Sentencia RP-1396-22 — Registro 19316
Resumen
Recurso de revisión contra la sentencia condenatoria por los delitos de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de testigo protegido APOLO; robo agravado continuado, y privación injusta de la libertad, en perjuicio de testigos protegidos.No es procedente la aplicación retroactiva de la ley porque se acordó el procedimiento de estricta conformidad acordada por las partes, siendo imposible realizar valoración alguna de elementos probatorios.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
ONSIDERANDO (13): La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al ciudadano VÍCTOR MANUEL VALLADARES RAMOS y el Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal, permiten determinar que, este último prevé sanciones más gravosas para los delitos de Robo Agravado y Privación Ilegal de la Libertad, al concurrir circunstancias agravantes específicas; no obstante, al tratarse de un concurso real la comparación de penas debe realizarse en forma global, no siendo procedente en el caso sub júdice, la comparación de penas en forma global, al superarse el límite de treinta años que señala la norma penal -Art. 616- en la sumatoria de penas que pudieran ser impuestas con el nuevo Código Penal, por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal en favor del ciudadano VÍCTOR MANUEL VALLADARES RAMOS; aunado a ello el peticionario solicita modificar la acción típica antijuridica del delito de Robo Agravado Continuado, por la de Tentativa de Robo Agravado, petición que no procede en relación a los fundamentos de derecho invocados a efecto de revisar la sentencia relacionada y haberse dictado la misma en atención a la Estricta Conformidad entre las partes, en consecuencia como bien lo señala la sentencia en el apartado intitulado “VALORACIÓN DE LA PRUEBA”, el procedimiento ordinario queda truncado por la Estricta Conformidad acordada por las partes, siendo imposible realizar valoración alguna de elementos probatorios. "
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
ONSIDERANDO (13): La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al ciudadano VÍCTOR MANUEL VALLADARES RAMOS y el Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal, permiten determinar que, este último prevé sanciones más gravosas para los delitos de Robo Agravado y Privación Ilegal de la Libertad, al concurrir circunstancias agravantes específicas; no obstante, al tratarse de un concurso real la comparación de penas debe realizarse en forma global, no siendo procedente en el caso sub júdice, la comparación de penas en forma global, al superarse el límite de treinta años que señala la norma penal -Art. 616- en la sumatoria de penas que pudieran ser impuestas con el nuevo Código Penal, por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal en favor del ciudadano VÍCTOR MANUEL VALLADARES RAMOS; aunado a ello el peticionario solicita modificar la acción típica antijuridica del delito de Robo Agravado Continuado, por la de Tentativa de Robo Agravado, petición que no procede en relación a los fundamentos de derecho invocados a efecto de revisar la sentencia relacionada y haberse dictado la misma en atención a la Estricta Conformidad entre las partes, en consecuencia como bien lo señala la sentencia en el apartado intitulado “VALORACIÓN DE LA PRUEBA”, el procedimiento ordinario queda truncado por la Estricta Conformidad acordada por las partes, siendo imposible realizar valoración alguna de elementos probatorios. "
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de mayo del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado HERNAN EDUARDO CACERES ISCOA, a favor del señor VICTOR MANUEL VALLADARES RAMOS, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce (12) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), en relación a la causa que se instruyó contra el señor VICTOR MANUEL VALLADARES RAMOS, quien fue condenado por los delitos de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO APOLO; ROBO AGRAVADO CONTINUADO, en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS SÓCRATES, ZEUS y ARISTÓTELES; y PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS SÓCRATES, ZEUS, ARISTÓTELES y LOBO DEL AIRE.(TST/FM (5) 629-2015). A N T E C E D E N T E S 1) En fecha siete (07) de agosto del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la abogada LESLY MARGARITA LÓPEZ CASTELLANOS, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal en contra de los señores FRANCISCO ANTONIO CASTRO MONTOYA y VICTOR MANUEL VALLADARES, por suponerlos responsables de los delitos de: 1) ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO APOLO; 2) ROBO AGRAVADO CONTINUADO, en perjuicio de BANASUPRO, TESTIGOS PROTEGIDOS SÓCRATES, APOLO, ARISTÓTELES Y ZEUS, AMBOS DELITOS EN CONCURSO IDEAL; 3) PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS SÓCRATES, APOLO, ARISTÓTELES Y ZEUS; 4) PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD Y COACCIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO LOBO DEL AIRE; 5) ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO, en perjuicio de BANASUPRO; asimismo 6) Contra FRANCISCO ANTONIO CASTRO MONTOYA, por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, y 7) Contra VÍCTOR MANUEL VALLADARES RAMOS, por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, todos estos en concurso real. (Folios del 2-7 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que en fecha doce (12) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, dictó sentencia por Estricta Conformidad entre las partes, mediante la cual falló: (Sic) “ PRIMERO: Absolver a los señores FRANCISCO ANTONIO CASTRO MONTOYA Y VICTOR MANUEL VALLADARES RAMOS de los delitos de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL Y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: Absolver a Los señores FRANCISCO ANTONIO CASTRO MONTOYA Y VICTOR MANUEL VALLADARES RAMOS del delito de COACCION en perjuicio del testigo protegido LOBO DEL AIRE. TERCERO: Condenar a los señores FRANCISCO ANTONIO CASTRO MONTOYA Y VICTOR MANUEL VALLADARES RAMOS, de generales anteriormente descritas, como autores responsables de un delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO APOLO, por lo que se les impone a cada uno de ellos la pena de DIEZ (10) años de reclusión la cual cumplirá en el centro de reclusión del sistema penitenciario nacional que elija el Juez de ejecución competente, imponiéndoseles a la vez la pena de inhabilitación absoluta durante el tiempo de duración de la pena de reclusión por la cual se les condena. CUARTO: Condenar a los señores FRANCISCO ANTONIO CASTRO MONTOYA Y VICTOR MANUEL VALLADARES, de generales anteriormente descritas, como autores responsables de delito continuado de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDOS SOCRATES, ZEUS Y ARISTOTELES, por lo que se les impone a cada uno de ellos la pena de ONCE (11) AÑOS, SEIS (6) MESES, DIEZ (10) DIAS DE RECLUSIÓN, la cual cumplirán en el centro de reclusión del sistema penitenciario nacional que elija el Juez de ejecución competente, imponiéndosele a la vez la pena de inhabilitación absoluta durante el tiempo de duración de esta pena de reclusión por la cual se les condena. QUINTO: Condenar a los señores FRANCISCO ANTONIO CASTRO MONTOYA Y VICTOR MANUEL VALLADARES RAMOS de generales anteriormente descritas, como autores responsables del delito de PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS SOCRATES, ZEUS, ARISTOTELES Y LOBO DEL AIRE, por lo que se les impone a cada uno de ellos la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSION, la cual cumplirán en el centro de reclusión del sistema penitenciario nacional que elija el juez de ejecución competente, imponiéndoseles a la vez la pena de inhabilitación especial durante el tiempo de duración de esta pena por la cual se les condena. SEXTO: Se declaran responsables civilmente a los acusados FRANCISCO ANTONIO CASTRO MONTOYA Y VICTOR MANUEL VALLADARES RAMOS como consecuencia de su responsabilidad penal apreciada por este Tribunal en la presente sentencia por cada uno de los delitos por los cuales se les impone penas de reclusión, por lo que en cuanto al robo agravado continuado deberán restituir los bienes desapoderados a las víctimas o indemnizarles los perjuicios ocasionados si resulta imposible la restitución de dichos bienes, y con respecto a los otros delitos la responsabilidad civil consistirá e indemnizar a las víctimas de los perjuicios ocasionados mediante los hechos por los cuales se les condena. SEPTIMO: Se declara no ha lugar la condena de los señores FRANCISCO ANTONIO CASTRO MONTOYA Y VICTOR MANUEL VALLADARES RAMOS al pago de costas procesales y/o personales. OCTAVO: El Tribunal no se pronuncia sobre el comiso de las armas de fuego utilizadas en la comisión de los hechos por no haber sido puestas a disposición de este Tribunal…” (Folios del 148-151fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) En fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justica el Abogado HERNAN EDUARDO CÁCERES ISCOA, interponiendo Recurso de Revisión Penal a favor del señor VÍCTOR MANUEL VALLADARES RAMOS, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando modificar la acción típica antijurídica del delito de Robo Agravado continuado por la de Tentativa de Robo agravado a favor del condenado VICTOR MANUEL VALLADARES RAMOS, aplicando el beneficio de la retroactividad de la ley penal, la revisión de la condena y nuevo cálculo de pena concreta. (Folios del 1-3 de los autos) 4) En fecha catorce (14) de septiembre del año do mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante LUIS ALONZO DISCUA CERRATO, con la comparecencia de la Abogada SOBEIDA ISABEL ZAPATA GRANDE, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y del Abogado HERNAN EDUARDO CACERES ISCOA, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor VÍCTOR MANUEL VALLADARES RAMOS; en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; y habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), la representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión. (Folios del 22-26 de los autos) CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista solicita se revise la condena y se realice un nuevo conteo de la misma y en su defecto la modificación del tipo penal, por los hechos que anteriormente se detallaron, en consecuencia el nuevo cálculo realizado por esa representación privada sería de la siguiente manera: De (2-4)+1/3= (Mínima 4 años de reclusión, máxima 5 años de reclusión con 4 meses lo que indudablemente favorece al señor Víctor Manuel Valladares Ramos, el cual fue condenado a Once (11) años seis (06) meses Diez (10) días, ya que el artículo 218 del Código Penal anterior decreto 144-83, se castigaba dicha conducta con una pena de 5 a 9 años de prisión; siendo el caso que el Código Penal actual Decreto 130-2017, la pena disminuye. CONSIDERANDO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas se celebró en fecha catorce de septiembre del año dos mil veintitrés, ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Hernan Eduardo Cáceres Iscoa, como garantista a favor del señor Víctor Manuel Valladares Ramos y la abogada Sobeida Isabel Zapata Grande, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra a la parte recurrente, al abogado Hernan Eduardo Cáceres Iscoa, para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: “…ratifico mi solicitud presentada a esta sala constitucional en fecha 20 de septiembre del 2022, en la cual establezco una serie de fundamentos facticos en la cual logro establecer que mi representado fue condenado a una conducta distinta a la realidad de los hechos… Por lo tanto se solicita a esta Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia que revise la condena y realice un nuevo cómputo de la misma y en su defecto la modificación del tipo penal por los hechos que anteriormente se detallaron… por lo que al observar ambos códigos de logra destacar que existe una disminución en la pena a favor de mi representado únicamente con los tipos penales, no obstante a mi representado se esta solicitando que de igual manera se despenalice la conducta del ROBO AGRAVADO CONTINUADO por la TENTATIVA DE ROBO únicamente decreto 130-2017… por lo que la aplicación del beneficio de la retroactividad de la ley penal que establece los artículos 1, 614 y 615 del Código Penal vigente, 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional favorece indudablemente al condenado Víctor Manuel Valladares Ramos. En definitiva, solicito a esta Honorable Sala Constitucional modificar la acción típica antijuridica del delito de Robo Agravado Continuado por la Tentativa de Robo Agravado a favor del condenado y aplicar el beneficio de la retroactividad de la ley penal, revisar dicha condena y establecer el nuevo cálculo o cómputo de la pena”.-Seguidamente se le cedió la palabra a la representante del Ministerio Público Abogada Sobeida Isabel Zapata Grande quien hizo uso de la palabra y consideró: “… II. ANÁLISIS JURÍDICO:… Al examinar la sentencia que se pretende revisar se desprende de la declaración de hechos probados que el condenado despojo de sus bienes personales a los testigos protegidos APOLO, SOCRATES, ZEUS, ARISTOTELES Y LOBO DEL AIRE, y que además se apropiaron de la cantidad de setenta y cinco (L.75.000.00) mil lempiras que se encontraban en el camión bajo la custodia de los testigos protegidos, por lo que a criterio del juzgador se trata de un delito continuado. En tal sentido, de conformidad a la regla supra referida, corresponde aplicar las penas correspondientes al delito de ROBO AGRAVADO en concurso real, es decir, imponer penas independientes por cada acción ilícita cometida, es asi que los hechos probados reflejan seis (6) delitos de robo agravado, por lo que aun imponiendo la pena mínima ocho (8) años por los seis delitos cometido, resulta una pena total de cuarenta y ocho (48) años de reclusión; de lo que se advierte que no aplica la retroactividad peticionada al no favorecer la nueva norma sustantiva al sentenciado. En cuanto el delito de PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD, por el cual también fue condenado el señor VICTOR MANUEL VALLADAREZ RAMOS, a la pena de tres (3) años de reclusión, en aplicación del artículo 193 del Código derogado, que sancionaba el delito de PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD con reclusión de tres (3) a seis (6) años; mientras que el Código Penal vigente (Decreto 130-2017) enmarca el acto reprochado al sentenciado dentro del tipo penal de PRIVACION ILEGAL DE LIBERTAD contenido en el artículo 235, el cual es sancionado con una pena de cinco (5) a siete (7) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena a imponer por el delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa es castigado con la misma pena de diez (10) años de reclusión. En cuanto al delito de Robo agravado continuado se ve incrementa la pena en cuarenta y ocho (48) años de reclusión en comparación a la impuesta con el código penal derogado; de igual manera, se aprecia un incremento en la pena a imponer por el delito de PRIVACION ILEGAL DE LIBERTAD; por lo que es parecer de la fiscalía que se mantenga la pena impuesta y se declare sin lugar lo peticionado por el revisionista, en virtud de no cumplir con los requisitos que establece el artículo 96 Constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal, por no ser esta más benigna al condenado. III.- OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados…” (Folios del 22-26 de los autos) CONSIDERANDO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. CONSIDERANDO (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO (7): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO (8): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (9): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, el señor Víctor Manuel Valladares Ramos, fue condenado mediante sentencia definitiva dictada en fecha doce de diciembre del año dos mil dieciséis, por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por los delitos de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, Robo Agravado Continuado y Privación Injusta de la Libertad tipificados en los Artículos 15, 116, 193, 217, 218, 225 numerales 3 y 4 en relación al artículo 37 de la norma derogada que en su orden disponían: Artículo 15 “Hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.” Artículo 116 “Quien dé muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes Artículos del presente Capítulo, comete el delito de homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a vente (20) años de reclusión. La pena será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión, cuando la víctima del delito fuese autoridad judicial, policial, miembro del Ministerio Público, funcionario o empleado de Centros Penales, cuando el delito fuese cometido con ocasión o en el ejercicio de su cargo o función.” Artículo 193 “Quien fuera de los casos previstos en el Artículo anterior prive injustamente a otro de su libertad, será sancionado con reclusión de tres (3) a seis (6) años.” Artículo 217 “Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, los animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Se equipará a la violencia contra las personas el hecho de arrebatar por sorpresa a la víctima la cosa que lleva consigo o el uso de medios que debiliten o anulen su resistencia.” En cuanto a la pena para el delito de Robo, el Artículo 218 dispone: “El culpable de robo será castigado con cinco (5) a nueve (9) años de reclusión…” Artículo 225.3) y 4) “Las penas aplicables según el Artículo anterior se aumentarán en (1/3) un tercio si el hecho se cometiere: 1)…; 2)…; 3) De noche, o si para ejecutarlo, el agente se quedare subrepticiamente en edificio o lugar destinado a habitación; 4) Con la cooperación de dos o más personas o por una sola que se finja agente de la autoridad, o empleado de un servicios publico…”. -Énfasis añadido- Artículo 37 “Cuando se cometa un mismo delito contra la propiedad dos (2) o más veces, bien sea en un solo momento o en momentos diversos, mediante acciones u omisiones ejecutadas en cumplimiento de un plan preconcebido o aprovechando idénticas o similares circunstancias, dichos delitos se considerarán como uno solo continuado. En tal situación se aplicará al agente la pena más grave, aumentada en dos (2/3) tercios. En caso de duda, se tendrá por más grave la pena que tenga señalado el máximo más alto. Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará si le resulta más favorable al reo la imposición de todas las penas aplicables a los delitos concurrentes. Lo prescrito en la última parte del segundo párrafo de este Artículo y en el párrafo anterior, será aplicable a lo estatuido en el Artículo 36”. La nueva norma en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, tipifica en el artículo 192 el delito de Homicidio el que dispone: Artículo 192. “Homicidio. Quien da muerte a una persona debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años.” Relacionado con los artículos 21 literal a) y 62 que hacen referencia a la tentativa y la pena a imponer, preceptos que disponen: Artículo 21. “Tentativa. Hay tentativa cuando se inicia la ejecución de un delito por actos exteriores directa y objetivamente encaminados a su consumación y, éste no se produce por causas independientes de la voluntad del agente. Son Clases de tentativa: a) Tentativa Inacabada. La tentativa es inacabada cuando el agente ejecuta parte de los actos encaminados a producir la consumación del delito, no concluyéndolos por causas ajenas a su voluntad. b) Tentativa Acabada. La tentativa es acabada cuando el agente ha realizado todos los actos que objetivamente debieron llevar a la consumación del delito y ésta no se produjo.” -Subrayado añadido-Artículo 62. “Pena para la Tentativa. A los autores de tentativa de delito se les debe imponer la pena del delito consumado rebajada en un cuarto (1/4) si se tratase de tentativa acabada, y en un tercio (1/3) en caso de tentativa inacabada.” -Subrayado añadido-El Artículo 235 de la nueva norma penal, tipifica el delito de Privación Ilegal de la Libertad, el cual establece:Artículo 235. “Privación Ilegal de Libertad. Quien, sin causa legal, priva a una persona de su libertad ambulatoria debe ser castigado con la pena de cinco (5) a siete (7) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena.” Asimismo, en los artículos 361 y 363 se tipifica el delito de Robo con violencia y las agravantes específicas para los delitos de Hurto y Robo a saber: Artículo 361 “Robo con Violencia o Intimidación. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice.” Artículo 363 “Agravantes Específicas. Las penas de hurto o robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) Se sustraen cosas de valor científico, artístico, histórico, cultural o monumental; 2) Se trata de cosas de primera necesidad y se origina una situación de desabastecimiento; 3) Se trata de una cosa destinada a un servicio público, de titularidad pública o privada y se ocasiona una grave pérdida a éste; 4) El hecho reviste especial gravedad atendiendo al valor de los efectos sustraídos; 5) Se producen perjuicios de especial consideración; 6) Se pone a la víctima o a su familia en grave situación económica; 7) La conducta se lleva a cabo abusando de las circunstancias personales de la víctima; 8) Se utiliza a menores para la comisión del delito; o, 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. En el caso de concurrir dos o más de las anteriores circunstancias, la pena del hurto o del robo se debe aumentar en dos tercios (2/3)”. El Delito Continuado y Delito Masa se encuentra regulado en el artículo 68 de la nueva norma penal, el que textualmente dispone: Artículo 68 “Delito Continuado y Delito Masa. Quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3)…”. CONSIDERANDO (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo” . -Lo resaltado y subrayado es nuestro-CONSIDERANDO (11): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor VÍCTOR MANUEL VALLADARES RAMOS fue condenado por la Sala Primera del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, M.D.C. del Departamento de Francisco Morazán, mediante sentencia definitiva y firme de fecha doce de diciembre del año dos mil dieciséis, por Estricta Conformidad de las partes, por los delitos de: 1) HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO APOLO, a la PENA PRINCIPAL de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN; 2) ROBO AGRAVADO CONTINUADO, en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS SÓCRATES, ZEUS Y ARISTÓTELES, a la PENA PRINCIPAL de ONCE (11) AÑOS, SEIS (6) MESES, DIEZ (10) DÍAS DE RECLUSIÓN; y 3)PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS SÓCRATES, ZEUS, ARISTÓTELES Y LOBO DEL AIRE, a la PENA PRINCIPAL de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INHABILITACIÓN ESPECIAL, durante el tiempo de duración de la pena de reclusión. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha doce de diciembre del año dos mil dieciséis mediante la cual se condenó al ciudadano VÍCTOR MANUEL VALLADARES RAMOS, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en los artículos 15, 116, 193, 217, 218 y 225 numerales 3) y 4), en relación al artículo 37 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió los delitos de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, Robo Agravado Continuado y Privación Injusta de la Libertad. III- Esta Sala haciendo un examen comparativo de ambas normas penales, concluye: que el Código Penal derogado en su artículo 116 disponía una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años de reclusión, más las accesorias que correspondían, por el delito de HOMICIDIO. En el Código Penal Decreto 130-2017 el delito de Homicidio se encuentra plasmado en el artículo 192 y es castigado con la misma pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años; asimismo por tratarse de una Tentativa Inacabada según lo dispuesto en los artículos 21 literal a), relacionado con el artículo 62, a los autores de tentativa de delito, se les debe imponer la pena del delito consumado rebajada en un tercio (1/3), según los hechos acordados por las partes conforme a la sentencia de Estricta Conformidad dictada por el Tribunal sentenciador, quedando una pena abstracta de DIEZ (10) A QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN. El delito de ROBO AGRAVADO estaba contenido en los artículos 217, 218, 219 último párrafo y 225 numerales 3 y 4 del Código Penal derogado y establecía una pena de cinco (5) a nueve (9) años de reclusión; aumentada en un tercio (1/3) cuando el robo se cometiera de noche y con la cooperación de dos o más personas, quedando una pena abstracta seis (6) años, ocho (8) meses a doce (12) años de reclusión; asimismo y por tratarse de un delito continuado, se sigue la fórmula contenida en el artículo 37, aplicando al agente la pena más grave aumentada en dos tercios (2/3), quedando un marco de pena abstracta de once (11) años, tres (3) meses, diez (10) días a veinte (20) años de reclusión.- El nuevo Código Penal tipifica este delito en los artículos 361, con una pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años; la pena se aumenta en un tercio (1/3) al concurrir la agravante específica contenida en el artículo 363 literal 9) a saber: Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto, por ello al hacer el cálculo aritmético el marco abstracto de pena a imponer queda de ocho (8) años a diez (10) años, ocho (8) meses de prisión; por lo que sumando las penas mínimas que corresponderían por cada uno de los delitos de Robo cometidos en perjuicio de los Testigos Protegidos Apolo, Sócrates, Aristóteles y Zeus quedaría una pena de TREINTA Y DOS (32) AÑOS DE PRISIÓN. El delito de PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD estaba contenido en el artículo 193 del Código Penal derogado y establecía una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión. - El nuevo Código Penal tipifica este delito en el artículo 235, con una pena de prisión de cinco (5) a siete (7) años. Ponderando el quantum de las penas, en relación a los delitos por los cuales fue condenado el señor VÍCTOR MANUEL VALLADARES RAMOS, se aprecia que el Código Penal vigente contiene penas abstractas que resultan iguales a las establecidas en el Código Penal derogado y otras de mayor cuantía, al concurrir circunstancias agravantes específicas, asimismo se debe hacer observancia del contenido del artículo 616 en su párrafo séptimo, como lo argumenta la Fiscal del Despacho, ello en atención a que el señor VÍCTOR MANUEL VALLADARES RAMOS, fue condenado por los delitos de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, Robo Agravado Continuado y Privación Injusta de la Libertad, debiendo aplicar la misma regla en caso de delito continuado, haciendo la comparación entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva ley y en consideración a ello la ponderación de penas se debe realizar en forma global. El fundamento de ello se encuentra recogido en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, norma jurídica aplicable a las cuestiones de Revisión de leyes penales, el cual establece que la suma de penas se deberá hacer de manera global cuando se trate de un concurso real, como es el caso de esta sentencia en Revisión, puesto que hay concurso real cuando un mismo sujeto realiza dos (2) o más acciones u omisiones y con ello infringe una misma norma penal varias veces o varias normas penales -Artículo 66 Código Penal decreto 130-2017-. En este orden de ideas el octavo párrafo del artículo 616 del Código Penal vigente establece: “En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyere el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación. En el caso de que lo procedente sea aplicar la regla más beneficiosa de limitación de cumplimiento, incorporada al presente Código, que consiste en el triple del tiempo de la pena más grave por la que se hubiere condenado al sujeto sin que se llegaren a alcanzar los treinta (30) años, habrán de compararse las penas que hubieren podido corresponder a los distintos delitos para determinar qué es lo más beneficioso para el reo…”; por lo cual, con la suma de todas las penas en forma concreta que fueron impuestas en sentencia si bien no superan el límite de treinta años establecido en la norma en comento, no sucede lo mismo con la la suma de penas a imponer con el nuevo Código Penal, el cual si supera el límite referido. Siendo de esta manera que, aun en la ponderación en forma global de las penas concretas a imponer por cada uno de los delitos por los cuales fue condenado el señor VÍCTOR MANUEL VALLADARES RAMOS, superan el límite de los treinta años de prisión a efecto de poder realizar una comparación en el quantum de la pena, como lo refiere el artículo 616 en comento, por lo cual resulta que en el presente caso no procede aplicar la retroactividad de la ley penal. IV- Esta Sala de lo Constitucional considera que el caso sub júdice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal por no resultar está, más benigna. CONSIDERANDO (13): La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al ciudadano VÍCTOR MANUEL VALLADARES RAMOS y el Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal, permiten determinar que, este último prevé sanciones más gravosas para los delitos de Robo Agravado y Privación Ilegal de la Libertad, al concurrir circunstancias agravantes específicas; no obstante, al tratarse de un concurso real la comparación de penas debe realizarse en forma global, no siendo procedente en el caso sub júdice, la comparación de penas en forma global, al superarse el límite de treinta años que señala la norma penal -Art. 616- en la sumatoria de penas que pudieran ser impuestas con el nuevo Código Penal, por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal en favor del ciudadano VÍCTOR MANUEL VALLADARES RAMOS; aunado a ello el peticionario solicita modificar la acción típica antijuridica del delito de Robo Agravado Continuado, por la de Tentativa de Robo Agravado, petición que no procede en relación a los fundamentos de derecho invocados a efecto de revisar la sentencia relacionada y haberse dictado la misma en atención a la Estricta Conformidad entre las partes, en consecuencia como bien lo señala la sentencia en el apartado intitulado “VALORACIÓN DE LA PRUEBA”, el procedimiento ordinario queda truncado por la Estricta Conformidad acordada por las partes, siendo imposible realizar valoración alguna de elementos probatorios. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 número 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 62, 21. a), 66, 69, 192, 235, 361, 363.9), 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017. FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado HERNAN EDUARDO CÁCERES ISCOA, a favor del señor VÍCTOR MANUEL VALLADARES RAMOS; Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA DE LO SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha dos de mayo de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-1396-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL