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Sentencia RP-1257-23 — Registro 19750

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria por el delito de extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido clave AD-0004. (EXP. Jesjo-258-2021)

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (11): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. II. Que, conforme a las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017 para el delito de Extorsión, el artículo 373 prevé una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados; de no concurrir la agravante específica al delito de Extorsión, contenida en el numeral 1) del artículo 374 de la misma norma. Sin embargo, no puede soslayarse, por parte de la Sala, que tal norma penal fue reformada posteriormente, mediante el Decreto 93-2021, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021, con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial; incrementando nuevamente las penas, para el delito de Extorsión, al establecer como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. Como bien lo ha indicado la Fiscalía para la Defensa de la Constitución, en la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, celebrada ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés; no debía otorgarse la acción de revisión en vista a que las disposiciones contenidas en la reforma del Código Penal, en comparando, no resultan más favorables al sentenciado, pues resulta igual a la pena de reclusión impuesta; mientras que, en cuanto a la pena de multa, resultaría incluso más gravosa, que la impuesta por intermedio la sentencia que se revisa. Por todo lo cual, con base a lo establecido en los artículos 53 y 616 del Código Penal vigente, no resultaría aplicable el artículo 96 de la Constitución de la República; en cuanto a la no retroactividad de las leyes penales, salvo en caso de favorabilidad para el procesado, o delincuente CONSIDERANDO (12): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. III. En consecuencia, la comparativa de penas entre las dos (2) legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al ciudadano JUAN CARLOS RIVERA ORDOÑEZ, y el Decreto 93-2021, vigente al momento de interposición del Recurso de revisión, permiten determinar que este último prevé sanciones iguales, o más gravosas, que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83, ahora derogado. Por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley por el delito de EXTORSIÓN, tomando en especial consideración que el recurso de revisión fue presentado por el garantista en fecha 25 de septiembre del año 2023, es decir, ya encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021. CONSIDERANDO (13): Que, la subsunción del caso bajo estudio a través de la garantía constitucional de revisión en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, exige la cumplimentación de los requisitos exigidos, tanto en la norma sustantiva, como en la Ley Sobre Justicia Constitucional; no siendo procedente la aplicación retroactiva de la norma penal vigente al señor JUAN CARLOS RIVERA ORDOÑEZ, por no resultarle más benigna que la que se encontraba vigente, al momento de dictársele sentencia condenatoria.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de junio de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada ZOILA RAMOS, en su condición de Juez de Ejecución de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho a favor del señor JUAN CARLOS RIVERA ORDOÑEZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, de fecha quince (15) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), con relación a la causa que se instruyó contra del señor JUAN CARLOS RIVERA ORDOÑEZ por haber sido condenado por el delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de Testigo Protegido CLAVE AD-0004. (EXP. Jesjo-258-2021) ANTECEDENTES 1) En fecha once (11) de diciembre de dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Ejecución Seccional, Catacamas Departamento de Olancho, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, la Abogada KEIRY JOHANA MONTALVAN ACOSTA, presentando requerimiento fiscal en contra del señor JUAN CARLOS RIVERA ORDOÑEZ, por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de Testigo Protegido CLAVE AD-0004 (Folios 1-6 del antecedente) 2) Que en fecha quince (15) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal de sentencia del departamento de Olancho, dictó sentencia mediante la cual falló: POR TANTO: Este Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho, por unanimidad de votos siendo ponente el juez ROGER DAVID ALVARADO MARTINEZ, impartiendo Justicia en nombre del Estado de Honduras, en virtud de todo lo expuesto y fundamentándose en los artículos 59, 69, 82, 88, 89, 90, 303 304 de la Constitución de la Republica; 1, 2, 3, 13, 18, 32, 63, 64, 70, 222, del Código Penal Vigente; 1, 2, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 319, 322, 337, 339, 341 y demás aplicables del Código Procesal Penal; "ex vi legis" FALLA: PRIMERO: Condenar al ciudadano JUAN CARLOS RIVERA ORDOÑEZ, cuyas menciones generales de identidad ya han sido citadas anteriormente, como autor material directo del delito de EXTORCION, en perjuicio del Testigo PROTEGIDO CLAVE "AD0004" con una pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION, y Cincuenta (50) salarios mínimos, previo abono del tiempo que estuvo privado de libertad como producto de la medida cautelar de prisión preventiva que venían sufriendo durante la secuela del presente proceso, la que deberán cumplir en la Granja Penal de esta ciudad de Juticalpa Departamento de Olancho. SEGUNDO: Condena al imputado JUAN CARLOS RIVERA ORDOÑEZ, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL durante todo el tiempo que dure la pena principal de reclusión, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. TERCERO: No procede condenar en costas procésales ni personales ocasionados por el juicio, al imputado JUAN CARLOS RIVERA ORDOÑEZ. CUARTO: Inscribir la presente sentencia en el libro respectivo que para tal efecto lleva este Juzgado y a su vez se ordena extender a las partes las copias de la misma. Una vez firme la sentencia que se envié al Juzgado de Ejecución de este Departamento para su correspondiente ejecución. Notifíquese la presente sentencia a las partes procésales. (Folios 104-112 del recurso de mérito) 3) En fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por la Abogada ZOILA RAMOS, a favor del señor JUAN CARLOS RIVERA ORDOÑEZ, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitándola revisión de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, que se proceda a dictar el fallo de la sentencia referida aplicando la pena de prisión de DIEZ (10) AÑOS DE PRISION Y MULTA DE QUINIENTOS DIAZ RAZON DE VEINTE (LPS.20,00) LEMPIRAS CADA DIA, tomando en cuenta la capacidad económica del penado tal como se acredita en la presente causa más la pena privativa de derechos que corresponda. (Folios 3-5 del recurso de mérito) 4) En fecha veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante LUIS ALONSO DISCUA CERRATO, con la comparecencia de la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada ANDREA FABIANA GARCIA, actuando en su condición de Apoderada Legal del señor JUAN CARLOS RIVERA ORDOÑEZ; El Ministerio Público consideró Esta representación del Ministerio Público, después de hacer estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva de fecha quince (15) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Nuevo código Penal Vigente, la pena por la cual fue condenado su representado es sancionado con una pena más benigna, por 10 que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más les favorezca, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)..., 2) .., 3) ... 2) ., 3) ..., 4) .,5) .., 6) . 7)…, 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna…", relacionado con los artículos 615 y 616 del Nuevo Código Penal, que señalan: Artículo 615: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique... De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de EXTORSION por el cual se condenó a JUAN CARLOS RIVERA ORDOÑEZ. Según el artículo 222 del Código Penal derogado, establecía: "Comete el delito de Extorsión, quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de un tercero, el culpable de extorsión debe ser castigado con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y UNA MULTA DE CINCUENTA SALARIOS MINIMOS EN SU NIVEL MAS ALTO, más las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizadas. La extorsión se considera consumada corresponderá como autores con independencia de si se ha logrado o no el objetivo percibido con la violencia intimidación, el que realiza la amenaza, la exigencia o cualquier acto característico de cualquier modalidad extorsiva, así como quien participe en la recolección de dinero de forma personal, por medio de transferencias electrónicas o a través de sus cuentas financieras o reciba bienes o cualquier tipo de beneficio producto del delito". En el Nuevo Código Penal Vigente el delito de EXTORSION se encuentra regulado en el artículo 373, reformado a través del decreto 93-2021.- EXTORSION. "Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y MULTA DE QUINIENTOS (500) A MIL (1000) DÍAS EN SU NIVEL MÁS ALTO, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados, si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación". El Nuevo Código Penal Vigente dispone en el artículo 53. - PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5, 000). Por lo que la pena de quince (15) años de reclusión y quinientos (500) días multa, APLICANDO EL MINIMO equivale DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (LPS. 2,500,000.00) ya que es en su nivel más alto. Al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, considerando que el artículo 373 que se solicita sea aplicado, fue reformado mediante Decreto 130-2017, por 10 que la pena privativa de libertad impuesta conforme la legislación derogada, resulta también imponible con arreglo al Código Penal vigente, y en cuanto a la pena de multa la misma resulta más gravosa respecto de la que le fue impuesta en la sentencia que se pretende rever (50 salarios mínimos). Por lo que no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado." Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. OPINIÓN Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” (Folios 12-14 vuelto del recurso de mérito) CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos del garantista expuestos en promoción de la Garantía Constitucional de Revisión. El Juzgado de Ejecución garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna; lo cual, considera ser el caso del señor JUAN CARLOS RIVERA ORDOÑEZ, quien fue condenado en fecha quince (15) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), por el Tribunal de sentencia del departamento de Olancho, según la preceptiva del artículo 222 del Código Penal derogado, a una pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION, Y CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS, sentencia cuya parte resolutiva se transcribe en el Antecedente 2). Compareciendo el Juzgado garantista en solicitud se le imponga una pena mínima conforme a lo que establece nuestra norma penal en el Decreto 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 10 de mayo del año 2020, en cuyo artículo 373 establece que la pena para el delito de EXTORSIÓN es de 10 a 15 años y multa de 500 días, reformado ulteriormente a través del Decreto 93-2021. En resumen, tal la argumentación jurídica promovida en Audiencia de oposición y presentación de pruebas, según se deduce de Antecedentes. CONSIDERANDO (4): Que el artículo 96 de la Constitución de la República de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…" Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación, entre lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada; teniendo, como consecuencia, la aplicación de la norma que resulte más favorable. CONSIDERANDO (5): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (6): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, mediante la sentencia referida en Antecedentes se condenó al señor JUAN CARLOS RIVERA ORDOÑEZ como autor directo del delito de EXTORSION, en perjuicio del Testigo PROTEGIDO CLAVE "AD0004" a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN MÁS UNA PENA DE MULTA DE CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS, acompañada por las condenas accesorias correspondientes. Cabe mencionar que, la revisión penal se ha solicitado, en principio, conforme a lo normado en el nuevo Código Penal, en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, el cual tipifica el delito de EXTORSIÓN, de la siguiente forma: Artículo 373. “Extorsión. Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyuge, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad”. Como es sabido, el artículo 373 del Código Penal, en referencia, fue reformado por medio del Decreto No. 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Núm. 35,760 de fecha uno de noviembre del año 2021, y vigente al día siguiente de su publicación, cuyo nuevo texto dispone: ARTÍCULO 373.- “EXTORSION. Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga a trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para si o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. CONSIDERANDO (7): ADSCRIPCIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, la cual, una vez en vigor, forma parte de nuestro derecho interno, comprometiéndose nuestro país como Estado suscriptor originario de la Convención, a respetar los derechos y libertades en ella reconocidos. En su artículo 9, la Convención o Pacto de San José establece el Principio de Legalidad y de Retroactividad, por el cual dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Así, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha sostenido que: “… en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo.” -Lo resaltado y subrayado es añadido-. CONSIDERANDO (8): EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD exige que, toda medida limitativa de derechos fundamentales debe encontrarse prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, la Ley penal deberá ser scripta, stricta, certa, praevia y válida; transgrediéndose, de lo contrario, el Principio de Legalidad. CONSIDERANDO (9): CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA LEY INTERMEDIA. Se les denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa. Para el jurista René SUAZO LAGOS, reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema, otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo.” CONSIDERANDO (10): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. I. Que, del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal, se observa que el ciudadano garantista fue condenado a las penas principales y accesorias puestas de manifiesto en el Antecedente 2) de la presente sentencia (15 AÑOS DE RECLUSIÓN MÁS UNA PENA DE MULTA DE 50 SALARIOS MÍNIMOS, en lo relativo a la pena privativa de libertad y de otros derechos). No considera esta Sala de lo Constitucional, que el caso sub júdice pueda subsumirse en la causal número ocho, del artículo 96, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en virtud no proceder la aplicación retroactiva de la ley invocada, al no resultar más benigna la reforma a la legislación penal contenida en el Decreto No. 93-2021, en vigencia al momento de promoverse la presente garantía constitucional de Revisión Penal; que la legislación penal contemplada en el Código Penal derogado (Decreto 144-1983), bajo la cual resultó condenado el ciudadano JUAN CARLOS RIVERA ORDOÑEZ. CONSIDERANDO (11): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. II. Que, conforme a las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017 para el delito de Extorsión, el artículo 373 prevé una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados; de no concurrir la agravante específica al delito de Extorsión, contenida en el numeral 1) del artículo 374 de la misma norma. Sin embargo, no puede soslayarse, por parte de la Sala, que tal norma penal fue reformada posteriormente, mediante el Decreto 93-2021, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021, con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial; incrementando nuevamente las penas, para el delito de Extorsión, al establecer como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. Como bien lo ha indicado la Fiscalía para la Defensa de la Constitución, en la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, celebrada ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés; no debía otorgarse la acción de revisión en vista a que las disposiciones contenidas en la reforma del Código Penal, en comparando, no resultan más favorables al sentenciado, pues resulta igual a la pena de reclusión impuesta; mientras que, en cuanto a la pena de multa, resultaría incluso más gravosa, que la impuesta por intermedio la sentencia que se revisa. Por todo lo cual, con base a lo establecido en los artículos 53 y 616 del Código Penal vigente, no resultaría aplicable el artículo 96 de la Constitución de la República; en cuanto a la no retroactividad de las leyes penales, salvo en caso de favorabilidad para el procesado, o delincuente CONSIDERANDO (12): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. III. En consecuencia, la comparativa de penas entre las dos (2) legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al ciudadano JUAN CARLOS RIVERA ORDOÑEZ, y el Decreto 93-2021, vigente al momento de interposición del Recurso de revisión, permiten determinar que este último prevé sanciones iguales, o más gravosas, que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83, ahora derogado. Por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley por el delito de EXTORSIÓN, tomando en especial consideración que el recurso de revisión fue presentado por el garantista en fecha 25 de septiembre del año 2023, es decir, ya encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021. CONSIDERANDO (13): Que, la subsunción del caso bajo estudio a través de la garantía constitucional de revisión en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, exige la cumplimentación de los requisitos exigidos, tanto en la norma sustantiva, como en la Ley Sobre Justicia Constitucional; no siendo procedente la aplicación retroactiva de la norma penal vigente al señor JUAN CARLOS RIVERA ORDOÑEZ, por no resultarle más benigna que la que se encontraba vigente, al momento de dictársele sentencia condenatoria. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 69, 373, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; y Decreto 93-2021 publicado en La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021. FALLA: DECLARANDO SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal promovida por la Abogada ZOILA RAMOS, a favor del señor JUAN CARLOS RIVERA ORDOÑEZ. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. - NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días de septiembre del dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veinte de junio del dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1257 -2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL