental, departamento de Colón, exigiendo el dinero del rescate por la liberación del señor Manuel Nieto Bueso.” A N T E C E D E N T E S 1) En fecha diecisiete (17) de noviembre de dos mil ocho (2008), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón, el Abogado Abercio Vides Fuentes, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra el señor Rafael Osmar Rosales Mira, por suponerlo responsable del delito de Secuestro en perjuicio de Manuel Nieto Bueso. (Folios 01-03 del antecedente). 2) Que en fecha uno (01) de octubre de dos mil doce, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, dictó sentencia mediante la cual falló: “Primero. Que debemos condenar y al efecto condenamos; al encausado Rafael Osmar Rosales Mira, ya identificado con anterioridad, como autor penalmente responsable del delito de Secuestro en perjuicio del señor Manuel Nieto Bueso; sin la concurrencia de circunstancias modificativas o eximentes de la responsabilidad penal, a la pena de veinte años de reclusión. Segundo. Que debemos condenar y al efecto condenamos, encausado Rafael Osmar Rosales Mira, como consecuencia de condena de reclusión, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Tercero. Procede declarar la responsabilidad civil del encausado Rafael Osmar Rosales Mira.” (Folios 204-213 del antecedente). 3) En fecha nueve (09) de noviembre de dos mil veintidós, esta Sala, tuvo por recibido el recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada Maria Elena Fonseca Cruz, a favor del señor Rafael Osmar Rosales Mira, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), por considerar que es más benigno para su representado. (Folios 1-4 del recurso de mérito). 4) En fecha veintiuno (21) de noviembre del año do mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, con la comparecencia de la Abogada Sobeida Isabel Zapata Grande, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y de la Abogada Maria Elena Fonseca Cruz, actuando en su condición de Apoderada Legal del señor Rafael Osmar Rosales Mira. El Ministerio Público consideró:” De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de Secuestro, por el cual se condenó a Rafael Osmar Rosales Mira. EL delito de Secuestro, se sancionaba en el artículo 192 del Código Penal derogado, con una pena de 20 años a privación de la libertad de por vida. "Aun cuando no consiguiere su propósito, quien, con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio; b) ..c) ...". La pena se agravó por haber permanecido la víctima privada de su libertad más allá de 24 horas. En la nueva normativa penal el delito de SECUESTRO se encuentra regulado en el Artículo 239, que señala: "Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de 8 a 12 años y prohibición de residencia por el doble tiempo de la condena. Que, al dar lectura al Hecho Probado, no se desprende que el señor Manuel Nieto Bueso, haya sido puesto en libertad por sus captores. Sin embargo, consta de las declaraciones del señor Juan Nieto Bueso, hermano de la víctima y del Agente Antisecuestros Ronal Zadik Castro Pacheco, que el señor Manuel Nieto Bueso, fue encontrado sin vida. De tal modo que el artículo 240 de la norma supra relacionada en el párrafo causa, dolosa o imprudentemente, da muerte del secuestrado, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad". En atención lo antes relacionado, no corresponde aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado." Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, en virtud que la nueva norma es mucho más gravosa en relación a la que fue sentenciado. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público, se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” (Folios 15-17 del recurso de mérito). FUNDAMENTACION. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega, que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal, se celebró en fecha catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada Maria Elena Fonseca Cruz, a favor del señor Rafael Osmar Rosales Mira, como revisionista; y, la Abogada Sobeyda Isabel zapata Grande, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. La Abogada Maria Elena Fonseca Cruz, solicita la revisión de la pena y que se aplique el principio de retroactividad de la ley, tomando en cuenta las nuevas penas vigente en el Decreto 130-2017, en base al artículo 96 de la constitución, se solicita la retroactividad de la ley, siempre que favorezca al reo, por lo que se solicita la revisión de las penas. Por su parte el Ministerio Público, estima que las disposiciones contenidas en el actual código penal, no son más favorables al sentenciado; por lo que solicita que no se otorgue la revisión solicitada.CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en Revisión Penal, se impuso a Rafael Osmar Rosales Mira, la pena de veinte (20) años de reclusión, por el delito de secuestro en perjuicio de Manuel Nieto Bueso, delito que tenía una pena abstracta de 20 años de reclusión a privación de la libertad de por vida, con el anterior código penal. La conducta por la cual fue condenado Rafael Osmar Rosales Mira, está prevista en el vigente Código Penal 130-2017, como delito de Secuestro Agravado, en el artículo 240.3.7, y penúltimo párrafo del mismo, que se castiga con la pena prisión de 15 a 20 años de prisión, al concurrir según los hechos probados dos o más de las circunstancias que agravan especialmente la pena, tales como “La privación de la libertad excedió las 72 horas; y el delito se cometió en el ámbito de un grupo delictivo organizado”; y al compararse las penas impuestas por el A-quo, que impuso a Rafael Osmar Rosales Mira, la pena de 20 años de reclusión, con la pena que establece el nuevo código penal, se evidencia que al tratarse ambas de penas privativas de libertad, no se considera que el actual código penal sea más favorable, ya que la pena anterior (20 años), con todas las circunstancias resulta también imponible con el actual código penal. 2. Es evidente, que, de lo expuesto, no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva ley penal, ya que, para el secuestro, la nueva pena también resulta imponible. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616.4 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Código Penal reformado en el artículo 240.3.7 y 616 por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal, interpuesta por la Abogada Maria Elena Fonseca Cruz, en favor del señor RAFAEL OSMAR ROSALES MIRA. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redacto Magistrado Vallecillo Paredes. - Notifíquese Y CUMPLASE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días de septiembre del dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha dos de junio del dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1690-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL