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Sentencia RP-1398-21 — Registro 19318

Resumen

Se interpone recurso de revisión de la sentencia definitiva de condena, en relacion al juicio seguido por delito de Lavado de Activos; por entrada en vigencia de legislación mas favorable.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Esta Sala considera que el caso sub júdice no se subsume en el causal número 8 del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, ello es así porque nos encontraríamos ante un supuesto que resulta contrario a los lineamientos establecidos en el artículo 622 del Código Penal decreto 130-2017, que, en relación a los parámetros de Revisión establece: “Penas Ejecutadas, Pronunciamientos pendientes de Ejecución, Reincidencia y Reemplazo. No se revisarán las penas ya ejecutadas completamente sin perjuicio de que el Órgano Jurisdiccional competente que en el futuro pudiera tenerlas en cuenta a efectos de reincidencia, deba examinarlas previamente para comprobar tanto si el hecho que fue objeto de la condena ha dejado de ser delito, como si hubiera podido corresponderle menor pena conforme al presente Código. En relación a condenas anteriores por delitos que en virtud de las modificaciones de cuantías han quedado convertidos en faltas, tales antecedentes son apreciables a efectos de reincidencia. Tampoco se revisará la pena en aquellos supuestos en que el término de su cumplimiento esté previsto con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Código. En los casos en que la pena esté ejecutada, aunque queden pendientes algunos otros pronunciamientos de fallo, tampoco se revisará la pena. No se revisará la pena cuando, en el caso de los extranjeros, la pena se haya sustituido por la expulsión del territorio nacional”. Por lo estatuido en la norma sustantiva sobre el ámbito de la Revisión, no es procedente la revisión de las penas ya ejecutadas completamente, tal y como sucede en el caso bajo estudio, en el que se benefició a la condenada con la aplicación de la Conmuta de Pena de Reclusión por pago en efectivo de dinero, obteniendo Carta de Libertad Definitiva en fecha seis de noviembre del año dos mil diecinueve; en este orden de ideas la retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena; siendo una condición exigida para la procedibilidad de la revisión de la pena, que la misma no haya sido ejecutada en forma total. Bajo estas premisas no procede la Revisión Penal por vía constitucional, quedando a salvo que el recursista pueda solicitar lo que corresponda en instancia siempre y cuando no sea revisión de la sentencia tal y como está configurada en la Constitución de la República y la Ley Sobre Justicia Constitucional. Como corolario de lo anterior, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión a favor de la señora CARMEN ALEJANDRA MORALES SARMIENTO..."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 y 99 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de abril del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado ANDRES WILFREDO URTECHO JEAMBORDE, a favor de la señora CARMEN ALEJANDRA MORALES SARMIENTO, contra la sentencia dictada por el CARMEN ALEJANDRA MORALES SARMIENTO, en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), en relación a la causa que se instruyó contra la señora CARMEN ALENDRA MORALES SARMIENTO, quien fue condenada por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. 1) Que en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil diecisiete (2017), los Agentes Fiscales del Ministerio Público, Abogados LUIS JAVIER SANTOS CRUZ Y VERA BARAHONA HERRERA, comparecieron ante el Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores JORGE ALBERTO BARRALAGA HERNANDEZ, REYNA ELIZABETH AYALA REYES, JORGE ALBERTO BARRALAGA RIVERA, CARMEN ALEJANDRA MORALES SARMIENTO, JOSE SANTIAGO BARRALAGA HERNANDEZ, EDITH XIOMARA ROCAS PEREZ Y MONTSE PAOLA FRAGA DUARTE, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios del 1-35 del Tomo I del testimonio de la pieza de antecedentes del A-quo).2) Que continuado que fue el proceso, en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial en Materia Penal a Nivel Nacional, dictó Sentencia Definitiva mediante el procedimiento Abreviado en la cual Falló: (Sic) “PRIMERO: CONDENANDO a la ciudadana CARMEN ALEJANDRA MORALES SARMIENTO, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, a una pena de CUATRO (4) AÑOS SEIS (6) MESES DE RECLUSION, MAS LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena.- Quedando sujetos a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario.- SEGUDNO: Se ordena el COMISO de dinero en efectivo consistentes en la cantidad de Ochocientos Treinta y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con Setenta y Nueve Centavos (L 837,544.79) Que se encuentran asegurados en las cuentas bancarias que se detallan a continuación… TERCERO: Así como ordenar el comiso de los siguientes Sociedades Mercantiles que a continuación se detallan:… CUARTO: Así como ordenar el comiso de los siguientes vehículos que a continuación se detallan:… TERCERO: En relación al comiso de las Sociedades Mercantiles Transportes Barralaga S.A. y Transportes MAJAB, su afectación es en base a la parte social que le corresponde a la señora CARMEN ALEJANDRA MORALES SARMIENTO, excluyendo la parte social que le corresponde a los demás socios de dichas sociedades mercantiles. CUARTO: Se declara la responsabilidad civil de la imputada CARMEN ALEJANDRA MORALES SARMIENTO, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. QUINTO: La sentencia condenatoria comprenderá el comiso y el pago de las costas en los casos en que sea aplicable. SEXTO: No procede la condena en costas personales ni procesales. SEPTIMO: Quedan notificadas las partes de la presente Sentencia…” (Folios del 820-824 del Testimonio del Tomo II de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que en fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, el Abogado DARWIN LINDOLFO GARCÍA, en su condición de Defensor Privado de la señora CARMEN ALEJANDRA MORALES SARMIENTO, solicitando la aplicación del Beneficio de Conmuta, la cual seria pagada en efectivo a favor de la condenada. (Folios 834-835 del Testimonio del Tomo II de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) Que en fecha seis (6) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), se celebró Audiencia de Conmuta de Pena de Reclusión por Pago de Dinero en efectivo, dictando el Juzgado de Ejecución Penal con Jurisdicción Nacional, sentencia interlocutoria, mediante la cual resolvió: (Sic) “PRIMERO: Declarar Con Lugar, la Solicitud de Conmuta de Pena de Reclusión por Pago en Efectivo Dinero a favor de la señora CARMEN ALEJANDRA MORALES SARMIENTO; con identidad número 0801-1987-11790. SEGUNDO: Se fija como cuantía del pago de la conmuta de la pena de reclusión de CUATRO (4) AÑOS, SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN la cantidad de QUINCE MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 15,050.00), siendo esta la cantidad de dinero que deberá pagar la sentenciada. TERCERO: Extender recibo oficial de pago, cantidad que deberá hacer efectiva en la institución del Sistema Financiero Nacional que la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas haya autorizado para tal efecto. CUARTO: Extender carta de Libertad Definitiva a su favor, una vez se haya acreditado el pago respectivo, haciendo las advertencias de ley a la Beneficiada así mismo se hace saber a las partes procesales que la presente resolución es sujeta a los recursos legales y en los términos señalados. – se cierra la presente audiencia a efectos de dictar resolución y se notifique a las partes que intervienen…” (Folios del 854-857fv del Testimonio del Tomo II de la pieza de antecedentes del A-quo)5) Que en fecha seis de diciembre del año dos mil veintiuno, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado ANDRES WILFREDO URTECHO JEAMBORDE, presentando recurso de revisión penal a favor de la señora CARMEN ALEJANDRA MORALES SARMIENTO, contra la sentencia condenatoria de fecha veintiuno de octubre del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial en Materia Penal a Nivel Nacional, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables contenidas en el Decreto 93-2021, que despenaliza la conducta por el delito de Lavado de Activos, se proceda en consecuencia a modificar el fallo, absolviendo de toda responsabilidad penal a su poderdante. (Folios del 1-8 de los autos). 6) Que en fecha nueve de mayo del año dos mil veinticuatro, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo constitucional, habiendo comparecido el Abogado ANDRES WILFREDO URTECHO JEAMBORDE, en su condición de apoderado legal de la señora CARMEN ALEJANDRA MORALES SARMIENTO y la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; habiendo manifestando el recurrente que ratifica lo expresado en el recurso de revisión presentado y solo se desea puntualizar aspectos relevantes de la sentencia y consideraciones sustantivas del derecho penal en relación con la pretensión de esa defensa.- Cedida que le fue la palabra, la representante del Ministerio Público, argumenta que del examen de los antecedentes, se aprecia que el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, condenó a la señora CARMEN ALEJANDRA MORALES SARMIENTO a la pena de cuatro (04) años, seis (06) meses de reclusión como autora del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, sin embargo de los antecedentes se desprende que la hoy sentenciada Conmutó la pena impuesta y obtuvo su Carta de Libertad Definitiva, por ende y conforme al artículo 622 del Código Penal vigente, no procede la solicitud de Recurso de revisión, en virtud que no son susceptibles de revisión las penas ya ejecutadas; concluyendo en su Opinión “QUE SE DENIEGUE la solicitud de Revisión presentada conforme a los argumentos que anteceden…”. (Folios del 46-48fv de los autos) CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos de la Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. La garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista en su escrito de interposición del Recurso señala que en el caso bajo examine, su representada fue condenada en proceso abreviado, por la comisión del delito de Lavado de Activos, tal y como se puede extraer del hecho que el Órgano Jurisdiccional estimó como probado, una vez valorada la prueba allegada al proceso, por no contar con justificación legal de la cantidad que asciende a: (Sic) “Cinco millones setecientos diez mil cuatrocientos quince lempiras con noventa y cinco centavos”, supuesto que la referida norma actualmente no contempla, pues se eliminó de su contenido el extremo que refiere a lo siguiente: “o que no tengan causa o, justificación económica o licita de su procedencia…”. Es decir la conducta que se le imputó a su representada ya no está incluida en el tipo penal de lavado de activos y claramente se puede también advertir que el cuadro fáctico establecido por el sentenciador, tampoco señala que los bienes que fueron estimados como propiedad de su mandante, provienen de unos de los delitos fuente, a los que hace alusión la norma sustantiva, pues el Ministerio Público, como ente titular de la acción pública, en procura o defensa en este caso de los intereses de la sociedad, nunca pudo allegar al proceso, medios probatorios que permitieran constatar por parte del sentenciador, que su representada haya obtenido sus bienes de las actividades ilícitas antes enunciadas, razones por las cuales de debe absolver de toda responsabilidad penal a la señora Carmen Alejandra Morales Sarmiento, pues con la mencionada reforma, su situación jurídica cambia drásticamente, al no estar contemplado como conducta delictiva el hecho estimado como acreditado. -Subrayado añadido- CONSIDERANDO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición y presentación de pruebas. Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas se celebró en fecha nueve de mayo del año dos mil veinticuatro, ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado ANDRÉS WILFREDO URTECHO JEAMBORDE, como garantista a favor de la señora CARMEN ALEJANDRA MORALES SARMIENTO y la abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCÍA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Se le cedió la palabra al abogado ANDRÉS WILFREDO URTECHO JEAMBORDE, quien expresa que esa defensa ratifica lo expresado en el recurso de revisión presentada y solo se desea puntualizar aspectos relevantes de la sentencia y consideraciones sustantivas del derecho penal en relación con la pretensión de esa defensa. Se cumple el requisito establecido en el artículo 96 numeral 9 de la Ley sobre Justicia Constitucional, en relación con la retroactividad de la ley penal, así como el artículo 616 del Código Penal Decreto 130-2017; es totalmente claro porque la sentencia no establece en ninguna de sus partes, ningún delito precedente como lo exige el artículo 439 en su reforma de acuerdo con el Decreto Legislativo 93-2021, no existe por consiguiente origen ilícito de los recursos encontrados en poder de su defendida. El Decreto 93-2021 eliminó del artículo 439 el último párrafo que establecía “o que no tenga causa de justificación económica o licita de su procedencia”.- Seguidamente se le cedió la palabra a la Fiscal del Ministerio Público Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA, quien en su análisis jurídico hace referencia a los artículos 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 615, 616 y 622 del nuevo Código Penal; expresando que: (Sic) “Del examen de los antecedentes, se aprecia que el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, condenó a la señora CARMEN ALEJANDRA MORALES SARMIENTO a la pena de cuatro (04) años, seis (06) meses de reclusión como autora del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, sin embargo de los antecedentes se desprende que la hoy sentenciada Conmutó la pena impuesta y obtuvo su Carta de Libertad Definitiva, por ende y conforme al artículo 622 del Código Penal vigente, no procede la solicitud de Recurso de Revisión, en virtud que no son susceptibles de revisión las penas ya ejecutadas. III. OPINIÓN: El Ministerio Público, con base a lo antes expuesto, es del parecer QUE SE DENIEGUE la solicitud de Revisión presentada conforme los argumentos que anteceden…” (Folios del 46-48fv de los autos) CONSIDERANDO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. CONSIDERANDO (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b)Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO (7): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a)Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. B) Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. C)La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…".Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO (8): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…” CONSIDERANDO (9): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es nuestro CONSIDERANDO (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (11): FUNDAMENTACIÓN DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente la señora CARMEN ALEJANDRA MORALES SARMIENTO fue condenada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial en Materia Penal a Nivel Nacional, mediante sentencia definitiva y firme de fecha veintiuno de octubre del año dos mil diecinueve, a través de la figura procesal del Procedimiento Abreviado por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, a la PENA PRINCIPAL de CAUTRO (4) AÑOS, SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena; la sentencia ordena también el COMISO de dinero en efectivo consistente en la cantidad de Ochocientos treinta y siete mil, quinientos cuarenta y cuatro lempiras, con setenta y nueve centavos (L. 837,544.79) y de las sociedades mercantiles Transportes Barralaga S.A. y Transportes MAJAB, en base a la parte social que le corresponde a la señora Carmen Alejandra Morales Sarmiento, excluyendo la parte social que le corresponde a los demás socios. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes, que la Defensa de la señora CARMEN ALEJANDRA MORALES SARMIENTO, solicitó en fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), la aplicación del beneficio de Conmuta, la que fue resuelta en Audiencia de fecha seis de noviembre del mismo año dos mil diecinueve, dictando Sentencia Interlocutoria declarando Con Lugar la solicitud de Conmuta de Pena de Reclusión por Pago en efectivo de Dinero; resolviendo en el ordinal cuarto de la sentencia referida extender Carta de Libertad Definitiva a favor de la condenada, una vez se haya acreditado el pago respectivo; observando a folio 860 del Tomo II, del testimonio de la pieza de los antecedentes Carta de Libertad Definitiva, a favor de la señora Carmen Almendra Morales Sarmiento, en virtud de haberle concedido el Beneficio de Conmuta de la pena de Reclusión por pago de dinero en efectivo, en la causa penal que se le instruyó y condenó por el delito de Lavado de Activos, en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras. III- Esta Sala considera que el caso sub júdice no se subsume en el causal número 8 del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, ello es así porque nos encontraríamos ante un supuesto que resulta contrario a los lineamientos establecidos en el artículo 622 del Código Penal decreto 130-2017, que, en relación a los parámetros de Revisión establece: “Penas Ejecutadas, Pronunciamientos pendientes de Ejecución, Reincidencia y Reemplazo. No se revisarán las penas ya ejecutadas completamente sin perjuicio de que el Órgano Jurisdiccional competente que en el futuro pudiera tenerlas en cuenta a efectos de reincidencia, deba examinarlas previamente para comprobar tanto si el hecho que fue objeto de la condena ha dejado de ser delito, como si hubiera podido corresponderle menor pena conforme al presente Código. En relación a condenas anteriores por delitos que en virtud de las modificaciones de cuantías han quedado convertidos en faltas, tales antecedentes son apreciables a efectos de reincidencia. Tampoco se revisará la pena en aquellos supuestos en que el término de su cumplimiento esté previsto con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Código. En los casos en que la pena esté ejecutada, aunque queden pendientes algunos otros pronunciamientos de fallo, tampoco se revisará la pena. No se revisará la pena cuando, en el caso de los extranjeros, la pena se haya sustituido por la expulsión del territorio nacional”. Por lo estatuido en la norma sustantiva sobre el ámbito de la Revisión, no es procedente la revisión de las penas ya ejecutadas completamente, tal y como sucede en el caso bajo estudio, en el que se benefició a la condenada con la aplicación de la Conmuta de Pena de Reclusión por pago en efectivo de dinero, obteniendo Carta de Libertad Definitiva en fecha seis de noviembre del año dos mil diecinueve; en este orden de ideas la retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena; siendo una condición exigida para la procedibilidad de la revisión de la pena, que la misma no haya sido ejecutada en forma total. Bajo estas premisas no procede la Revisión Penal por vía constitucional, quedando a salvo que el recursista pueda solicitar lo que corresponda en instancia siempre y cuando no sea revisión de la sentencia tal y como está configurada en la Constitución de la República y la Ley Sobre Justicia Constitucional. Como corolario de lo anterior, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión a favor de la señora CARMEN ALEJANDRA MORALES SARMIENTO. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal en virtud de haberse ejecutado completamente la pena impuesta. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; FALLA: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado ANDRÉS WILFREDO URTECHO JEAMBORDE, a favor de la señora CARMEN ALEJANDRA MORALES SARMIENTO; Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo.-NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha diez de abril del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1398-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL