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Sentencia RP-1388-22 — Registro 19270

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria que se instruyó por los delitos de Asociación Ilícita y Posesión de Droga para Consumo, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y La Salud de la Población del Estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… IV. Después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, se concluye que se debe imponer al señor JUAN JOSE GALEANO VASQUEZ, la pena concreta de DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN por el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR y MULTA DE QUINIENTOS (500) DIAS A RAZON DE CIEN LEMPIRAS (L.100.00) POR DIA, tal como lo señala el artículo 53 del Código Penal vigente. Mas las penas accesorias de inhabilitación absoluta. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor Juan José Galeano Vásquez, de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Samuel Elías Aguilar Sauceda, a favor del señor Juan José Galeano Vásquez, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, de fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, con relación a la causa que se instruyó contra el señor Juan José Gáleas Vásquez, por haber sido condenado por los delitos de Asociación Ilícita y Posesión de Droga para Consumo, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y La Salud de la Población del Estado de Honduras. ANTECEDENTES 1)En fecha once de diciembre de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Iris Sagrario Gómez, actuando como Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Juan José Galeano Vásquez, por suponerlo responsable de los delitos de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, Portación Ilegal de Armas de Fuego de Uso Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. (Folios 3-5 del antecedente) 2)En fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: “PRIMERO: Que debemos condenar y condenaos a JUAN JOSE GALEANO VASQUEZ, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente del delito de pertenencia a una ASOCIACIÓN ILÍCITA en su condición de líder en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de VEINTE (20) años de Reclusión y a la pena de MULTA de CIEN MIL LEMPIRAS (Lps. 100,000.00), la cual deberá de enterarse en la Tesorería General de la República. A dicha pena de reclusión deberá descontarse el tiempo que el imputado permaneció con la medida cautelar de prisión preventiva, y dicha pena de reclusión el acusado deberá cumpliría en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución considere más conveniente. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos a JUAN JOSE GALEANO VASQUEZ por el delito de POSESION DE DROGA PARA EL CONSUMO en perjuicio de su propia SALUD, la medida de seguridad de QUINCE DIAS (15) DE INTERNAMIENTO en el centro que el juez de Ejecución determine y a una MULTA DE QUINIENTOS LEMPIRAS (Lps.500.00) la cual deberá enterarse en la Tesorería General de la República. Ambas penas en CONCURSO REAL. TERCERO: Que debemos condenar y condenamos a JUAN JOSE GALEANO VASQUEZ a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema. penitenciario. CUARTO: Se declara al condenado JUAN JOSE GALEANO VASQUEZ responsable civilmente de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito por el que es condenado. QUINTO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al condenado JUAN JOSE GALEANO VASQUEZ. SEXTO: Se ordena el comiso de Una bolsa plástica transparente con diez (10) envoltorios plásticos transparentes, con un peso neto total determinado en este laboratorio de 2,23g (dos coma veintitrés gramos) de polvo blanco de cocaína del cual se extrajo una muestra representativa de 0,5g (cero coma cinco gramos) para los análisis respectivos en el Laboratorio de Toxicología Forense, la cual por ser prohibida en nuestro país es procedente ordenar su inmediata destrucción ante el Juez de Ejecución competente. Dicha evidencia se encuentra en el almacén de evidencias del Ministerio Publico. Asimismo se ordena el comiso de los teléfonos celulares: 1) Marca Iphone, Modelo: A1303, color: blanco y negro, Imei: 012262005325008, Numero Sim: fuera de servicio, Telefonía celular S.A. de C.V. (Celtel Honduras) Red de servicio: Tigo, Honduras. Marca: Ola, Modelo: ok, color negro y celeste, IMEI 1: 359786048697867; IMEI 2: 359786048697875, Numero Sim: Fuera de Servicio, Telefonía celular S.A. de C.V (SERCOM, Honduras) Red de Servicio: Claro, Honduras. 2) Marca: Ola, Modelo: ok, color negro y celeste, IMEI 1: 359786048697867; IMEI 2: 359786048697875, Numero Sim: Fuera de Servicio, Telefonía celular S.A. de C.V (SERCOM, Honduras) Red de Servicio: Claro, Honduras. SEPTIMO: Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales. Así por esta nuestra Sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos.” (Folios 209-219 del antecedente)3)En fecha diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado Samuel Elías Aguilar Sauceda, a favor del señor Juan José Gáleas Vásquez, subsanada en fecha diecisiete de noviembre del dos mil veintidós, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado, en razón de que para el delito de Asociación Ilícita, ahora Asociación para Delinquir, establecido en el artículo 554 del Código Penal vigente, conlleva una pena de 10 a 15 años y multa de 500 a 1000 días, que conlleva una rebaja significativa del 50% en la pena privativa de la libertad. En relación al Consumo de Drogas regulado en el artículo 26 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, establecía internamiento hasta por 30 días y multa de quinientos a un mil lempiras, en el Decreto 130-20217 el delito de Posesión de Drogas para el Consumo, desapareció, por lo cual con fundamento en el artículo 96 numeral 8 de la ley Sobre Justicia Constitucional y 615 del Código Penal Vigente, se aplique el principio de retroactividad a su representado y se imponga la pena de seis años y la multa de cien días según lo establece el artículo 554 párrafo cuarto. (Folios 10-16 del recurso de mérito)4)En fecha cinco de junio de dos mil veinticuatro, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Integrante Aida Patricia Martínez, con la comparecencia de la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada Evelyn Sobeyda Solorzano García, actuando en su condición de Apoderada Legal del señor Juan José Gáleas Vásquez, quien manifestó: “Que su representado fue condenado a la pena de 20 años de reclusión en base al artículo 332 del derogado Decreto 144-83 y en aplicación del Decreto 130-2017 las conductas por las cuales se condenó a su representado se subsumen en el artículo 554 con una pena de prisión de 10 a 15 años, más multa de 500 a 1000 días, observando una diferencia significativa en la pena principal, siendo la norma más favorable a su representado en aplicación del principio de retroactividad que rige el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia constitucional y 615 y 616 del Código Penal vigente; El Ministerio Público consideró: “…II. ANÁLISIS JURÍDICO: De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales, de lo cual se desprende que el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA era regulado en el artículo 332 del Código Penal derogado, el cual señalaba una pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de cien mil (L.100,000.00) a trecientos mil (L.300,000.00) lempiras, a los jefes o cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. Son jefes cabecillas, aquellos que se destaquen identifiquen como tales y cuyas decisiones influyan en el ánimo y acciones del grupo. Por su parte, el Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), regula esa misma conducta delictiva en el artículo 554, tipificado como ASOCIACION PARA DELINQUIR y establece: Son asociaciones ilícitas las constituidas, sea de modo permanente o transitorio, por dos (2) o más personas con la finalidad de cometer ilícitos penales. Asimismo, se consideran asociaciones ilícitas las que después de constituidas lícitamente dedican su actividad, en todo o en parte a la comisión de delitos. Poseen también la consideración de asociaciones ilícitas las que aun teniendo como objeto uno licito, emplean como estrategia permanente y definida medios violentos, intimidatorios u otros ilícitos para el logro de aquél. El delito se considera cometido con independencia de que la asociación haya sido constituida en el extranjero, siempre que se lleve a cabo algún acto con relevancia penal en el territorio de Honduras. Los directivos, promotores y financistas de la asociación ilícita deben ser castigados con las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. Los simples integrantes de la asociación deben ser castigados con las penas de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días. Por otra parte, el Nuevo Código Penal Vigente dispone en el artículo 53. PENA DE DÍAS MULTA. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5, 000). Del contenido de la norma transcrita, se desprende que efectivamente la disposiciones contenidas en el artículo 554 del Código Penal Vigente (Decreto (130-2017), señala una pena aplicar a los directivos, promotores y financistas de la asociación ilícita de diez (10) a quince (15) años de reclusión; las resultan más favorables al sentenciado, al apreciarse una disminución en comparación a la pena privativa de libertad de veinte (20) años de reclusión que se le impuso en la sentencia cuya revisión se pretende, sin perjuicio que esta honorable Sala le imponga la pena principal de multa entre quinientos (500) a mil (1000) días. De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme lo dispuesto en el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal, por lo que el Ministerio Público es de la opinión que se declare con lugar el recurso de revisión de mérito…” (Folios 56-58 vuelto del recurso de mérito)CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. La recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado, en razón de que para el delito de Asociación Ilícita, ahora Asociación para Delinquir, establecido en el artículo 554 del Código Penal vigente, conlleva una pena de 10 a 15 años y multa de 500 a 1000 días. En relación al Consumo de Drogas regulado en el artículo 26 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, establecía internamiento hasta por 30 días y multa de quinientos a un mil lempiras, en el Decreto 130-20217 el delito de Posesión de Drogas para el Consumo, desapareció; por lo anterior solicita se imponga la pena de seis años y la multa de cien días según lo establece el artículo 554 párrafo cuarto.CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los alegatos proferidos por las partes en audiencia: La recurrente expone: Que su representado fue condenado a la pena de 20 años de reclusión en base al artículo 332 del derogado Decreto 144-83 y en aplicación del Decreto 130-2017 las conductas por las cuales se condenó a su representado se subsumen en el artículo 554 con una pena de prisión de 10 a 15 años, más multa de 500 a 1000 días, observando una diferencia significativa en la pena principal, siendo la norma más favorable a su representado en aplicación del principio de retroactividad que rige el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia constitucional y 615 y 616 del Código Penal vigente. La Representante del Ministerio Publico manifestó: “El delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA era regulado en el artículo 332 del Código Penal derogado, el cual señalaba una pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de cien mil (L.100,000.00) a trecientos mil (L.300,000.00) lempiras, a los jefes o cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. Por su parte, el Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), regula esa misma conducta delictiva en el artículo 554, tipificado como ASOCIACION PARA DELINQUIR y establece: Son asociaciones ilícitas las constituidas, sea de modo permanente o transitorio, por dos (2) o más personas con la finalidad de cometer ilícitos penales. Asimismo, se consideran asociaciones ilícitas las que después de constituidas lícitamente dedican su actividad, en todo o en parte a la comisión de delitos. Poseen también la consideración de asociaciones ilícitas las que aun teniendo como objeto uno licito, emplean como estrategia permanente y definida medios violentos, intimidatorios u otros ilícitos para el logro de aquél. El delito se considera cometido con independencia de que la asociación haya sido constituida en el extranjero, siempre que se lleve a cabo algún acto con relevancia penal en el territorio de Honduras. Los directivos, promotores y financistas de la asociación ilícita deben ser castigados con las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. Los simples integrantes de la asociación deben ser castigados con las penas de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días. Por otra parte, el Nuevo Código Penal Vigente dispone en el artículo 53. PENA DE DÍAS MULTA. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20.00) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L. 5,000.00). Del contenido de la norma transcrita, se desprende que efectivamente las disposiciones contenidas en el artículo 554 del Código Penal Vigente (Decreto (130-2017), señala una pena aplicar a los directivos, promotores y financistas de la asociación ilícita de diez (10) a quince (15) años de reclusión; lo que le resulta más favorable al sentenciado, por lo que el Ministerio Público es de la opinión que se declare con lugar el recurso de revisión de mérito. CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás.CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas.CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JUAN JOSE GALEANO VASQUEZ, fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha quince de octubre del año dos mil dieciocho, a la pena de VEINTE AÑOS DE RECLUSION por el delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena y condenado a una medida de INTERNAMIENTO de QUINCE (15) DIAS y MULTA DE QUINIENTOS LEMPIRAS, (L. 500.00) por el delito de POSESION DE DROGA PARA EL CONSUMO en perjuicio de su propia salud. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 332 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Asociación Ilícita y lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Sobre Uso Indebido y Trafico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, estimando que el condenado cometió el delito de Posesión de Droga para el consumo personal inmediato. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JUAN JOSE GALEANO VASQUEZ, la pena principal de VEINTE AÑOS DE RECLUSION por el delito de ASOCIACION ILICITA más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena; y condenado a una medida de INTERNAMIENTO de QUINCE (15) DIAS y MULTA DE QUINIENTOS LEMPIRAS, (L. 500.00) por el delito de POSESION DE DROGA PARA EL CONSUMO. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en 332 del Código Penal decreto 144-1983 establecía una pena abstracta de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de Cien Mil (L. 100, 000.00) a Trescientos Mil (L. 300, 000.00) lempiras, rebajándose la pena en un tercio cuando no sea jefe o cabecilla de la estructura criminal; El Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 554 establece: “ASOCIACION PARA DELINQUIR. Son asociaciones ilícitas las constituidas, sea de modo permanente o transitorio, por dos (2) o más personas con la finalidad de cometer ilícitos penales. Asimismo se consideran asociaciones ilícitas las que después de constituidas lícitamente dedican su actividad, en todo o el pare a la comisión de delitos. Poseen también la consideración de asociaciones ilícitas las que aún teniendo como objeto uno lícito, emplean como estrategia permanente y definida medios violentos, intimidatorios u otros ilícitos para el logro de aquel. El delito se considera cometido con independencia de que la asociación haya sido constituida en el extranjero, siempre que se lleve a cabo algún acto con relevancia penal en el territorio de Honduras. Los directivos, promotores y financistas de la asociación ilícita deben ser castigados con las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. Los simples integrantes de la asociación deben ser castigados con las penas de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días.”. Dicho precepto legal encuadra con los hechos declarados probados y esbozados en la sentencia revisada (folio 210 v de la pieza del antecedente). Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. II. Por lo tanto en vista de que las circunstancias del hecho no se refleja la concurrencia de agravantes o atenuantes reconocidas en la nueva norma penal, siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación, haciendo usanza de las fórmulas estatuidas en el Código Penal vigente, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, y replicando los parámetros dictados por el juzgador primario, donde al encausado se le impuso la pena mínima por el delito de Asociación Ilícita. Se debe imponer al encausado Juan José Galeano Vásquez, por la comisión del delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, la pena de diez (10) años de prisión y multa de quinientos (500) días que, en atención a lo dispuesto en el artículo 53 del Código Penal decreto 130-2017, se debe imponer multa de quinientos días a razón de cien lempiras (L. 100.00), por día, haciendo un total de cincuenta mil lempiras (L.50,000.00). III. En relación al Delito de Posesión de Droga para el Consumo por el que fue condenado a la medida de seguridad de QUINCE (15) DIAS DE INTERNAMIENTO Y MULTA DE QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 500.00), la Ley Sobre Uso Indebido Y Trafico Ilícito De Drogas Y Sustancias Psicotrópicas Decreto Número 126-89 disponía en el Artículo 26. “La persona que sea sorprendida en posesión de cigarrillos de marihuana o su equivalente en hoja seca o pasta básica o de cualquier otra droga que produzca dependencia, en una cantidad mínima, tal que, de acuerdo con el dictamen del Departamento Médico Legal del Poder Judicial o de un médico empleado por el Estado, a falta de aquél, sea considerado para su consumo personal inmediato, se le aplicarán las siguientes medidas de seguridad: a) Por la primera vez, internamiento hasta por 30 días y multa de quinientos a un mil lempiras; b) Por la segunda vez, internamiento de 30 a 90 días y multa de mil a cinco mil lempiras; y, c) Si se tratare de un fármaco dependiente o drogadicto, será internado en un centro de rehabilitación para su tratamiento hasta lograr su resocialización; esta medida se aplicará aun tratándose de la primera vez. La misma medida se le impondrá a quien sin ser fármaco dependiente, reincide por tercera vez y multa de cinco mil a diez mil lempiras. En los casos en que la posesión o tenencia exceda de la cantidad mínima considerada para consumo personal inmediato, se entenderá como violación al Artículo 18 de esta Ley.”. Con la entrada en Vigencia del Decreto 130-2017, este tipo penal desaparece, es decir, dicha conducta ha quedado despenalizada, es por ello que en relación a la medida de INTERNAMIENTO POR QUINCE (15) DIAS Y MULTA DE QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 500.00), impuesta en sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, la misma no debe ejecutarse tal como lo dispone el artículo 615 ultimo párrafo del Código Penal Vigente, por haber sido despenalizada la conducta de Posesión de Droga para el consumo. IV. Después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, se concluye que se debe imponer al señor JUAN JOSE GALEANO VASQUEZ, la pena concreta de DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN por el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR y MULTA DE QUINIENTOS (500) DIAS A RAZON DE CIEN LEMPIRAS (L.100.00) POR DIA, tal como lo señala el artículo 53 del Código Penal vigente. Mas las penas accesorias de inhabilitación absoluta. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor Juan José Galeano Vásquez, de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 53, 554, 615, 616 del Código Penal Vigente; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado SAMUEL ELIAS AGUILAR SAUCEDA, a favor del señor JUAN JOSE GALEANO VASQUEZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, en fecha quince de octubre del año dos mil dieciocho; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor JUAN JOSE GALEANO VASQUEZ, por el delito de ASOCIACIÓN ILICITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al Señor JUAN JOSE GALEANO VASQUEZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRISION Y MULTA DE QUINIENTOS (500) DÍAS a razón de diez lempiras (L.100.00) por día, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta por el tiempo que dure la condena. SEGUNDO: Que la medida de INTERNAMIENTO POR QUINCE (15) DIAS Y MULTA DE QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 500.00), impuesta al condenado JUAN JOSE GALEANO VASQUEZ, la misma no debe ejecutarse, por haber sido despenalizada la figura de Posesión de Droga para el Consumo, en el Código Penal Vigente mediante decreto 130-2017. TERCERO: Se le ordena al Juzgado de Ejecución la practica de un nuevo cómputo de acuerdo a la pena impuesta al condenado JUAN JOSE GALEANO VASQUEZ. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de mayo de dos mil veinticinco, certificación de la Resolución de fecha veintiuno de marzo de dos mil veinticinco recaídas en el Recurso Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1388-2022,

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL