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Sentencia RP-1629-22 — Registro 19078

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria por el delito de secuestro en aplicabilidad del Principio de retroactividad en materia penal, Considerando la Sala Constitucional que Ponderando el quantum de la pena, es palmario que, en el marco de penas abstractas, tomando en cuenta la concurrencia de la causal 7 contemplada en el articulo 240 del nuevo Código Penal, corresponde aplicar la pena de doce a quince años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena; penas que son menos gravosas para la encausada.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

La sentenciada, al tenor del artículo 239 del nuevo Código Penal cometió el delito de Secuestro, puesto que participó en calidad de coautora en la privación de la libertad de una persona, exigiendo condición para liberarla, pero se logró el rescate antes de hacerse efectivo el pago requerido por la libertad y vida del ofendido. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada. III. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde a la encausada se le impuso la pena de veintidós años seis meses. Se debe imponer a la encausada la pena de TRECE (13) AÑOS de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena por el delito de Secuestro. V. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo cómputo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
  • Código Penal No. 130-17, art. 239 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
  • Código Penal No. 130-17, art. 239 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de marzo de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada MARIA ELENA FONSECA CRUZ, a favor de la señora YOLANI ELISABET RODRIGUEZ SANCHEZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, de fecha dos (02) de septiembre de dos mil nueve (2009), con relación a la causa que se instruyó contra la señora YOLANI ELISABET RODRIGUEZ SANCHEZ, por haber sido condenado por el delito de Secuestro, en perjuicio de TEODULO BOBADILA PINEDA (EXP-197-210-11). ANTECEDENTES 1) En fecha siete (07) de abril de dos mil nueve (2009), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la sección de Tegucigalpa, la Abogada ANA PATRICIA DOMINGUEZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra la señora YOLANI ELISABET RODRIGUEZ SANCHEZ, por suponerla responsable del delito de Secuestro, en perjuicio de TEODULO BOBADILA PINEDA. (Folios 02 -08 del antecedente). 2) Que en fecha dos (02) de septiembre de dos mil nueve , el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic” PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos a la señora YOLANY ELIZABETH RODRIGUEZ SANCHEZ, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autora responsable penalmente del delito SECUESTRO, en perjuicio de TEODULO BOBADILLA PINEDA, a la pena de VEINTIDOS (22) AÑOS, SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN, debiéndose descontar al cómputo de la pena, el tiempo en que la acusada haya estado cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva que se le ha impuesto por esta causa, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que estime el Juez de Ejecución Competente. SEGUNDO: Que debemos condenar y Condenamos a YOLANY ELIZABETH RODRIGUEZ SANCHEZ, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo de su condenas en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario TERCERO: Se declara a la señora YOLANY ELIZABETH RODRIGUEZ SANCHEZ responsable civilmente de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito por el que es condenada, según se estime en la fase correspondiente ante el Juez de Ejecución CUARTO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio a la condenada. QUINTO: No procede decretar la pena de comiso por no haber sido puestas a disposición de este Tribunal piezas de convicción o de ejecución alguna. SEXTO: Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales. Así por esta nuestra Sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos.” (Folios 125-133 del antecedente). 3) En fecha nueve (09) de noviembre de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por la Abogada MARIA ELENA FONDECA CRUZ, a favor de la señora YOLANY ELIZABETH RODRIGUEZ SANCHEZ, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representada. (Folios 1-4 del recurso de mérito). 4) En fecha catorce (14) de septiembre del año do mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante MARVIN RIGOBERTO ESPINAL PINEL, con la comparecencia de la Abogada SOBEIDA ISABEL ZAPATA GRANDE, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y de la Abogada MARIA ELENA FONSECA CRUZ, actuando en su condición de Apoderada Legal de la señora YOLANI ELISABET RODRIGUEZ SANCHEZ. El Ministerio Público consideró: después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que la Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia de fecha 02 de septiembre del 2009, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Nuevo Código Penal Vigente, el delito por el cual fue condenado su representado es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1).., 2).., 3) .., 4)..,5)..., 6) .. 7)., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna...", relacionado con los artículos 615 y 616 del Nuevo Código Penal, que señalan: Artículo 615: "RETROACTIVIDAD DEMAS FAVORABLE. los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. De lo expuesto por la revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de SECUESTRO por el cual se condenó a YOLANY BLIZABETH RODRIGUEZ SANCHEZ. EL delito de SECUESTRO se sancionaba en el artículo 192 del Código Penal derogado, con una pena de 20 años de privación de la libertad de por vida. "Aun cuando no consiguiere su propósito, quien, con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio; b)..C).". La pena se agravó por haber permanecido la víctima privada de su libertad más allá de 24 horas. En la nueva normativa penal el delito de SECUESTRO se encuentra regulado en el Artículo 239, que señala: "Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de 8 a 12 años Y prohibición de residencia por el doble tiempo de la condena. Asimismo, al desprenderse de la declaración del ofendido que fueron cinco personas aproximadamente las que participaron en la acción ilícita concurre de esta manera la agravante tipificada en el Artículo 240.7, que refiere: "El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado", en relación al artículo 136, correspondiendo la pena de prisión de doce (12) a quince (15) y prohibición de residencia por el doble tiempo de la condena. Y siendo que en la sentencia de mérito se impuso a la condenada la pena media, corresponde aplicar la nueva ley en los mismos términos. De lo antes relacionado se determina que dicha pena es menor a la pena por la que fue condenada, por lo que procede aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado." Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” (Folios 15-17 del recurso de mérito). CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.- CONSIDERANDO (3): Fundamentos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. La recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor de la condenada cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO (4): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO (5): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha catorce de septiembre de dos mil veintitrés, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la abogada MARIA ELENA FONSECA CRUZ, en representación de la señora YOLANI ELISABET RODRIGUEZ SANCHEZ, como revisionista; y, la Abogada Sobeida Isabel Zapata Grande, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. La abogada Maria Elena Fonseca Cruz funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor de la condenada cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que ratifica el contenido de la solicitud de revisión presentada contra la sentencia de fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve emitida por el Tribunal de Sentencia donde se le condenó a la pena de veintidós años seis meses de reclusión por el delito de secuestro en perjuicio del señor Teódulo Bobadilla Pineda, así como a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; asimismo que se proceda a la aplicación retroactiva de una ley penal por ser mas benigna, siendo el caso que nos ocupa que se condenó a la imputada conforme al articulo 118 del Código Penal decreto 144-83, que establecía una pena para el delito de secuestro de veinte a treinta años; por lo que solicito que, habiendo una nueva norma penal, decreto 130-2017 y que favorece al ro en virtud de que en su articulo 239, impone a este mismo delito de secuestro, la pena de ocho a doce años; en consecuencia, la aplicación de la retroactividad de la ley comprendida en el numeral 4 del articulo 1 del Código Penal, decreto 130-2017 y otras normas, así como la aplicación de la ley mas favorable al reo, es procedente solicitar que se declare con lugar el presente recurso de revisión penal y se ordene la reforma de la sentencia definitiva condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia en fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve y establecer una rebaja de pena, que en base al articulo 239, decreto 130-2017 debe oscilar entre los ocho y doce años. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que después del estudio del caso se aprecia que el revisionista solicita que se revea la sentencia de fecha dos de septiembre de dos mil nueve dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, con fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el nuevo Código Penal, el delito por el cual fue condenado, es sancionado con una pena mas benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la ley que mas le favorezca a su representado, tal como lo dispone el articulo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Que, de lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de secuestro por el cual se condenó a la señora Yolani Elisabeth Rodríguez Sánchez; en el articulo 192 del Código Penal derogado, se sancionaba con una pena de 20 años a privación de la libertad de por vida, agravando la pena por haber permanecido la victima privada de su libertad más allá de 24 horas. En la nueva normativa penal, el delito de secuestro se encuentra regulado en el articulo 239 que señala que quien priva de su libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de 8 a 12 años y prohibición de residencia por el doble tiempo de la condena. Asimismo, se desprende de la declaración del ofendido que fueron cinco personas aproximadamente las que participaron en la acción delictiva, concurriendo de esta manera en la agravante tipificada en el articulo 240.7 que refiere que el delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado en relación con el articulo 136, correspondiendo la pena de prisión de doce a quince años y prohibición de residencia por el doble tiempo de la condena. Y siendo que en la sentencia de mérito se impuso a la condenada la pena media, corresponde aplicar la nueva ley en los mismos términos. Por lo que se determina que dicha pena es menor a la pena por la que fue condenada, por tanto, procede aplicar el principio de retroactividad de la ley penal preceptuado en el artículo 96 tercer párrafo de la Constitución de la República y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. En consecuencia, el Ministerio Público se pronuncia porque se otorgue la presente acción de revisión en los términos supra señalados. CONSIDERANDO (6): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. Asimismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Articulo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO (7): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO (8): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO (9): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro. CONSIDERANDO (10): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO (11): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (12): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO (13): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta N.º 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal esta Sala aprecia que efectivamente la señora YOLANI ELISABETH RODRIGUEZ SANCHEZ fue condenada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha dos de septiembre de dos mil nueve, a la pena de VEINTIDOS AÑOS SEIS MESES DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO en perjuicio de TEODULO BOBADILLA PINEDA más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 192 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que la condenada cometió el delito de Secuestro. III. Esta Sala procede a examinar si el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO (15): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a la señora YOLANI ELISABETH RODRIGUEZ SANCHEZ, la pena principal de VEINTIDOS AÑOS SEIS MESES AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en 192 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 239 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta pena de prisión de ocho (8) a doce(12) años. Agravándose dicha pena si concurren agravantes especificas pudiendo llegar la pena de quince (15) hasta veinte (20) años de prisión, y prohibición de residencia por el doble que dure la condena; Ponderando el quantum de la pena, es palmario que, en el marco de penas abstractas, tomando en cuenta la concurrencia de la causal 7 contemplada en el articulo 240 del nuevo Código Penal, corresponde aplicar la pena de doce a quince años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena; penas que son menos gravosas para la encausada. II. La sentenciada, al tenor del artículo 239 del nuevo Código Penal cometió el delito de Secuestro, puesto que participó en calidad de coautora en la privación de la libertad de una persona, exigiendo condición para liberarla, pero se logró el rescate antes de hacerse efectivo el pago requerido por la libertad y vida del ofendido. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada. III. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde a la encausada se le impuso la pena de veintidós años seis meses. Se debe imponer a la encausada la pena de TRECE (13) AÑOS de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena por el delito de Secuestro. V. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo cómputo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada MARIA ELENA FONSECA CRUZ, a favor de la señora YOLANI ELISABETH RODRIGUEZ SANCHEZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta a la señora YOLANI ELISABETH RODRIGUEZ SANCHEZ, por el delito SECUESTRO, en perjuicio de TEODULO BOBADILLA PINEDA, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO a la señora YOLANI ELISABETH RODRIGUEZ SANCHEZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de SECUESTRO en perjuicio de TEODULO BOBADILLA PINEDA a la pena de TRECE (13) AÑOS de prisión y prohibición de residir o acudir al lugar en que se haya cometido el delito o a aquel en que resida la víctima o su familia por el doble de tiempo de la condena. Mas las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de la condena. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la MAGISTRADA ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de abril de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de marzo de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-1629-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL JP