Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia RP-1580-22 — Registro 18986

Resumen

Sentencia en revisión condenó a recurrente a una pena de seis (6) años ocho (8) meses de reclusión como coautor del delito de robo agravado en perjuicio de Testigo protegido A; y a una pena de trece (13) años cuatro (4) meses de reclusión por el delito de robo de vehículo agravado en perjuicio de afectado; Además a una pena de treinta (30) días de prisión por una falta contra las personas en perjuicio de testigo protegido; penas a cumplirse en concurso real; Además, de penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, declarándole la responsabilidad civil; La Sala de lo Constitucional concluyó que la presente acción constitucional cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma Sustantiva como por la normativa constitucional para otorgarla, siendo procedente aplicar la retroactividad en favor de recurrente; en la Parte Dispositiva se modifica la sentencia revisada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor MARYER ALEXANDER ZUNIGA LOPEZ, fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la resolución de fecha catorce de diciembre del año dos mil quince, por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio de NAHUM RIVERA MEDINA a la pena de TRECE (13) AÑOS CUATRO (4) MESES DE RECLUSION; por el delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO A a la pena de SEIS (6) AÑOS OCHO (8) MESES DE RECLUSIÓN y por una Falta contra las personas en perjuicio de testigo protegido A una pena de treinta días de prisión, más las penas de inhabilitación absoluta e interdicción civil. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos 217, 218 y 219 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de ROBO DE UN VEHICULO AGRAVADO Y UN DELITO DE ROBO AGRAVADO. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho),..."..."En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a MARYER ALEXANDER ZUNIGA LOPEZ, la pena de trece (13) años, cuatro (4) meses de reclusión, por ser penalmente responsable del delito de Robo de Vehículo Agravado en perjuicio del señor NAHUM RIVERA MEDINA; la pena de seis (6) años, ocho (8) meses por el delito de Robo Agravado, en perjuicio de Testigo protegido A; y por Falta contra las personas a la pena de treinta días de prisión en perjuicio de testigo protegido A; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Las conductas por las cuales fue condenado MARYER ALEXANDER ZUNIGA LOPEZ, están previstas en el Código Penal 130-2017 como delito de Robo con Violencia cuyas penas son prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. Según los hechos probados de la sentencia, este margen abstracto debe aumentarse de ocho (8) años a diez (10) años y ocho (8) meses de prisión, ello en virtud de las siguientes razones: i. El margen abstracto imponible de 4 a 8 años de prisión debe aumentarse en un tercio (1/3) al concurrir la agravante específica del artículo 363 numeral 9) del Código Penal Vigente, ello porque el sentenciado hizo uso de instrumentos para doblegar cualquier acción de defensa que pudiesen emplear la víctima al ser agredido físicamente y dejarlo atado; lo que nos da un nuevo margen abstracto de ocho( 8) años a diez (10) años y ocho (8) meses de prisión; Asimismo, ii. Este margen abstracto agravado a su vez debe aumentarse hasta en un tercio (1/3) por encontrarnos ante un concurso continuado según el artículo 68 del Código Penal Vigente que dispone:...según los hechos probados el sentenciado MARYER ALEXANDER ZUNIGA LOPEZ, en ejecución de un plan preconcebido, realizó una pluralidad de acciones que ofendieron a dos sujetos e infringen el mismo precepto penal, por lo cual debe ser castigado con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3) tal como lo indica la norma ya señalada. Arrojando como resultado una pena abstracta de nueve (9) años, cuatro (4) meses a catorce (14) años, dos (2) meses, veinte (20) días. Quantum de pena, que refleja que el Código Penal Vigente resulta más benigno para el encausado ...Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias; este Tribunal Constitucional concluye que a MARYER ALEXANDER ZUNIGA LOPEZ, se le debe imponer la pena concreta de once (11) años nueve (9) meses, diez (10) días de prisión por el delito de Robo con Violencia o Intimidación agravado Continuado; más los treinta (30) días de prisión por la Falta contra las personas dictado en instancia; Mas las penas accesorias que conlleva. VIII. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor MARYER ALEXANDER ZUNIGA LOPEZ, de una norma vigente que le resulta más benigna IX. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice el cómputo de una nueva pena y proceda conforme a derecho corresponda..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia.-Sala de lo Constitucional Sentencia de revisión penal. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil veinticinco (2025), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por el Magistrado Wagner Vallecillo Paredes pronuncian: En nombre del Estado de Honduras,La sentencia que resuelve el Recurso de Revisión Penal número SCO 1580-2022 interpuesto por el Abogado SERGIO ARTURO FUNES MEDINA, a favor del señor MARYER ALEXANDER ZUNIGA LOPEZ, contra la Sentencia dictada por el Tribunal de sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de diciembre de dos mil quince, que falló: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al Señor MARYER ALEXANDER ZUNIGA LOPEZ, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como coautor responsable penalmente del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO A, a la pena de SEIS(6) AÑOS OCHO (8) MESES DE RECLUSION; Asimismo, le condenamos como coautor penalmente responsable del delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio de NAHUM RIVERA MEDINA a la pena de TRECE (13) AÑOS CUATRO (4) MESES DE RECLUSION y también condenamos por una FALTA CONTRA LAS PERSONAS en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO A, a una pena de TREINTA (30) DIAS DE PRISION. Todas estas penas deberán ser cumplidas en CONCURSO REAL, es decir una en pos de la otra, la que deberá cumplir el condenado en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución considere más conveniente, debiéndose descontar al cómputo de la pena el tiempo en que el imputado ha permanecido en efectiva prisión como consecuencia del cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva que se le ha impuesto por esta causa.Son partes: 1) El abogado Sergio Arturo Funez Medina, En favor de Maryer Alexander Zúñiga López como revisionista.2) La abogada Sobeida Isabel Zapata Grande, Fiscal del Ministerio Publico. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISION PENAL PRIMERO: El día veinticuatro de julio del año dos mil catorce, siendo aproximadamente las siete de la noche, el Testigo protegido A conducía un vehículo marca Toyota, color Blanco, propiedad del señor Nahún Rivera Medina, con registro de taxi número 3411, y cuando iba a la altura de la entrada de la colonia Tres de Mayo de Comayagüela, fue detenido por dos personas, entre ellas el señor Maryer Alexander Zuniga López, quienes le solicitaron una carrera hasta los puentes del Carrizal y fue así como acordaron el precio de dicha carrera, subiéndose al taxi ambas personas y ubicándose Maryer en el asiento trasero atrás del Testigo protegido A. SEGUNDO: Cuando iban a la altura de la Colonia Policarpo Paz García, el señor Maryer Alexander Zuniga López, agarró al testigo Protegido A del cuello y le obligo a detener el vehículo y bajarse del mismo, llevándolo hasta la parte trasera, donde tanto Maryer como su acompañante le decían que era un asalto y que dieran todo lo que tenía, luego le amarraron y le subieron el asiento trasero del vehículo, llevándolo hasta la salida al norte, donde le tiraron en un cuneta y procedieron a tirarle piedras, dejándolo tirado e inconsciente en el lugar, luego de lo cual se fueron llevándose los tenis y el reloj del testigo Protegido así como el vehículo en el que andaba.ANTECEDENTES 1).-Del inicio del proceso penal. Que en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil catorce(2014), la fiscal del Ministerio Público, la Abogada WENDY XIOMARA MURILLO, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando requerimiento fiscal contra MARYER ALEXANDER ZUNIGA LOPEZ por el delito de PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD, ROBO AGRAVADO, HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA Y ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “A”.-(Folios 2-5 de la pieza de antecedentes).2).- De la Sentencia condenatoria Que continuado que fue el proceso, en fecha catorce de diciembre de dos mil quince, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual Falló: “PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al Señor MARYER ALEXANDER ZUNIGA LOPEZ, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como coautor responsable penalmente del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO A, a la pena de SEIS(6) AÑOS OCHO (8) MESES DE RECLUSION; Asimismo, le condenamos como coautor penalmente responsable del delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio de NAHUM RIVERA MEDINA a la pena de TRECE (13) AÑOS CUATRO (4) MESES DE RECLUSION y también condenamos por una FALTA CONTRA LAS PERSONAS en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO A, a una pena de TREINTA (30) DIAS DE PRISION. Todas estas penas deberán ser cumplidas en CONCURSO REAL, es decir una en pos de la otra, la que deberá cumplir el condenado en la Penitenciaria Nacional que el Juez de Ejecucion considere más conveniente, debiéndose descontar al computo de la pena el tiempo en que el imputado ha permanecido en efectiva prisión como consecuencia del cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva que se le ha impuesto por esta causa. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al Señor Maryer Alexander Zúniga López a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil durante el tiempo de sus condenas en obras publicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. TERCERO: Se declara la responsabilidad civil del señor Maryer Alexander Zúniga López. La que será determinada por el Juez de ejecución Competente. CUARTO: No procede condenar en costas procesales, ni gastos ocasionados por el juicio al señor Maryer Alexander Zuniga, ni al Ministerio Publico. QUINTO: Se ordena la devolución de un reloj marca Seiko, al Testigo Protegido A, devolución que deberá hacer el Ministerio Público, ya que dicha evidencia se encuentra en su poder. SEXTO: Que debemos absolver como en efecto absolvemos al señor MARYER ALEXANDER ZUNIGA LOPEZ cuyas generales ya han sido anteriormente detallada, de un delito de PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD Y ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio testigo protegido A. por los cuales se ha acusado. SEPTIMO: Se declara la responsabilidad civil del señor MARYER ALEXANDER ZUNIGA LOPEZ por los delitos por los cuales ha sido condenado, la que deberá hacerse efectiva en la fase de ejecución de la sentencia. …” (Folios 110 al 116 de la pieza de antecedentes 24, al 30 del recurso)3) De la Interposición del Recurso de revisión Penal y su admisión por la Sala de lo Constitucional. Que en veintiocho de octubre de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado SERGIO ARTURO FUNES MEDINA, presentando recurso de revisión penal a favor del señor MAYER ALEXANDER ZUNIGA LOPEZ, contra la sentencia condenatoria de fecha catorce de octubre de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso el en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-03 del recurso) 4)De la Celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. Que en fecha catorce de septiembre de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado SERGIO ARTURO FUNES MEDINA, en su condición de apoderado legal del señor MARYER ALEXANDER ZUNIGA LOPEZ y la Abogada SOBEIDA ISABEL ZAPATA GRANDE, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017).- La representante del Ministerio Público, concluyó que en la presente causa no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal vigente enmarca el delito por el cual fue condenado el hoy sentenciado en el artículo 364, referente al USO DE VEHÍCULO ROBADO, último párrafo que determina: "Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia o intimidación.". Es así que el delito de ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN se encuentra contenido en el artículo 361: "Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. Es importante resaltar que la pena supra indicada se agrava en 1/3 al desprenderse de los Hechos Probados, que para despojar al propietario del vehículo en que transportaba utilizaron armas, conforme lo contempla el artículo 363 numeral 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. De lo antes relacionado al realizar el cálculo aritmético, de la pena 4 a 8 años aumentada en 1/3 por concurrir la agravante supra relacionada, corresponde una pena abstracta de ocho (8) años a diez (10) años con ocho (08) meses de prisión; Debemos indicar que la pena que corresponde al delito de Uso de Vehículo es la que corresponde imponer también al delito de Robo con Violencia o Intimidación (8) años a diez (10) años con ocho (08) meses de prisión), de tal forma que se advierte que la nueva norma sustantiva no le es favorable al ser mayor esta que la pena a la fue sentenciado por el delito de Robo Agravado, y siendo que el artículo 616 del nuevo Código Penal establece la no fragmentación de las dos normas, tomando solo en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique, en tal sentido no procede la aplicación del principio de retroactividad solicitado. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” (Folios 18-20 vuelto del recurso de mérito), por lo fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE la presente acción de revisión,…”. (Folios 38 al 40 del recurso de mérito. FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía Constitucional de Revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la Sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme, tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de Revisión en materia Penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 186 de la Constitución de la República y el numeral ocho del artículo 96, de la Ley Sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los motivos que funda su Recurso de Revisión: En el caso que nos ocupa, resulta evidente que el Código Penal contenido en el Decreto 130-2017 establece un tratamiento más favorable para el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO y ROBO AGRAVADO, figuras que aparecen modificadas en la nueva norma penal en la que hoy aparece la figura del delito de HURTO Y ROBO DE USO DE VEHICULO AUTOMOTOR y ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACION. Resulta que a su representado al momento de ser condenado por el delito de Robo de vehículo agravado se le aplicó el artículo 218 párrafo segundo y tercero el cual establece una pena de diez a quince años de reclusión y siendo que el artículo 364 último párrafo lo remite al artículo 361 por el delito de Robo con Violencia e Intimidación, Razón por la cual es imperativo que se proceda a revisar la sentencia condenatoria y se aplique a su representado la pena mínima establecida en la legislación penal vigente como norma más favorable lo cual constituye el principio de retroactividad de la ley penal más favorable a favor de su representado. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día catorce (14) de septiembre del dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado SERGIO ARTURO FUNES, como garantista a favor del condenado MARYER ALEXANDER ZUNIGA LOPEZ, la abogada SOBEIDA ISABEL ZAPATA, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra al abogado SERGIO ARTURO FUNES, quien expuso que ratificó la interposición del recurso de revisión de penas en materia penal, al amparo del principio de retroactividad de la ley más favorable al reo, consignado en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y de acuerdo a los artículos 361 y 364 del Código Penal creado mediante Decreto 130-2017 que contemplan los delitos por los que fue condenado su representado, le benefician con una reducción considerable las penas que le fueron impuestas mediante sentencia de fecha catorce de diciembre del año dos mil quince.- Seguidamente se le cedió la palabra a la representante del Ministerio Público quien hizo uso de la palabra, expresando que de lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a efectuar el respectivo análisis, es así, que la norma Penal derogada tipificaba el delito de ROBO DE VEHICULO en el artículo 218 párrafo segundo con una pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión. Respecto al delito de ROBO la norma derogada lo tipificaba en el artículo 217 y 218 que establecía una pena abstracta a imponer de cinco (5) a nueve (9) años de reclusión y según el artículo 219, se aumentarán en (1/3) cuando el robo se cometa: 1.- En despoblado o en cuadrilla. En estos casos se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada en una cuarta (1/4) parte. El Código Penal vigente enmarca el delito por el cual fue condenado el hoy sentenciado en el artículo 364, referente al USO DE VEHÍCULO ROBADO, último párrafo que determina: "Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia o intimidación.". Es así que el delito de ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN se encuentra contenido en el artículo 361 que debe ser castigado con la pena de cuatro (4) a ocho (8) años. Es importante resaltar que la pena supra indicada se agrava en 1/3 conforme lo contempla el artículo 363 numeral 9). De lo antes relacionado al realizar el cálculo aritmético, de la pena 4 a 8 años aumentada en 1/3 por concurrir la agravante supra relacionada, corresponde una pena abstracta de ocho (8) años a diez (10) años con ocho (08) meses de prisión. Debemos indicar que la pena que corresponde al delito de Uso de Vehículo es la que corresponde imponer también al delito de Robo con Violencia o Intimidación (8) años a diez (10) años con ocho (08) meses de prisión), de tal forma que se advierte que la nueva norma sustantiva no le es favorable, y siendo que el artículo 616 del nuevo Código Penal establece la no fragmentación de las dos normas, no procede la aplicación del principio de retroactividad solicitado. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. “En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…” CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro.CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que des incriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO DOCE (12): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado, la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (artículo 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (artículo 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas para el concurso ideal. Se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso continuado según las reglas del Código Penal Decreto 144-83 ya derogado, con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso continuado del Código Penal vigente Decreto 130-2017. Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso; b. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del Código penal derogado y luego hacer la comparación global con el Código penal vigente Decreto 130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o c. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso continuado, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i. Limite subjetivo, ii. Limite objetivo ordinario; y, iii. Limite objetivo extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo Y hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal.I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor MARYER ALEXANDER ZUNIGA LOPEZ, fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la resolución de fecha catorce de diciembre del año dos mil quince, por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio de NAHUM RIVERA MEDINA a la pena de TRECE (13) AÑOS CUATRO (4) MESES DE RECLUSION; por el delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO A a la pena de SEIS (6) AÑOS OCHO (8) MESES DE RECLUSIÓN y por una Falta contra las personas en perjuicio de testigo protegido A una pena de treinta días de prisión, más las penas de inhabilitación absoluta e interdicción civil. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos 217, 218 y 219 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de ROBO DE UN VEHICULO AGRAVADO Y UN DELITO DE ROBO AGRAVADO. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho.CONSIDERANDO CATORCE (14): I. En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 y artículo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna se toma en consideración los hechos probados y estos se encuadran con el articulado de la nueva norma penal; si el resultado es una pena menos gravosa que la impuesta con la norma penal derogada, se procede a los efectos de la aplicación de la nueva ley penal. II. El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia [Apelación o Casación]. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales y el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si el resultado de ese encuadre es más beneficioso que la pena impuesta a esos mismos hechos con el Código Penal derogado. El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Así mismo para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. Vale precisar que este no es un Recurso diseñado para hacer valoraciones sobre las decisiones tomadas por el juzgador primario solo se limita a precisar la existencia o no, de benignidad de una nueva norma penal para así garantizar la satisfacción del artículo 96 de la Constitución de la Republica.III. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, en cuanto al Robo de Vehículo agravado, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en el artículo 217 dice: Comete el delito de Robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Se equipará a la violencia contra las personas el hecho de arrebatar por sorpresa a la víctima la cosa que lleva consigo, o el de uso de medios que debiliten o anulen su resistencia. Artículo 218. El culpable de Robo será castigado con cinco (5) a nueve (9) años de reclusión. Al culpable del delito de Robo de vehículos automotores terrestres, naves aéreas, buques y otros bienes similares se le aplicara una pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión. El Código Penal vigente, decreto 130-2017. Reconoce la misma conducta delictiva en los siguientes artículos: ARTÍCULO 364.- HURTO Y ROBO DE USO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR. Quien, sin ánimo de apropiación, sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo automotor debe ser castigado con la pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, si lo devuelve al lugar donde lo sustrajo o a su propietario, en un plazo no superior a doce (12) horas. Si para la sustracción se empleara fuerza en las cosas la pena de prisión debe ser de dos (2) a cuatro (4) años. Si no se restituye en el plazo indicado en el párrafo primero del presente artículo, el hecho debe castigarse como hurto o robo. Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación. ARTÍCULO 361.- ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. ARTÍCULO 363.- AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas de hurto o robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. En relación al delito de Robo Agravado el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, lo tipifica en el artículo 217,218, 219 ya referidos y El Código Penal decreto 130-2017 tipifica la misma conducta en el ARTÍCULO 361.- ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. Y en el artículo 363 numeral 9 que señala las agravantes específicas.IV. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a MARYER ALEXANDER ZUNIGA LOPEZ, la pena de trece (13) años, cuatro (4) meses de reclusión, por ser penalmente responsable del delito de Robo de Vehículo Agravado en perjuicio del señor NAHUM RIVERA MEDINA; la pena de seis (6) años, ocho (8) meses por el delito de Robo Agravado, en perjuicio de Testigo protegido A; y por Falta contra las personas a la pena de treinta días de prisión en perjuicio de testigo protegido A; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Las conductas por las cuales fue condenado MARYER ALEXANDER ZUNIGA LOPEZ, están previstas en el Código Penal 130-2017 como delito de Robo con Violencia cuyas penas son prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. Según los hechos probados de la sentencia, este margen abstracto debe aumentarse de ocho (8) años a diez (10) años y ocho (8) meses de prisión, ello en virtud de las siguientes razones: i. El margen abstracto imponible de 4 a 8 años de prisión debe aumentarse en un tercio (1/3) al concurrir la agravante específica del artículo 363 numeral 9) del Código Penal Vigente, ello porque el sentenciado hizo uso de instrumentos para doblegar cualquier acción de defensa que pudiesen emplear la víctima al ser agredido físicamente y dejarlo atado; lo que nos da un nuevo margen abstracto de ocho( 8) años a diez (10) años y ocho (8) meses de prisión; Asimismo, ii. Este margen abstracto agravado a su vez debe aumentarse hasta en un tercio (1/3) por encontrarnos ante un concurso continuado según el artículo 68 del Código Penal Vigente que dispone: ARTÍCULO 68.- DELITO CONTINUADO Y DELITO MASA. Quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3). Ello porque según los hechos probados el sentenciado MARYER ALEXANDER ZUNIGA LOPEZ, en ejecución de un plan preconcebido, realizó una pluralidad de acciones que ofendieron a dos sujetos e infringen el mismo precepto penal, por lo cual debe ser castigado con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3) tal como lo indica la norma ya señalada. Arrojando como resultado una pena abstracta de nueve (9) años, cuatro (4) meses a catorce (14) años, dos (2) meses, veinte (20) días. Quantum de pena, que refleja que el Código Penal Vigente resulta más benigno para el encausado. V. En el examen de los hechos concretos, estampados en la sentencia (folio 24 al 30 del expediente de Revisión), estos encuadran en los artículos 361, 363, 364 relacionado con el 68 del Código Penal Vigente. VI.-En relación a lo esbozado por la fiscalía, no existe fragmentación de la norma penal, puesto que se está haciendo un análisis global y la aplicación completa del nuevo código Penal. VII. Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias; este Tribunal Constitucional concluye que a MARYER ALEXANDER ZUNIGA LOPEZ, se le debe imponer la pena concreta de once (11) años nueve (9) meses, diez (10) días de prisión por el delito de Robo con Violencia o Intimidación agravado Continuado; más los treinta (30) días de prisión por la Falta contra las personas dictado en instancia; Mas las penas accesorias que conlleva. VIII. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor MARYER ALEXANDER ZUNIGA LOPEZ, de una norma vigente que le resulta más benigna IX. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice el cómputo de una nueva pena y proceda conforme a derecho corresponda. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 57, 58, 68, 70, y Demás aplicables del Código Penal Vigente; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado SERGIO ARTURO FUNEZ MEDINA, a favor del señor MARYER ALEXANDER ZUNIGA LOPEZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, Municipio del Distrito central del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de diciembre del año dos mil quince; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor MARYER ALEXANDER ZUNIGA LOPEZ, por los delitos de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO Y DELITO DE ROBO AGRAVADO, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor MARYER ALEXANDER ZUNIGA LOPEZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN AGRAVADO CONTINUADO a la pena de ONCE (11) AÑOS, NUEVE (9) MESES, DIEZ (10) DIAS DE PRISIÓN más las penas accesorias de inhabilitación absoluta. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que ejecute el presente fallo.– NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de abril de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintiuno de marzo de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1580-2022

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL