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Sentencia RP-1331-23 — Registro 19847

Resumen

Se interpone recurso de revisión de la sentencia de condena por delitos de Extorsión y Portación Ilegal de Armas de Uso Comercial en razón de nueva legislación mas favorable, la que una vez estudiada se declara sin lugar por que supera las penas impuestas.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la comparativa entre ambas penas, permite determinar que la aplicación de las nuevas disposiciones contenidas en el Decreto 130-2017, supera las penas impuestas con las disposiciones del Código Penal derogado. Por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva..."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 y 99 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice.” CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil veinticinco.- VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por la Abogada SOMAY JAMILETH PERALTA DAVILA, a favor del Señor LUIS ALFREDO AVILA AVILA, contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, con relación a la causa que se instruyó contra el Señor LUIS ALFREDO AVILA AVILA por los delitos de EXTORSION Y PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE USO COMERCIAL en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AB-245” Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Exp.1565-2017).- A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiocho (28) de mayo del dos mil diecisiete (2017), el Agente de Tribunales del Ministerio Público, la abogada KATIA ZERON comparece presentando REQUERIMIENTO FISCAL, en contra de LUIS ALFREDO AVILA AVILA, a quien se le supone Responsable a título de autor de la comisión del delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB245; ATENTADO en perjuicio de los agentes de la FUERZA NACIONAL ANTIEXTORSION y PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE USO COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 02-07 del recurso de mérito).2)Que en fecha veinte (20) de abril del dos mil dieciocho (2018), el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: CONDENAR LUIS ALFREDO AVILA AVILA, de generales ya conocidas, en concepto de autor del delito de EXTORSION, a la pena de ONCE (11) AÑOS, TRES (03) MESES DE RECLUSION y una MULTA de TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO "AB-245" y a su vez se le condena a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la pena principal.- SEGUNDO: CONDENAR a LUIS ALFREDO AVILA AVILA, de generales ya conocidas, en concepto de autor del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, a la pena de DOS (2) AÑOS TRES (3) MESES DE RECLUSION así como a las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- TERCERO: No procede la condena de LUIS ALFREDO AVILA AVILA, en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. - QUINTO: Habiéndose constatado el decomiso de piezas de convicción ante esta Judicatura mismos que se encuentran en el almacén de evidencias del Ministerio Público, procede el comiso de las mismas y que sean devueltos a su propietario previa acreditación.- Y MANDA: Que encontrándose LUIS ALFREDO AVILA AVILA, con la medida cautelar consignada en el artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal, consistente en la Prisión Preventiva la misma es revocada, considerándoseles en consecuencia como condenado, que estando ya las partes procesales así como el imputados notificados en estrado de esta sentencia, renunciando a los términos, la misma tiene el carácter de firme, en ese sentido es procedente enviar inmediatamente la Certificación de Sentencia tanto al Centro Penitenciario Nacional de Támara como al Juzgado de Ejecución y a la Oficina de Antecedentes Penales. Redactó la presente Sentencia el Abogado MARCO ANTONIO VALLECILLO. - CUMPLASE. -FIRMA Y SELLO. - JUEZ. - ABOG. MARCO ANTONIO VALLECILLO. - FIRMA Y SELLO. - SECRETARIO. - FRANCISCO ROBERTO IZAGUIRRE PORTILLO. Se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de abril del dos mil dieciocho (2018). Sentencia que a la fecha ya se encuentra firme. (Folios 77-85 del recurso de mérito). 3) Que en fecha veintiocho (28) de agosto del dos mil veinticuatro (2024) se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante AIDA PATRICIA MARTINEZ con la comparecencia de la abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la abogada SOMAY JAMILETH PERALTA DAVILA actuando en su condición de Apoderado Legal del señor LUIS ALFREDO AVILA AVILA, manifestó: Que su representado fue condenado a la pena de 11 años, 3 meses por el delito de Extorsión y multa de 33.5 salarios mínimos y condenado por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, según lo establecido en el artículo 222 y 332-B del Decreto 144-83 y según el decreto 130-2017 en el artículo 373 referente al delito de Extorsión, la pena a imponer es de 10 a 15 años de prisión y multa de 500 a 1,000 días, solicito se imponga la pena mínima de 10 años y multa de 500 días; referente a la tenencia de arma corresponde una pena de 1 a 4 años, por lo cual solicita se imponga la pena mínima de 1 año. En base al principio de retroactividad solicita se imponga la pena más favorable. La Representación del Ministerio Público, dijo: De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes a los delitos de EXTORSION Y PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE USO COMERCIAL por las que se condenó a LUIS ALFREDO AVILA AVILA. Según el artículo 222 del Código Penal derogado, establecía: "Comete el delito de Extorsión, quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de un tercero, el culpable de extorsión debe ser castigado con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y UNA MULTA DE CINCUENTA SALARIOS MINIMOS EN SU NIVEL MAS ALTO, más las accesorias que correspondan sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizadas. La extorsión se considera consumada corresponderá como autores con independencia de si se ha logrado O no objetivo percibido con la violencia intimidación, el que realiza la amenaza, la exigencia o cualquier acto característico de cualquier modalidad extorsiva, así como quien participe en la recolección de dinero de forma personal, Por medio de transferencias electrónicas o a través de sus cuentas financieras o reciba bienes o cualquier tipo de beneficio producto del delito". En el Nuevo Código Penal Vigente el delito de EXTORSION se encuentra regulado en el artículo 373, reformado a través del decreto 93-2021.- EXTORSIÓN. "Comete el delito de extorsión, Quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o Trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y MULTA DE QUINIENTOS (500) A MIL (1000) DÍAS EN SU NIVEL MÁS ALTO, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados, si producto de lo anterior se causaron la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación". El Nuevo Código Penal Vigente dispone en el artículo 53.- PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5, 000). Por lo que la pena mínima a imponer por haber sido condenado en procedimiento abreviado resulta de ONCE (11) AÑOS TRES (03) MESES DE PRISION Y UNA PENA DE MULTA DE TRECIENTOS SETENTA Y CINCO (375) DIAS equivalente a UN MILION OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (L. 1,875,000.00), ya que es en su nivel más alto. Por lo que esta representación fiscal, es del criterio que no resulta procedente lo solicitado por la revisionista, en tanto que las disposiciones contenidas en las reformas del Código Penal Vigente, respecto al marco punitivo aplicable al delito de Extorsión, señala la misma pena a imponer tanto en el código penal derogado como en el actual Código Penal vigente (decreto 130-2017 reformado mediante decreto 93-2021); y con relación a la pena de multa esta se ve incrementada, por 1o que no resulta más beneficiosa para el sentenciado. En torno al delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, el Código Penal Derogado lo contemplaba en el artículo 332-B, instituyendo: Quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almaceno, transporte, posea. incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión …. La nueva norma penal vigente enmarca el delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO el artículo 580 que establece: La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigados con las penas siguientes: 1.- De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas y municiones permitidas. 2.- De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas y municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio 1/3, quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. En atención a lo descrito se establece que la pena que corresponde al delito de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL es de uno (1) a cuatro (4) años de prisión, agravada en 1/3 por portar el arma sin autorización, quedando la nueva pena abstracta de CUATRO (4) ANOS a CINCO (5) ANOS con CUATRO (4) MESES, que al efectuar la rebaja de 1/4 por Procedimiento Abreviado corresponde la pena abstracta de 3 años a 4 años de prisión, más localización permanente hasta dos (2) años, si se trata de armas y municiones permitidas. Advirtiendo que la nueva pena resulta más gravosa que la pena impuesta en la sentencia que se pretende rever. Ante las premisas expuestas, estima esta Representación fiscal que en el caso sub -examine, las disposiciones contempladas en el Nuevo Código Penal no son más favorables al hoy condenado, es así, que se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión. (Folios 29-32 vuelto del recurso de mérito).- CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.- CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.- CONSIDERANDO TRES (3): Posicionamiento de las partes en audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada SOAMY YAMILETH PERALTA, en su condición de Apoderada Legal del señor LUIS ALFREDO AVILA AVILA, quien manifestó lo siguiente: “Que su representado fue condenado a la pena de 11 años, 3 meses por el delito de Extorsión y multa de 33.5 salarios mínimos y condenado por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, según lo establecido en el artículo 222 y 332-B del Decreto 144-83 y según el decreto 130-2017 en el artículo 373 referente al delito de Extorsión, la pena a imponer es de 10 a 15 años de prisión y multa de 500 a 1,000 días, solicito se imponga la pena mínima de 10 años y multa de 500 días; referente a la tenencia de arma corresponde una pena de 1 a 4 años, por lo cual solicita se imponga la pena mínima de 1 año. En base al principio de retroactividad solicita se imponga la pena más favorable.” La Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, expreso lo siguiente: “En el Nuevo Código Penal Vigente el delito de EXTORSION se encuentra regulado en el artículo 373, reformado a través del decreto 93-2021 con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y MULTA DE QUINIENTOS (500) A MIL (1000) DÍAS EN SU NIVEL MÁS ALTO. Por lo que la pena mínima a imponer por haber sido condenado en procedimiento abreviado resulta de ONCE (11) AÑOS TRES (03) MESES DE PRISION Y UNA PENA DE MULTA 375 DIAS equivalente a UN MILION OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (L. 1,875,000.00). En torno al delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, la nueva norma penal vigente enmarca el delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO el artículo 580 que establece pena de uno (1) a cuatro (4) años, aumentada en un tercio 1/3, quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización, quedando la nueva pena abstracta de CUATRO (4) ANOS a CINCO (5) ANOS con CUATRO (4) MESES, que al efectuar la rebaja de 1/4 por Procedimiento Abreviado corresponde la pena abstracta de 3 años a 4 años de prisión, más localización permanente hasta dos (2) años. Advirtiendo que la nueva pena resulta más gravosa que la pena impuesta en la sentencia que se pretende rever.”- CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho, cuando al señalar las fuentes formales de éste, agrega a las leyes un orden aplicable. Así mismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Articulo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. - CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”.- Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.- CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.- CONSIDERANDO DIEZ (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto a juzgamiento y determinación de penas.- CONSIDERANDO ONCE (11): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor LUIS ALFREDO AVILA AVILA, fue condenado por el delito de EXTORSION, por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, mediante la Sentencia Definitiva y Firme de fecha veinte (20) de abril del dos mil dieciocho (2018), a la pena principal de ONCE AÑOS, TRES MESES DE RECLUSION Y MULTA DE 37.5 SALARIOS MINIMOS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB245; Por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, fue condenado a la pena de DOS AÑOS, TRES MESES DE RECLUSION; Así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria, antes relacionada mediante la cual se condenó al señor LUIS ALFREDO AVILA AVILA, el Tribunal Sentenciador aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 222 y 332-B del mismo Código Penal, estimando que el condenado cometió el delito de EXTORSION y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL. III- Esta Sala procede a examinar si el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. - CONSIDERANDO DOCE (12): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor LUIS ALFREDO AVILA AVILA, la pena principal de ONCE AÑOS, TRES MESES DE RECLUSION Y MULTA DE 37.5 SALARIOS MINIMOS, por el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB245; Así mismo a la pena de DOS AÑOS, TRES MESES DE RECLUSION por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de EXTORSION, enmarcado en el artículo 222 establecía una pena abstracta de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos. El Código Penal Vigente Decreto 130-2017, en el artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, dispone: “Quien, con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para si o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. Dicha conducta delictiva, se castiga con la misma pena de privación contemplada en el Código Penal derogado. En ese orden de ideas, la descripción del tipo penal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folios 78 del expediente del antecedente). II. En el caso subjudice, el encausado fue condenado mediante la figura del proceso abreviado, es así que para realizar una ponderación que constituya la igualdad en cuanto a juzgamiento, debemos transitar sobre la figura procesal a la que se sometió el encartado; Aplicando la rebaja de un cuarto ¼ a la pena (Artículo 404 del Código Procesal Penal). Resultando la misma pena de prisión, que se le impuso en la sentencia revisada once (11) años, tres (3) meses de reclusión y multa de 375 a 500 días, a razón de cinco mil lempiras (L.5,000.00 en su nivel más alto) por día multa, reflejando la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (LPS 1,875,000.00) en concepto de Multa, pena que es más gravosa con relación a los 37.5 salarios mínimos, a los que fue condenado. III. En relación al delito de PORTACION ILEGAL DE ARA DE FUEGO DE USO COMERCIAL a que fue condenado a la pena de DOS AÑOS, TRES MESES DE RECLUSIÓN, el Código Penal Vigente en el artículo 580 Numeral 1, establece una pena de uno (1) a cuatro (4) años de prisión y localización permanente de hasta dos (2) años, pena aumentada en un tercio (1/3) tal como lo dispone el último párrafo del artículo en mención, por lo que en aplicación del artículo 69 del Código Penal Vigente se debe aumentar un tercio a la pena máxima de cuatro años, dando un nuevo margen de pena abstracta de cuatro (4) años a cinco (5) años, cuatro (4) meses de prisión. Aplicando la rebaja de un cuarto ¼ a la pena (Artículo 404 del Código Procesal Penal). Resultando la pena de TRES (3) a CUATRO (4) AÑOS DE PRISION. IV. Tal como lo dispone el artículo 616 del Código Penal Vigente, en el supuesto de concurso real, la comparación se tiene que hacer de manera global, por lo que en el presente caso correspondería para el delito de Extorsión la pena de once (11) años, tres (3) meses de prisión y multa de 375 días a razón de cinco mil lempiras (L.5,000.00 en su nivel más alto) por día multa; para el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso comercial, correspondería imponer la pena de tres años de prisión, penas que sumadas dan un total de CATORCE AÑOS, TRES MESES DE PRISIÓN y multa de 375 días a razón de cinco mil lempiras por día multa, equivalente a la cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (LPS 1,875,000.00) en concepto de Multa, pena que es superior a la impuesta en la sentencia que se revisa y que suma la cantidad de TRECE AÑOS SEIS MESES DE RECLUSIÓN, Y MULTA DE 37.5 SALARIOS MINIMOS.- V. Que la comparativa entre ambas penas, permite determinar que la aplicación de las nuevas disposiciones contenidas en el Decreto 130-2017, supera las penas impuestas con las disposiciones del Código Penal derogado. Por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor LUIS ALFREDO AVILA AVILA.- POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 95, 96 numeral 8, 99 párrafo primero de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN PENAL presentada por la Abogada SOMAY JAMILETH PERALTA DAVILA, a favor del señor LUIS ALFREDO AVILA AVILA, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veinte (20) de abril del dos mil dieciocho (2018). Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente. REDACTO MAGISTRADO LUIS FERNANDO PADILLA. NOTIFÍQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. MARLINA DUBÓN VILLEDA. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veinticinco, certificación de fallo de fecha veinticinco de agosto del año dos mil veinticinco, recaída en el recurso de Revisión Penal registrado en este tribunal con el número SCO-1331-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL