Sentencia RP-1613-22 — Registro 19870
Resumen
Se interpone Accion de Revisión contra la sentencia condenatoria dictada por delito de Extorsión, por entrada en vigencia de legislación mas favorable; la que fue declarada sin lugar al verificar que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad determinada en la reforma legal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior..." …" … La conducta por la cual fue condenado EDWIN RENE RUIZ HERNANDEZ está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de Dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 la nueva pena excede por mucho el importe pecuniario impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tal razón, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 y 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 y 99 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Sentencia de revisión penal. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (08) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por el Magistrado Luis Fernando Padilla Castellanos. Pronuncia: En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el Recurso de Revisión Penal número SCO 1613-2023 interpuesto por el Abogado ROGER ALEXI CACERES RIVAS Y MERCEDES DANIBET RUIZ SALGADO, a favor del señor EDWIN RENE RUIZ HERNANDEZ, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN en fecha ocho de Noviembre de dos mil diecisiete, en la cual falló: PRIMERO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al Señor EDWIN RENE RUIZ HERNANDEZ, con las generales de identidad anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente del delito de EXTORSIÓN SIMPLE en perjuicio de Testigo Protegido "AD-485", a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, MAS UNA MULTA DE CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS, pena de reclusión a la que se le ha de computar el tiempo en que el imputado ha estado en efectiva prisión por el cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, pena que deberá cumplir el imputado en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución determine. SEGUNDO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al Señor EDWIN RENE RUIZ HERNANDEZ, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. TERCERO: Se declara la RESPONSABILIDAD CIVIL del Señor EDWIN RENE RUIZ HERNANDEZ, de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito por el que es condenado a favor del Testigo Protegido AD-485 (Folios 124-130 del recurso de mérito) Son partes: El abogado ROGER ALEXI CACERES RIVAS Y MERCEDES RUIZ SALGADO. En favor de EDWIN RENE RUIZ HERNANDEZ como revisionista. 1) La abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ, Fiscal del Ministerio Público. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISION PENAL PRIMERO: En fecha treinta (30) de octubre del año dos mil quince (2015) en horas de la mañana, el testigo protegidoAD-485, se presentó ante la Fuerza Nacional Antiextorsión a interponer denuncia, manifestando que personas le estaban exigiendo el pago de quinientos (500.00) lempiras semanales, en concepto de impuesto de guerra y que de no pagarlos le quitarían la vida a él o a uno de sus empleados. SEGUNDO: En Horas de la tarde de ese mismo día, el testigo protegido AD-485, conjuntamente con otros Agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, se trasladaron a inmediaciones de la colonia Nueva Capital sector cinco de Comayagüela Francisco Morazán, en donde se realizo la entrega de un billete de quinientos (500.00) lempiras con serie numero V223878, al señor identificado con el nombre de EDWIN RENE RUIZ HERNANDEZ, quien el momento que pretendía retirarse del lugar, fue detenido por Agentes de la Policía Militar a quienes los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, les había solicitado colaboración. ANTECEDENTES 1).-Del inicio del proceso penal. Que en fecha treinta y uno (31) de octubre del dos mil quince (2015), la Agente de Tribunales del Ministerio Público, la abogada, CESIA ESTRADA BRUNER, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, presentando requerimiento fiscal contra del señor EDWIN RENE RUIZ HERNANDEZ a quien se le supone responsable, a título de autor directo de la comisión del delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AD-485, (Folios 2-5 del recurso de mérito) 2).-De la Sentencia condenatoria.-Que en fecha ocho (08) de noviembre del dos mil diecisiete (2017), El TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al Señor EDWIN RENE RUIZ HERNANDEZ, con las generales de identidad anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente del delito de EXTORSIÓN SIMPLE en perjuicio de Testigo Protegido "AD-485", a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, MAS UNA MULTA DE CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS, pena de reclusión a la que se le ha de computar el tiempo en que el imputado ha estado en efectiva prisión por el cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, pena que deberá cumplir el imputado en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución determine. SEGUNDO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al Señor EDWIN RENE RUIZ HERNANDEZ, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. TERCERO: Se declara la RESPONSABILIDAD CIVIL del Señor EDWIN RENE RUIZ HERNANDEZ, de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito por el que es condenado a favor del Testigo Protegido AD-485. CUARTO: No procede condenar en COSTAS procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al condenado EDWIN RENE RUIZ HERNANDEZ, ni al Ministerio Público. QUINTO: No Procede decretar el COMISO en vista que de acuerdo a los antecedentes no se presentaron objetos que el acusado haya utilizado para cometer el delito; sin embargo, se presentó como evidencia el billete utilizado en la entrega controlada y que fuera decomisado infraganti, que si bien fue puesto a la vista del Tribunal, este fue devuelto al Ministerio Publico en el acto del Debate oral y Público, para que sea guardado en el almacén de evidencia que para tal efecto maneja dicha institución y entregado a su propietario oportunamente consistente en un billetes de quinientos lempiras con serie número V2238768, hasta en tanto esté firme la sentencia o en su defecto en la fase de ejecución de la misma. Y MANDA Que se notifique este fallo a las partes, una vez firme se remitan las presentes diligencias al Juzgado de Ejecución competente para su debido cumplimiento, además de librar copia certificada de la presente resolución a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial y Centro Penal Marco Aurelio Soto de Tamara Francisco Morazán. Así por esta nuestra sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos. (Folios 124-130 del recurso de mérito) 3).- De la Interposición del Recurso de revisión Penal y su admisión por la Sala de lo Constitucional. Que en fecha seis de diciembre de dos mil veintitres, comparecieron ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado ROGER ALEXI CACERES RIVAS y la Abogada MERCEDES DANIBET RUIZ SALGADO, presentando recurso de revisión penal a favor del señor EDWIN RENE RUIZ HERNANDEZ, contra la sentencia condenatoria de fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete (08-11-2017), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, manifestando los recurrentes que interponen el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-03 del recurso) 4).-De la Celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha dieciocho (18) de septiembre del dos mil veinticuatro (2024) se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, con la comparecencia de la abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado ROGER ALEXI CACERES RIVAS actuando en su condición de Apoderado Legal del señor EDWIN RENE RUIZ HERNANDEZ; Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva emitida por el Francisco Morazán, fundamentando su petición en La aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, de conformidad a las disposiciones vigentes contenidas en el nuevo Código Penal, el cual es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1).m, 2).., 3)..., 4)..,5) .., 6) ..7).., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna," relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal. De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de EXTORSION por el cual se condenó al señor EDWIN RENE RUIZ HERNANDEZ, según lo regulado en el artículo 222 del código Penal derogado, que establecía una pena de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las accesorias que correspondan; mientras que el código Penal Vigente sanciona esa misma figura delictiva en el artículo 373, reformado a través del Decreto 93-2021, con igual pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y MULTA DE QUINIENTOS (500) A MIL (1000) DÍAS EN SU NIVEL MÁS ALTO, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados, si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. Por otra parte, el Código Penal Vigente dispone en el artículo 53. - PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, través de la Tesorería General de la República o de la Institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (15,000), que resultara del estudio Socio Económico realizado por parte del Consejo Técnico del Centro Penitenciario por medio de la trabajadora social. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no Son más favorables al sentenciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 616 párrafo cuarto del referido Código, en cuanto señala que cuando se trata de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho fuera también imponible con arreglo al presente Código; tal como acontece en el caso de autos, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta al sentenciado conforme la legislación derogada se encuentra dentro del mismo rango de pena abstracta imponible al delito de Extorsión con arreglo al Código Penal vigente, por 1o que el Ministerio Público es de la opinión que no resulta procedente lo solicitado por el revisionista y que se mantenga la pena impuesta al hoy condenado; en virtud de no cumplir los requisitos establecidos en los artículos 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios 17-19 vuelto del recurso de mérito) FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2):Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales de la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos de las partes en audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha dieciocho de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024), con la comparecencia de la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y los abogados ROGER ALEXI CACERES RIVAS Y MERCEDES DANIBET RUIZ SALGADO, actuando en su condición de revisionistas en favor del señor EDWIN RENE RUIZ HERNANDEZ; Los abogados recurrentes, fundan su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la ley sobre Justicia Constitucional, solicitando se aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley Penal al señor EDWIN RENE RUIZ HERNANDEZ, quien fue condenado por el delito de Extorsión Simple, en Perjuicio del Testigo Protegido AD-485, a una pena de quince (15) años de reclusión y una multa de cincuenta salarios mínimos, de conformidad al artículo 222 del Código Penal derogado, Solicitando la pena y multa señalada en el artículo 373 del Código Penal Decreto 130-2017 (Ley Intermedia) en donde establece que para el delito Extorsión la pena es 10-15 años una multa de 500 a 1000 días; solicitando la pena mínima en virtud de no concurrir agravante especificas del artículo 374 del código penal vigente, siendo lo más beneficioso en favor de su representado. La representante del Ministerio Público consideró: “… que de la revisión de ambas leyes penales se determina que la sanción correspondiente al delito de Extorsión simple conforme al artículo 222 del código penal derogado era una pena de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos más las penas accesorias; mientras que el Código Penal Vigente sanciona esa misma figura delictiva en el artículo 373, reformado a través del Decreto 93-2021, con la misma pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y MULTA DE QUINIENTOS (500) A MIL (1000) DÍAS EN SU NIVEL MÁS ALTO, Por otra parte, el Código Penal Vigente dispone en el artículo 53.- PENA DE DÍAS MULTA. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5,000), que resultara del estudio Socio Económico realizado por parte del Consejo Técnico del Centro Penitenciario por medio de la trabajadora social; Conforme lo antes expuesto, estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 616 párrafo cuarto del referido Código, en cuanto señala que cuando se trata de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho fuera también imponible con arreglo al presente Código; tal como acontece en el caso de impuesta al sentenciado conforme la legislación derogada se encuentra dentro del mismo rango de pena abstracta imponible al delito de Extorsión con arreglo al Código Penal vigente, sumado al hecho que la pena de multa se vuelve más onerosa para el encausado; por lo que el Ministerio Público es de la opinión que no se otorgue la presente acción y se mantenga la pena impuesta al hoy condenado. CONSIDERANDO CINCO (5): Reglas de ponderación aplicables. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP 144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP 130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro. CONSIDERANDO OCHO (8): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a EDWIN RENE RUIZ HERNANDEZ, las penas principales de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION y una multa de Cincuenta salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de Extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido AD-485; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado EDWIN RENE RUIZ HERNANDEZ está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de Dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 la nueva pena excede por mucho el importe pecuniario impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tal razón, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por los Abogados ROGER ALEXI CACERES RIVAS Y MERCEDES DANIBET RUIZ SALGADO, en favor del señor EDWIN RENE RUIZ HERNANDEZ contra la sentencia de fecha ocho de noviembre del dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán.. Y MANDA: Que la secretaria del despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho corresponda. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de diciembre de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha ocho de octubre de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-1613-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL