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Sentencia RP-1572-22 — Registro 19866

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria en aplicabilidad del principio de retroactividad de la ley en materia penal por el delito de Lavado de activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras .la Sala Constitucional concluye que no se cumple con los requisitos exigidos por la Norma Sustantiva como en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía , puesto que recurrente , se encuentra en Libertad Condicional, lo que limita revisar la sentencia, tal como lo dispone el artículo 618 del Código Penal Vigente.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Puesto que el condenado JOSE SANTOS MEJIA LAINEZ, se encuentra en Libertad Condicional, lo que efectivamente limita revisar la sentencia de fecha dos de octubre del dos mil dieciocho, tal como lo dispone el artículo 618 del Código Penal Vigente, que a su letra dispone: “Penas Suspendidas. Si el cumplimiento de la pena estuviere suspendido no se procede a su revisión, a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y ésta se revocare. En este caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión de la misma. La misma regla se observa si el penado se encuentra en situación de libertad condicional.”. En suma, no es procedente la revisión de la Sentencia condenatoria señalada, en base a la aplicación retroactiva de la ley, solicitada en favor del ciudadano JOSE SANTOS MEJIA LAINEZ.-"

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
  • Código Penal No. 130-17, art. 618 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice.”.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de septiembre de dos mil veinticinco.- VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por el Abogado HENRY ALEXANDER FUENTES MEJIA, a favor del Señor JOSE SANTOS MEJIA LAINEZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL en fecha dos de octubre de dos mil dieciocho, con relación a la causa que se instruyó contra el Señor JOSE SANTOS MEJIA LAINEZ por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio del LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. (35-2019-JN).A N T E C E D E N T E S 1)Que en fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018), comparece la Agente de Tribunales del Ministerio Público, abogada FRANCIA SOFIA MEDINA, presentando requerimiento fiscal en contra de MAGDALENO FÚNEZ SÁNCHEZ MISMO SUPUESTO NERY ORLANDO LÓPEZ SANABRIA ALIAS "WILSON LÓPEZ", a quien se le considera responsable del delito de SOBORNO DOMESTICO, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA y contra ERIKA YULISSA BANDY GARCIA, MAGDALENO FÚNEZ SÁNCHEZ MISMO SUPUESTO NERY ORLANDO LOPEZ SANABRIA ALIAS "WILSON LÓPEZ", JOSÉ SANTOS MEJÍA LAÍNEZ, DANIEL ALVARADO TICA SANTOS, MAXIMILIANO ECHEVERRIA GARCÍA a quienes se les considera responsables de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS, TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.(Folios 1-7 del antecedente Tomo I).- 2)Que en fecha dos (02) de octubre del dos mil dieciocho (2018) EL JUZGADO DE LETRAS PEAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: CONDENANDO a los imputados JOSE SANTOS MEJIA LAINEZ Y MAXIMILIANO ECHEVERRIA GARCIA de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, por considerarlos responsable a título de autor de la comisión del delito de: LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, quedando la pena concreta de ONCE (11) AÑOS, TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN, pena que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional de Tamara, Francisco Morazán, sujetos a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario.- SEGUNDO: CONDENANDO al imputado MAXIMILIANO ECHEVERRIA GARCIA de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, por considerarlo responsable a título de autor de la comisión de los delitos de: TENENCIA ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, quedando la pena concreta de DOS (2) AÑOS, TRES MESES, pena que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional de Tamara, Francisco Morazán, sujetos a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario.- TERCERO: CONDENANDO al imputado MAXIMILIANO ECHEVERRIA GARCIA de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, por considerarlo responsable a título de autor de la comisión de los delitos de: TENENCIA ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, quedando la pena concreta de SEIS (6) AÑOS, pena que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional de Tamara, Francisco Morazán, sujetos a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario.- CUARTO: CONDENANDO al imputado MAXIMILIANO ECHEVERRIA GARCIA de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, por considerarlo responsable a título de autor de la comisión de los delitos de: TENENCIA ILEGAL DE EXPLOSIVOS DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, quedando la pena concreta de SEIS(6) AÑOS, pena que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional de Tamara, Francisco Morazán, sujetos a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario.- QUINTO: CONDENAR a los imputados JOSE SANTOS MEJIA LAINEZ Y MAXIMILIANO ECHEVERRIA GARCIA a las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. SEXTO: No procede la condena en costas personales ni procesales.- Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales y una vez firme envíese copia de la misma a la unidad de Antecedentes Penales, debiéndose remitir la causa al juzgado de Ejecución para los efectos legales correspondientes. - Folios 893-897 del antecedente).-3) En fecha veintiocho (28) de agosto del dos mil veinticuatro (2024) se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante LUIS ALONSO DISCUA CERRATO con la comparecencia de la abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado HENRY ALEXANDER FUENTES MEJIA actuando en su condición de Apoderado Legal del señor JOSE SANTOS MEJIA LAINEZ, dijo: Que su representado en fecha dos de octubre del dos mil dieciocho fue condenado a una pena de 11 años 3 meses de reclusión por el delito de Lavado de Activos. En el código Penal vigente el delito de Lavado de Activos se regula en el artículo 439, que fue reforma mediante decreto 93-2021 vigente a partir del 1 de noviembre del 2021, por lo que antes de esta reforma se consideraba delito de lavado de activos el ingreso no justificado, exigiéndose además la existencia de un delito precedente. La conducta por la cual fue condenado su presentado ya no es punible, porque no existen las circunstancias de causa y justificación de los bienes, y no habiendo elementos de un delito precedente, dicha conducta ya no esta tipificada como delito y la misma ya no es punible. La representación del Ministerio Público, dijo: Después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revise la Sentencia firme dictada por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, de fecha dos (2) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Código Penal Vigente, los delitos por el cual fue condenado su representado ahora se sancionan con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1) ., 2) .., 3).., 4) ..,5) ....6).. 7) ..., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna," relacionado con los artículos 615 y 616 del Código Penal vigente, con motivo de la aprobación del Decreto 93-2021, en cuanto reforma el artículo 439 del Código Penal que contiene el delito de Lavado de Activos, la cual favorece a su representado al derogarse la tipicidad y antijuricidad en relación a: Que no tenga causa o justificación económica o lícita de su procedencia", por lo que resulta evidente que su representada no incurrió en el delito en referencia. Del examen de las diligencias se desprende que el Juzgado de Ejecución Penal con Jurisdicción Nacional, emitió Sentencia Interlocutoria en fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil veintidós (2022) mediante la cual declaro CON LUGAR el Beneficio legal de Régimen Excepcional de la Libertad Condicional por enfermedad grave e incurable en beneficio del condenado JOSE SANTOS MEJIA LAINEZ, e impuso las medidas de seguridad correspondientes. Consecuencia de lo anterior, esta representación fiscal es del parecer que no es procedente el Recurso de Revisión interpuesto por el recurrente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 618 del Código vigente (decreto 130-2017), el cual señala: "Penas Suspendidas. Si el cumplimiento de la pena estuviere suspendido no se procede a su revisión, a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y ésta se revocare. En este caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión de la misma. La misma regla se observa si el penado se encuentra en situación de libertad condicional". III.OPINIÓN: El Ministerio Público, con base a lo antes expuesto, es del parecer porque SE DENIEGUE la presente acción de revisión, en vista que el sentenciado se encuentra bajo el beneficio de Libertad Condicional, conforme los argumentos que preceden. (Folios 30-33 vuelto del recurso de mérito).- CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.- CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de Revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención que obliga al Estado a poner a disposición del justiciable, un recurso oportuno, sencillo y efectivo, donde prevalezca el acceso a la justicia. Así mismo el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.- CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Garantista expuestos en la audiencia de oposición y presentación de pruebas de Revisión. La parte recurrente expreso: Que su representado en fecha dos de octubre del dos mil dieciocho fue condenado a una pena de 11 años 3 meses de reclusión por el delito de Lavado de Activos. En el código Penal vigente el delito de Lavado de Activos se regula en el artículo 439, que fue reforma mediante decreto 93-2021 vigente a partir del 1 de noviembre del 2021, por lo que antes de esta reforma se consideraba delito de lavado de activos el ingreso no justificado, exigiéndose además la existencia de un delito precedente. La conducta por la cual fue condenado su presentado ya no es punible, porque no existen las circunstancias de causa y justificación de los bienes, y no habiendo elementos de un delito precedente, dicha conducta ya no está tipificada como delito y la misma ya no es punible. La Representante del Ministerio Publico manifestó: Del examen de las diligencias se desprende que el Juzgado de Ejecución Penal con Jurisdicción Nacional, emitió Sentencia Interlocutoria en fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil veintidós (2022) mediante la cual declaro CON LUGAR el Beneficio legal de Régimen Excepcional de la Libertad Condicional por enfermedad grave e incurable en beneficio del condenado JOSE SANTOS MEJIA LAINEZ, e impuso las medidas de seguridad correspondientes. Consecuencia de lo anterior, esta representación fiscal es del parecer que no es procedente el Recurso de Revisión interpuesto por el recurrente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 618 del Código vigente (decreto 130-2017), el cual señala: "Penas Suspendidas. Si el cumplimiento de la pena estuviere suspendido no se procede a su revisión, a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y ésta se revocare. En este caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión de la misma. La misma regla se observa si el penado se encuentra en situación de libertad condicional".- CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. Así mismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Articulo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena.- CONSIDERANDO SEIS (6): Retroactividad de la ley. La palabra “retroactividad”, deriva del latín, significa “retro agüere” accionar, hacia atrás, obrar hacía atrás. De acuerdo con las fuentes romanas se acude a varias expresiones: “retroagitur”, “reducitur” o “res retroducitur” y activus, que produce efectos y por tanto significa actuar sobre el pasado. Suárez Collía, la define: “en una sucesión temporal de leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva, a supuestos de hecho, actos, relaciones y/o situaciones jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su entrada en vigor y que tuvieron su origen bajo el imperio de otra norma derogada”.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” La Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. - CONSIDERANDO OCHO (8): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución de la República de Honduras en el artículo 84 dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión Penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JOSE SANTOS MEJIA LAINEZ, fue condenado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha dos de octubre del dos mil dieciocho, a la pena de ONCE AÑOS, TRES MESES DE RECLUSIÓN por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 36 numeral 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, en relación con el artículo 32 del Código Penal Decreto 144-83. III- Esta Sala procede a examinar el caso sub examine; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JOSE SANTOS MEJIA LAINEZ, la pena de ONCE AÑOS, TRES MESES DE RECLUSIÓN por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I- En el examen del expediente esta Sala logra constatar que en fecha veintiocho de marzo del año dos mil veintidós se presenta al Juzgado de Ejecución con Competencia territorial Nacional en Materia Penal, solicitud de Régimen Excepcional de libertad condicional por enfermedad en favor del condenado JOSE SANTOS MEJIA LAINEZ, dándosele trámite a dicha solicitud se celebró la audiencia respectiva en fecha veintinueve de agosto del dos mil veintidós, y mediante sentencia interlocutoria de fecha veintinueve de agosto del dos mil veintidós, el Juez de Ejecución declara Con Lugar el Beneficio de Libertad Condicional por enfermedad grave e incurable en beneficio del señor JOSE SANTOS MEJIA LAINEZ, en virtud de reunir los requisitos de ley. Como consecuencia de la declaratoria con lugar del beneficio de Libertad Condicional, en fecha veintinueve de agosto del dos mil veintidós se libra oficio de excarcelación a la Penitenciaría Nacional de Támara, a efecto de que se ponga en libertad provisional al condenado en mención, asimismo en la misma fecha se le otorga Carta de Libertad Provisional por Régimen Excepcional de Libertad Condicional, a favor del ciudadano JOSE SANTOS MEJIA LAINEZ. II- Por tanto esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión, puesto que el condenado JOSE SANTOS MEJIA LAINEZ, se encuentra en Libertad Condicional, lo que efectivamente limita revisar la sentencia de fecha dos de octubre del dos mil dieciocho, tal como lo dispone el artículo 618 del Código Penal Vigente, que a su letra dispone: “Penas Suspendidas. Si el cumplimiento de la pena estuviere suspendido no se procede a su revisión, a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y ésta se revocare. En este caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión de la misma. La misma regla se observa si el penado se encuentra en situación de libertad condicional.”. En suma, no es procedente la revisión de la Sentencia condenatoria señalada, en base a la aplicación retroactiva de la ley, solicitada en favor del ciudadano JOSE SANTOS MEJIA LAINEZ.- POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 618 del Código Penal Vigente; FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado HENRY ALEXANDER FUENTES MEJIA, a favor del ciudadano JOSE SANTOS MEJIA LAINEZ. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA. NOTIFÍQUESE. -LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. MARLINA DUBÓN VILLEDA. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco, certificación de fallo de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil veinticinco, recaída en el recurso de Revisión Penal registrado en este tribunal con el número SCO-1572-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL