Sentencia RP-1588-22 — Registro 19274
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria por el delito de Extorsión en su grado de participación de cómplice Simple ,en perjuicio de Testigo protegido, La sala Constitucional concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616, 618 y 621 del Nuevo Código, igualmente se observa que el condenado no se encuentra recluido en virtud de su condición de salud, así lo refiere el Juzgado de ejecución.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que en fecha once de Noviembre del dos mil veintiuno, la Sala de lo Penal, mediante recurso de casación dicto sentencia en la cual Casa parcialmente la sentencia de fecha veintiséis de abril del año dos mil dieciocho dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ceiba departamento de Atlántida, en consecuencia se condenó al señor Juan Carlos Cruz acosta, por el delito de Extorsión en su grado de participación de autor, en perjuicio de testigo protegido AB0070-2016, imponiéndosele una pena principal de Quince años de reclusión y una multa de trecientos ochenta y siete mil novecientos noventa y nueve(L387,999.00); conforme al artículo 222 del Código Penal derogado. Esta conducta se encuentra prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por Decreto Legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de Dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia al condenado JUAN CARLOS CRUZ ACOSTA se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616, 618 y 621 del Nuevo Código, igualmente se observa que el condenado no se encuentra recluido en virtud de su condición de salud, así lo refiere el Juzgado de ejecución.
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL SENTENCIA DE REVISIÓN PENAL. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil veinticinco (2025), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por el Magistrado Wagner Vallecillo Paredes. pronuncia, En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el Recurso de Revisión Penal número SCO 1588-2022 interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor del señor JUAN CARLOS CRUZ ACOSTA , contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, de fecha veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018), que fallo: PRIMERO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al imputado JUAN CARLOS CRUZ ACOSTA, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente de un delito de EXTORSION EN SU GRADO DE PARTICIPACION DE COMPLICE SIMPLE, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO. AB0070-2016, a cumplir la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN, debiéndose computársele la misma desde el día en que el acusado fue aprehendido por esta causa. Pena que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de El Porvenir, Municipio de El Porvenir, Departamento de Atlántida, sin perjuicio de que sea trasladado a otros Centros Penitenciarios del país por efectos de ordenamiento interno del Centro Penitenciario o cuando las circunstancias así lo exijan por seguridad. Y a pagar una pena de MULTA, equivalente a TREINTA Y TRES, PUNTO TREINTA Y TRES (33.33) SALARIOS MINIMOS, la que deberá cancelar en la Tesorería General de la República o en la Institución del sistema financiero nacional que la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas haya autorizado para tal fin. SEGUNDO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al imputado JUAN CARLOS CRUZ ACOSTA, como consecuencia de la pena principal de reclusión, a las accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, y a trabajar por el tiempo que dure la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal. TERCERO: No procede condenar en costas procésales al señor JUAN CARLOS CRUZ ACOSTA, personales ni gastos ocasionados por el juicio. CUARTO: Se declara la Responsabilidad Civil del condenado. QUINTO: En relación con La Evidencia consistente en: seis billetes en denominaciones de 500.00 lempiras cada uno, y cuyas series son las siguientes: YJ971695, ZI541892, W7327213, V2579324, U7336315, V8093549; y dos (2) billetes en denominaciones de cien lempiras cada uno (100.00 lps), con las series: Cb51566943 y CD1420532 que se devuelvan dichas evidencias a quien acredite ser su legítimo propietario. Que contra esta sentencia, el Ministerio Publico presento Recurso de Casación por infracción de ley y en fecha once de Noviembre del dos mil veintiuno la Sala de lo Penal, falló: primero declara ha lugar el Recurso de Casación por infracción de ley en sus dos motivos interpuesto y Casa parcialmente la sentencia de fecha veintiséis de abril del año dos mil dieciocho dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ceiba departamento de Atlántida, en consecuencia se emite el siguiente pronunciamiento: I) se debe condenar y se condena al señor Juan Carlos Cruz acosta, del delito de Extorsión en su grado de participación de autor, en perjuicio de testigo protegido AB0070-2016, imponiéndosele una pena principal de Quince años de reclusión y una multa de trecientos ochenta y siete mil novecientos noventa y nueve(L387,999.00) la que deberá cancelar en la Tesorería General de la república o en la institución del sistema financiero que la Secretaria del Estado en el despacho de finanzas haya autorizado para tal fin, debiéndosele restar al condenado Juan Carlos Cruz acosta el tiempo que haya estado privado de su libertad por esta causa y la que deberá cumplir en el centro penal que corresponda; II) se debe condenar y se condena al señor Juan Carlos Cruz Acosta, como consecuencia de la pena de reclusión impuesta, a trabajar en obras públicas o en labores dentro del centro penitenciario, por el tiempo señalado para la pena de reclusión de conformidad con la ley del sistema penitenciario Nacional; II) ante lo anterior, se deja incólume el pronunciamiento de instancia respecto a los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto de la resolución de la sentencia .Son partes: 1)La abogada ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO defensora pública en sustitución de Abogado Ramón Matamoros. En favor de JUAN CARLOS CRUZ ACOSTA como revisionista. 2)La abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA, Fiscal del Ministerio Público. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISION PENAL PRIMERO: El día 5 de junio del dos mil dieciséis, el testigo protegido AB0070-2016, quien estaba en un lugar de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, recibió llamadas telefónicas en las que le advertía una voz del sexo masculino, que tenía que entregar dinero en efectivo, y que era para la mara 18 de arriba de la Colonia Suyapa, o que de lo contrario lo iban a matar. Es así y producto de las advertencias, que el día trece de junio del dos mil dieciséis, a la una treinta de la tarde, el señor Juan Carlos Cruz Acosta, conduciendo un vehículo automotor tipo taxi número 0547, marca Toyota Corolla, año 2003, motor 1225558414, chasis 1NXBR32E532062656, con placa AAT-5418; llegó hasta donde se encontraba El Testigo protegido AB0070-2016, y este, le entregó la cantidad de tres mil lempiras, en efectivo (L 3,000.00),una vez recibido el dinero Cruz Acosta, se llevó el mismo con rumbo desconocido. SEGUNDO: El día 20 de junio del dos mil dieciséis, en horas de la tarde, siempre en esta ciudad, al persistir las llamadas atemorizantes, el testigo protegido AB0070-2016, procedió hacer entrega de la cantidad de tres mil lempiras en efectivo (L.3,000.00), al señor Juan Carlos Cruz Acosta, quien de nuevo llegó conduciendo el taxi número 0547, dinero que fue entregado en denominaciones de 500.00 lempiras cada uno, y cuyas series son las siguientes: YJ971695, ZI541892, W7327213, V2579324, U7336315, V8093549.Dinero en efectivo que se llevó consigo el señor JUAN CARLOS CRUZ ACOSTA, con rumbo desconocido. TERCERO: El día 27 de junio del dos mil dieciséis, a eso de las 4:20 de la tarde, siempre en esta ciudad, el señor Juan Carlos Cruz Acosta, llegó conduciendo el vehículo tipo taxi número 0547, hasta donde se encontraba el testigo protegido AB0070-2016, procediendo este, hacerle entrega a Cruz Acosta, siempre producto de las llamadas atemorizantes, de la cantidad de doscientos lempiras (L.200.00), en efectivo, en el interior de un sobre papel manila color amarillo, junto con recortes de papel periódico; 2 billetes en denominaciones de cien lempiras cada uno (L. 100.00), con las series CB51566943 y CD1420532; dicho sobre, Cruz Acosta se lo introdujo en medio de sus ropas y se lo llevó consigo, conduciendo el vehículo mencionado, siendo perseguido por agentes policiales que le montaban previa vigilancia, y detenido 1 hora después, en una de las calles del Barrio Alvarado de esta ciudad, encontrándole al momento del registro los doscientos lempiras ya detallados. 1).-Del inicio del proceso penal. En fecha veintiocho (28) de junio de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, el Abogado LUIS FERNANDO MEDINA, presentando requerimiento fiscal en contra el señor JUAN CARLOS CRUZ ACOSTA, por suponerlo responsable del delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido “AB0070-2016”. (Folios 1-6 del antecedente) 2) De la Sentencia condenatoria.- Que en fecha veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) PRIMERO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al imputado JUAN CARLOS CRUZ ACOSTA, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente de un delito de EXTORSION EN SU GRADO DE PARTICIPACION DE COMPLICE SIMPLE, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO. AB0070-2016, a cumplir la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN, debiéndose computársele la misma desde el día en que el acusado fue aprehendido por esta causa. Pena que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de El Porvenir, Municipio de El Porvenir, Departamento de Atlántida, sin perjuicio de que sea trasladado a otros Centros Penitenciarios del país por efectos de ordenamiento interno del Centro Penitenciario o cuando las circunstancias así lo exijan por seguridad. Y a pagar una pena de MULTA, equivalente a TREINTA Y TRES, PUNTO TREINTA Y TRES (33.33) SALARIOS MINIMOS, la que deberá cancelar en la Tesorería General de la República o en la Institución del sistema financiero nacional que la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas haya autorizado para tal fin. SEGUNDO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al imputado JUAN CARLOS CRUZ ACOSTA, como consecuencia de la pena principal de reclusión, a las accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, y a trabajar por el tiempo que dure la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal. TERCERO: No procede condenar en costas procésales al señor JUAN CARLOS CRUZ ACOSTA, personales ni gastos ocasionados por el juicio. CUARTO: Se declara la Responsabilidad Civil del condenado. QUINTO: En relación con La Evidencia consistente en: seis billetes en denominaciones de 500.00 lempiras cada uno, y cuyas series son las siguientes: YJ971695, ZI541892, W7327213, V2579324, U7336315, V8093549; y dos (2) billetes en denominaciones de cien lempiras cada uno (L. 100.00), con las series: Cb51566943 y CD1420532 que se devuelvan dichas evidencias a quien acredite ser su legítimo propietario. -NOTIFIQUESE…” (Folios 202-211 vuelto del antecedente) Que contra esta sentencia, el Ministerio Público presentó recurso de Casación por infracción de ley y en fecha once de Noviembre del dos mil veintiuno la Sala de lo Penal, falló: primero declara ha lugar el Recurso de Casación por infracción de ley en sus dos motivos interpuesto por la abogada Liana Lourdes Soto, actuando en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, Segundo: Casa parcialmente la sentencia de fecha veintiséis de abril del año dos mil dieciocho dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ceiba departamento de Atlántida, en consecuencia se emite el siguiente pronunciamiento: I) se debe condenar y se condena al señor Juan Carlos Cruz acosta, del delito de Extorsión en su grado de participación de autor, en perjuicio de testigo protegido AB0070-2016, imponiéndosele una pena principal de Quince años de reclusión y una multa de trecientos ochenta y siete mil novecientos noventa y nueve (L. 387,999.00) la que deberá cancelar en la Tesorería General de la República o en la institución del sistema financiero que la Secretaría del Estado en el Despacho de Finanzas haya autorizado para tal fin, debiéndosele restar al condenado Juan Carlos Cruz Acosta el tiempo que haya estado privado de su libertad por esta causa y la que deberá cumplir en el centro penal que corresponda; II) se debe condenar y se condena al señor Juan Carlos Cruz Acosta, como consecuencia de la pena de reclusión impuesta, a trabajar en obras públicas o en labores dentro del centro penitenciario, por el tiempo señalado para la pena de reclusión de conformidad con la ley del sistema penitenciario Nacional; II) ante lo anterior, se deja incólume el pronunciamiento de instancia respecto a los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto de la resolución de la sentencia. Tercero: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del código penal 130-2017, por las conductas reprochadas al ahora condenado Juan Carlos Cruz Acosta. Por lo cual, los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. (Folio 13 al 17 del recurso de mérito) 3) De la Interposición del Recurso de revisión Penal y su admisión por la Sala de lo Constitucional En fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintidós, esta Sala recibió el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor del señor JUAN CARLOS CRUZ ACOSTA, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando que se aplique el principio de la retroactividad de la ley penal, de la pena y la multa al hoy condenado JUAN CARLOS CRUZ ACOSTA por ser más favorable para su interés personales. (Folios 1-2 del recurso de mérito) 4) De la Celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha diecinueve de junio de dos mil veinticuatro, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Integrante MARTA DELIA MERINO CONDE, con la comparecencia de la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO, actuando en su condición de defensora pública del señor JUAN CARLOS CRUZ ACOSTA; El Ministerio Público consideró: I.ANTECEDENTE: En fecha veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018), el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida dictó Sentencia Condenatoria, contra JUAN CARLOS CRUZ ACOSTA por el delito de EXTORSIÓN EN SU GRADO DE PARTICIPACIÓN DE COMPLICE SIMPLE, a una pena de DIEZ AÑOS DE RECLUSION Y UNA PENA DE MULTA DE TREINTA Y TRES PUNTO TREINTA TRES (33.33) SALARIOS MINIMOS, equivalente a la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS (Lps.387,999.00) como pena principal más las pena accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVII II. APRECIACION JURÍDICA: Que la causal de revisión invoca por el revisionista se encuentra contenida en el numeral del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, dispone: Las sentencias firmes podrán ser revisadas cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la corte suprema de justicia a favor del condenado en cualquiera de los casos siguientes cuando: 1) .... 2) ..., 3) ..., 4) ..., 5) ..., 6) ...,7) 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna; así como el principio Constitucional contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República, por considerar que las disposiciones contenidas en el nuevo Código Penal son más favorables a su representado. Esta representación del Ministerio Público al examinar las presentes diligencias, aprecia que efectivamente el señor JUAN CARLOS CRUZ ACOSTA fue condenado por el delito de EXTORSION EN SU GRADO DE PARTICIPACIÓN DE COMPLICE SIMPLE, sin embargo el hoy condenado aún no se encuentra habido, lo que representa una franca contravención a lo que establece la condena impuesta en la sentencia que se pretende rever y consecuentemente contraviene la garantía de ejecución de pena, ya que la responsabilidad penal fue declarada como consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho contrario al orden jurídico, de lo cual se infiere que la lesión generada al bien jurídico protegido y que ha sido infringido conlleva una sanción por el daño ocasionado a las víctimas de un hecho ilícito, que en este caso ha sido incumplida por el condenado y que deviene en la obligación legal de cumplir con la pena impuesta en dicha sentencia condenatoria, sino dicho fallo se convertiría en una simple declaración formal carente de seguridad jurídica y de realizar debidamente el legítimo propósito del proceso penal consistente en el aseguramiento del imputado al juicio y al cumplimiento de una condena. De lo expuesto debemos resaltar que el Principio de retroactividad de la Ley Penal ha sido creado atendiendo una serie de principios orientados a la protección de aquellos que han sido sancionados por la comisión de delitos o que están siendo sometidos a procesos penales, lo cual, no ocurre en el caso de autos pues al no encontrarse habido el imputado nos imposibilita contar con el Computo de Pena de Reclusión que realiza el Juzgado de Ejecución Penal de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en el cual se establezca con precisión la fecha desde la cual ha estado en efectiva prisión el sentenciado JUAN CARIOS CRUZ ACOSTA si no ha sido procesado y/o condenado por otros delitos, por lo que esta Representación fiscal es de la opinión que en el caso sub -examine no es procedente la revisión sobre la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República, que reza: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.". De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” (Folios 40-42 vuelto del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales de la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos de las partes en audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha diecinueve de Junio del año dos mil veinticuatro (2024), con la comparecencia de la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO, actuando en su condición de defensora pública en favor del señor JUAN CARLOS CRUZ ACOSTA; La revisionista fundó su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la ley sobre Justicia Constitucional, solicitando se aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley Penal al señor JUAN CARLOS CRUZ ACOSTA, quien fue condenado por el delito de Extorsión Simple, en Perjuicio del Testigo Protegido AB0070-2016. La representante del Ministerio Público consideró: que efectivamente el señor JUAN CARLOS CRUZ ACOSTA fue condenado por el delito de EXTORSION EN SU GRADO DE PARTICIPACIÓN DE COMPLICE SIMPLE, sin embargo, el hoy condenado aún no se encuentra habido, lo que representa una franca contravención a lo que establece la condena impuesta en la sentencia que se pretende rever; por lo que esta Representación fiscal es de la opinión que en el caso sub -examine no es procedente la revisión sobre la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República, que reza: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.". De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal; por lo que es de la opinión porque no se otorgue dicha revisión en virtud que dicho imputado no se encuentra habido. CONSIDERANDO CINCO (5): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Para determinar la ley más favorable, se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial., La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existan en una y otra legislación; (artículo 616) NCP). Penas suspendidas. Si el cumplimiento de la pena estuviere suspendido no se procede a su revisión, a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y esta se revocare. En este caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión de la misma. La misma regla se observa si el penado se encuentra en situación de libertad condicional. (artículo 618) CONSIDERANDO SEIS (6): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. Que en fecha once de Noviembre del dos mil veintiuno, la Sala de lo Penal, mediante recurso de casación dicto sentencia en la cual Casa parcialmente la sentencia de fecha veintiséis de abril del año dos mil dieciocho dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ceiba departamento de Atlántida, en consecuencia se condenó al señor Juan Carlos Cruz acosta, por el delito de Extorsión en su grado de participación de autor, en perjuicio de testigo protegido AB0070-2016, imponiéndosele una pena principal de Quince años de reclusión y una multa de trecientos ochenta y siete mil novecientos noventa y nueve(L387,999.00); conforme al artículo 222 del Código Penal derogado. Esta conducta se encuentra prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por Decreto Legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de Dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia al condenado JUAN CARLOS CRUZ ACOSTA se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616, 618 y 621 del Nuevo Código, igualmente se observa que el condenado no se encuentra recluido en virtud de su condición de salud, así lo refiere el Juzgado de ejecución. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado RAMON MATAMOROS, en favor del condenado JUAN CARLOS CRUZ ACOSTA. Y MANDA: Que la secretaria del despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintiuno de marzo del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1588-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL