Sentencia RP-1507-22 — Registro 19864
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria por el delito de Trafico de Drogas Agravado en perjuicio de la Salud Publica del Estado de Honduras en aplicabilidad del Principio de retroactividad de la ley en materia penal, la Sala Constitucional concluye que no se dan los presupuestos invocados que se encuentran en el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, ya que lógicamente no existe retroactividad de la Ley Penal, porque ellos fueron juzgados con la nueva ley (Código Penal Decreto 130-2017). y se declare SIN LUGAR la presente acción.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a los Señores JOSE LUIS CRUZ SANCHEZ y LEXCER MARTINEZ SANCHEZ, la pena principal de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE PRISIÓN Y UNA MULTA DE DOSCIENTOS VEINTICINCINCO (225) DIAS Y CADA DIA DE MULTA CON UN VALOR DE MIL LEMPIRAS (L.1,000.00), QUE EQUIVALE A DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL LEMPIRAS (L.225,000.00), COMO PENA MINIMA por el delito de TRAFICO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS Y EL ORDEN PÚBLICO; Y por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PROHIBIDO AGRAVADO, UNA PENA DE: CUATRO (4) AÑO SEIS (6) MESES DE PRISION Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE HASTA DOS (2) AÑOS COMO PENAS MINIMAS, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo de duración de la pena principal. En ese sentido y de la revisión de la presente causa se observa, que los recurrentes han presentado la garantía de revisión penal por considerar que la nueva ley penal es más favorable, fundamentándose en el hecho que el Código Penal (Decreto 130-2017) contiene una pena más benigna y que les favorece a sus representados, sin embargo de la simple lectura de la sentencia recurrida mediante la garantía de revisión penal, nos damos cuenta que los ahora recurrentes ya fueron juzgados conforme al Código Penal (Decreto 130-2017), por lo tanto no se dan los presupuestos invocados y que se encuentran en el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, ya que lógicamente no existe retroactividad de la Ley Penal, porque ellos fueron juzgados con la nueva ley (Código Penal Decreto 130-2017). Por esa razón esta Sala es del Criterio que se declare SIN LUGAR la presente acción de revisión penal."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a los Señores JOSE LUIS CRUZ SANCHEZ y LEXCER MARTINEZ SANCHEZ, la pena principal de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE PRISIÓN Y UNA MULTA DE DOSCIENTOS VEINTICINCINCO (225) DIAS Y CADA DIA DE MULTA CON UN VALOR DE MIL LEMPIRAS (L.1,000.00), QUE EQUIVALE A DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL LEMPIRAS (L.225,000.00), COMO PENA MINIMA por el delito de TRAFICO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS Y EL ORDEN PÚBLICO; Y por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PROHIBIDO AGRAVADO, UNA PENA DE: CUATRO (4) AÑO SEIS (6) MESES DE PRISION Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE HASTA DOS (2) AÑOS COMO PENAS MINIMAS, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo de duración de la pena principal. En ese sentido y de la revisión de la presente causa se observa, que los recurrentes han presentado la garantía de revisión penal por considerar que la nueva ley penal es más favorable, fundamentándose en el hecho que el Código Penal (Decreto 130-2017) contiene una pena más benigna y que les favorece a sus representados, sin embargo de la simple lectura de la sentencia recurrida mediante la garantía de revisión penal, nos damos cuenta que los ahora recurrentes ya fueron juzgados conforme al Código Penal (Decreto 130-2017), por lo tanto no se dan los presupuestos invocados y que se encuentran en el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, ya que lógicamente no existe retroactividad de la Ley Penal, porque ellos fueron juzgados con la nueva ley (Código Penal Decreto 130-2017). Por esa razón esta Sala es del Criterio que se declare SIN LUGAR la presente acción de revisión penal."
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Ocho de octubre del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADAES a favor de los Señores LEXCER MARTINEZ SANCHEZ y JOSE LUIS CRUZ SANCHEZ., contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL en fecha once de mayo de dos mil veintidós, con relación a la causa que se instruyó contra los Señores LEXCER MARTINEZ SANCHEZ Y JOSE LUIS CRUZ SANCHEZ por el delito de TRAFICO DE DROGAS AGRAVADO en perjuicio de la SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Exp. No.53-2021). ANTECEDENTES 1).- Que en fecha nueve (09) de abril de dos mil veintiuno (2021), compareció ante el Juzgado de Letras con competencia territorial nacional en materia penal , el Agente de Tribunales del Ministerio Público, la abogada JESSIECA TERCERO presentando requerimiento fiscal en contra de JOSE LUIS CRUZ SANCHEZ LEXCER ARIEL MARTINEZ SANCHEZ Y JERR JEDRICK GALE BODDEN también conocido como JERR FEDRECK GALE a quien se les supone responsables del delito TRAFICO DE DROGAS AGRAVADO , PORTE O TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO AGRAVADO en perjuicio de la SALUD PUBLICA Y EL ORDEN PUBLICO.(Folios 1-6 del antecedente). 2).- Que en fecha once (11) de mayo de dos mil veintidós (2022), el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL dictó sentencia mediante la cual FALLA CONDENAR: A los señores JOSE LUIS CRUZ SANCHEZ, LEXCER MARTINEZ SANCHEZ, JERR JENDRICK GALE BODDEN TAMBIEN CONOCIDO COMO JERR FREDECK GALE, de generales ya conocidas, como responsables penalmente en concepto de Autores de los delitos de 1.) TRAFICO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS Y EL ORDEN PÚBLICO, a la pena de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE PRISIÓN Y UNA MULTA DE DOSCIENTOS VEINTICINCINCO (225) DIAS Y CADA DIA DE MULTA CON UN VALOR DE MIL LEMPIRAS (L.1,000.00), QUE EQUIVALE A DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL LEMPIRAS (L.225,000.00), COMO PENA MINIMA Y 2.) TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PROHIBIDO AGRAVADO, UNA PENA DE: CUATRO (4) AÑO SEIS (6) MESES DE PRISION Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE HASTA DOS (2) AÑOS COMO PENAS MINIMAS, siendo la anterior penas principales, la pena de prisión la deberán cumplir en el Centro Penitenciario del Municipio de Moroceli, Departamento de El Paraíso o la que el Juez de Ejecución Con Jurisdicción Nacional estime pertinente, debiendo computarse el tiempo que ha permanecido en efectiva prisión por la presente causa y en el caso de la multa, deberán pagarla a favor del Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República, en la fase de ejecución de esta sentencia, quedando obligados a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional. CONDENAR: A los señores JOSE LUIS CRUZ SANCHEZ, LEXCER MARTINEZ SANCHEZ, JERR JENDRICK GALE BODDEN TAMBIEN CONOCIDO COMO JERR FREDECK GALE, a la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, por los delitos de 1.) TRAFICO DE DROGAS 13 AGRAVADO Y 2.) TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PROHIBIDO AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS Y EL ORDEN PUBLICO, por el tiempo que dure la condena principal. Se declara a los señores JOSE LUIS CRUZ SANCHEZ, LEXCER MARTINEZ SANCHEZ, JERR JENDRICK GALE BODDEN TAMBIEN CONOCIDO COMO JERR FREDECK GALE, responsable civilmente. Se declara el comiso de los activos y los instrumentos o medios con que éste se ha cometido, que le fueron decomisados a los acusados JOSE LUIS CRUZ SANCHEZ, LEXCER MARTINEZ SANCHEZ, JERR JENDRICK GALE BODDEN TAMBIEN CONOCIDO COMO JERR FREDECK GALE, consistente en: 1). Una lancha Tiburonera con registro LC-05-535-7 color azul con blanco, motor HP200, serie motor YAMAHA, L200 AET 6K1 X 1008816.- 2). Un teléfono satelital color negro con la leyenda IRIDIUM.-3). Un arma de fuego tipo fusil con un cargador metálico el cual contiene 25 municiones de color amarillo, dicha arma de fuego no es legible su serie.-4). Cinco Billetes de moneda extranjera (dólares) de denominación $20, veinte billetes de moneda nacional (lempiras), de denominaciones de L.1, un billete de L.2, cuatro billetes de L.5, un billete de L.20, un billete de L.10, un billete de L.500 haciendo una suma de $100 y L. 572.00.- 5). Documentación varía como ser recibos de bancos y una hoja con apuntes. - 6). Una cadena de metal color amarillo. No se condena en costas procesales, personales, ni por gastos ocasionados por el juicio. Si no se interpone recurso alguno contra este veredicto, una vez firme se libre copia certificada de la misma al Director del Centro Penitenciario del Municipio de Moroceli, Departamento de El Paraíso; asimismo que se libre copia certificada de dicha sentencia al Juzgado de Ejecución Con Jurisdicción Nacional, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFIQUESE A LAS PARTES ESTE FALLO.- Redactó este Fallo el Juez, Abogado CLAUDIO DANIEL AGUILAR ELVIR.- LESBIA VERENICE/VALLEJO SANCHEZ.- SECRETARIA. (Folios 152 -159 del recurso de mérito). 3).- En fecha diez (10) de agosto del dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante MARVIN RIGOBERTO ESPINAL PINEL , con la comparecencia de la abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA , en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES actuando en su condición de Apoderado Legal de los señores, LEXCER MARTINEZ SANCHEZ, JOSE LUIS CRUZ SANCHEZ,; El Ministerio Público consideró: : Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el revisionista en su escrito de interposición de la acción en análisis, solicita que se revise la Sentencia Definitiva de fecha once (11) de mayo del año dos mil veintidós (2022) emitida por el Tribunal de sentencia con Competencia Territorial Nacional, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor de los condenados, pues argumenta que de conformidad a las disposiciones contenidas en el nuevo código Penal (Decreto 130-2017) los delitos por los cuales fueron condenados sus representados son sancionados con una pena más benigna o una pena menor a la del Código Penal derogado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1) ...,2) ..., 3) ..,4) ...,5) ..., 6) ... 7) ..., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna.", relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal. De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a examinar los antecedentes traídos a estudio, en especial la sentencia dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, desprendiéndose de la misma que los penados fueron juzgados conforme al Decreto N° 130-2017 que el hoy impetrante invoca como aplicable y no conforme al Decreto N°144-83 ya derogado; en consecuencia, las penas impuestas son congruentes y se encuentran legalmente ajustadas a la norma sustantiva vigente y aplicable al caso concreto. III. PRONUNCIAMIENTO: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión por improcedente. (Folios 27-28 vuelto del recurso de mérito). CONSIDERANDO (1): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (2): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO (3): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, quien actúa como apoderado del señor LEXCER MARTINEZ SANCHEZ Y JOSE LUIS CRUZ SANCHEZ, como revisionistas; y, la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El abogado José Alejandro Núñez Valladares, funda su petición en que se le apliquen a sus representados la retroactividad de la Ley Penal vigente Decreto Legislativo 130-2017, en relación a los artículos 96 y 186 de la Constitución de la República; 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, para que sea aplicable la nueva pena concreta a dicho delito, en vista que de conformidad con el artículo 311 primer párrafo, establece una pena de cuatro (4) a siete (7) años; y de siete (7) a diez (10) años por el delito de tráfico de drogas agravado, por esa razón se debe de aplicar la presente pena por ser más favorable.- Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que el revisionista solicita que se revea la sentencia definitiva, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor de las personas condenadas, de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Código Penal vigente, el cual sanciona con una pena más benigna a dicho tipo penal. Al hacer un estudio de la causa se observa que los sentenciados fueron condenados por el delito de TRAFICO DE DROGAS AGRAVADO a una pena de ONCE (11) AÑOS, TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN Y PENA DE MULTA DE 225 DIAS A RAZON DE 1,000 LEMPIRAS DIARIOS, equivalente a la cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL LEMPIRAS; Por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PROHIBIDO AGRAVADO a la pena de CUATRO (4) AÑOS, SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN; y a las penas de INHABILITACION ASBOLUTA por el tiempo que dure la condena. Al revisar de manera detallada la referida sentencia condenatoria, se desprende de la misma que los penados fueron juzgados conforme al decreto 130-2017 que el hoy impetrante invoca como aplicable y no conforme al Decreto 144-83 ya derogado, en consecuencia, las penas impuestas son congruentes y se encuentran legalmente ajustadas a la norma sustantiva vigente y aplicable al caso concreto.- Por esa razón esta representante del Ministerio Público es de la Opinión que NO SE OTORGUE la presente acción de revisión penal. CONSIDERANDO (4): Del principio de legalidad y de las reglas generales y particulares de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. * Del principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 11.2), en la Declaración de los derechos y Deberes del Hombre (artículos 5 y 15), en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (artículo 9), en el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (artículos 6, 9 y 14), en el Código de Conducta Para Funcionarios Encargados de Hacer y Cumplir la Ley (artículo 1), así como en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades y la Carta Africana Sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. De igual modo, en la Constitución de la República de Honduras se establece en el artículo 84 que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (5): El Principio de Legalidad exige del legislador: a. Que formule las descripciones del delito del modo más preciso posible (Nullum crimen sine lege certa), y, b. Que las leyes no tengan efecto retroactivo (nullum crimen sine lege praevia), salvo cuando le sea más favorable al procesado o condenado. Por otra parte, exige del juzgador: a. Que sus condenas se basen en la ley escrita y no en el derecho consuetudinario (nullum crimen sine lege scripta) y, b. Que no amplíe la ley escrita en perjuicio del afectado (nullum crimen sine lege stricta), la llamada prohibición por analogía. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley que regula las mismas situaciones que la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría a su arbitrio contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad son: a. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; b. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o, c. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más favorable no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. En el texto del artículo 96 de la Constitución Política se establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente al momento del hecho; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior y por la cual estaba siendo juzgada o por la cual fue condenada la persona; y, c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO (6): Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; y, c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo, no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales en los siguientes casos: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. * Casos en que no procede la ponderación de norma penal más favorable. El nuevo Código Penal prevé una serie de prohibiciones respecto a la ponderación de la norma más favorable y, en su caso, la aplicación retroactiva de la norma penal sustantiva más favorable. Dichas prohibiciones son: a. Penas ejecutadas (artículo 622): No se hará revisión de penas ejecutadas completamente, salvo para efectos de alegar inexistencia de reincidencia en un nuevo proceso penal; b. Penas a cumplir en vacancia legal (artículo 622): No se hará revisión de las penas cuya fecha de cumplimiento este dentro del periodo de vacancia legal del CP-130-2017; c. Suspensión de la pena y libertad condicional (artículo 618): no se hará revisión de penas suspendidas condicionalmente y penas de personas en libertad condicional conforme el VCP 144-1983, salvo reactivación de la pena por incumplimiento del beneficio; y, d. Responsabilidad civil derivada del delito (artículo 626): La despenalización del delito no afectará los procesos pendientes y los pronunciamientos firmes respecto a la responsabilidad civil derivada. CONSIDERANDO (7): Reglas generales de ponderación El Código Penal 130-2017 prevé una serie de reglas generales que deben de observarse en el proceso de ponderación ya sea en primera instancia como en la resolución de recursos devolutivos. Dichas reglas generales son: a) Proceso contradictorio: El proceso de ponderación debe de realizarse de manera contradictoria; el artículo 616 indica que es obligatorio emplazar siempre a la persona procesada o condenada, así como a las demás partes, para la celebración de una audiencia que tenga tal efecto. Es excepción de esto los procesos que se encuentren en trámite de un recurso devolutivo, cuyo emplazamiento este hecho por la ley al disponerse la presentación de un escrito supletorio; b) Prohibición de fragmentación: El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (artículo 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera confrontación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 versus todas las normas del Código 130-2017; c) Penas conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (artículo 617 NCP); d) Extinción de la pena por cumplimiento: El artículo 621 indica que el juzgado de ejecución deberá de declarar extinguida la pena y ordenará la libertad inmediata de la persona cuando conforme el NCP144-83 haya cumplido una pena superior a la que señala para ese mismo delito por el NCP130-2017. Es pues que el supuesto requiere: i. Identidad en el tipo de Pena entre ambos cuerpos normativos; y ii. Que se trate de penas no concursadas. Cuando no se cumplan estas dos reglas se deberá de seguir con el procedimiento respecto a penas de distinta naturaleza o penas concursadas; e) Atipicidad: De acuerdo con el párrafo segundo del artículo 615 del NCP, los hechos tipificados como delitos en el VCP pero que no encuentren su réplica en la nueva codificación, deben de motivar el dictado de un sobreseimiento definitivo en las causas penales activas y la declaratoria de cesación de cumplimiento de pena en las sentencias condenatorias firmes que se estén ejecutando. El sobreseimiento puede ser dictado en cualquier etapa del proceso, siendo la excepción a la regla de que la ponderación se debe de reservar para el momento del juzgamiento; f) Penas privativas de libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (artículo 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentra dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (artículo 621); g) Pena de multa: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa. La aplicación retroactiva se realizará excepcionalmente cuando: i. No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y ii. la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (artículo 619). En caso de encontrar un delito o falta en el VCP coincidente en el supuesto de hecho con uno previsto en el NCP, y que ambos sancionen con multa; y que además proceda la excepción antes explicada, se procederá a la conversión, cuyas reglas son las siguientes: i. Cada salario mínimo impuesto como pena de multa por el VCP144-83 equivaldrá a 10 días multa regulados por el NCP130-2017; ii. Si la pena de multa impuesta por el VCP144-83 es por una cantidad fija, se procederá a realizar la comparación cuantitativa entre ésta y la pena de multa que corresponda conforme el NCP130-2017; h) Penas privativas de derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (artículo 620); y, i) Medidas de seguridad: Respecto a las medidas de seguridad impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (artículo 625). CONSIDERANDO (8): Reglas particulares de ponderación: penas concursadas y penas no concursadas. A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta con base al rigor del VCP 144-83, lo que incluye establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: * Concurso ideal. Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un concurso ideal (artículo 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017. Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; b. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o c. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i. Limite subjetivo, ii. Limite objetivo ordinario; y, iii. Limite objetivo extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. *Delito continuado. En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (artículo 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (artículo 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el concurso ideal. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: a. En primera instancia: a. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. CONSIDERANDO (9): Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cuál es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá qué codificación es la más beneficiosa; o b. En segunda instancia y única instancia: La comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicará la pena que le sea más favorable al procesado y con ello se definirá que cuerpo normativo corresponde aplicar. *Concurso real. Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa. Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: i. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y, ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o iii. Para hacer efectivo el límite subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: CONSIDERANDO (10): Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; **. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. b. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: i. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. ii. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: *. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; **. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; ***. Si el concurso real está compuesto por penas conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. CONSIDERANDO (11): Concurso medial El concurso medial desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un concurso medial (artículo 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, explicado ut supra; b. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; c. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas. *Penas conjuntas no concursadas. Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a los Señores JOSE LUIS CRUZ SANCHEZ y LEXCER MARTINEZ SANCHEZ, la pena principal de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE PRISIÓN Y UNA MULTA DE DOSCIENTOS VEINTICINCINCO (225) DIAS Y CADA DIA DE MULTA CON UN VALOR DE MIL LEMPIRAS (L.1,000.00), QUE EQUIVALE A DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL LEMPIRAS (L.225,000.00), COMO PENA MINIMA por el delito de TRAFICO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS Y EL ORDEN PÚBLICO; Y por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PROHIBIDO AGRAVADO, UNA PENA DE: CUATRO (4) AÑO SEIS (6) MESES DE PRISION Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE HASTA DOS (2) AÑOS COMO PENAS MINIMAS, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo de duración de la pena principal. En ese sentido y de la revisión de la presente causa se observa, que los recurrentes han presentado la garantía de revisión penal por considerar que la nueva ley penal es más favorable, fundamentándose en el hecho que el Código Penal (Decreto 130-2017) contiene una pena más benigna y que les favorece a sus representados, sin embargo de la simple lectura de la sentencia recurrida mediante la garantía de revisión penal, nos damos cuenta que los ahora recurrentes ya fueron juzgados conforme al Código Penal (Decreto 130-2017), por lo tanto no se dan los presupuestos invocados y que se encuentran en el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, ya que lógicamente no existe retroactividad de la Ley Penal, porque ellos fueron juzgados con la nueva ley (Código Penal Decreto 130-2017). Por esa razón esta Sala es del Criterio que se declare SIN LUGAR la presente acción de revisión penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 105 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 618 del Código Penal Decreto 130-2017; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ, en favor de los señores JOSE LUIS CRUZ SANCHEZ Y LEXCER MARTINEZ SANCHEZ. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas, deberá devolver los antecedentes del caso al Juzgado de Ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Redacto la Magistrada Bustillo Hernández.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de noviembre de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha ocho de octubre de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-1507-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL