Sentencia RP-140-24 — Registro 19536
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria con relación a la causa que se instruyó por haber sido condenado por el delito de estafa.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (10): I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme al Código Penal Derogado Decreto 144-83, la pena a imponer por el delito de ESTAFA era reclusión de seis (6) a nueve (9) años y multa igual al diez por ciento (10%) del valor defraudado, y por tratarse de un DELITO CONTINUADO se aplicó al sentenciado lo establecido en el artículo 37, segundo párrafo de dicho Código Penal derogado, es decir la pena más grave aumentada en dos tercios, por lo que el rango de la pena a imponer era de diez (10) a quince (15) años de reclusión, al cual se le aplicó la pena mínima, es decir, diez (10) años de reclusión, más multa equivalente al diez por ciento (10%)del valor defraudado y las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. En cuanto al Código Penal Vigente Decreto 130-2017 regula el delito de ESTAFA en el artículo 365 que literalmente dice: “Comete estafa quien, con ánimo de lucro, utiliza engaño suficiente para producir error en otro y le induce a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. El artículo 366 establece: Agravantes Especificas. Las penas previstas en este capítulo se deben aumentar en un tercio (1/3) si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 1)…, 2)…, 3) Los hechos revisten especial gravedad por la cuantía defraudada; 4)…, 5)…, 6) Los hechos se realizan por quien ostenta la condición de administrador de hecho o de derecho de una sociedad constituida o en formación. En caso de concurrir dos o mas de las circunstancias anteriores las penas se podrán incrementar hasta en dos tercios (2/3). Es decir que el Código Penal Vigente Decreto 130-2017 para la acción típica realizada por los sentenciados regula una pena abstracta de dos (2) a cuatro (4) años prisión más el aumento de dos tercios (2/3) por la concurrencia de las dos agravantes. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código benefician a los encausados, siendo que el marco abstracto de penas a aplicar es inferior en relación al Código Penal 144-83, por lo que procederemos a examinar las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. II. Que, en cuanto a la concurrencia de concurso de delitos que implique el aumento o disminución en grados de la pena abstracta, en ese sentido, el juzgador ha determinado la concurrencia de un delito continuado, consecuentemente, de conformidad a lo que establece el artículo 68 del Nuevo Código Penal decreto 130-2017 al autor de un delito continuado debe castigársele con la imposición de la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3), dando como resultado una pena abstracta de CUATRO (4) AÑOS a CINCO (5) AÑOS, CUATRO (4) MESES DE PRISION. IV. El Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, impuso la pena aumentada en un tercio por la concurrencia de dos agravantes en el delito sindicado, en virtud de lo cual procedería la imposición de pena en los mismos términos; en atención a ello, la pena a imponer a los señores RAFAEL ALEX NAJERA JIMENEZ y DAVID ANTONIO TRIGUEROS FAJARDO sería de CINCO (5) AÑOS CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN. CONSIDERANDO (11): I. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, esta Sala estima, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de los señores RAFAEL ALEX NAJERA JIMENEZ y DAVID ANTONIO TRIGUEROS FAJARDO de una norma vigente que le resulta más benigna. II. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101.4 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de junio de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado SAGLUL ALEXANDER LOPEZ CASTELLANOS a favor del RAFAEL ALEX NAJERA JIMENEZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil diecinueve (2019), con relación a la causa que se instruyó contra el RAFAEL ALEX NAJERA JIMENEZ y DAVID ANTONIO TRIGUEROS FAJARDO por haber sido condenado por el delito de ESTAFA, en perjuicio de los señores MIGUEL ANTONIO ALVARENGA, EMILY ROMEO Y OTROS.(EXP.1115-2019). ANTECEDENTES 1) En fecha cinco (05) de abril de dos mil (2000), compareció ante el Juzgado de Letras Primero de lo Criminal del departamento de Francisco Morazán, el abogado MARCOS AVIDAN LOPEZ, en su condición de defensor privado de los señores MIGUEL ANTONIO ALVARENGA, EMILY ROMEO, MIRNA IGLESIAS HERNANDEZ Y OTROS. interponiendo ACUSASCION CRIMINAL por suponerles responsable del delito de ESTAFA, ESTAFA PROPIA CONTINUADA, contra los señores MANUEL H. FREIJE, DANIEL QUEZADA, CARLOS JIMENEZ, DAVID TRIGUEROS, RAFAEL NAJERA NORMA HERRERA. (Folio 1-14 del antecedente). 2) Que en fecha VEINTICUATRO (24) de abril de dos mil diecinueve (2019), la Corte Suprema de Justicia ,Sala de lo Penal, dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO declara HA LUGAR el recurso De casación por infracción de Ley en único motivo, interpuesto por la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público; SEGUNDO: Declara la nulidad de la sentencia de fecha veintiséis de junio del año dos mil quince, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en el proceso seguido contra los acusados David Antonio Trigueros Fajardo y Alex Rafael Nájera, en la causa instruida ante el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán, la cual absuelve a los acusados David Antonio Trigueros Fajardo y Alex Rafael Nájera del delito de Estafa en perjuicio de los señores Miguel Antonio Alvarenga, Emely Romero, Mira Iglesias Hernández, Amanda Valencia Torres, Eva Lidia Elvir de Callizo, Maria de la Paz Ordoñez Andino, Ramona Alejandra Morán Méndez, Eleaquin Maldonado Bardales, Gonzalo Paz Suazo, Maria Cecilia Mena Baide, Francisco José Vallecillo Serrano, Hortensia Valle Díaz y Cristina C. de Gómez; TERCERO: En lugar de la sentencia anulada esta Sala de lo Penal: 1) Condena a los imputados señores David Antonio Trigueros Fajardo y Alex Rafael Nájera, a la pena de siete (7) años, ocho (8) meses de reclusión, como autores del delito de Estafa en perjuicio de los señores Miguel Antonio Alvarenga, Emely Romero, Mira Iglesias Hernández, Amanda Valencia Torres, Eva Lidia Elvir de Callizo, Maria de la Paz Ordoñez Andino, Ramona Alejandra Morán Méndez, Eleaquin Maldonado Bardales, Gonzalo Paz Suazo, Maria Cecilia Mena Baide, Francisco José Vallecillo Serrano, Hortensia Valle Díaz y Cristina C. de Gómez y otros; 2) Condena a los acusado señores David Antonio Trigueros Fajardo y Alex Rafael Nájera, a pagar en concepto de multa la cantidad de Trescientos Setenta y Siete Mil Setecientos Setenta y Siete Lempitas, con Cuarenta y Cinco Centavos (L 377,777.45) equivalente al diez por ciento (10%) del valor de lo defraudado, que se hará efectiva en la Tesorería General de la República o en la Institución del Sistema Financiero Nacional, que autorice la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas; Condena a los acusados señores David Antonio Trigueros Fajardo y Alex Rafael Nájera, las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil; 3) Declara la responsabilidad civil de los acusados señores David Antonio Trigueros Fajardo y Alex Rafael Nájera, la que podrá ser cuantificada por el Juez de Ejecución de la pena; 4) No condena a los acusados señores David Antonio Trigueros Fajardo y Alex Rafael Nájera, a pagar costas procesales, ni personales ocasionados por el juicio. Declara FIRME Y EJECUTABLE la presente sentencia. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY.RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-436-2015. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL." (Folios 1409-1411 del recurso de mérito). 3) En fecha siete (07) de febrero de dos mil veinticuatro, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado SAGLUL ALEXANDER LOPEZ CASTELLANOS, a favor del señor RAFAEL ALEX NAJERA JIMENEZ, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando que se aplique el principio de retroactividad de la ley penal aplicando el valor intermedio del rango de pena establecida en el código penal vigente para el delito de estafa , se anule parcialmente la sentencia definitiva firma dictada en el recurso de casación declarado con lugar por la corte suprema de justicia y que se modifique la sentencia revisada en el único sentido de reformar la pena impuesta a el señor RAFAEL ALEX NAJERA JIMENEZ en una pena de TRES (3) AÑOS POR EL DELITO DE ESTAFA..(Folios 1-5 del recurso de mérito). 4) En fecha veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante FELIPE RENE SPEER LAINEZ, con la comparecencia de la Abogada KEILA GIOCONDA RAMIREZ FAJARDO, en su condición de apoderada legal del señor DAVID ANTONIO TRIGUEROS FAJARDO y el Abogado SAGLUL ALEXANDER LOPEZ CASTELLANOS, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor RAFAEL ALEX NAJERA JIMENES y la abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA en su condición de fiscal del ministerio público; El Ministerio Público consideró: MENA BAIDE, FRANCISCO JOSE VALLECILIO SERRANO, HORTENSIA VALLE DIAZ Y CRISTINA C. DE GOMEZ; por lo que el Ministerio Público se permite manifestar lo siguiente: ANTECEDENTES: Lo constituye la sentencia condenatoria dictada por la por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual se condenó al señor RAFAEL ALEX NAJERA JIMENEZ y DAVID ANTONIO TRIGUEROS FAJARDO por el delito de ESTAFA, a una pena de SIETE (7) AÑOS, OCHO (8) MESES DE RECLUSION, Y A LA PENA DE MULTA DE TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS, CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (L.377,777.45) EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (108) DEL VALOR DEFRAUDADO; más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil y se declaró la responsabilidad civil del condenado. II. ANÁLISIS JURÍDICO: Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso solicita la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, en virtud que las nuevas disposiciones contenidas en el actual Código Penal le resultan más favorables al sentenciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que establece: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)...,2) ...,3) ....4) ...,5) ...,6)... 7) ...,8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna,…"relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal. De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público aprecia que la Sala de lo Penal dela Corte Suprema de Justicia condeno a RAFAEL ALEX NAJERA JIMENEZ y DAVID ANTONIO TRIGUEROS FAJARDO a una pena de SIETE (7) AÑOS, OCHO(8) MESES DE RECLUSION, Y A LA PENA DE MULTA DE TRESCLENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS, CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (L.377,777.45) EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEFRAUDADO; por encontrarle responsable de la comisión del delito de ESTAFA; conducta penal que también se encuentra regulada en el Código Penal Vigente, en el artículo 365, que señala en el numeral 2 párrafo penúltimo: "El delito de estafa debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años si el valor de lo defraudado, excede de Cinco Mil Lempiras (L5,000.00); que relacionado con el artículo 366 numerales 3) ...6) del referido cuerpo legal, deberá aumentarse en 2/3, por concurrir dos de las circunstancias agravantes contenidas en los numerales:..; 3) "Los hechos revisten especial gravedad por la cuantía defraudada..." 6) Los hechos se realizan por quien ostenta la condición de administrador de hecho o de derecho de una sociedad constituida o en formación; resultado una pena abstracta a aplicar de CUATRO (4) A SEIS (6) AÑOS OCHO (8) MESES. Por otra parte, de los autos se desprende que el condenado RAFAEL ALEX NAJERA JIMENEZ Y DAVID ANTONIO TRIGUEROS FAJARDO se encuentra prófugo de la justicia, pues se ordenó se girara la respectiva orden de captura en fecha 7 de marzo del año 2020, para que cumpla la pena impuesta y hasta la fecha no ha sido habido, por lo que deberá de actualizar dicha orden de captura para que surta los efectos legales correspondientes y se someta al proceso y al cumplimiento de la condena que le fue impuesto por el delito antes relacionado. De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, por cuanto la legislación vigente invocada por el revisionista no es más favorable su representado. "(Folios 45-47 vuelto del recurso de mérito).CONSIDERANDO (1): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (2): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO (3): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro (2024), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Saglul Alexander Lopez Castellanos, en representación del señor RAFAEL ALEX NAJERA JIMENEZ, como revisionista; y por adhesión la abogada Keila Gioconda Ramírez Fajardo en representación del señor DAVID ANTONIO TRIGUEROS FAJARDO; y, la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El abogado Saglul Alexander Lopez Castellanos funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. En síntesis, solicita que se estime el recurso de revisión de la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa en fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, contra el señor Rafael Alex Nájera Jiménez a quien se le condenó a una pena de siete años ocho meses de reclusión más el pago de una multa de trescientos setenta y siete mil setecientos setenta y siete lempiras con cuarenta y cinco centavos (L.377,777.45) por el delito de estafa en perjuicio de los señores Miguel Antonio Alvarenga y otros, en virtud de haberse declarado con lugar el recurso de casación por la Sala de lo Penal en fecha veinticuatro de octubre de dos mil tres; esta estimación en el recurso de casación fue mediante el Código Penal derogado, decreto 144-83; ahora en sus artículos 240 y 241, la pena de 7 años 8 meses, se estima al medio de la pena en el rango entre 6 a 9 años, que es a considerar por el perjuicio ocasionado que supera la cuantía de los cien mil lempiras; y de acuerdo a lo establecido en el Código Penal, se aplicara la ley más favorable, cuando si se estime atendiendo las disposiciones del articulo 615, en donde se desarrolla el principio de la retroactividad de igual manera, para lo delitos y faltas cuya ley resulte ser la mas favorable; y el articulo 616, en donde, son las circunstancias para poder apreciar el ámbito de comparación entre la ley penal derogada y la ley penal que entra en vigor, decreto 130-2017; que regula el delito de estafa en el articulo 365 con un rango de pena abstracta de 2 a 4 años de reclusión y obviamente no aprecia la multa; por ende, resulta ser más favorable la aplicación en el caso de la estafa, a efecto de que sea impuesta la pena concreta de 3 años, que ha sido el tercio medio estimado por la Sala de lo Penal en su momento. Por lo que, se considera que se debe declarar procedente la revisión y que se anule la sentencia con el único objeto de modificar la pena impuesta y se mantenga siempre el tipo penal de estafa y se imponga la pena dentro del rango abstracto de 2 a 4 años, atendiendo la cuantía que supera los L.5,000.00, de acuerdo a lo establecido en el artículo 365. De igual manera, la abogada Keila Gioconda Ramírez Fajardo, en representación del señor DAVID ANTONIO TRIGUEROS FAJARDO, funda su petición en que el nuevo código ofrece a su representado un beneficio que solo se aplica en materia penal, por lo tanto, se solicita se aplique el decreto 130-2017, ya que el referido señor, fue condenado por la Corte de Apelaciones Penal a una pena de 7 años 8 meses, y al otorgársele el beneficio, se le concede una pena mucho menor, ya que la pena anterior era de 6 a 9 años; y siendo que el mismo código establece que la pena favorable es mucho menor y que se aplico la pena intermedia, como ser 7 años 8 meses y en la actualidad la intermedia es de 3 años, se solicita se aplique el Código Penal vigente y se modifique la sentencia la pena en el sentido de se aplique lo que dice el actual código. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que el revisionista solicita la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, en virtud de las nuevas disposiciones contenidas en el actual Código Penal que le resultan mas favorables al sentenciado de conformidad a lo dispuesto en el articulo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Apreciándose que la Sala de lo Penal condenó a los señores RAFAEL ALEX NAJERA JIMENEZ Y DAVID ANTONIO TRIGUEROS FAJARDO a una pena de 7 años 8 meses de reclusión y multa de trescientos setenta y siete mil setecientos setenta y siete lempiras con cuarenta y cinco centavos (L.377,777.45) equivalente al 10% de lo defraudado, por encontrarse responsable de la comisión del delito de estafa, conducta penal que también se encuentra regulada en el Código Penal vigente en el articulo 365, que señala en el numeral 2, párrafo penúltimo: “El delito de estafa debe ser castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años si el valor de lo defraudado, excede de cinco mil lempiras; que relacionado con el artículo 366 del referido cuerpo legal numerales 3 y 6; deberá aumentarse en 2/3 por concurrir dos de las circunstancias agravantes contenidas en los numerales… 3)los hechos revisten especial gravedad por la cuantía defraudada y 6)los hechos se realizan por quien ostenta la condición de administrador de hecho o de derecho de una sociedad constituida o en formación; resultando una pena abstracta a aplicar de cuatro (4) a seis (6) años 8 meses. Por otra parte, de los autos se desprende que el condenado Rafael Alex Nájera Jiménez y David Antonio Trigueros Fajardo, se encuentra prófugo de la justicia, pues se ordenó se girara la respectiva orden de captura en fecha siete de marzo de dos mil veinte para que cumpla la pena impuesta y hasta la fecha no ha sido habido, por lo que deberá actualizar dicha orden de captura para que surta los efectos legales correspondientes y se someta al proceso y al cumplimiento de la condena que le fue impuesta por el delito antes relacionado. De ahí que se estima que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a ley, tal como lo dispone el artículo 96 Constitucional y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad penal, en consecuencia, el Ministerio Público se pronuncia porque no se otorgue la presente acción de revisión en los términos supra señalados. CONSIDERANDO (4): Del principio de legalidad y de las reglas generales y particulares de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. * Del principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 11.2), en la Declaración de los derechos y Deberes del Hombre (artículos 5 y 15), en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (artículo 9), en el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (artículos 6, 9 y 14), en el Código de Conducta Para Funcionarios Encargados de Hacer y Cumplir la Ley (artículo 1), así como en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades y la Carta Africana Sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. De igual modo, en la Constitución de la República de Honduras se establece en el artículo 84 que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. El Principio de Legalidad exige del legislador: a. Que formule las descripciones del delito del modo más preciso posible (Nullum crimen sine lege certa), y, b. Que las leyes no tengan efecto retroactivo (nullum crimen sine lege praevia), salvo cuando le sea más favorable al procesado o condenado. Por otra parte, exige del juzgador: a. Que sus condenas se basen en la ley escrita y no en el derecho consuetudinario (nullum crimen sine lege scripta) y, b. Que no amplíe la ley escrita en perjuicio del afectado (nullum crimen sine lege stricta), la llamada prohibición por analogía. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley que regula las mismas situaciones que la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría a su arbitrio contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad son: a. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; b. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o, c. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más favorable no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. En el texto del artículo 96 de la Constitución Política se establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente al momento del hecho; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior y por la cual estaba siendo juzgada o por la cual fue condenada la persona; y, c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; y, c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo, no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales en los siguientes casos: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. * Casos en que no procede la ponderación de norma penal más favorable. El nuevo Código Penal prevé una serie de prohibiciones respecto a la ponderación de la norma más favorable y, en su caso, la aplicación retroactiva de la norma penal sustantiva más favorable. Dichas prohibiciones son: a. Penas ejecutadas (artículo 622): No se hará revisión de penas ejecutadas completamente, salvo para efectos de alegar inexistencia de reincidencia en un nuevo proceso penal; b. Penas a cumplir en vacancia legal (artículo 622): No se hará revisión de las penas cuya fecha de cumplimiento este dentro del periodo de vacancia legal del cp-130-2017; c. Suspensión de la pena y libertad condicional (artículo 618): no se hará revisión de penas suspendidas condicionalmente y penas de personas en libertad condicional conforme el VCP 144-1983, salvo reactivación de la pena por incumplimiento del beneficio; y, d. Responsabilidad civil derivada del delito (artículo 626): La despenalización del delito no afectará los procesos pendientes y los pronunciamientos firmes respecto a la responsabilidad civil derivada. * Reglas generales de ponderación El Código Penal 130-2017 prevé una serie de reglas generales que deben de observarse en el proceso de ponderación ya sea en primera instancia como en la resolución de recursos devolutivos. Dichas reglas generales son: a) Proceso contradictorio: El proceso de ponderación debe de realizarse de manera contradictoria; el artículo 616 indica que es obligatorio emplazar siempre a la persona procesada o condenada, así como a las demás partes, para la celebración de una audiencia que tenga tal efecto. Es excepción de esto los procesos que se encuentren en trámite de un recurso devolutivo, cuyo emplazamiento este hecho por la ley al disponerse la presentación de un escrito supletorio; b) Prohibición de fragmentación: El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (artículo 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera confrontación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 versus todas las normas del Código 130-2017; c) Penas conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (artículo 617 NCP); d) Extinción de la pena por cumplimiento: El artículo 621 indica que el juzgado de ejecución deberá de declarar extinguida la pena y ordenará la libertad inmediata de la persona cuando conforme el NCP144-83 haya cumplido una pena superior a la que señala para ese mismo delito por el NCP130-2017. Es pues que el supuesto requiere: i. Identidad en el tipo de Pena entre ambos cuerpos normativos; y ii. Que se trate de penas no concursadas. Cuando no se cumplan estas dos reglas se deberá de seguir con el procedimiento respecto a penas de distinta naturaleza o penas concursadas; e) Atipicidad: De acuerdo con el párrafo segundo del artículo 615 del NCP, los hechos tipificados como delitos en el VCP pero que no encuentren su réplica en la nueva codificación, deben de motivar el dictado de un sobreseimiento definitivo en las causas penales activas y la declaratoria de cesación de cumplimiento de pena en las sentencias condenatorias firmes que se estén ejecutando. El sobreseimiento puede ser dictado en cualquier etapa del proceso, siendo la excepción a la regla de que la ponderación se debe de reservar para el momento del juzgamiento; f) Penas privativas de libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (artículo 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentra dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (artículo 621); g) Pena de multa: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa. La aplicación retroactiva se realizará excepcionalmente cuando: i. No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y ii. la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (artículo 619). En caso de encontrar un delito o falta en el VCP coincidente en el supuesto de hecho con uno previsto en el NCP, y que ambos sancionen con multa; y que además proceda la excepción antes explicada, se procederá a la conversión, cuyas reglas son las siguientes: i. Cada salario mínimo impuesto como pena de multa por el VCP144-83 equivaldrá a 10 días multa regulados por el NCP130-2017; ii. Si la pena de multa impuesta por el VCP144-83 es por una cantidad fija, se procederá a realizar la comparación cuantitativa entre ésta y la pena de multa que corresponda conforme el NCP130-2017; h) Penas privativas de derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (artículo 620); y, i) Medidas de seguridad: Respecto a las medidas de seguridad impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (artículo 625). *Reglas particulares de ponderación: penas concursadas y penas no concursadas. A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta con base al rigor del VCP 144-83, lo que incluye establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: * Concurso ideal. Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un concurso ideal (artículo 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017. Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; b. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o c. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i. Limite subjetivo, ii. Limite objetivo ordinario; y, iii. Limite objetivo extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. *Delito continuado. En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (artículo 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (artículo 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el concurso ideal. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: a. En primera instancia: a. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá qué codificación es la más beneficiosa; o b. En segunda instancia y única instancia: La comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicará la pena que le sea más favorable al procesado y con ello se definirá que cuerpo normativo corresponde aplicar. *Concurso real. Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa. Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: i. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y, ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o iii. Para hacer efectivo el limite subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: *. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; **. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. b. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: i. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. ii. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: *. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; **. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; ***. Si el concurso real está compuesto por penas conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. *Concurso medial El concurso medial desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un concurso medial (artículo 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, explicado ut supra; b. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; c. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas. *Penas conjuntas no concursadas. Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, por tanto, en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás.CONSIDERANDO (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.CONSIDERANDO (7): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena.CONSIDERANDO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. (Lo negrito y subrayado es nuestro). CONSIDERANDO (9): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a los señores Rafael Alex Nájera Jiménez y David Antonio Trigueros Fajardo a la pena principal de siete (7) años ocho (8) meses de reclusión más una pena de multa de trescientos setenta y siete mil setecientos setenta y siete lempiras con cuarenta y cinco centavos (L.377,777.45) equivalente al 10% de lo defraudado, por encontrarse responsables de la comisión del delito de estafa, en perjuicio de los señores Miguel Antonio Alvarenga, Emely Romero, Mirna Iglesias Hernández, Amanda Valencia Torres, Eva Lidia Elvir de Callizo, Maria de la Paz Ordoñez Andino, Ramona Alejandra Morán Méndez, Eleaquin Maldonado Bardales, Gonzalo Paz Suazo, Maria Cecilia Mena Baide, Francisco José Vallecillo Serrano, Hortensia Valle, Cristina C. de Gómez y otros; más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de los impetrantes, que, en la sentencia condenatoria firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos 240 y 241 del Código Penal derogado Decreto 144-83, estimando que la acción ejecutada por los imputados se subsume en el tipo penal de ESTAFA en perjuicio de los señores Miguel Antonio Alvarenga, Emely Romero, Mirna Iglesias Hernández, Amanda Valencia Torres, Eva Lidia Elvir de Callizo, Maria de la Paz Ordoñez Andino, Ramona Alejandra Morán Méndez, Eleaquin Maldonado Bardales, Gonzalo Paz Suazo, Maria Cecilia Mena Baide, Francisco José Vallecillo Serrano, Hortensia Valle, Cristina C. de Gómez y otros. La conducta por la cual fueron condenados los señores Rafael Alex Nájera Jiménez y David Antonio Trigueros Fajardo, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de estafa (artículo 365), cuyas penas principales son: prisión de dos (2) a cuatro (4) años si el valor de lo defraudado excede de cinco mil lempiras; pena que deberá aumentarse en 1/3 por concurrir dos de las circunstancias agravantes contenidas en el artículo 366 numerales… 3)los hechos revisten especial gravedad por la cuantía defraudada y 6)los hechos se realizan por quien ostenta la condición de administrador de hecho o de derecho de una sociedad constituida o en formación; resultando una pena abstracta a aplicar de cuatro (4) a seis (6) años 8 meses. III. Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto procede la aplicación retroactiva de una norma favorable en relación a una derogada y plasmada en la sentencia convirtiéndose en cosa juzgada; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO (10): I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme al Código Penal Derogado Decreto 144-83, la pena a imponer por el delito de ESTAFA era reclusión de seis (6) a nueve (9) años y multa igual al diez por ciento (10%) del valor defraudado, y por tratarse de un DELITO CONTINUADO se aplicó al sentenciado lo establecido en el artículo 37, segundo párrafo de dicho Código Penal derogado, es decir la pena más grave aumentada en dos tercios, por lo que el rango de la pena a imponer era de diez (10) a quince (15) años de reclusión, al cual se le aplicó la pena mínima, es decir, diez (10) años de reclusión, más multa equivalente al diez por ciento (10%)del valor defraudado y las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. En cuanto al Código Penal Vigente Decreto 130-2017 regula el delito de ESTAFA en el artículo 365 que literalmente dice: “Comete estafa quien, con ánimo de lucro, utiliza engaño suficiente para producir error en otro y le induce a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. El artículo 366 establece: Agravantes Especificas. Las penas previstas en este capítulo se deben aumentar en un tercio (1/3) si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 1)…, 2)…, 3) Los hechos revisten especial gravedad por la cuantía defraudada; 4)…, 5)…, 6) Los hechos se realizan por quien ostenta la condición de administrador de hecho o de derecho de una sociedad constituida o en formación. En caso de concurrir dos o mas de las circunstancias anteriores las penas se podrán incrementar hasta en dos tercios (2/3). Es decir que el Código Penal Vigente Decreto 130-2017 para la acción típica realizada por los sentenciados regula una pena abstracta de dos (2) a cuatro (4) años prisión más el aumento de dos tercios (2/3) por la concurrencia de las dos agravantes. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código benefician a los encausados, siendo que el marco abstracto de penas a aplicar es inferior en relación al Código Penal 144-83, por lo que procederemos a examinar las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. II. Que, en cuanto a la concurrencia de concurso de delitos que implique el aumento o disminución en grados de la pena abstracta, en ese sentido, el juzgador ha determinado la concurrencia de un delito continuado, consecuentemente, de conformidad a lo que establece el artículo 68 del Nuevo Código Penal decreto 130-2017 al autor de un delito continuado debe castigársele con la imposición de la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3), dando como resultado una pena abstracta de CUATRO (4) AÑOS a CINCO (5) AÑOS, CUATRO (4) MESES DE PRISION. IV. El Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, impuso la pena aumentada en un tercio por la concurrencia de dos agravantes en el delito sindicado, en virtud de lo cual procedería la imposición de pena en los mismos términos; en atención a ello, la pena a imponer a los señores RAFAEL ALEX NAJERA JIMENEZ y DAVID ANTONIO TRIGUEROS FAJARDO sería de CINCO (5) AÑOS CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN. CONSIDERANDO (11): I. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, esta Sala estima, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de los señores RAFAEL ALEX NAJERA JIMENEZ y DAVID ANTONIO TRIGUEROS FAJARDO de una norma vigente que le resulta más benigna. II. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado SAGLUL ALEXANDER LOPEZ CASTELLANOS a favor del RAFAEL ALEX NAJERA JIMENEZ; y por adhesión por la abogada KEILA GIOCONDA RAMIREZ FAJARDO, a favor del señor DAVID ANTONIO TRIGUEROS FAJARDO; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el JUZGADO DE EJECUCION DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil diecinueve (2019); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil diecinueve (2019), en el único sentido de reformar la pena impuesta a los señores RAFAEL ALEX NAJERA JIMENEZ y DAVID ANTONIO TRIGUEROS FAJARDO, por el delito de ESTAFA, en perjuicio de los señores Miguel Antonio Alvarenga, Emely Romero, Mirna Iglesias Hernández, Amanda Valencia Torres, Eva Lidia Elvir de Callizo, Maria de la Paz Ordoñez Andino, Ramona Alejandra Morán Méndez, Eleaquin Maldonado Bardales, Gonzalo Paz Suazo, Maria Cecilia Mena Baide, Francisco José Vallecillo Serrano, Hortensia Valle, Cristina C. de Gómez y otros, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor RAFAEL ALEX NAJERA JIMENEZ de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ESTAFA a la pena de CINCO (5) AÑOS CUATRO MESES DE PRISIÓN. Más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Más la responsabilidad civil como consecuencia de su responsabilidad penal. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. SEGUNDO: CONDENANDO al señor DAVID ANTONIO TRIGUEROS FAJARDO de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ESTAFA a la pena de CINCO (5) AÑOS CUATRO MESES DE PRISIÓN. Más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Más la responsabilidad civil como consecuencia de su responsabilidad penal. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA DE LO SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitres días del mes de septiembre de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha veinticinco de junio de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-0140-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL