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Sentencia RP-1480-21 — Registro 18708

Resumen

con relación a la causa que se instruyó contra impetrante , por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, según la Sala Constitucional Dejando sin valor ni efecto la pena impuesta a recurrente, en vista de la conducta no tiene relevancia jurídico-penal, en el Código Penal Decreto 130-2017,

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

En consideración a que su patrocinada, la señora REBECA DANIELA ULLOA ALMENDAREZ, fue condenada por el delito de LAVADO DE ACTIVOS contenido en el artículo 439 del Decreto legislativo 130-2017, artículo este que fue derogado por la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que provee disposiciones que reforman el artículo antes citado y hace modificaciones a la descripción del tipo penal para el delito de Lavado de Activos: ARTÍCULO 439. LAVADO DE ACTIVOS. Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, convierta, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero”. V. En el examen de los hechos concretos y declarados probados en la Sentencia, estampados en el expediente de Revisión Penal, estos no encuadran en el Decreto Legislativo No 93-2021, puesto que en ellos no se establece que por sí o por interpósita persona, la persona haya adquirido, convertido, invertido, posea, utilizado, transformado, resguardado, administrado, custodiado, transportado, transferido, conservado, trasladado, ocultado, o dado apariencia de legalidad o impedido la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero. En tales hechos supra mencionados después de las investigaciones realizadas se establece: ” Que se recibió información de una fuente humana, donde se ponía en conocimientos de las autoridades competentes que tres personas, una del sexo masculino y dos del sexo femenino, (una de ellas la señora REBECA DANIELA ULLOA ALMENDAREZ), se encontraban hospedadas en un hotel de nombre “Valencia” en la ciudad de San Pedro Sula, y que realizarían transacción de droga o dinero en horas de la noche, al practicarse el allanamiento de morada en una de las habitaciones (211), se encontró la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DÓLARES($159,600.00), los cuales no tenían causa de justificación legal.” De lo anterior No se describe que los activos sean productos directos o indirectos o provengan de las diferentes acciones que describe el tipo penal. Es decir, la conducta descrita en los hechos probados no encaja en la descripción de la nueva norma penal. Y siendo que los hechos estatuidos en la sentencia no encuadran en el tipo penal vigente convierten a dicho hecho en atípico. Esto propicia la producción de una sentencia donde no se ejecute la pena anteriormente impuesta ya que los hechos concretos y probados no tienen relevancia jurídico penal en ley Sustantiva Vigente. VI. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente Garantía Constitucional de Revisión en favor de la señora REBECA DANIELA ULLOA ALMENDAREZ, por cuanto la pena impuesta por el delito de Lavado de Activos esta no se debe ejecutar en vista de la conducta no tiene relevancia jurídico-penal, en el Código Penal decreto 130-2017 reformado mediante decreto 93-2021. VII. Que, como consecuencia de la procedencia de la acción de revisión penal, el artículo 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece que: “La Sentencia que dicte la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenará, según el caso: 1)La libertad del condenado …; 2) …; 3) El cese de la inhabilitación y de las penas accesorias, con devolución de los efectos del comiso, si ello fuere posible, y la cesación de las medidas de seguridad…”. Y siendo que, de los antecedentes del caso, específicamente en el (folio 416, del del expediente judicial), se comprueba que en la Parte Dispositiva de la Sentencia que se revisa, se declara el COMISO de los activos y los instrumentos o medios con los que se cometió el delito, claramente enumerados y que se describen en la sentencia. Por lo que, en aplicación de lo que establece el artículo 101 numerales 1 Y 3 anteriormente citado; Debe Ordenarse la Libertad de la Condenada; Asimismo la Devolución de los efectos del Comiso, si ello fuere posible; Y de igual manera debe Declararse el cese de la Inhabilitación Absoluta a la que fue condenada como pena accesoria. CONSIDERANDO CATORCE (14): Esta Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 numeral 6 (Rango Constitucional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 numeral 6 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES, a favor de la señora REBECA DANIELA ULLOA ALMENDAREZ, contra la sentencia Condenatoria dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, con relación a la causa que se instruyó contra la señora REBECA DANIELA ULLOA ALMENDAREZ, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diez de mayo de dos mil diecinueve, el Abogado DAVID AMAYA, actuando en su condición de Fiscal Especial contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores REBECA DANIELA ULLOA ALMENDAREZ y KENNY ISAAC BETANCOURT, por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente en fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veintiuno (2021), el Juzgado de e Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA: “…CONDENAR: a la señora REBECA DANIELA ULLOA ALMENDAREZ, de generales ya conocidas, como responsable penalmente en concepto de Autora del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de SEIS AÑOS DE PRISION Y MULTA DE DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS (L.2,925,468.00), como pena principal, la pena de prisión, la deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social “P.N.F.A.S.” ubicada en la Aldea de Támara, de este departamento de Francisco Morazán, debiendo computarse el tiempo que ha permanecido en efectiva prisión por la presente causa y en el caso de la multa, deberá pagarla a favor del Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República, en la fase de ejecución de esta sentencia, quedando obligada a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional.”(Folio 1698 al 1705 de la pieza del Tribunal). 2) Que el Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES, compareció ante este Tribunal en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021) presentando recurso de revisión penal a favor de la señora REBECA DANIELA ULLOA ALMENDAREZ, contra la sentencia Condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veintiuno (2021).3) Que en fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES, en su condición de apoderado legal de la señora REBECA DANIELA ULLOA y la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, quien fue de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de revisión que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de Revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía, que se declare sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Recursista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral seis del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor de la condenada cuando el hecho cometido no es punible. Aduciendo que el decreto 93-2021 despenaliza la conducta por la cual fue declarada culpable su patrocinada. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de el OSCAR ADAN CALIX ROSALES, en su condición de apoderado legal de la señora REBECA DANIELA ULLOA, quien manifestó lo siguiente:” solicitamos se revise la sentencia condenatoria dictada en fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, en la cual se le condena a mi representada a una pena de seis años y multa de dos millones novecientos veinticinco mil cuatrocientos sesenta y ocho lempiras de multa en virtud su señoría de un monto de dinero que le fuera decomisado a otra persona que se encontraba en otra habitación de un hotel y que únicamente tenía una relación de afinidad con una hermana de mi representada pero que en virtud de que en el momento en que se pagó la habitación consignaron que mi representada pagó la habitación por esa razón fue condenada por un delito de lavado de activos aun y cuando el dinero no se lo encontraron a ella ni tiene dinero en cuenta es una muchacha de diecinueve años que fue condenada a seis años de reclusión y una multa impagable de dos millones novecientos veinticinco mil cuatrocientos sesenta y ocho lempiras por lo tanto solicitamos su señoría que se aplique la ley penal retroactiva en virtud de que en la sentencia se establece expresamente que no tenía causa legal o lícita de su procedencia la persona que fue encontrada con el dinero decomisado su señoría únicamente.” La Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, consideró lo siguiente: “…De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales, indicando las sanciones correspondientes a los delitos por el cual se condenó a la hoy imputada: En el Nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), con relación al delito de LAVADO DE ACTIVOS, se encuentra regulado en el ARTÍCULO 439, estableciendo que incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, convierta, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, amenazas o chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos, y contrabando, cometidos por él o por un tercero, o que no tengan causa o justificación económica o licita de su procedencia. (lo subrayado es nuestro). Las conductas descritas en el párrafo anterior deben ser castigadas conforme a las reglas siguientes: 1) Cuando el valor de los activos objeto de lavado no sea superior a Dos Millones de Lempiras (L.2.000, 000), se deben imponer las penas de prisión de cinco (5) a ocho (8) años y multa igual al cincuenta por ciento (50%) de dicho valor; 2) Cuando el valor de los activos objeto del lavado sea superior a Dos Millones de Lempiras (L.2.000, 000) y no exceda los Cinco Millones de Lempiras (L.5.000, 000), se deben imponer las penas de prisión de ocho (8) a diez (10) años y multa igual al cien por ciento (100%) de dicho valor; y, 3) Cuando el valor de los activos objeto de lavado sea superior a Cinco Millones de Lempiras (5, 000,000), se deben imponer las penas de prisión de diez (10) a trece (13) años y multa igual al ciento cincuenta por ciento (150%) de dicho valor. Las penas establecidas en los numerales anteriores, se deben rebajar a la mitad cuando se trate de posesión o utilización de bienes sin título por parte de personas unidas por relación personal o familiar con el responsable del hecho. Las penas anteriores se deben aumentar en un cuarto (1/4) en los casos siguientes: 1) Cuando los bienes o activos proceden de delitos relativos al tráfico de drogas, terrorismo, extorsión o delitos de explotación sexual; 2) Cuando la actividad de lavado de activos se realiza a través de un grupo delictivo organizado. Si el responsable es promotor, jefe, dirigente o cabecilla del grupo delictivo organizado, la pena se debe aumentar en un tercio (1/3); o, 3) Cuando el responsable es profesional del sector financiero o no financiero designado, bursátil o bancario en el ejercicio de su profesión, o funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo. En estos casos se debe imponer, además, la pena de inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena de prisión. Según la reforma que sufriera el artículo 439 del Decreto Legislativo 93-2021 que entró en vigencia el 1 de noviembre de 2021, establece que incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, convierta, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos, y contrabando, cometidos por él o por un tercero. Las conductas descritas en el párrafo anterior deben ser castigadas conforme a las reglas siguientes: 1) Cuando el valor de los activos objeto de lavado no sea superior a Dos Millones de Lempiras (L.2.000, 000), se deben imponer las penas de prisión de cinco (5) a ocho (8) años y multa igual al cincuenta por ciento (50%) de dicho valor; 2) Cuando el valor de los activos objeto del lavado sea superior a Dos Millones de Lempiras (L.2.000, 000) y no exceda los Cinco Millones de Lempiras (L.5.000, 000), se deben imponer las penas de prisión de ocho (8) a diez (10) años y multa igual al cien por ciento (100%) de dicho valor; y, 3) Cuando el valor de los activos objeto de lavado sea superior a Cinco Millones de Lempiras (5, 000,000), se deben imponer las penas de prisión de diez (10) a trece (13) años y multa igual al ciento cincuenta por ciento (150%) de dicho valor. Las penas establecidas en los numerales anteriores, se deben rebajar a la mitad cuando se trate de posesión o utilización de bienes sin título por parte de personas unidas por relación personal o familiar con el responsable del hecho. Las penas anteriores se deben aumentar en un cuarto (1/4) en los casos siguientes: 1) Cuando los bienes o activos proceden de delitos relativos al tráfico de drogas, terrorismo, extorsión o delitos de explotación sexual; 2) Cuando la actividad de lavado de activos se realiza a través de un grupo delictivo organizado. Si el responsable es promotor, jefe, dirigente o cabecilla del grupo delictivo organizado, la pena se debe aumentar en un tercio (1/3); o, 3) Cuando el responsable es profesional del sector financiero o no financiero designado, bursátil o bancario en el ejercicio de su profesión, o funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo. En estos casos se debe imponer, además, la pena de inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena de prisión. Al examinar el fallo emitido por el A-quo, se aprecia que se condenó a REBECA DANIELA ULLOA BETANCOURT, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS a la pena dela pena de SEIS (06) AÑOS DE PRISION Y A LA PENA DE MULTA DE DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO lempiras (2,925,468.00) y a las penas accesorias DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, con fundamento en el artículo 439 decreto 130-2017; no obstante, Si bien es cierto, la reforma al artículo 439 del Código Penal vigente, realizada a través del decreto 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N0. 35,760, derogó lo atinente “O que no tenga causa o justificación económica o lícita de su procedencia.” No menos cierto es, que la reforma contraviene disposiciones de carácter convencional al suprimir que no se tengan causa o, justificación económica o lícita de la procedencia del bien, lo que violenta el numeral 7) del artículo 5 de la Convención de Viena que exhorta a los Estados Partes a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen lícito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno. Asimismo, la Convención de Palermo expone en su artículo 12 numeral 7): “Los Estados Partes podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen ilícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso, en la medida que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas”. De ahí que al ser el Estado de Honduras, parte de estos Tratados internacionales constituye obligatoriedad de cumplimiento conforme al principio fundamental que los tratados deben ser cumplidos (PACTA SUNT SERVANDA), contemplado en la convención de Viena de 1969, que en el artículo 26, señala: “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe”, mismo que lo encontramos consagrado en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, en el párrafo 2 del artículo 2 que dice:” sus miembros cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos. En razón a ello el Ministerio Público solicita a esta Honorable Sala de lo Constitucional aplique el respectivo Control de Convencionalidad y decrete la inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el Decreto 93-2021 en lo atinente “que no tenga causa o justificación económica o lícita de su procedencia, por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte. Aunado a lo anterior, el ente acusador presentó ante la Sala de lo Constitucional recurso de Inconstitucionalidad POR VÍA DE ACCIÓN POR RAZON DE FORMA Y CONTENIDO CONTRA EL DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 93-2021, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA NÚMERO 35,750 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021, POR COLISIONAR CON EL CONTENIDO ESENCIAL DE LOS ARTÍCULOS 16, 18, 63, 232 Y 320 DE NUESTRA LEY FUNDAMENTAL. De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 Constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal. III.OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión.” CONSIDERANDO CINCO (5): El Sistema Jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización. En el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017 vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020), que contiene el Código Penal Vigente, así como las reformas al mismo contenido en el Decreto No.93-2021 de fecha 7 de octubre de 2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 1 de noviembre de 2021. En su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. “Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO DOCE (12): FUNDAMENTACIÓN DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión Penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente la señora REBECA DANIELA ULLOA ALMENDAREZ fue condenada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, mediante la Sentencia Definitiva y Firme de fecha veintisiete(27) de enero del año dos mil veintiuno (2021), a la pena de SEIS AÑOS DE PRISION Y MULTA DE DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS (L.2,925,468.00), como pena principal, la pena de prisión, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el Órgano Jurisdiccional Competente aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 439 NUMERAL 2 DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 130-2017, estimando que la condenada cometió el delito de Lavado de Activos. III- Esta Sala hace el respectivo examen del caso sub judice para estimar si se subsume en la causal número seis, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, verificando la procedencia de aplicar dicho articulado; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO TRECE (13): I. En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 96.6 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación del numeral 6 del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, específicamente que el hecho cometido, no es punible, o se ha despenalizado, se debe tomar en consideración los hechos probados y si estos no encuadran con ningún tipo penal, se razona que el hecho no es castigado por la ley penal. II. El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores, tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales u el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y si esos hechos se encuentran despenalizados en el Nuevo Código Penal. III. Que en la parte resolutiva de la Sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión Penal, se impuso a la señora la pena de SEIS AÑOS DE PRISION Y MULTA DE DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS (L.2,925,468.00), como pena principal, la pena de prisión, más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrada responsable como autora del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE HONDURAS. Para la emisión de dicho fallo el Tribunal Sentenciador estimó probados los siguientes hechos: [PRIMERO: Que en fecha nueve (09) de Mayo del años dos mil diecinueve (2019) se recibió informe por parte de agentes adscritos a la agencia Técnica de Investigación Criminal ( ATIC) mediante el cual se pone en conocimiento de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado ( FESCCO) que se recibió información de una fuente humana confiable sobre una organización criminal dedicada a delitos de Tráfico de Droga y Lavado de Activos que opera en la zona de San Pedro Sula y Occidente del país, quienes realizarían en un hotel de la ciudad de San Pedro Sula una transacción de droga o dinero para el día hoy nueve (09) de mayo del dos mil diecinueve, por horas de la tarde, encontrándose en dicho lugar con otras personas con la finalidad de contar y organizar el dinero para luego ser “caleteados” en un vehículo Pick Up, color gris con carrocería con placas de Guatemala. SEGUNDO: Que se realizaron diligencias investigativas como ser vigilancias y seguimientos por parte de los Agentes adscritos a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) específicamente en la zona hotelera de la 7ave y es así que se percatan de la presencia del vehículo con las características brindadas por la fuente humana, se procede a darle seguimiento dirigiéndose así al Mall Galerías del Valle, observando en el vehículo una persona del sexo masculino y dos del sexo femenino y posteriormente se retiran del lugar. Posteriormente las personas que se conducían en el vehículo antes descrito llegaron a un hotel de nombre Valencia, ubicado en el centro de San Pedro Sula en la 7ave, ingresando al estacionamiento de dicho hotel en el cual se hospedaron en las habitaciones 211 y 213 de acuerdo a la información recabada por los agentes de la ATIC y que ambas fueron reservadas y pagadas por la joven Rebeca Daniela Ulloa. Es así que teniendo conocimiento mediante información brindada por fuente humana de que las personas que realizarían transacción de droga o dinero en horas de la noche y para impedir la comisión de otros delitos, evitar la fuga de los sospechosos, la destrucción perdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras de lograr la impunidad de los responsables, y en vista de que no es posible esperar el tiempo necesario para solicitar autorización judicial correspondiente, a las once y cuatro minutos (11.04 PM) y siendo que el lugar era un hotel se desplazaron equipos de agentes de la ATIC, en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado a efectuar el Allanamiento a las habitaciones 211 y 213, nombrando como Juez Ejecutor para realizar el allanamiento en la habitación 211 al Agente Josué Juárez Barahona con numero de identidad 0801-1978-20906 y en la habitación 213 a la Agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) Vilma Suyapa Aguilar con numero de identidad 0801-1975-04582, para que proceda a tal diligencias, debiendo realizarse la misma en los términos que establece la Constitución de la Republica y demás leyes, entre seis de la mañana y seis de la tarde obteniendo como resultado el hallazgo de las siguientes evidencias: en la habitación 211 la cantidad de ciento cincuenta y nueve mil seiscientos dólares($159,600.00) y un celular Marca: Samsung, Color: negro, Vidrio: quebrado y en la habitación 213 una libreta color rosado con ilustración de un mujer y la leyenda valentina y se decomisó a las jóvenes Rebeca Daniela Ulloa Almendarez un celular Marca: Samsung Galaxy S8 Color: Negro y Assbel Netil ambas Ulloa Almendarez un celular Marca: LG Color: Negro, Pantalla quebrada en mal estado.- Asimismo al inspeccionar el vehículo Pick Up, color gris con carrocería con placas de Guatemala se encontró una caleta.” IV. Que en el caso sub examine, el peticionario, abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES, compareció ante este Alto Tribunal en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria, por considerar que los hechos ejecutados por su representada no se encuentran enmarcados dentro del Decreto Legislativo No. 93-2021 que contiene reformas al nuevo Código Penal Decreto 130-2017. En consideración a que su patrocinada, la señora REBECA DANIELA ULLOA ALMENDAREZ, fue condenada por el delito de LAVADO DE ACTIVOS contenido en el artículo 439 del Decreto legislativo 130-2017, artículo este que fue derogado por la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que provee disposiciones que reforman el artículo antes citado y hace modificaciones a la descripción del tipo penal para el delito de Lavado de Activos: ARTÍCULO 439. LAVADO DE ACTIVOS. Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, convierta, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero”. V. En el examen de los hechos concretos y declarados probados en la Sentencia, estampados en el expediente de Revisión Penal, estos no encuadran en el Decreto Legislativo No 93-2021, puesto que en ellos no se establece que por sí o por interpósita persona, la persona haya adquirido, convertido, invertido, posea, utilizado, transformado, resguardado, administrado, custodiado, transportado, transferido, conservado, trasladado, ocultado, o dado apariencia de legalidad o impedido la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero. En tales hechos supra mencionados después de las investigaciones realizadas se establece: ” Que se recibió información de una fuente humana, donde se ponía en conocimientos de las autoridades competentes que tres personas, una del sexo masculino y dos del sexo femenino, (una de ellas la señora REBECA DANIELA ULLOA ALMENDAREZ), se encontraban hospedadas en un hotel de nombre “Valencia” en la ciudad de San Pedro Sula, y que realizarían transacción de droga o dinero en horas de la noche, al practicarse el allanamiento de morada en una de las habitaciones (211), se encontró la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DÓLARES($159,600.00), los cuales no tenían causa de justificación legal.” De lo anterior No se describe que los activos sean productos directos o indirectos o provengan de las diferentes acciones que describe el tipo penal. Es decir, la conducta descrita en los hechos probados no encaja en la descripción de la nueva norma penal. Y siendo que los hechos estatuidos en la sentencia no encuadran en el tipo penal vigente convierten a dicho hecho en atípico. Esto propicia la producción de una sentencia donde no se ejecute la pena anteriormente impuesta ya que los hechos concretos y probados no tienen relevancia jurídico penal en ley Sustantiva Vigente. VI. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente Garantía Constitucional de Revisión en favor de la señora REBECA DANIELA ULLOA ALMENDAREZ, por cuanto la pena impuesta por el delito de Lavado de Activos esta no se debe ejecutar en vista de la conducta no tiene relevancia jurídico-penal, en el Código Penal decreto 130-2017 reformado mediante decreto 93-2021. VII. Que, como consecuencia de la procedencia de la acción de revisión penal, el artículo 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece que: “La Sentencia que dicte la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenará, según el caso: 1)La libertad del condenado …; 2) …; 3) El cese de la inhabilitación y de las penas accesorias, con devolución de los efectos del comiso, si ello fuere posible, y la cesación de las medidas de seguridad…”. Y siendo que, de los antecedentes del caso, específicamente en el (folio 416, del del expediente judicial), se comprueba que en la Parte Dispositiva de la Sentencia que se revisa, se declara el COMISO de los activos y los instrumentos o medios con los que se cometió el delito, claramente enumerados y que se describen en la sentencia. Por lo que, en aplicación de lo que establece el artículo 101 numerales 1 Y 3 anteriormente citado; Debe Ordenarse la Libertad de la Condenada; Asimismo la Devolución de los efectos del Comiso, si ello fuere posible; Y de igual manera debe Declararse el cese de la Inhabilitación Absoluta a la que fue condenada como pena accesoria. CONSIDERANDO CATORCE (14): Esta Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 6), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Decreto Legislativo No. 93-2021 que contiene reformas al nuevo Código Penal Decreto 130-2017, Articulo 439 del Delito de Lavado de Activos. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES, a favor de la señora REBECA DANIELA ULLOA ALMENDAREZ. II) SE REFORMA la Sentencia Definitiva Y Firme dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veintiuno (2021). III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta a la señora REBECA DANIELA ULLOA ALMENDAREZ, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: Dejando sin valor ni efecto la pena impuesta a la señora REBECA DANIELA ULLOA ALMENDAREZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en vista de la conducta no tiene relevancia jurídico-penal, en el Código Penal Decreto 130-2017, reformado mediante Decreto 93-2021. SEGUNDO: Se ordena al Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa, Francisco Morazán extienda Carta de Libertad Definitiva y Nota de Excarcelación a favor de la señora REBECA DANIELA ULLOA ALMENDAREZ. Sin perjuicio que la imputada tenga otros procesos pendientes. TERCERO: Se Ordena la Devolución de los efectos del Comiso, si ello fuere posible, claramente enumerados y que se describen en el folio 416 del expediente judicial. CUARTO: Declararse el Cese de la Inhabilitación Absoluta a la que fue condenada como pena accesoria, la señora REBECA DANIELA ULLOA ALMENDAREZ. QUINTO: Ratificando la Sentencia Revisada en sus demás partes y contenidos. Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha once de septiembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1480-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL