Sentencia RP-1487-23 — Registro 19757
Resumen
Sentencia en revisión condenó a recurrente como autor del delito de robo de vehículo agravado en perjuicio de afectado a una pena de diez años como pena principal; con penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, declarando su responsabilidad civil; La Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del recurrente.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JUAN CARLOS CONTRERAS RAMOS, fue condenado por EL JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha nueve de Julio del dos mil diecinueve, a la pena de DIEZ AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena..."..."en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JUAN CARLOS CONTRERAS RAMOS la pena principal de DIEZ AÑOS DE RECLUSION más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable como de un delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio de MARCO ANTONIO CASTELLANOS PEÑA..."..."En el caso que nos ocupa, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal y los parámetros de la sentencia donde se aplicó la pena mínima al encausado, y después de hacer la respectiva ponderación, se concluye que al imputado se le debe imponer la pena rebajada en un cuarto (1/4) por el procedimiento abreviado que se dictó en la Sentencia por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, del Departamento de Cortés; estableciéndose una pena abstracta de seis (6) años a ocho (8) años de reclusión; imponiéndose una pena concreta de seis (6) años de prisión de por el delito de Robo de Vehículo Agravado... esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JUAN CARLOS CONTRERAS RAMOS, de una norma vigente que les resulta más benigna. V. Es procedente aplicar el artículo 101.4 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Que el Juzgado de Ejecución realice un nuevo cómputo de la pena y proceda conforme a derecho corresponda..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JUAN CARLOS CONTRERAS RAMOS, fue condenado por EL JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha nueve de Julio del dos mil diecinueve, a la pena de DIEZ AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena..."..."en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JUAN CARLOS CONTRERAS RAMOS la pena principal de DIEZ AÑOS DE RECLUSION más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable como de un delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio de MARCO ANTONIO CASTELLANOS PEÑA..."..."En el caso que nos ocupa, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal y los parámetros de la sentencia donde se aplicó la pena mínima al encausado, y después de hacer la respectiva ponderación, se concluye que al imputado se le debe imponer la pena rebajada en un cuarto (1/4) por el procedimiento abreviado que se dictó en la Sentencia por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, del Departamento de Cortés; estableciéndose una pena abstracta de seis (6) años a ocho (8) años de reclusión; imponiéndose una pena concreta de seis (6) años de prisión de por el delito de Robo de Vehículo Agravado... esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JUAN CARLOS CONTRERAS RAMOS, de una norma vigente que les resulta más benigna. V. Es procedente aplicar el artículo 101.4 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Que el Juzgado de Ejecución realice un nuevo cómputo de la pena y proceda conforme a derecho corresponda..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice:” CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de octubre de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por el Abogado ROBERTO CARLOS MEJIA VILLAFRANCA a favor del Señor JUAN CARLOS CONTRERAS RAMOS, contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha nueve de julio de dos mil diecinueve, con relación a la causa que se instruyó contra el Señor JUAN CARLOS CONTRERAS RAMOS por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio del Señor MARCO ANTONIO CASTELLANOS PEÑA. ANTECEDENTES 1) Que en fecha siete (07) de abril del dos mil diecinueve (2019), el Agente de Tribunales del Ministerio Público, el abogado, YAMALY TOSCANO, presentó requerimiento fiscal, en contra del señor JUAN CARLOS CONTRERAS RAMOS por el delito de ROBO VEHICULO AGRAVADO en perjuicio de MARCO ANTONIO CASTELLANOS PEÑA. (Folios 1 y 2 de la pieza de los antecedentes del A-quo). 2) Que en fecha nueve (09) de julio del dos mil diecinueve (2019), el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES, dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: CONDENAR a al señor JUAN CARLOS CONTRERAS RAMOS, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia como responsable penalmente en concepto de AUTOR del delito consumado de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO, en perjuicio del señor MARCO ANTONIO CASTELLANOS PEÑA, a la pena de DIEZ AÑOS por ROBO DE VEHICULO AGRAVADO de reclusión y a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena Principal, así mismo deberá realizar trabajos dentro y fuera del establecimiento penal de conformidad con el Sistema Penitenciario establecido. SEGUNDO: DECLARAR la responsabilidad civil del condenado JUAN CARLOS CONTRERAS RAMOS, declarar la no procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente proceso criminal.- TERCERO: Ordénese a la Secretaria del Despacho, que una vez firme dicho fallo remita, el expediente de mérito, al Juzgado de Ejecución de esta ciudad para darle el cumplimiento a lo establecido en el artículo 60 del Código procesal penal; asimismo se remita una copia de esta sentencia para registro a la Unidad de Antecedentes Penales de esta ciudad: Que se notifique esta sentencia a las partes procésales. Y MANDA QUE SE NOTIFIQUE A LAS PARTES INTERVINEINTES EN EL PROCESO. EL PRESENTE FALLO. - (Folios 78 al 81 de la pieza de los antecedentes del A-quo).- 3) Que en fecha nueve de Noviembre del dos mil veintitrés, compareció el abogado ROBERTO CARLOS MEJIA VILLAFRANCA, presentando recurso de Revisión Penal, ante La Sala de lo Constitucional, a favor del señor JUAN CARLOS CONTRERAS RAMOS, a quién se le condenó por el delito de ROBO DE VEHICULO, en perjuicio de MARCO ANTONIO CASTELLANOS PEÑA. (Folios del 1 al 3 de la pieza del Recurso de Mérito).- 4) Que en fecha dieciocho (18) de septiembre del dos mil veinticuatro (2024) se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante LUIS ALONSO DISCUA CERRATO con la comparecencia de la abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA , en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado ROBERTO CARLOS MEJIA VILLAFRANCA actuando en su condición de Apoderado Legal del señor JUAN CARLOS CONTRERAS RAMOS; donde el recurrente establece en dicha audiencia que se le revise la sentencia en el que fue condenado su representado por el delito de ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO, a la pena de diez años con el Código derogado; y solicita que se le imponga la pena de 8 años de acuerdo a la retroactividad de la Ley Penal más favorable, según el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en cuanto a lo manifestado por el Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva antes citada, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Nuevo Código Penal Vigente, el delito por el cual fue condenado su representado sancionado con una pena más benigna, por 1o que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)-, 2), 3)..., 4) .., 5) .., 6) . 7) ., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por sor más benigna.", relacionado con los artículos 615 y 616 del Nuevo Código Penal, que señalan: Articulo 615: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se Juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto s1 las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas, de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre 1os cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. De lo expuesto por el revisionista el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales, indicando las sanciones correspondientes al delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO por el que fue condenado el señor JUAN CARLOS CONTRERAS RAMOS. El delito de ROBO DE VEHICULO se encontraba tipificado en el Código Penal derogado en su Artículo 218. El culpable de robo será castigado con cinco (5) a nueve (9) años de reclusión. Al culpable del delito de Robo de Vehículos automotores, terrestres, naves aéreas, buques y otros bienes similares se le aplicará una pena de diez (10) quince (15) años de reclusión... Artículo 219: las Penas Señaladas el artículo anterior se aumentarán en un tercio 1/3 cuando el robo se cometa:1). En despoblado en cuadrilla. 2) Artículo 225: Las penas aplicables según el artículo anterior se aumentarán en un tercio 1/3 si el hecho se cometiere: 1)...2).3) De noche, para ejecutarlo, el agente 30 quedare subrepticiamente en edificio o lugar destinado a habitación. 4) _5) _6) _7) _Al haberse sometido al procedimiento abreviado, quedo una pena abstracta de 10 años a 15 años, por lo que se le impuso la pena de 10 años de prisión. En el nuevo Código Penal dicho delito se encuentra tipificado en el artículo 364 el delito de HURTO Y ROBO DE USO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, que establece: Quien, sin ánimo de apropiación, sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo automotor debe ser castigado con la pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, si lo devuelve al lugar donde 10 sustrajo o a su propietario, en un plazo no superior a doce (12) horas. Si para la sustracción se empleara fuerza en las cosas la pena de prisión debe ser de dos (2) a (4) cuatro años. Si no se restituye en el plazo indicado en el párrafo primero del presente artículo, el hecho debe castigarse como hurto o robo. Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en Las, personas, debe fustigarse con las penas del robo con violencia intimidación. Artículo 361, establece: ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. Aumentada en un tercio (1/3) de conformidad a lo establecido en el artículo 363 numeral 9: que se cometan los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto, por lo que la pena abstracta es de OCHO (8) A DIEZ (10) AÑOS OCHO (8) MESES. Y al hacer la rebaja de un cuarto (1/4) por haberse sometido al procedimiento abreviado la nueva pena abstracta resulta de SEIS (6) A OCHO (8) ANOS de prisión. Ante las premisas expuestas, estima esta Representación fiscal que en el caso sub -examine, las disposiciones contempladas en el Nuevo Código Penal efectivamente establecen una pena más favorable, por lo que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme a Ley, tal como lo que dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal por ser esta más benigna al condenado. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios 18 al 20 de la pieza del recurso de mérito).- CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.- CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.- CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos de los Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. Los recurrentes fundan su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna, solicitando una pena de ocho años ya agravada la misma. CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. Así mismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Articulo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” - CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.- CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.- CONSIDERANDO DIEZ (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas sin modificar los hechos concretos y probados.- CONSIDERANDO ONCE (11): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.- CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JUAN CARLOS CONTRERAS RAMOS, fue condenado por EL JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha nueve de Julio del dos mil diecinueve, a la pena de DIEZ AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 218 segundo párrafo, 219 numeral 1 y 225 numeral 3, del Código Penal derogado decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Robo de Vehículo Agravado. III- Esta Sala procede a examinar si el caso encaja en el causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. - CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JUAN CARLOS CONTRERAS RAMOS la pena principal de DIEZ AÑOS DE RECLUSION más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable como de un delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio de MARCO ANTONIO CASTELLANOS PEÑA; I. En relación al Robo de Vehículo Agravado, que se desprende de lo establecido en el hecho probado que corre a folio 78.V Y 79 del expediente del expediente del A-quo haciendo el respectivo análisis este encuadra en el artículo 364 del Código Penal Decreto 130-2017.- HURTO Y ROBO DE USO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, que establece: Quien, sin ánimo de apropiación, sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo automotor debe ser castigado con la pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, si lo devuelve al lugar donde lo sustrajo o a su propietario, en un plazo no superior a doce (12) horas. Si para la sustracción se empleara fuerza en las cosas la pena de prisión debe ser de dos (2) a cuatro (4) años. Si no se restituye en el plazo indicado en el párrafo primero del presente artículo, el hecho debe castigarse como hurto o robo. Sí para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación. Agregando el artículo 363.- AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas de hurto o robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. Resultando una pena abstracta de ocho años a diez años con ocho meses. II. Haciendo la comparativa de ambas normas, nos encontramos que en cuanto al Robo de Vehículo Agravado es patente una benignidad de penas en relación al nuevo Código Penal. III. En el caso que nos ocupa, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal y los parámetros de la sentencia donde se aplicó la pena mínima al encausado, y después de hacer la respectiva ponderación, se concluye que al imputado se le debe imponer la pena rebajada en un cuarto (1/4) por el procedimiento abreviado que se dictó en la Sentencia por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, del Departamento de Cortés; estableciéndose una pena abstracta de seis (6) años a ocho (8) años de reclusión; imponiéndose una pena concreta de seis (6) años de prisión de por el delito de Robo de Vehículo Agravado. IV. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JUAN CARLOS CONTRERAS RAMOS, de una norma vigente que les resulta más benigna. V. Es procedente aplicar el artículo 101.4 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Que el Juzgado de Ejecución realice un nuevo cómputo de la pena y proceda conforme a derecho corresponda.- POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesto por el abogado ROBERTO CARLOS MEJIA VILLAFRANCA, a favor del señor JUAN CARLOS CONTRERAS RAMOS; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por EL JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor JUAN CARLOS CONTRERAS RAMOS, por el delito ROBO DE VEHICULO AGRAVADO, en perjuicio de MARCO ANTONIO CASTELLANOS PEÑA, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor JUAN CARLOS CONTRERAS RAMOS, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO, en perjuicio de MARCO ANTONIO CASTELLANOS PEÑA, a la pena de SEIS AÑOS DE PRISIÓN de prisión más las penas accesorias de inhabilitación absoluta. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que ejecute el presente fallo. Redactó la Magistrado Luis Fernando Padilla Castellanos.- NOTIFÍQUESE.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. MARLINA DUBÓN VILLEDA. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco, certificación de fallo de fecha ocho de octubre del año dos mil veinticinco, recaída en el recurso de Revisión Penal registrado en este tribunal con el número SCO-1487-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL