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Sentencia RP-1603-23 — Registro 19377

Resumen

Sentencia definitiva mediante la figura procesal de la estricta conformidad entre las partes, condenó a recurrente como autores responsable del delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la Salud de la población del Estado de Honduras, se le impuso pena principal de quince (15) años de reclusión; con penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; declarándoles con responsabilidad civil; Se ordenó la expulsión de los condenados del territorio nacional, una vez cumplida la condena impuesta

Análisis jurisprudencial

(Sin análisis jurisprudencial en la ficha)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de junio del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal interpuesto por la Abogada DEXA ESTELA ANTUNEZ FLORES, a favor de los ciudadanos colombianos ETHALSON KALEB HOOKER THYME Y NADIN GONZALES SUAREZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha cuatro de abril del año dos mil diecinueve, en relación a la causa que se instruyó contra los ciudadanos de origen colombiano ETHALSON KALEB HOOKER THYME Y NADIN GONZALES SUAREZ, quienes fueron condenados por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta (30) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), el Agente de Tribunales del Ministerio Público, Abogado JOSE ROGELIO COREA CASTILLO, compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores ETHALSON KALEB HOOKER THYME Y NADIN GONZALES SUAREZ, ambos de nacionalidad colombiana, por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios del 1-3 de la pieza de antecedentes del A-quo). 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha cuatro de abril del año dos mil diecinueve, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, de Tegucigalpa, M.D.C., dictó sentencia definitiva mediante la figura procesal de la Estricta Conformidad entre las partes, mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: CONDENAR, por conformidad de las partes, a los señores ETHALSON KALEB HOOKER THYME Y NADIN GONZALES SUAREZ, cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas, como autores responsable penalmente del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, por el cual se les impone a cada uno, una pena de QUINCE (15) AÑOS Y MULTA DE UN MILLÓN DE LEMPIRAS (L. 1,000,0000.00), como pena principal; pena de reclusión que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución estime pertinente y en el caso de la MULTA, enterarla en la Tesorería General de la República; quedando obligado a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional; además, se le imponen las penas accesorias de IHNABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL; durante el tiempo de duración de la condena. SEGUNDO: Se declara al condenado responsable civilmente. TERCERO: No se condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. CUARTO: Se ordena la expulsión de los señores ETHALSON KALEB HOOKER THYME Y NADIN GONZALES SUAREZ del territorio nacional de Honduras, una vez que hayan cumplido la condena que se le ha impuesto…” (Folios del 151-155 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que en fecha seis de diciembre del año dos mil veintitrés, compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Abogada DEXA ESTELA ANTUNEZ FLORES, interponiendo acción de revisión en materia penal a favor de los señores ETHALSON KALEB HOOKER THYME Y NADIN GONZALES SUAREZ, contra la sentencia condenatoria de fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, argumentando la recurrente que interpone el presente recurso el en fundamento al Principio de Retroactividad de la Ley penal favorable, emitida después de la realización de la conducta ilícita. (Folios del 01-07 de los autos) 4) Que en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil veinticuatro, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrado Integrante LUIS ALONSO DISCUA CERRATO, habiendo comparecido la Abogada DEXA ESTELA ANTUNEZ FLORES, en su condición de apoderada legal de los señores ETHALSON KALEB HOOKER THYME Y NADIN GONZALES SUAREZ y la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones a favor de conceder el referido recurso de revisión; habiendo manifestando la recurrente que ratifica la Acción Constitucional de Revisión Penal de la sentencia condenatoria firme, presentada en fecha 6 de diciembre del año 2023, en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de sus representados, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017).- La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque: “SE OTORGUE la presente acción de revisión, conforme a los argumentos que anteceden…”. (Folios del 25-28fv de los autos) CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. La garantista fundamenta su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. La garantista en su escrito de interposición del Recurso, expone que la prohibición de retroactividad protege al individuo frente a la aplicación arbitraria y sorpresiva del ius puniendi; impide la restricción de los derechos fundamentales por medio de la conminación penal y la persistencia de sanciones cuya gravedad ha sido cuantitativa o cualitativamente atenuada. En contraste con el régimen de irretroactividad desfavorable, es ampliamente reconocido el principio de aplicación de la ley penal favorable emitida después de la realización de la conducta ilícita o la imposición de la sanción por parte de los tribunales. CONSIDERANDO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición y presentación de pruebas. Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas se celebró en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil veinticuatro, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la abogada Dexa Estela Antúnez Flores, como garantista a favor de los señores Ethalson Kaleb Hooker Thyme y Nadin Gonzales Suarez y la abogada Sagrario Rosibel Gutierrez Maldonado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Se le cedió la palabra a la abogada Dexa Estela Antúnez Flores, quien expresa que ratifica la Acción constitucional de Revisión Penal de la sentencia firme condenatoria, presentada en fecha 6 de diciembre del año 2023, recaída en el proceso criminal que se les siguió a sus representados Ethalson Kaleb Hooker Thyme y Nadin Gonzales Suarez; solicitando la revisión de la sentencia condenatoria dictada por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal en fecha 4 de abril del año 2019, de conformidad a lo estipulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional y especialmente en el Artículo 96 de la Constitución de la República, lo anterior va dirigido a cambiar la situación de los ciudadanos Ethalson Kaleb Hooker Thyme y Nadin Gonzales Suarez, ante la ley y las instituciones que determinan sus condiciones de delincuentes.- Seguidamente se le cedió la palabra a la Fiscal del Ministerio Público Abogada Sagrario Rosibel Gutierrez Maldonado, quien en su apreciación jurídica de los hechos, hace referencia a los artículos 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 615 y 616 del nuevo Código Penal, artículo 18 de la derogada Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, 53, 311, 312 y 321 del Código Penal vigente, en atención a las sanciones para el delito de Tráfico Ilícito de drogas; expresando que “…Del examen de los antecedentes y del estudio de la sentencia venida en revisión, se extrae de la declaratoria de hechos probados narrados, que el órgano sentenciador enmarco la acción cometida en un ilícito de mayor gravedad, al estimar que de las circunstancias en que ocurrieron los hechos, los sentenciados de conducían en una lancha con matrícula colombiana, trayendo consigo 4 paquetes conteniendo cada uno treinta (30) paquetes con polvo de cocaína y otro paquete conteniendo 17 paquetes de polvo de cocaína que en total sumaron un peso de 136,416.26 gramos. De ahí que esta Representación Fiscal estima que el rango de pena a imponer es la establecida en el artículo 312 que señala la pena de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días por concurrir la agravante contenida en el Numeral 5: “La cantidad objeto del delito es de especial importancia”, con relación al párrafo tercero del artículo 321 del Código Penal vigente; que a su vez impone la pena de multa de conformidad a la aplicación del precitado artículo 53 del Código Penal vigente. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal resultan más favorables al sentenciado, de conformidad a los criterios establecidos en el artículo 616 del referido Código, en virtud que las penas privativas de libertad impuesta al sentenciado por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas se encuentra por debajo del rango de pena abstracta imponible a dicho delito con arreglo al Código Penal vigente, por lo que resulta evidente que las disposiciones del nuevo Código Penal resultan más favorables la condenado, por lo que concurre la causal de revisión invocada por el garantista, al cumplirse con los requisitos establecidos en los artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal, por ser esta más benigna al condenado…”, por lo que el Ministerio Público es de la opinión porque SE OTORGUE la presente acción de revisión a favor de los condenados ETHALSON KALEB HOOKER THYME y NADIN GONZALES SUAREZ. CONSIDERANDO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. CONSIDERANDO (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO (7): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO (8): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (9): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, los señores Ethalson Kaleb Hooker Thyme y Nadin Gonzales Suarez, fueron condenados mediante sentencia dictada en fecha cuatro de abril del año dos mil diecinueve, por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, tipificado en el Artículo 18, relacionado con el artículo 5, numeral 34) de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas; normas que disponían en su orden: Artículo 18 “El que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras.” Artículo 5 “Para los efectos de la presente Ley, salvo indicación expresa en contrario se entiende por: … 34) Tráfico ilícito: Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir a – a sacar del país* y/o realizar transacciones a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas.” La nueva norma en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, tipifica en el artículo 311 el delito de Tráfico de Drogas, relacionado con el artículo 312 que determina las agravantes específicas a saber: Artículo 311 “Tráfico de Drogas. Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos días (500). Las penas de prisión a imponer deben ser, en cada uno de los supuestos del párrafo anterior, de uno (1) a tres (3) años o de dos (2) a cinco (5) años de prisión, cuando de las circunstancias del hecho y de las personales del culpable, se deduzca una menor gravedad. No se puede hacer uso de esta regla si concurre alguna de las agravantes contempladas en el artículo siguiente.”; Artículo 312 “Agravantes Específicas del Tráfico de Drogas. En el caso del párrafo primero del artículo anterior de deben imponer las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días, si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 1) …; 2)…; 3)…; 4)…; 5) La cantidad objeto del delito es de especial importancia; 6)…; 7) Se utilizan medios extraordinarios de transporte; 8)…; 9) La conducta se dirige al tráfico internacional. Si concurre la circunstancia del numeral 3) junto con las previstas en los numerales 5) o 7), las penas de prisión se deben incrementar en un tercio (1/3)”. (Énfasis y subrayado añadidos) CONSIDERANDO (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (11): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (12): FUNDAMENTACIÓN DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente los señores ETHALSON KALEB HOOKER THYME y NADIN GONZALES SUAREZ fueron condenados por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, mediante sentencia definitiva y firme a través de la figura procesal de la Estricta Conformidad en fecha cuatro de abril del año dos mil diecinueve, por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, a la PENA PRINCIPAL de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, más una MULTA DE UN MILLÓN DE LEMPIRAS (L. 1,000,000.00); asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la pena principal. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la garantista, que la sentencia condenatoria de fecha cuatro de abril del año dos mil diecinueve mediante la cual se condenó a los señores ETHALSON KALEB HOOKER THYME y NADIN GONZALES SUAREZ, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en los artículos 18 relacionado con el artículo 5 numeral 34) de la Ley Sobre uso Indebido Y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, contenido en el Decreto Legislativo Número 126-89, estimando que los condenados cometieron el delito de Tráfico Ilícito de Drogas. III- Esta Sala considera que el caso sub júdice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma más favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión a favor de los condenados ETHALSON KALEB HOOKER THYME y NADIN GONZALES SUAREZ. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. CONSIDERANDO (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a los señores ETHALSON KALEB HOOKER THYME y NADIN GONZALES SUAREZ, las penas principales de: 1) QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN; y 2) MULTA consistente en la cantidad de UN MILLÓN DE LEMPIRAS (LPS. 1,000,000.00), penas mínimas impuestas, en atención a la Estricta Conformidad acordada entre las partes, por haber sido encontrados responsables como autores del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. Asimismo, fueron condenados con las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal. Procediéndose, en consecuencia, por la judicatura competente Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán y de conformidad al artículo 322 del Código procesal Penal, a la imposición de la pena mínima acorde a la solicitud formulada por el ente acusador y el acuerdo de la Defensa, aplicando al imputado la pena que en ese momento fue solicitada, contando con su aquiescencia. En ese orden de ideas y conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de TRÁFICO DE DROGAS, con sus agravantes específicas, previsto en el artículo 312, prevé una pena abstracta de DIEZ (10) A QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA DE TRESCIENTOS (300) A QUINIENTOS (500) DÍAS, por concurrir las circunstancias siguientes, según el factum de la sentencia: 5) La cantidad objeto del delito es de especial importancia; 7) Se utilizan medios extraordinarios de transporte; y 9) La conducta se dirige al tráfico internacional. Conforme al acuerdo alcanzado entre las partes a través de la figura procesal de la Estricta Conformidad y la imposición de la pena mínima, el marco penal abstracto se mantiene en DIEZ (10) A QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA DE TRESCIENTOS (300) A QUINIENTOS (500) DÍAS; días multa que tienen un valor no menor de Veinte Lempiras (L. 20.00) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L. 5,000.00), según lo dispone el artículo 53 del Código Penal vigente. Obteniéndose, por consiguiente, que resulta conforme a derecho imponer a los señores ETHALSON KALEB HOOKER THYME y NADIN GONZALES SUAREZ, como autores del delito de TRÁFICO DE DROGAS AGRAVADO, las penas principales de DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA DE TRESCIENTOS (300) DÍAS, a razón de Veinte Lempiras (L 20.00) por día, lo que multiplicado asciende a la cantidad de Seis Mil Lempiras (L. 6,000.00), en atención a que en la sentencia anterior se aplicaron a los condenados las penas mínimas, en consideración a la Estricta Conformidad acordada entre las partes. Siendo en consecuencia que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme la Ley Sobre uso Indebido Y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, contenido en el Decreto Legislativo Número 126-89, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la Ley penal en favor de los señores ETHALSON KALEB HOOKER THYME y NADIN GONZALES SUAREZ. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición de la Fiscal del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 92, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 35, 53, 57, 58, 69, 311, 312, 321, 615, 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada DEXA ESTELA ANTÚNEZ FLORES, a favor de los señores de origen colombiano ETHALSON KALEB HOOKER THYME y NADIN GONZALES SUAREZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por EL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MAETRIA PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar las penas impuestas a los señores ETHALSON KALEB HOOKER THYME y NADIN GONZALES SUAREZ, por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENAR, por conformidad de las partes, a los señores ETHALSON KALEB HOOKER THYME Y NADIN GONZALES SUAREZ, cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas, como autores responsables penalmente del delito de TRÁFICO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA, por el cual se le impone a cada uno, una pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA de SEIS MIL LEMPIRAS (L. 6,000.00), como pena principal; en el caso de la MULTA, enterarla en la Tesorería General de la República; además, se les impone la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la pena principal, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos; Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente, para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo.- NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. - LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de julio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veinte de junio del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1603-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL