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Sentencia RP-1299-22 — Registro 19267

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria por el delito de Robo Agravado Continuado en aplicabilidad de principio de retroactividad de la ley en materia penal ,concluyendo la Sala Constitucional, no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva ley penal, ya que, para el robo agravado continuado, el código penal vigente establece penas más gravosas a las que fue sentenciado el condenado. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a MELVIN OSWALDO VARELA RIVERA, la pena de ocho (8) años, cuatro (4) meses de reclusión, por el delito de Robo Agravado Continuado. En relación con este delito con violencia e intimidación, el artículo 361 establece una pena abstracta de 4 a 8 años de prisión, aumentado en 1/3 por la utilización de un arma de fuego como medio de intimidación, resultando una pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses de prisión; y por ser un delito continuado a la pena más grave se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio según el artículo 68 del código penal vigente. 2. Es evidente que de lo expuesto no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva ley penal, ya que, para el robo agravado continuado, el código penal vigente establece penas más gravosas a las que fue sentenciado el condenado. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de enero de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el eRecurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado José Alejandro Núñez Valladares, a favor del señor MELVIN OSWALDO VARELA RIVERA, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, con relación a la causa que se instruyó contra el señor MELVIN OSWALDO VARELA RIVERA, por haber sido condenado por los delitos de ROBO AGRAVADO CONTINUADO, en perjuicio INVERSIONES AD, C.V. (TELEFONIA CLARO). HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL “PRIMERO: El día domingo veinte de julio dos mil dieciséis, en horas de la mañana se conducía hacia su trabajo el señor BRAYAN DAVID GODOY, quien se desempeñaba como vendedor de la Empresa INVERSIONES AD de CV, (TELEFONIA CLARO) cuando le salió al paso el señor MELVIN OSWALDO VARELA RIVERA, quien con arma de fuego, le quito un teléfono celular y la cantidad de dos mil lempiras producto de las ventas, tras de lo cual se dio a la fuga. SEGUNDO: En fecha tres de septiembre del mismo año, BRAYAN DAVID GODOY, repartía recargas en las pulperías de la colonia Perpetuo Socorro, cuando fue interceptado por el señor MELVIN OSWALDO VARELA RIVERA, quien lo conmino con un arma de fuego, a entregar un teléfono celular marca AZUM, modelo 2Z, color rojo y la llave de la motocicleta, así como la cantidad de dos mil seiscientos lempiras, lo cual realizó, saliendo en veloz carrera. TERCERO: En fecha trece de septiembre del año dos mil dieciséis, el señor MELVIN OSWALDO VARELA RIVERA, en horas de la mañana, entregaba recargas en las pulperías de la colonia Perpetuo Socorro, cuando interceptó nuevamente a BRAYAN DAVID GODOY, a quien encañono con un arma de fuego y lo despojo de la cantidad de Un mil Cien lempiras, así como un teléfono celular PCD, huyendo del lugar. CUARTO: Así también, el diecisiete de septiembre del año dos mil dieciséis, en horas de la mañana, el señor BRAYAN DAVID GODOY, se encontraba realizando su trabajo en la ciudad de Comayagüela, cuando fue interceptado por el señor MELVIN VARELA RIVERA, quien con arma de fuego, le obliga a que le entregara la cantidad de Un Mil Trescientos Lempiras que portaba, así como un celular marca LCD, una vez esto, se fue de lugar. QUINTO: En fecha 13 de febrero del año dos mil diecisiete, aproximadamente a las diez treinta de la mañana, el Testigo Protegido identificado como “UCLES”, quien también era vendedor de la Compañía Claro, se conducía a la altura de la colonia Centro América, cuando fue interceptado por el señor MELVIN VARELA RIVERA, quien con arma de fuego, lo despojo de la cantidad de Diecisiete mil cuatrocientos lempiras, un teléfono celular, una mochila en cuyo interior estaban ciento cincuenta (150) recargas de Claro. SEXTO. En fecha 27 de junio del dos mil diecisiete, le dieron detención a MELVIN OSWALDO VARELA RIVERA, por escándalo público, verificándose en la base de datos que tenía orden de aprehensión, por los hechos anteriores, por lo cual se puso a la orden de la autoridad competente.” ANTECEDENTES 1) En fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Belkis Borjas, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal en contra del señor Melvin Oswaldo Varela Rivera, por suponerlo responsable del delito de Robo Agravado Continuado, en perjuicio de Inversiones AD, C.V. (Telefonía Claro). (Folios 2-6 del antecedente). 2) Que en fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al señor MELVIN OSWALDO VARELA RIVERA, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente del delito de ROBO CONTINUADO, en perjuicio de EMPRESA INVERSIONES AD C. V., (TELEFONIA CLARO), a la pena principal de OCHO (8) AÑOS CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al señor MELVIN OSWALDO VARELA RIVERA como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, así como también, a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO: No procede la condena del señor MELVIN OSWALDO VARELA RIVERA en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. CUARTO: Se declara la responsabilidad civil del señor MELVIN OSWALDO VARELA RIVERA como consecuencia del delito de Robo Continuado, por el que se le ha condenado. Dicha responsabilidad civil será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. QUINTO: No procede decretar el comiso por no haber sido puesto a disposición de este Tribunal piezas de convicción ni de ejecución alguna. Que se notifique esta sentencia a las partes procesales. Así, por esta nuestra Sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos…” (Folios 179-181 vuelto del antecedente). 3) En fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibido el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado José Alejandro Núñez Valladares, a favor del señor Melvin Oswaldo Varela Rivera, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), por considerar que es más benigno para su representado. (Folios 1-7 del recurso de mérito). 4) En fecha diez de agosto de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, con la comparecencia de la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado José Alejandro Núñez Valladares, en su condición de Apoderada Legal del señor Melvin Oswaldo Varela Rivera; El Ministerio Público consideró: “…Al examinar el fallo sub- judice, se extrae que el hoy imputado fue condenado a la pena de ocho (8) años, cuatro (4) meses de reclusión, por el delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO, y de conformidad al Código Penal vigente la pena a imponer por dicho delito es en el marco punitivo de 8 a 10 años 8 meses de reclusión por cada uno de los delitos de Robo cometidos, que de conformidad a la declaración de hechos probados contenidos en la sentencia el sentenciado realizo todos los actos de ejecución de apoderamiento de bienes muebles de ajena pertenencia (teléfonos celulares, dinero, recargas, una mochila entre otros), empleando intimidación en los ofendidos. En atención lo anterior, resulta evidente que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena impuesta al condenado, conforme el CP-144-83 es la de ocho (8) años, cuatro (4) meses de reclusión, se ve agravada en comparación a las cinco (5) penas de 8 años de reclusión que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que por haberse dictado la sentencia en estricta conformidad, prevé una pena por cada uno de los delitos de Robo por los que fuera condenado y que suman una pena global de CUARENTA (40) AÑOS DE RECLUSION, como perna abstracta. Acorde lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que en la presente causa no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, por no ser más beneficiosa.” (Folios 24-26 del recurso de mérito). FUNDAMENTACION. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del Recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que: “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal, se celebró en fecha diez de agosto de dos mil veintitrés, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado José Alejandro Núñez Valladares, a favor del señor MELVIN OSWALDO VARELA RIVERA, como revisionista; y, la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. El Abogado José Alejandro Núñez Valladares, solicita la revisión de la pena y que se aplique el principio de retroactividad de la ley, tomando en cuenta las nuevas penas vigentes en el Decreto 130-2017, en base al artículo 96 de la constitución, se solicita la retroactividad de la ley, siempre que favorezca al reo, por lo que se solicita la revisión de las penas. Por su parte el Ministerio Público, estima que las disposiciones contenidas en el actual código penal, no son más favorables al sentenciado; por lo que solicita que no se otorgue la revisión solicitada. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a MELVIN OSWALDO VARELA RIVERA, la pena de ocho (8) años, cuatro (4) meses de reclusión, por el delito de Robo Agravado Continuado. En relación con este delito con violencia e intimidación, el artículo 361 establece una pena abstracta de 4 a 8 años de prisión, aumentado en 1/3 por la utilización de un arma de fuego como medio de intimidación, resultando una pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses de prisión; y por ser un delito continuado a la pena más grave se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio según el artículo 68 del código penal vigente. 2. Es evidente que de lo expuesto no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva ley penal, ya que, para el robo agravado continuado, el código penal vigente establece penas más gravosas a las que fue sentenciado el condenado. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 68, 361, 363.9 y 618 del decreto legislativo No. 130-2017 código penal vigente. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado José Alejandro Núñez Valladares, en favor del señor MELVIN OSWALDO VARELA RIVERA. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al Juzgado de Ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó Magistrado Vallecillo Paredes.- Notifíquese y cumplase. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha veintiocho de enero de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-1299-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL JP