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Sentencia RP-1484-22 — Registro 19863

Resumen

Se interpone Accion de Revisión penal de la sentencia de condena firme en enjuiciamiento por delito de Extorsión Continuado, por entrada en vigencia de legislación mas favorable, resultando declaración sin lugar por no ser beneficio para el solicitante.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Del estudio de los antecedentes y del recurso de revisión impetrado, esta Sala aprecia que el señor OSCAR ANTONIO SORIANO VILLATORO, fue condenado por dos delitos, penas que suman VEINTINUEVE AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE OCHENTA Y TRES (83) SALARIOS MINIMOS según el código derogado y según lo dispuesto en el Código Penal Vigente, las nuevas penas suman VEINTISIETE (27) AÑOS, CUATRO (4) MESES de prisión y MULTA DE CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL LEMPIRAS (L. 5,830,000.00). VI. Que la comparativa entre ambas penas, permite determinar que si bien es cierto la suma de las penas con la aplicación del Código Penal Vigente, es más beneficiosa para el condenado (29 años con el Código Penal derogado y 27 años, 4 meses con el Código Penal Vigente), con el Código Penal Vigente la pena de multa es más gravosa (83 salarios mínimos con el Código Penal derogado, 1666 días que equivales a L. 5,830,000.00 con el Código Penal Vigente), siendo evidente que la pena de multa a imponer al señor OSCAR ANTONIO SORIANO VILLATORO, aplicando las nuevas disposiciones contenidas en el Decreto 130-2017, supera la impuesta con las disposiciones del Código Penal derogado. Por ello, con fundamento en el artículo 616 del Código Penal Decreto 130-2017, no es admisible la fragmentación de la norma, tomando en cuenta lo que le favorece y rechazando lo que le perjudique, en razón de que tal como lo dispone la norma señalada, para determinar la ley más favorable la comparación ha de hacerse tomando las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. Esta Sala aprecia, que las penas establecidas para el delito de Extorsión Continuada y Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 no resultan más benignas que las establecidas en el Código Penal decreto 144-1983, derogado. Por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor OSCAR ANTONIO SORIANO VILLATORO..."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8, 99 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

…" Del estudio de los antecedentes y del recurso de revisión impetrado, esta Sala aprecia que el señor OSCAR ANTONIO SORIANO VILLATORO, fue condenado por dos delitos, penas que suman VEINTINUEVE AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE OCHENTA Y TRES (83) SALARIOS MINIMOS según el código derogado y según lo dispuesto en el Código Penal Vigente, las nuevas penas suman VEINTISIETE (27) AÑOS, CUATRO (4) MESES de prisión y MULTA DE CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL LEMPIRAS (L. 5,830,000.00). VI. Que la comparativa entre ambas penas, permite determinar que si bien es cierto la suma de las penas con la aplicación del Código Penal Vigente, es más beneficiosa para el condenado (29 años con el Código Penal derogado y 27 años, 4 meses con el Código Penal Vigente), con el Código Penal Vigente la pena de multa es más gravosa (83 salarios mínimos con el Código Penal derogado, 1666 días que equivales a L. 5,830,000.00 con el Código Penal Vigente), siendo evidente que la pena de multa a imponer al señor OSCAR ANTONIO SORIANO VILLATORO, aplicando las nuevas disposiciones contenidas en el Decreto 130-2017, supera la impuesta con las disposiciones del Código Penal derogado. Por ello, con fundamento en el artículo 616 del Código Penal Decreto 130-2017, no es admisible la fragmentación de la norma, tomando en cuenta lo que le favorece y rechazando lo que le perjudique, en razón de que tal como lo dispone la norma señalada, para determinar la ley más favorable la comparación ha de hacerse tomando las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. Esta Sala aprecia, que las penas establecidas para el delito de Extorsión Continuada y Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 no resultan más benignas que las establecidas en el Código Penal decreto 144-1983, derogado. Por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor OSCAR ANTONIO SORIANO VILLATORO..."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8, 99 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice.”.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil veinticinco.- VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por el Abogado PEDRO NOLASCO RODRIGUEZ L. a favor del Señor OSCAR ANTONIO SORIANO VILLATORO, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiséis de mayo del dos mil dieciséis, con relación a la causa que se instruyó contra el Señor OSCAR ANTONIO SORIANO VILLATORO por los delitos de EXTORSION CONTINUADA Y PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS AD255, AD259 y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinticuatro (24) de junio del de dos mil quince (2015), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, la abogada ANA DELIA REYES TURCIOS, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores OSCAR ANTONIO SORIANO VILLATORO, MARLON NOE TURCIOS CONTRERAS, ROGER RENIEL ORTEZ AVILA, MELVIN YOVANI RAMIREZ CONTRERAS, CHRISTIAN LEONEL RIVAS ROSALES, HELEN YANETH BONILLA MANCIA y JAIRO CIRILO AVILA EUCEDA, por el delito EXTORSION CONTINUADA Y ASOCIACION ILICITA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AD255” Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ETADO DE HONDURAS y contra el señor OSCAR ANTONIO SORIANO VILLATORO, por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD DEL ESTADO DE HONDURAS contra el señor CHRISTIAN LEONEL RIVAS ROSALES por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO PROHIBIDAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.(Folios 2-10 del antecedente).- 2) Que en fecha veintiséis (26) de mayo del dos mil dieciséis (2016), el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: Que debemos Condenar y Condenamos a los Señores OSCAR ANTONIO SORIANO VILLATORO, MARLON NOE TURCIOS CONTRERAS, ROGER REINEL ORTEZ AVILA, MELVIN GEOVANI RAMIREZ CONTRERAS y CRISTIAN LEONEL RIVAS ROSALES, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autores responsables penalmente del delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS AD255 y AD259, a la pena de VEINTISES (26) AÑOS DE RECLUSIÓN, MAS MULTA DE OCHENTA Y TRES SALARIOS MINIMOS la cual se le ha de computar el tiempo en que los imputados hubieran estado cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva que se le ha impuesto por esta causa, pena que deberán cumplir los condenados en la Penitenciaría Nacional que determine el Juez de Ejecución Competente; Asimismo a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, así como también, a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional. SEGUNDO: Que debemos Condenar y Condenamos al señor CRISTIAN LEONEL RIVAS ROSALES, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena principal de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSION y a la pena de MULTA de CINCO MIL LEMPIRAS (L. 5,000.00). TERCERO: Que debemos Condenar y Condenamos al señor OSCAR ANTONIO SORIANO VILLATORO, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena principal de TRES (3) AÑOS DE RECLUSION. Dichas penas deberá cumplirlas EN CONCURSO REAL, las cuales cumplirá de manera sucesiva con las anteriores. CUARTO: Que debemos Absolver y Absolvemos a los señores OSCAR ANTONIO SORIANO VILLATORO, MARLON NOE TURCIOS CONTRERAS, ROGER REINEL ORTEZ AVILA, MELVIN GEOVANI RAMIREZ CONTRERAS, CRISTIAN LEONEL RIVAS ROSALES y HELEN YANETH BONILLA MANCIA, cuyas generales ya han sido anteriormente detalladas del delito de ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, por el cual fueron señores.- QUINTO: Que debemos Absolver como en efecto Absolvemos a la señora HELEN YANETH BONILLA MANCIA, cuyas generales ya han sido anteriormente detalladas, del delito de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS AD255 y AD259, por el cual fue acusada. SEXTO: Se declara a los señores OSCAR ANTONIO SORIANO VILLATORO, MARLON NOE TURCIOS CONTRERAS, ROGER REINEL ORTEZ AVILA, MELVIN GEOVANI RAMIREZ CONTRERAS Y CRISTIAN LEONEL RIVAS ROSALES responsable civilmente de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito por el que es condenada. SEPTIMO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio a los señores OSCAR ANTONIO SORIANO VILLATORO, MARLON NOE TURCIOS CONTRERAS, ROGER REINEL ORTEZ AVILA, MELVIN GEOVANI RAMIREZ CONTRERAS Y CRISTIAN LEONEL RIVAS ROSALES. OCTAVO: Se declara el COMISO de las armas de fuego Taurus, color negro, empuñadura de plástico, serie TEN65847, modelo: PT809E y un arma de fuego tipo fusil marca AK47, color negro y café, con empuñadura de caucho color café, con serie 1985SP27729 que se encuentran en el Almacén de Evidencias del Ministerio Público. Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales. Así, por esta nuestra Sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos. (Folios 271-287 del recurso de mérito).- 3) En fecha catorce (14) de septiembre del dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante JOSE RICARDO PINEDA MEDINA con la comparecencia de la abogada SOBEIDA ISABEL ZAPATA GRANDE, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado PEDRO NOLASCO RODRIGUEZ L. actuando en su condición de Apoderado Legal del señor OSCAR ANTONIO SORIANO VILLATORO, quien manifestó: Que su representado mediante sentencia de fecha veintiséis de mayo del dos mil dieciséis, fue condenado por los delitos de Extorsión Continuada a una pena de veintiséis (26) años de reclusión y multa de ochenta y tres (83) salarios mínimos y Portación Ilegal de Arma de Fuego de uso comercial, a una pena de tres (3) años de reclusión según lo establecían los artículos 37, 222 y 332-B del Código Penal derogado, con el Decreto 130-2017 en artículo 373 establece una pena de 15 a 20 años y multa de 500 a 1000 días multa y para el delito de Portación Ilegal de arma de Fuego el artículo 580 establece una pena de 1 a 4 años de prisión. En razón que la pena para el delito de extorsión continuado la pena de prisión y la multa resulta ser más benigna, quedando una pena de 23 años de prisión y multa de 750 días, asimismo para el delito de portación de arma, resulta ser más favorable, quedando una pena de un año cuatro meses de prisión, por lo que solicita se declare con lugar la presente revisión; La Representante del Ministerio Publico manifiesta lo siguiente: Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva de fecha Veintiséis (26) de Mayo del año dos mil dieciséis (2016), fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor de los condenados, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes contenidas en el Código Penal, el cual es sancionado con una pena, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1).., 2)..., 3) , 4)...,5)..., 6) ... 7) .., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna" relacionado con los artículos 615 y 616 del actual código Penal: De la revisión de ambas leyes penales se determina que la sanción correspondiente al delito de EXTORSIÓN CONTINUADA conforme el artículo 222 del Código Penal derogado era una pena de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las penas accesorias; mientras que el Código Penal vigente regula la misma conducta penal de EXTORSIÓN en el artículo 373, reformado mediante Decreto No. 93-2021, el cual contempla una pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; que al relacionarlo con el artículo 53, la pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5, 000). Ahora bien, por tratarse de un delito continuado, el artículo 68 del Código Penal Vigente establece: DELITO CONTINUADO Y DELITO MASA. Quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena de un (1/3) en el caso de marras resulta procedente aplicar la regla descrita en los párrafos séptimo y octavo del artículo 616 que establece: "Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido subrayada en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real con la nueva ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado". Al examinar la sentencia que se pretende revisar se desprende de la declaración de hechos probados que entre los testigos protegidos AD-2555 y AD-259 tuvieron que pagar en cinco ocasiones el impuesto de guerra que el condenado junto contra otras personas llegaban a cobrar, por lo que en aplicación de la norma supra referida corresponde aplicar las penas correspondientes al delito de EXTORSION en concurso real, es decir imponer penas independientes por cada acción ilícita cometida, es así que al desprender del testimonio de los ofendidos que fue un total de cinco veces que pagaron el impuesto de guerra al sentenciado, corresponde imponer la pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión por los 5 delitos cometidos, que aun y cuando se impusiese la pena mínima sumaría una pena de sentencia y cinco (75) años de prisión; aunado a ello la pena de Multa seria 500 días por 5000 lempiras, por corresponder el nivel más alto, resultando la cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (Los.2,500,00..00) por cada delito cometido, haciendo un total de doce millones quinientos mil (L.12,500,000.00); advirtiéndose que no aplica la retroactividad peticionada al no favorecer la nueva norma sustantiva al sentenciado. En cuanto al delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL, por el cual se condenó al señor OSCAR ANTONIO SORIANO VILLATORO, a la pena de tres años de reclusión, en aplicación del artículo 332-B que establecía una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ella; esta fiscalía es de la opinión que el Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), sanciona el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL, en el ARTÍCULO 580, con la pena de uno (1) a cuatro (4) años Y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; misma que debe ser aumentada en un tercio (1/3) cuando se trate de la portación de las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización, tal como acontece en el caso de autos, quedando en una pena a imponer de cuatro (4) años a cinco (5) años cuatro (4) meses de reclusión, lo que evidentemente no resulta más beneficiosa al sentenciado, y por ende, no se cumplen los requisitos establecidos en los artículo 96 de la Constitución de la República; ni y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. III.OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios 18-21 vuelto del recurso de mérito).- CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.- CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.- CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Constitución de la República. Argumenta que al analizar el nuevo Código Penal, para el delito de Extorsión se establece una pena de 15 a 20 años de prisión y multa de 500 a 1000 días, asimismo para el delito de Portación Ilegal de arma de fuego se establece una pena de 1 a 4 años de prisión, por lo que en relación al delito continuado, las disposiciones del Código Penal vigente son más favorables a mi representado, por lo que solicita se aplique el principio de retroactividad de la ley más favorable.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado PEDRO NOLASCO RODRIGUEZ, en su condición de Apoderado Legal del señor OSCAR ANTONIO SORIANO VILLATORO, quien manifestó lo siguiente: “Que su representado mediante sentencia de fecha veintiséis de mayo del dos mil dieciséis, fue condenado por los delitos de Extorsión Continuada a una pena de veintiséis (26) años de reclusión y multa de ochenta y tres (83) salarios mínimos y Portación Ilegal de Arma de Fuego de uso comercial, a una pena de tres (3) años de reclusión según lo establecían los artículos 37, 222 y 332-B del Código Penal derogado, con el Decreto 130-2017 el artículo 373 establece una pena de 15 a 20 años y multa de 500 a 1000 días y para el delito de Portación Ilegal de arma de Fuego el artículo 580 establece una pena de 1 a 4 años de prisión. En razón que la pena para el delito de extorsión continuado la pena de prisión y la multa resulta ser más benigna, quedando una pena de 23 años de prisión y multa de 750 días, asimismo para el delito de portación de arma, resulta ser más favorable, quedando una pena de un año cuatro meses de prisión, por lo que solicita se declare con lugar la presente revisión.” La Abogada SOBEIDA ISABEL ZAPATA GRANDE, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, expreso lo Siguiente: “Al examinar la sentencia que se pretende revisar se desprende de la declaración de hechos probados que entre los testigos protegidos AD-2555 y AD-259 tuvieron que pagar en cinco ocasiones el impuesto de guerra que el condenado junto con otras personas llegaban a cobrar, por lo que corresponde aplicar las penas correspondientes al delito de EXTORSION en concurso real, es decir imponer penas independientes por cada acción ilícita cometida, imponer la pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión por los 5 delitos cometidos, que aun y cuando se impusiese la pena mínima sumaría una pena de sentencia y cinco (75) años de prisión; aunado a ello la pena de Multa sería 500 días por 5000 lempiras, por corresponder el nivel más alto, resultando la cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (Los.2,500,00..00) por cada delito cometido, haciendo un total de doce millones quinientos mil (L.12,500,000.00); advirtiéndose que no aplica la retroactividad peticionada al no favorecer la nueva norma sustantiva al sentenciado. En cuanto al delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL, por el cual se condenó al señor OSCAR ANTONIO SORIANO VILLATORO, a la pena de tres años de reclusión, el Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), sanciona el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL, en el ARTÍCULO 580, con la pena de uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; misma que debe ser aumentada en un tercio (1/3) cuando se trate de la portación de las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización, quedando en una pena de cuatro (4) años a cinco (5) años cuatro (4) meses de reclusión, lo que evidentemente no resulta más beneficiosa al sentenciado, y por ende, no se cumplen los requisitos establecidos en los artículo 96 de la Constitución de la República y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional.”CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho, cuando al señalar las fuentes formales de éste, agrega a las leyes un orden aplicable. Así mismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Articulo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. - CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”.- Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.- CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.-CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto a juzgamiento y determinación de penas.- CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.-CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor OSCAR ANTONIO SORIANO VILLATORO, fue condenado por el delito de EXTORSION CONTINUADA por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL, mediante la Sentencia Definitiva y Firme de fecha veintiséis (26) de mayo del dos mil dieciséis (2016), a la pena principal de VEINTISEIS AÑOS DE RECLUSION Y MULTA DE 83 SALARIOS MINIMOS, en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS AD255 Y AD259; Por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, fue condenado a la pena de TRES AÑOS DE RECLUSION; Así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria, antes relacionada mediante la cual se condenó al señor OSCAR ANTONIO SORIANO VILLATORO, el Tribunal Sentenciador aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 222 en relación con el artículo 37 del CÓDIGO PENAL derogado y el artículo 332-B del mismo Código Penal, estimando que el condenado cometió el delito de EXTORSION CONTINUADA y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL. III- Esta Sala procede a examinar si el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor OSCAR ANTONIO SORIANO VILLATORO, la pena principal de VEINTISEIS (26) AÑOS DE RECLUSION Y MULTA DE OCHENTA Y TRES (83) en concepto de MULTA, por el delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS AD255 y AD259; Así mismo a la pena de TRES (3) AÑOS por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de EXTORSION, enmarcado en el artículo 222 establecía una pena abstracta de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, aumentada en 2/3 según lo dispuesto en el artículo 37 del mismo Código Penal, por considerar el hecho delictivo como delito continuado. El Código Penal Vigente Decreto 130-2017, en el artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, dispone: “Quien, con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para si o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. Dicha conducta delictiva, se castiga con la misma pena de privación contemplada en el Código Penal derogado. En ese orden de ideas, la descripción del tipo penal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folios 271 al 287 del expediente del antecedente). II. En el caso subjudice, el encausado fue condenado a la pena principal de VEINTISEIS AÑOS DE RECLUSION Y MULTA DE OCHENTA Y TRES (83) SALARIOS MINIMOS, por el delito de EXTORSION CONTINUADA. En ese sentido, el Código Penal Decreto 130-2017 dispone: ARTÍCULO 68.- DELITO CONTINUADO Y DELITO MASA. Quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados, con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3). De la aplicación del Código Penal Vigente para el delito de EXTORSION, establece una pena de quince a veinte años de reclusión, que aumentada en un tercio (1/3) tal como lo señala el artículo 68 del Código Penal Vigente, por haber sido condenado por Extorsión Continuada, por lo que en aplicación del artículo 69 del Código Penal Vigente se debe aumentar un tercio a la pena máxima de veinte años, dando un nuevo parámetro de pena de veinte (20) a veintiséis (26) años, ocho (8) meses de prisión, aplicada en su mitad superior tal como lo dispone la norma señalada, da un marco de veintitrés (23) años, cuatro (4) meses a veintiséis (26) años, ocho (8) meses de reclusión. En relación a la pena de multa, el artículo 373 reformado del Código Penal señala una multa de 500 a 1000 días en su nivel más alto, por lo que se debe realizar el mismo procedimiento que la pena de prisión, por ello a la pena de multa se le debe aumentar un tercio (1/3) por ser delito continuado, dando como resultado 1,000 a 1333 días, que aplicada en su mitad superior da un margen de 1,166 días a 1333 días, a razón de cinco mil lempiras (L.5,000.00 en su nivel más alto) por día multa, equivale a la cantidad de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL LEMPIRAS (L. 5,830,000.00) en concepto de Multa, pena que es más gravosa con relación a los 83 salarios mínimos, a los que fue condenado. III. En relación al delito de PORTACION ILEGAL DE ARA DE FUEGO DE USO COMERCIAL a que fue condenado a la pena de TRES AÑOS DE RECLUSIÓN, el Código Penal Vigente en el artículo 580 Numeral 1, establece una pena de uno (1) a cuatro (4) años de prisión y localización permanente de hasta dos (2) años, pena aumentada en un tercio (1/3) tal como lo dispone el último párrafo del artículo en mención, por lo que en aplicación del artículo 69 del Código Penal Vigente se debe aumentar un tercio a la pena máxima de cuatro años, dando un nuevo margen de pena abstracta de cuatro (4) años a cinco (5) años, cuatro (4) meses de prisión. IV. Tal como lo dispone el artículo 616 del Código Penal Vigente, en el supuesto de concurso real, la comparación se tiene que hacer de manera global, por lo que en el presente caso correspondería para el delito de Extorsión Continuada la pena de (23) años, cuatro (4) meses de prisión y multa de 1,166 días; para el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso comercial, correspondería imponer la pena de cuatro años de prisión, penas que sumadas dan un total de veintisiete años, cuatro meses de prisión y multa de 1,166 días a razón de cinco mil lempiras por día multa, equivalente a la cantidad de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL LEMPIRAS (L. 5,830,000.00).- V. Del estudio de los antecedentes y del recurso de revisión impetrado, esta Sala aprecia que el señor OSCAR ANTONIO SORIANO VILLATORO, fue condenado por dos delitos, penas que suman VEINTINUEVE AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE OCHENTA Y TRES (83) SALARIOS MINIMOS según el código derogado y según lo dispuesto en el Código Penal Vigente, las nuevas penas suman VEINTISIETE (27) AÑOS, CUATRO (4) MESES de prisión y MULTA DE CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL LEMPIRAS (L. 5,830,000.00). VI. Que la comparativa entre ambas penas, permite determinar que si bien es cierto la suma de las penas con la aplicación del Código Penal Vigente, es más beneficiosa para el condenado (29 años con el Código Penal derogado y 27 años, 4 meses con el Código Penal Vigente), con el Código Penal Vigente la pena de multa es más gravosa (83 salarios mínimos con el Código Penal derogado, 1666 días que equivales a L. 5,830,000.00 con el Código Penal Vigente), siendo evidente que la pena de multa a imponer al señor OSCAR ANTONIO SORIANO VILLATORO, aplicando las nuevas disposiciones contenidas en el Decreto 130-2017, supera la impuesta con las disposiciones del Código Penal derogado. Por ello, con fundamento en el artículo 616 del Código Penal Decreto 130-2017, no es admisible la fragmentación de la norma, tomando en cuenta lo que le favorece y rechazando lo que le perjudique, en razón de que tal como lo dispone la norma señalada, para determinar la ley más favorable la comparación ha de hacerse tomando las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. Esta Sala aprecia, que las penas establecidas para el delito de Extorsión Continuada y Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 no resultan más benignas que las establecidas en el Código Penal decreto 144-1983, derogado. Por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor OSCAR ANTONIO SORIANO VILLATORO. VII. Que el alegato de la Fiscal del Ministerio Publico, referido a que se debe condenar el delito de Extorsión Continuada como concurso real, el mismo no es de recibo, en razón de que el encausado OSCAR ANTONIO SORIANO VILLATORO, fue condenado por un delito de Extorsión Continuado y no en concurso real como lo pretende la representante del Ministerio Publico.- POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 95, 96 numeral 8, 99 párrafo primero de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN PENAL presentada por el Abogado PEDRO NOLASCO RODRIGUEZ, a favor del señor OSCAR ANTONIO SORIANO VILLATORO, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL, en fecha veintiséis (26) de mayo del dos mil dieciséis (2016). Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente. Redactó el Magistrado. - LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. -LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. MARLINA DUBÓN VILLEDA. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco, certificación de fallo de fecha veinticinco de agosto del año dos mil veinticinco, recaída en el recurso de Revisión Penal registrado en este tribunal con el número SCO-1484-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL