Sentencia RP-1438-23 — Registro 19833
Resumen
La Sala Constitucional aprecia, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía ; Al compararse las penas impuestas por el A-quo, la pena de 25 años de reclusión, con la pena que establece el nuevo código penal, se evidencia que la nueva pena de prisión le es más beneficiosa al condenado, ya que sus límites abstractos son de 12 a 15 años de prisión, debiendo aplicársele el principio de retroactividad penal, por ser más favorable.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. I. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso al señor José Matilde Pérez Ordoñez, la pena de 25 años de reclusión, por el delito de secuestro en perjuicio de David Omar Hernández Osorto, delito que tenía una pena abstracta de 20 años de reclusión a privación de la libertad de por vida con el anterior código penal. La conducta por la cual fue condenado José Matilde Pérez Ordoñez, está prevista en el vigente Código Penal 130-2017, como delito de Secuestro Agravado, en el artículo 240.7, y penúltimo párrafo del mismo, que se castiga con la pena de 12 a 15 años de prisión, al concurrir según los hechos probados una de las circunstancias que agravan especialmente la pena, tales como “ el delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado” ya que fueron varias personas las que privaron de su libertad a la víctima. Al compararse las penas impuestas por el A-quo, que impuso a José Matilde Pérez Ordoñez, la pena de 25 años de reclusión, con la pena que establece el nuevo código penal, se evidencia que la nueva pena de prisión le es más beneficiosa al condenado, ya que sus límites abstractos son de 12 a 15 años de prisión, debiendo aplicársele el principio de retroactividad penal, por ser más favorable, imponiéndole las nuevas penas para José Matilde Pérez Ordoñez, de 13 años, 6 meses de prisión; y la prohibición de residencia por el doble del tiempo, esta consistirá en la prohibición de residir en un lugar cercano a la residencia de la víctima. II. Esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de José Matilde Pérez Ordoñez, de una norma vigente que le resulta más benigna. III. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal, es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..." Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. I. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso al señor José Matilde Pérez Ordoñez, la pena de 25 años de reclusión, por el delito de secuestro en perjuicio de David Omar Hernández Osorto, delito que tenía una pena abstracta de 20 años de reclusión a privación de la libertad de por vida con el anterior código penal. La conducta por la cual fue condenado José Matilde Pérez Ordoñez, está prevista en el vigente Código Penal 130-2017, como delito de Secuestro Agravado, en el artículo 240.7, y penúltimo párrafo del mismo, que se castiga con la pena de 12 a 15 años de prisión, al concurrir según los hechos probados una de las circunstancias que agravan especialmente la pena, tales como “ el delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado” ya que fueron varias personas las que privaron de su libertad a la víctima. Al compararse las penas impuestas por el A-quo, que impuso a José Matilde Pérez Ordoñez, la pena de 25 años de reclusión, con la pena que establece el nuevo código penal, se evidencia que la nueva pena de prisión le es más beneficiosa al condenado, ya que sus límites abstractos son de 12 a 15 años de prisión, debiendo aplicársele el principio de retroactividad penal, por ser más favorable, imponiéndole las nuevas penas para José Matilde Pérez Ordoñez, de 13 años, 6 meses de prisión; y la prohibición de residencia por el doble del tiempo, esta consistirá en la prohibición de residir en un lugar cercano a la residencia de la víctima. II. Esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de José Matilde Pérez Ordoñez, de una norma vigente que le resulta más benigna. III. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal, es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena."
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de agosto de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada Blanca Argentina Gómez, a favor del señor José Matilde Pérez Ordoñez, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, de fecha veintiuno de marzo de dos mil catorce, con relación a la causa que se instruyó en contra de los señores JOSE MATILDE PÉREZ ORDOÑEZ, por haber sido condenados por el delito de SECUESTRO en perjuicio del señor DAVID OMAR HERNANDEZ OSORTO.HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL PRIMERO: En la noche del 31 de enero, año 2011, en el barrio La Esperanza del Municipio de San Marcos de Colón, la señora Maria Inés Martínez recibió una llamada telefónica a su celular, por parte de la señora Yessica Estebana Kaffati Ayala, solicitándole le comunicara con su compañero de hogar, el señor David Omar Hernández. SEGUNDO: Al atender la llamada el señor David Hernández, la señora Yessica Kaffati le manifestó que le tenía un informante que le ayudaría a localizar las piezas del vehículo que le habían robado, y que tenía que darle recompensa, advirtiéndole Yessica que no le fuera a decir sobre la conversación sostenida, pidiéndole Yessica a Omar Hernández que se encontraran en su casa de habitación ubicada en la colonia Julio Midence de la ciudad de Choluteca, al día siguiente en horas de la mañana. TERCERO: El 1 de febrero del año 2011, el señor David Hernández se trasladó de la ciudad de San Marcos de Colón a la ciudad de Choluteca, visitando primero a su hijo Omar Hernández Leñero en la “Ferretería Herco”, a eso de las diez de la mañana, quien le proporcionó un vehículo para que se desplazara en la ciudad, retirando de la Agencia Bancaria “Continental”, la cantidad de L. 15,000, e inmediatamente se dirigió a la colonia Julio Midence, a la residencia de la señora Yessica Kaffati arribando a eso de las once de la mañana. CUARTO: Una vez en interior de la vivienda Yessica le manifestó a David que recién se había marchado el "Informante", por lo que ella comenzó a hacer llamadas telefónicas manifestándole a David que se esperara un momento mientras localizaba al informante para que volviera a su casa. QUINTO: Al cabo de unos treinta minutos de espera aproximadamente, ingresaron a la vivienda de Yesica, tres individuos armados con armas de fuego, entre ellos, José Matilde Pérez Ordóñez, quienes se dirigieron al señor Omar David, quien al observarlos, se levantó del sillón en el que se encontraba y salió corriendo con dirección al jardín de la vivienda, siendo David alcanzado y derribado al suelo por los tres individuos, procediendo estos a golpearlo hasta dejarlo inconsciente momentáneamente. SEXTO: Inmediatamente Matilde Pérez y sus acompañantes llevaron el señor David al exterior de la vivienda de Yessica, subiéndole al interior de una camioneta, tipo minivan, color Gris, donde recuperó el conocimiento al momento que era atado de pies y manos y vendado de los ojos, trasladándolo en dicho automotor hasta una vivienda sita en barrio Suyapa de esta ciudad y conducido al interior de una habitación. SEPTIMO: A eso de las siete de la noche el joven David Omar Hernández Leñero, hijo de David Omar Hernández Osorio, recibió una llamada a su celular, comunicándole una voz masculina que tenían secuestrado a su padre David Omar y que no fuera a informar a las autoridades porque sino algo malo le pasaría a su padre. OCTAVO: Habiendo transcurrido unos dos minutos, el joven David Omar Hernández Leñero recibió una segunda llamada, comunicándole la misma voz que le concedían un término de veinticuatro horas para que consiguieran el dinero y que luego se volverían a comunicar. NOVENO: David Omar Hernández Leñero intentó comunicarse nuevamente al número del cual le habían llamado sin obtener respuesta alguna, asimismo en el mismo momento David Omar (hijo) se trasladó a la Dirección Nacional de Investigación Criminal a interponer la denuncia correspondiente haciendo saber a las autoridades de que su padre vino a esta ciudad a reunirse con la señora Yessica Kaffati y que luego habían recibido la llamada donde informaban que a su padre lo tenían secuestrado. DECIMO: El día 2 de febrero del año 2011, siendo las diez de la mañana aproximadamente, David Omar (hijo) recibió una nueva llamada, lográndose comunicar con su padre, manifestándole éste que se encontraba bien, asimismo la persona que le comunicó con su padre le informó que a David Omar Hernández Osorio le estaban suministrando los medicamentos que tenía indicado por el médico, e inmediatamente cortó la llamada, sin que esta persona volviera a comunicarse con David Hernández Leñero. DECIMO PRIMERO: La señora Yessica Estebana Kaffati fue buscada por las autoridades en su casa de habitación y llevaba para obtener información sobre la desaparición de Omar Hernández Osorio, negando toda participación en los hechos, decomisándosele un teléfono celular, marca ZTE, color negro y anaranjado. DECIMO SEGUNDO: Siendo las cuatro de la tarde aproximadamente, policías preventivos y de investigación, fueron alertados sobre una vivienda, ubicada en el barrio Suyapa de esta ciudad, y al llegar al sitio rodearon la vivienda y al transcurrir unos quince minutos los policías escucharon gritos de auxilio que provenían del interior de la misma, por lo que decidieron ingresar al interior del inmueble, derribando la puerta de una habitación, encontrando solo al señor David Omar Hernández Osorio atado de pies y manos acostado sobre Una cama. 427990733933000365125763460500DECIMO TERCERO: Las autoridades procedieron a sacar de la vivienda al señor Hernández Osorio y a realizar una inspección en la misma, encontrando en su interior, en la cocina, lazos de color azul, dos pañuelos, uno color rojo y otro color negro; en la sala, tres sobres de chip Digicel, Una cartera de bolsillo, color negro y blanco con documentos personales a nombre de José Matilde Pérez Ordóñez junto con una fotografía de Yessica Estebana Kaffati, un título de Bachiller en Salud Comunitaria a nombre de Jeanny Margoth Lambert Sauceda, dos celulares, uno marca Motorola y el otro marca Alcatel, color gris/azul y negro respectivamente junto con un cargador negro; en el garaje, dos vehículos automotores tipo minivan, uno color rojo vino, y el otro color gris, propiedad del señor José Matilde Pérez., siendo incautados todos los objetos encontrados. DECIMO CUARTO: El señor Omar Hernández Osorio, inmediatamente después del rescate fue evaluado por la Médico Forense, determinando ésta que el evaluado presentaba en abdomen, excoriación rojiza de 4x4 centímetros en cuadrante superior derecho, dolorosa a la palpación; en codo derecho, múltiples excoriaciones, color rojizo, de 6x3 centímetros; en muñeca izquierda, equimosis color rojiza de aproximadamente 6x6 centímetros; en muñeca derecha excoriación de 2x1 centímetros color rojiza y dolorosa a la palpación; en ambos tobillos, equimosis color rojizo de aproximadamente 3X3 centímetros. ANTECEDENTES 1)Que en fecha tres (03) de febrero del dos mil once (2011), el Agente de Tribunales del Ministerio Público, la abogada KEYLIE MELISSA VASQUEZ MORENO, presentando requerimiento fiscal en contra de JOSE MATILDE PEREZ ORDOÑEZ, a quien se le acusa por el delito de SECUESTRO en perjuicio del señor DAVID OMAR HERNANDEZ OSORIO. (Folios 01-04).2)Que en fecha veintiuno (21) de marzo del dos mil catorce (2014), el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE CHOLUTECA Y VALLE, dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: CONDENAR al señor JOSE MATILDE PEREZ a la pena de VENTICINCO (25) ANOS DE RECIUSIÓN, por considerarlo responsable del delito de SECUESTRO, en perjuicio del señor DAVID OMAR HERNANDEZ OSORIO, SEGUNDO……… TERCERO………… CUARTO………………… QUINTO…………. (Folios 321-341).3)En fecha treinta (30) de octubre del dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, con la comparecencia de la abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la abogada MIRLA AUXILIADORA REYES OSEGUERA, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor JOSE MATILDE PEREZ ORDOÑEZ. El Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales, indicando las sanciones correspondientes al delito de SECUESTRO, por el cual se condenó al hoy imputado JOSE MATILDE PEREZ ORDOÑEZ. EL delito de secuestro se sancionaba en el artículo 192 del Código Penal derogado, con una pena de 20 años a privación de la libertad de por vida. "Aun cuando no consiguiere su propósito, quien, con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio; b) ...c) ". En el Nuevo Código Penal Vigente, el delito de secuestro se encuentra regulado en el Artículo 239: "Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para vede ser castigado con las penas de 8 a 12 años y prohibición de residencia por el doble tiempo de la condena". Sin embargo, y siendo que de los hechos probados se desprende que participaron más de tres (3) personas, concurre la causal prevista en el numeral 7 del artículo 240 de la norma sustantiva en comento, que señala: "El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doblo de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1)....2).. 3)...).5).68).7 El delito so comete en el ámbito de un grupo organizado 8).9) Para tal efecto, el artículo 136 del código Penal, establece como Grupo Delictivo Organizado, a cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados conforme lo dispuesto en el presente Código. Al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, que reza: Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. Por lo que concluimos que las disposiciones del actual Código Penal son más favorables al sentenciado, en tanto es procedente aplicar el Principio de Retroactividad en virtud de que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme a Derecho. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios 21-23).FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega, que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal, se celebró en fecha treinta de octubre de dos mil veinticuatro, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el abogado defensor, solicita la revisión de la pena y que se aplique el principio de retroactividad de la ley, tomando en cuenta las nuevas penas vigentes en el Decreto 130-2017, en base al artículo 96 de la Constitución, se solicita la retroactividad de la ley, siempre que favorezca al reo, por lo que se solicita la revisión de la pena. Por su parte, el Ministerio Público, estima que las disposiciones contenidas en el actual código penal, si son más favorables al sentenciado, ya que el artículo 618 del código penal vigente, establece que se aplicaran las nuevas disposiciones del nuevo código penal, siempre que resulten más favorables tomadas en su conjunto; por lo que solicita que si se otorgue la revisión solicitada.CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. I. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso al señor José Matilde Pérez Ordoñez, la pena de 25 años de reclusión, por el delito de secuestro en perjuicio de David Omar Hernández Osorto, delito que tenía una pena abstracta de 20 años de reclusión a privación de la libertad de por vida con el anterior código penal. La conducta por la cual fue condenado José Matilde Pérez Ordoñez, está prevista en el vigente Código Penal 130-2017, como delito de Secuestro Agravado, en el artículo 240.7, y penúltimo párrafo del mismo, que se castiga con la pena de 12 a 15 años de prisión, al concurrir según los hechos probados una de las circunstancias que agravan especialmente la pena, tales como “ el delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado” ya que fueron varias personas las que privaron de su libertad a la víctima. Al compararse las penas impuestas por el A-quo, que impuso a José Matilde Pérez Ordoñez, la pena de 25 años de reclusión, con la pena que establece el nuevo código penal, se evidencia que la nueva pena de prisión le es más beneficiosa al condenado, ya que sus límites abstractos son de 12 a 15 años de prisión, debiendo aplicársele el principio de retroactividad penal, por ser más favorable, imponiéndole las nuevas penas para José Matilde Pérez Ordoñez, de 13 años, 6 meses de prisión; y la prohibición de residencia por el doble del tiempo, esta consistirá en la prohibición de residir en un lugar cercano a la residencia de la víctima. II. Esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de José Matilde Pérez Ordoñez, de una norma vigente que le resulta más benigna. III. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal, es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96.8, 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 240.7, y penúltimo párrafo del Código Penal vigente. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal, interpuesta por la abogada Mirla Auxiliadora Reyes Oseguera, actuando en su condición de defensora del señor José Matilde Pérez Ordoñez; contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, de fecha veintiuno de marzo de dos mil catorce. II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, de fecha veintiuno de marzo de dos mil catorce; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar las penas impuestas a JOSE MATILDE PÉREZ ORDOÑEZ, por el delito por el cual fue condenado, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor JOSE MATILDE PÉREZ ORDOÑEZ, a la pena de TRECE (13) AÑOS, SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, por el delito de SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio del señor DAVID OMAR HERNANDEZ OSORTO; también se le impone la pena de LA PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA por el doble del tiempo de la condena, esta consistirá en la prohibición de residir en un lugar cercano a la residencia de la víctima. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente, para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento del presente fallo, con abono del tiempo que haya estado en prisión. Redactó Magistrado Vallecillo Paredes.- NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de octubre de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veinticinco de agosto de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1438-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL