Sentencia RP-1631-22 — Registro 20095
Resumen
Tribunal de Sentencia condenó a recurrente a una pena de siete años de reclusión como autor penalmente responsable del delito de Robo simple en perjuicio de afectado; La Sala de lo Constitucional concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Mario Cruz, la pena de siete (7) años de reclusión por el delito de Robo Simple. En el nuevo código penal el delito de robo con violencia empleando arma de fuego, según los artículos 361, 363.9 del código penal vigente, tiene una pena abstracta de 8 años a 10 años 8 meses y en el presente caso concreto al haberse empleado arma de fuego, el nuevo código penal establece que esa conducta se incrementa la pena abstracta en 1/3, o sea que la nueva pena oscila entre 8 a 10 años 8 meses de prisión, la que resulta más gravosa, razón por la cual no procede aplicar el 96 Constitucional. En consecuencia, se concluye, que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.6 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice.” CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de agosto de dos mil veinticinco. - VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por la Abogada Maria Elena Fonseca Cruz, a favor del señor Mario Cruz, contra la Sentencia Condenatoria dictada por tribunal de Sentencia de Trujillo, Departamento de Colón, en fecha catorce de enero de dos mil catorce, con relación a la causa que se instruyó contra el señor MARIO CRUZ, por el delito de ROBO SIMPLE en perjuicio de DENIS OMAR ORDOÑEZ ESPINOZA.- HECHO PROBADO DE LA SENTENCI VENIDA EN REVISIÓN PENAL “PRIMERO.- El día miércoles veinticuatro de febrero de dos mil diez, salió el autobús de la empresa de transporte Cotraipbal en el horario programado de las doce de la noche de la ruta Trujillo-Tegucigalpa, al transitar por la comunidad de Corocito, Colon, a eso de la mañana, ya del día jueves veinticinco de febrero, el señor Denis Omar Ordoñez Espinoza abordó dicho autobús en calidad de pasajero, ubicándose en el tercer asiento, al momento de aproximarse a la ciudad de Tocoa se subieron los pasajeros Mario Cruz y Wueslin Geovani Cruz Flores, quienes a la salida de la ciudad de Tocoa, al transitar por la colonia Lempira, se levantaron de sus asientos, cubriéndose con pasamontañas el rostro y sacando armas de fuego expresaron que se trataba de un asalto, obligando al conductor del autobús a desviarse hacia una finca de cultivo de palma africana, donde despojaron al señor Denis Omar Ordoñez Espinoza del arma de fuego tipo pistola, marca Taurus, calibre 40mm, con su respectivo cargador, serie #SZA79755, junto a la documentación de donde se establece que el propietario del arma de fuego es el señor Denis Omar Ordoñez Espinoza, la cual llevaba en su equipo. Al momento que habían prendido las luces internas del bus, pasó una patrulla por la calle principal que al percatarse que se trataba de un asalto realizaron disparos de manera preventiva, por lo que los señores Mario Cruz y Wueslin Geovani Cruz Flores huyeron del lugar, internándose por los cultivos de palma africana. En virtud de lo cual, el señor Denis Omar Ordóñez Espinoza interpuso la denuncia el mismo día. SEGUNDO: En fecha trece de marzo de dos mil diez, a eso de las tres de la mañana, la policía de Tocoa, Colon, recibió una denuncia que en barrio El Centro en el negocio Joyería 3000 se encontraban unas personas en su interior, por lo que se desplazaron de inmediato en una unidad móvil con agentes de la policía preventiva, resultando que al llegar a La Joyería 3000, encontraron afuera del negocio al señor Pedro Antonio Cruz Elvir y en el interior del negocio estaban los señores Mario Cruz y Wueslin Geovani Cruz Flores quienes comenzaron a disparar a los agentes policiales, por lo que éstos repelieron el ataque logrando la detención de los señores Mario Cruz y Wueslin Geovani Cruz Flores, encontrando en la requisa efectuada en el interior de la Joyería dos armas de fuego que habían usado los antes citados, siendo una de las armas de fuego: tipo pistola, marca Taurus, calibre 40mm, con su respectivo cargador, serie #SZA79755, misma arma que el día jueves veinticinco de febrero de dos mil diez, a eso de la una de la mañana, los señores Mario Cruz le despojaron al señor Denis Omar Ordóñez Espinoza cuando se conducía en calidad de pasajero, en el autobús de la empresa Cotraipbal ruta Trujillo-Tegucigalpa.”A N T E C E D E N T E S.- 1) Que en fecha uno (01) de julio del de dos mil diez (2010), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, la abogada IBERIA GRANT ROSALES, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores MARIO CRUZ, WESLIN GEOVANU CRUZ, PEDRO ANTONIO CRUZ ELVIR Y NELSON ANTONIO AGUILAR CASTRO, por los delitos de ROBO AGRAVADO Y ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de DENIS OMAR ORDOÑEZ ESPINOZA. (Folios 1-3 del antecedente).- 2) Que en fecha catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014), el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Departamento de Colón, dictó sentencia mediante la cual, FALLA: PRIMERO: ……………. SEGUNDO: ………………TERCERO: Que debemos condenar y al efecto condenamos al acusado Mario Cruz como autor penalmente responsable del delito de Robo Simple en perjuicio de Denis Omar Ordóñez Espinoza, a la pena de siete años de reclusión, ………………….CUARTO: ………………... QUINTO:……………… SEXTO………………….. SÉPTIMO: …………………. (Folios 120-135 del recurso de mérito).- 3). En fecha catorce(14) de septiembre del dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, con la comparecencia de la abogada Sobeida Isabel Zapata Grande, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la abogada Maria Elena Fonseca Cruz actuando en su condición de Apoderado Legal del señor MARIO CRUZ. El Ministerio Público consideró procede a efectuar el respectivo análisis, en cuanto a si la nueva norma penal vigente le favorece o no a su representado. En atención al delito de ROBO la norma derogada establecía en el artículo 217, lo siguiente: "Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, los animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas" en tanto que el artículo 218, estipulaba la pena abstracta a imponer siendo de cinco (5) a nueve (9) años de reclusión. Artículo 219: Las penas señaladas en el artículo anterior se aumentarán en 1/3 cuando el robo se cometa: 1. - En despoblado o en cuadrilla. 2.- ........ En el nuevo Código Penal el delito robo con violencia o intimidación se encuentra contenido en el artículo 361: "Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. Pena que corresponde ser agravada en 1/3 al concurrir la agravante del artículo 363 numeral 9) Se cometen los hechos empleando armas...; en ese sentido al efectuar el cálculo aritmético corresponde una pena abstracta de 8 años a 10 años 8 meses de estima prisión. Ante Representación las premisas fiscales que, en expuestas, el caso sub-examine, esta las disposiciones contempladas en el Nuevo Código Penal no resultan más favorables al hoy condenado por contemplar una pena mayor a la que fue condenado, por lo que lo peticionado por la revisionista no se encuentra conforme a Ley, en relación a lo que dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque no se otorgue la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios 14-16 vuelto del recurso de mérito).- FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido manda, que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de Revisión Penal, se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.- CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal, se celebró en fecha catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada María Elena Fonseca Cruz, a favor del señor Mario Cruz, como revisionista; y, la Abogada Sobeyda Isabel Zapata Grande, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. El abogado defensor, solicita la revisión de la pena y que se aplique el Principio de Retroactividad de la Ley, tomando en cuenta las nuevas penas vigente en el Decreto 130-2017, en base al artículo 96 de la Constitución, se solicita la retroactividad de la ley, siempre que favorezca al reo, por lo que se solicita la revisión de las penas. Por su parte, el Ministerio Público, estima que las disposiciones contenidas en el actual código penal, no son más favorables al sentenciado; por lo que solicita que no se otorgue la revisión solicitada. - CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Mario Cruz, la pena de siete (7) años de reclusión por el delito de Robo Simple. En el nuevo código penal el delito de robo con violencia empleando arma de fuego, según los artículos 361, 363.9 del código penal vigente, tiene una pena abstracta de 8 años a 10 años 8 meses y en el presente caso concreto al haberse empleado arma de fuego, el nuevo código penal establece que esa conducta se incrementa la pena abstracta en 1/3, o sea que la nueva pena oscila entre 8 a 10 años 8 meses de prisión, la que resulta más gravosa, razón por la cual no procede aplicar el 96 Constitucional. En consecuencia, se concluye, que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96.6.8, 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Código Penal reformado en el artículo 193, 616 por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021. Artículos 192, 361, 362, 363.9, 616 y 618 del código penal vigente. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada María Elena Fonseca Cruz, en favor del señor MARIO CRUZ. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al Juzgado de Ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó Notifíquese.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. MARLINA DUBÓN VILLEDA. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de enero del año dos mil veintiséis, certificación de fallo de fecha veinticinco de agosto del año dos mil veinticinco, recaída en el recurso de Revisión Penal registrado en este tribunal con el número SCO-1631-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL