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Sentencia RP-1566-23 — Registro 20094

Resumen

Revisión de Sentencia condenatoria por el delito de Robo de vehículo Automotor Terrestre (motocicleta) en aplicabilidad del Principio de retroactividad de la ley en materia penal, la Sala Constitucional concluye que no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación, como es el caso de Porte Ilegal de Arma de fuego y de igual forma no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena sumada en concurso real se encuentre dentro del margen abstracto.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." un límite superior de quince (15) años, seis (6) meses y un límite inferior de diez (10) años y ocho (8) meses. IV.- En relación al delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO tipificado en el artículo 580 del nuevo código penal: La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1.- De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; se aumentara la pena en un 1/3 a quien porte las anteriores armas, así entonces la pena para este delito seria de cuatro(4) a cinco(5) años cuatro(4) meses de prisión, y localización permanente de hasta dos años; Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión (es de cuatro) años de reclusión por la comisión de este delito no concurriendo la agravante señalada por el ministerio Publico señalada en el artículo 584 numeral uno, en virtud de no establecerse que los hechos son cometidos en el ámbito de un grupo delictivo organizado, pues el articulo 136 de la misma norma nos señala cuando, se considera un grupo delictivo organizado; sin embargo de acuerdo a los hechos probados, la agravante que concurre es la señalada en el mismo artículo (584) en el numeral seis (6) que establece que se incrementara hasta un tercio cuando el Porte de armas o explosivos se efectúa en lugares o eventos públicos en circunstancias que lo hacen particularmente peligroso, ya que se desprende que el condenado disparo su arma en la acción cometida para despojar de sus pertenecías al ofendido, por lo que la pena a imponer sería de cinco (5) años cuatro meses de prisión a siete (7) años un mes de prisión. Por tanto, se concluye que no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación, como es el caso de Porte Ilegal de Arma de fuego y de igual forma no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena sumada en concurso real se encuentre dentro del margen abstracto ya que el delito de Robo con Violencia o intimidación Agravado Continuado la pena oscila de diez (10)años ocho meses como mínima a quince (15) años seis meses como máxima; y al hacer la suma de la pena señalada para el delito de Porte Ilegal resulta una pena de dieciséis (16) años como mínima a veintidós(22) años siete meses como máxima, Ergo, al hacer la comparación de las penas impuestas en la sentencia venida en revisión (pena acumulada de veintiuno (21) años de reclusión) versus los marcos abstractos imponibles por los dos delitos con el NCP (Robo con intimidación agravado continuado y porte Ilegal de Arma de Fuego ), no procede la retroactividad de la ley penal, conforme lo disponen los artículos 616 y 621 del código penal decreto 130-2017."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia.-Sala de lo Constitución Sentencia de revisión penal En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por el Magistrado Luis Fernando Padilla, pronuncia, En nombre del Estado de Honduras,La sentencia que resuelve el recurso de revisión Penal SCO-1566-2023, promovido por la Abogada Bessy Lorena Sánchez Rivera, en favor de ELMIN ALONZO PONCE CHAVER, contra la sentencia de fecha uno de septiembre del 2014, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Comayagua, y mediante la cual falló: PRIMERO: CONDENAR al justiciable ELMIN ALONZO PONCE CHAVER, identificado en el preámbulo de esta sentencia, a la pena de ONCE (11) AÑOS de reclusión por el delito de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR TERRESTRE(motocicleta), en perjuicio de ROBIN ONIEL ULLOA GAMEZ.- y como consecuencia de la condena de reclusión se le impone las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena de reclusión, así como también a trabajar por el tiempo que dure la pena de reclusión, así como también a trabajar por el tiempo que dure la misma, en obras publicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con las leyes que regulan el sistema Penitenciario Nacional. SEGUNDO: CONDENAR al Justiciable ELMIN ALONZO PONCE CHAVER, ya identificado en el preámbulo de esta sentencia, a la pena de CUATRO (4) años de reclusión por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Y como consecuencia de la condena de reclusión se le impone las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena de reclusión, así como también a trabajar por el tiempo que dure la misma, en obras publicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con las leyes que regulan el sistema Penitenciario Nacional. Las penas de reclusión impuestas al condenado deberán cumplirse en la Penitenciaria Nacional Granja Penal, ubicado en esta Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua. TERCERO: Se declara civilmente responsable al condenado ELMIN ALONZO PONCE CHAVER como consecuencia de la condena por los delitos señalados en los acápites que anteceden, la que deberá tasarse en la fase de Ejecución de esta sentencia ante Juez de Ejecución de penas, a exigencia de la Victima. CUARTO: Procede declarar comiso del arma de fuego comercial de fuego tipo pistola, calibre 380, marca OMC, color niquelada, serie AO8863, con su cargador y seis cartuchos sin percutir. modificada mediante sentencia de Casación de fecha diez de octubre del dos mil dieciocho que fallo: PRIMERO: Declara HA LUGAR, el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el representante del Ministerio Público, en la causa seguida contra el procesado Elmin Alonzo Ponce Chaver, por suponerlo responsable del delito de Robo, en perjuicio del señor Robin Oniel Ulloa Gámez. SEGUNDO: CASA LA SENTENCIA RECURRIDA de la siguiente manera: 1) Condenar al señor Elmin Alonzo Ponce Chaver, como autor del delito de Robo en perjuicio del señor Robin Oniel Ulloa Gámez, a la pena de seis (6) años de reclusión. 2) Mantener incólume los pronunciamientos primero, segundo, tercero, cuarto, sexto y séptimo de la sentencia recurrida. TERCERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus tres motivos, interpuesto por el Abogado Alain Kreskin Díaz Ulloa, apoderado defensor del acusado Elmin Alonzo Ponce Chaver. CUARTO; Ordenar que las penas principales impuestas y sus respectivas accesorias, deberán de ser cumplidas por el condenado de manera sucesiva, iniciando por la más grave, a la cual deberá de deducírsele el tiempo en que aquel haya estado preventivamente privado de su libertad por esta causa; para efectos de beneficios penitenciarios y judiciales en el proceso de ejecución de las penas, deberá de ser considerada la suma de las penas principales como una sola, aun cuando alguna de ellas fuesen objeto de conmuta. Folios 256-262 del recurso de mérito) Son partes: 1.-La abogada BESSY LORENA SANCHEZ RIVERA a favor del señor ELMIN ALONZO PONCE CHAVER como revisionista.2.- La abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO en su condición de Fiscal del Ministerio Publico. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA QUE SE REVISA PRIMERO: En fecha dos (2) de septiembre del año dos mil once(2011), aproximadamente a las 9:30 de la mañana, el joven ROBIN ONIEL ULLOA GAMEZ se desplaza por una de las calles de la Aldea Los Manguitos Jurisdicción del municipio de Ojo de Agua, Departamento de Comayagua, mientras se conducía en su motocicleta fue interceptado por dos individuos quienes portaban armas de fuego y con pasamontañas le hacen dos disparos, por lo que decide estacionarse, solicitándole la boleta de revisión de dicha motocicleta, proceden a despojarlo de la misma, así como también de su celular y de su cartera, una vez que deciden emprender su marcha se logran despojar del pasamontañas e identifica el rostro de uno de ellos. SEGUNDO: El ofendido le comunica su madre, quien informa a los agentes policiales de lo sucedido, estos se desplazan a realizar búsqueda, mientras se conducen por la altura del sitio denominado La cuesta del indio con destino al Municipio de la Libertad, el conductor del vehículo color azul le hace señales de parada identifican la motocicleta, proceden hacer el decomiso de la motocicleta y captura de los acusados. TERCERO: posteriormente cuando se encuentran con la Policía preventiva del Municipio de la Libertad, es identificado ELMIN ALONZO PONCE por el ofendido ROBIN ONIEL ULLOA GAMEZ quien es la persona que le realiza el decomiso de boleta de revisión de la motocicleta, un pasamontaña un arma de fuego. ANTECEDENTES 1.Del inicio del Proceso Penal.-Que en fecha tres (03) de septiembre del de dos mil doce (2012), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COMAYAGUA , La Agente de Tribunales del Ministerio Público, la abogada, MARIA ISABEL CORTES presentando requerimiento fiscal en contra de los señores ELMIN ALONZO PONCE CHAVER a quien se le acusa a título de autor directo de los delitos de PORTACION ILEGAL DE ARMAS ROBO DE VEHICULO ,ROBO EN PERJUICIO DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO , ROBIN ANEL ULLOA GOMEZ Y DIXY JAVIER AVILA CACERES contra LUIS ALBERTO ANARIBA BUESO a quien se le acusa a título de autor directo de los delitos de ROBO DE VEHICULO ,ROBO en perjuicio de ROBIN ANIEL ULLOA GOMEZ Y DIXY JAVIER AVILA CACERES contra JOSE AMADO ARGUETA CONTRERAS a quien se le acusa a título de autor directo de los delitos de Robo de vehículo y robo en perjuicio de ROBIN ANIEL GOMEZ Y DIXY JAVIER AVILA CACERES (Folios 1-4 del antecedente).2.De la Sentencia Condenatoria.- Que en fecha uno de septiembre de dos mil catorce), el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA , dictó sentencia mediante la cual FALLÓ PRIMERO: CONDENAR al justiciable ELMIN ALONZO PONCE CHAVER, identificado en el preámbulo de esta sentencia, a la pena de ONCE (11) AÑOS de reclusión por el delito de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR TERRESTRE(motocicleta), en perjuicio de ROBIN ONIEL ULLOA GAMEZ.- y como consecuencia de la condena de reclusión se le impone las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena de reclusión, así como también a trabajar por el tiempo que dure la pena de reclusión, así como también a trabajar por el tiempo que dure la misma, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con las leyes que regulan el sistema Penitenciario Nacional. SEGUNDO: CONDENAR al Justiciable ELMIN ALONZO PONCE CHAVER, ya identificado en el preámbulo de esta sentencia, a la pena de CUATRO (4) años de reclusión por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Y como consecuencia de la condena de reclusión se le impone las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena de reclusión, así como también a trabajar por el tiempo que dure la misma, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con las leyes que regulan el sistema Penitenciario Nacional. Las penas de reclusión impuestas al condenado deberán cumplirse en la Penitenciaría Nacional Granja Penal, ubicado en esta Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua. TERCERO: Se declara civilmente responsable al condenado ELMIN ALONZO PONCE CHAVER como consecuencia de la condena por los delitos señalados en los acápites que anteceden, la que deberá tasarse en la fase de Ejecución de esta sentencia ante Juez de Ejecución de penas, a exigencia de la Victima. CUARTO: Procede declarar comiso del arma de fuego comercial de fuego tipo pistola, calibre 380, marca OMC, color niquelada, serie AO8863, con su cargador y seis cartuchos sin percutir. QUINTO: Debemos absorber absolvemos por falta de prueba suficiente al justiciable JOSE AMADO ARGUETA CONTRERAS de toda responsabilidad por el delito de ROBO Y ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR TERRESTRE (Motocicleta) en perjuicio de ROBIN ONIEL ULLOA GAMEZ. SEXTO: Debemos absolver y absolvemos por falta de prueba suficiente al justiciable JOSE AMADO ARGUETA CONTRERAS de toda responsabilidad por el delito de ROBO Y ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR TERRESTRE (MOTOCICLETA) en perjuicio de ROBIN ONIEL ULLOA GAMEZ.SEPTIMO: No procede Condenar al Justiciable ELMIN ALONZO PONCE CHAVER, ni al Ministerio Publico con costas procesales, personales ni gastos ocasionados en el juicio. REFORMADA mediante sentencia de Casación de fecha diez de octubre del dos mil dieciocho que falló: PRIMERO: Declara HA LUGAR, el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el representante del Ministerio Público, en la causa seguida contra el procesado Elmin Alonzo Ponce Chaver, por suponerlo responsable del delito de Robo, en perjuicio del señor Robin Oniel Ulloa Gámez. SEGUNDO: CASA LA SENTENCIA RECURRIDA de la siguiente manera: 1) Condenar al señor Elmin Alonzo Ponce Chaver, como autor del delito de Robo en perjuicio del señor Robin Oniel Ulloa Gámez, a la pena de seis (6) años de reclusión. 2) Mantener incólume los pronunciamientos primero, segundo, tercero, cuarto, sexto y séptimo de la sentencia recurrida. TERCERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus tres motivos, interpuesto por el Abogado Alain Kreskin Díaz Ulloa, apoderado defensor del acusado Elmin Alonzo Ponce Chaver. CUARTO; Ordenar que las penas principales impuestas y sus respectivas accesorias, deberán de ser cumplidas por el condenado de manera sucesiva, iniciando por la más grave, a la cual deberá de deducírsele el tiempo en que aquel haya estado preventivamente privado de su libertad por esta causa; para efectos de beneficios penitenciarios y judiciales en el proceso de ejecución de las penas, deberá de ser considerada la suma de las penas principales como una sola, aun cuando alguna de ellas fuesen objeto de conmuta.(Folios 256-262 del recurso de mérito)3. De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. La Abogada BESSY LORENA SANCHEZ RIVERA en representación de ELMIN ALONZO PONCE CHAVER, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha veintiocho de noviembre del (2023) , presentando recurso de revisión penal a favor de su representado, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha uno (1) de septiembre del dos mil catorce(2014), por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, y reformada en Casación en fecha diez (10) de octubre del dos mil dieciocho(2018) mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha once (11) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), ordenándose, en consecuencia, la celebración de la audiencia respectiva (f. 17).4:De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha cinco (5) de junio de dos mil veinticuatro (2024), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional (f. 2O), habiendo comparecido la Abogada BESSY LORENA SANCHEZ RIVERA, en representación de ELMIN ALONZO PONCE CHAVER, como revisionista; y, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de fiscal del Ministerio Público; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando la revisionista que solicita la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, ello porque para el delito de robo le corresponde a su representado una pena de 4 a 8 años de prisión; y es la misma pena para el robo con intimidación, todo esto basado en los artículos 361 y 364 del nuevo código penal; El Ministerio Público consideró: después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva antes citada, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado estableciendo que de conformidad al Código Penal vigente los delitos por los cuales fue condenado su representado, son sancionados con una pena más baja, por lo que es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)..., 2).., 3) ..., 4) .,5)..., 6) ... 7) .., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna,." relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal. De lo expuesto por el revisionista y al examinar el fallo sub-judice, se aprecia que el Código Penal Vigente regula el delito de ROBO DE VEHÍCULO en su artículo 364, en cuyo último párrafo señala: "Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación". En tal sentido, el ARTÍCULO 361, dispone que el delito de ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, la cual debe ser aumentara un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las AGRAVANTES ESPECÍFICAS que enumera el ARTÍCULO 363, como ser la contenida en el numeral 9) cuando se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. Del contenido del artículo 580 numeral 1, con relación a su último párrafo, se desprende que el delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Permitida, es sancionado con una pena de uno (1) a cuatro (4) años de reclusión, aumentada en un tercio (1/3), resultando una pena de cuatro (4) años a cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión; la que a su vez se incrementara un tercio (1/3), por concurrir la agravante contenida en el numeral 1 del artículo 584, consistente en haberse cometido los hechos en el ámbito de un grupo delictivo, conforme lo establece el artículo 136 del referido cuerpo legal, por lo que resulta una pena abstracta de cinco (5) años cuatro (4) meses como pena mínima y siete (7) años un (1) mes diez (10) días de prisión como pena máxima. Al examinar el fallo sub-judice y de conformidad a las normas transcritas se extrae que, en cuanto al Robo de vehículo agravado, la pena a imponer es de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión, aumentada en 1/3 por concurrir la agravante establecida en el artículo 363.9 de la norma sustantiva vigente, resultando una pena de 8 a 10 años 4 meses de reclusión. De lo expuesto, si bien, la pena a imponer en el delito de Robo de vehículo agravado existe una pena más baja, no obstante, en lo que respecta al delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO PERMITIDA, la pena a imponer se ve incrementada, ya que correspondería imponer la pena máxima de 6 a ocho (8) años de prisión, en comparación a los cuatro (4) de reclusión a los que fue condenado el encausado, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 615 de la norma sustantiva, es imperativo que las disposiciones del nuevo Código Penal resulten más favorables tomadas en su conjunto, ya que no es admisible la aplicación fragmentando las dos (2) normas sustantivas. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que en la presente causa no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme el Código anterior. III.OPINION: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios 20-22 vuelto del recurso de mérito)FundamentaciónCONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha cinco (5) de junio de dos mil veinticuatro (2024), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada BESSY LORENA SANCHEZ RIVERA, en representación de ELMIN ALONZO PONCE CHAVER, como revisionista; y la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de fiscal del Ministerio Público. La Abogada Bessy Lorena Sánchez Rivera, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que para el delito de robo le corresponde a su representado una pena de 4 a 8 años de prisión; para el delito de robo de vehículo, este puede ser penado con la misma pena de Robo de cuatro a ocho años; solicitando se aplique la retroactividad de la ley penal. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que Al examinar el fallo sub-judice y de conformidad a las normas transcritas se extrae que, en cuanto al Robo de vehículo agravado, la pena a imponer es de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión, aumentada en 1/3 por concurrir la agravante establecida en el artículo 363.9 de la norma sustantiva vigente, resultando una pena de 8 a 10 años 4 meses de reclusión. De lo expuesto, si bien, la pena a imponer en el delito de Robo de vehículo agravado existe una pena más baja, no obstante, en lo que respecta al delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO PERMITIDA, la pena a imponer se ve incrementada, ya que correspondería imponer la pena máxima de 6 a ocho (8) años de prisión, en comparación a los cuatro (4) de reclusión a los que fue condenado el encausado, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 615 de la norma sustantiva, es imperativo que las disposiciones del nuevo Código Penal resulten más favorables tomadas en su conjunto, ya que no es admisible la aplicación fragmentando las dos (2) normas sustantivas. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que en la presente causa no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme el Código anterior, siendo de la opinión porque no se Otorgue. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar o denegar el recurso extraordinario de revisión penal. I.- En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a ELMIN ALONZO PONCE CHAVER, a la pena de ONCE (11) AÑOS de reclusión por el delito de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR TERRESTRE (motocicleta), en perjuicio de ROBIN ONIEL ULLOA GAMEZ; CUATRO (4) años de reclusión por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Y mediante casación se reforma la sentencia condenando también a la pena seis (6) años de reclusión por delito de Robo en perjuicio de Robin Oniel Ulloa Gámez. ; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y las consecuencias legales de responsabilidad civil y trabajo en obras públicas o labores dentro del establecimiento penitenciario durante el tiempo de la condena. II.-Según el computo de la pena, para los delitos de Robo, Robo de vehículo automotor, así como Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial impuestos en la sentencia de instancia, la pena suma veintiún (21) años de reclusión, penas impuestas conforme los artículos 217, 218 y 332 del código penal derogado. III.- Según el Nuevo código penal decreto 130-2017 el articulo 364, señala el hurto y robo de vehículo automotor que establece que al emplear violencia o intimidación en las personas nos remite al delito de Robo con violencia e intimidación artículo 361 del NCP, que comprende una pena abstracta de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión, marco abstracto que debe aumentarse en un tercio (1/3) en su límite máximo en virtud de concurrir la agravante del ARTÍCULO 363.- AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas de hurto o robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto, estableciéndose como nueva pena abstracta de ocho (8) años a diez (10) años cuatro meses de prisión, tal como se desprende del análisis de los hechos probados establecidos en la sentencia. Es importante señalar que según el NCP no existe diferenciación típica y/o punible para el delito de robo según el objeto material del delito, razón por lo cual el delito de robo de vehículo automotor agravado que existía en el código derogado, se subsume en el mismo delito de robo agravado que contempla el NCP. Este margen abstracto agravado a su vez debe aumentarse hasta en un tercio (1/3) por encontrarnos ante un concurso continuado (según artículo 68 del NCP), ello porque según los hechos probados el sentenciado en ejecución de un plan preconcebido, realizó una pluralidad de acciones que infringen el mismo precepto penal, por lo cual debe ser castigado con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3), lo que en definitiva nos da un límite superior de quince (15) años, seis (6) meses y un límite inferior de diez (10) años y ocho (8) meses. IV.- En relación al delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO tipificado en el artículo 580 del nuevo código penal: La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1.- De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; se aumentara la pena en un 1/3 a quien porte las anteriores armas, así entonces la pena para este delito seria de cuatro(4) a cinco(5) años cuatro(4) meses de prisión, y localización permanente de hasta dos años; Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión (es de cuatro) años de reclusión por la comisión de este delito no concurriendo la agravante señalada por el ministerio Publico señalada en el artículo 584 numeral uno, en virtud de no establecerse que los hechos son cometidos en el ámbito de un grupo delictivo organizado, pues el articulo 136 de la misma norma nos señala cuando, se considera un grupo delictivo organizado; sin embargo de acuerdo a los hechos probados, la agravante que concurre es la señalada en el mismo artículo (584) en el numeral seis (6) que establece que se incrementara hasta un tercio cuando el Porte de armas o explosivos se efectúa en lugares o eventos públicos en circunstancias que lo hacen particularmente peligroso, ya que se desprende que el condenado disparo su arma en la acción cometida para despojar de sus pertenecías al ofendido, por lo que la pena a imponer sería de cinco (5) años cuatro meses de prisión a siete (7) años un mes de prisión. Por tanto, se concluye que no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación, como es el caso de Porte Ilegal de Arma de fuego y de igual forma no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena sumada en concurso real se encuentre dentro del margen abstracto ya que el delito de Robo con Violencia o intimidación Agravado Continuado la pena oscila de diez (10)años ocho meses como mínima a quince (15) años seis meses como máxima; y al hacer la suma de la pena señalada para el delito de Porte Ilegal resulta una pena de dieciséis (16) años como mínima a veintidós(22) años siete meses como máxima, Ergo, al hacer la comparación de las penas impuestas en la sentencia venida en revisión (pena acumulada de veintiuno (21) años de reclusión) versus los marcos abstractos imponibles por los dos delitos con el NCP (Robo con intimidación agravado continuado y porte Ilegal de Arma de Fuego ), no procede la retroactividad de la ley penal, conforme lo disponen los artículos 616 y 621 del código penal decreto 130-2017.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada BESSY LORENA SANCHEZ RIVERA, en favor del señor ELMIN ALONZO PONCE CHAVER contra la sentencia de fecha uno de septiembre del 2014, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Comayagua y reformada por la Sala penal, mediante sentencia de Casación de fecha diez de octubre del dos mil dieciocho. Y MANDA: Que la secretaria del despacho notifique lo resuelto a los recurrentes para los efectos legales que en derecho correspondan. Notifíquese. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de enero de dos mil veintiséis, certificación del fallo de fecha veinticinco de agosto de dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1566-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL