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Sentencia RP-1216-23 — Registro 19749

Resumen

Sentencia en revisión condenó a recurrente y otros como autores del delito de lavado de activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras a una pena de diez (10) años de prisión, con multa pecuniaria, con penas accesorias de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía por el tiempo de la pena privativa de libertad, más responsabilidad civil derivada del delito; La Sala de lo Constitucional concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto a la cantidad de la pena en comparación con la legislación penal anterior.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a MELVIN FLORENTINO LOPEZ NAVARRETE Y OTROS, la pena de diez (10) años de prisión y multa de doscientos cuarenta y nueve millones, y muta de 150% del valor de lo Lavado, que asciende a DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS, por ser autores penalmente responsables del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Para dictar el fallo condenatorio, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, aplicó lo dispuesto en el artículo 439 del NCP 130-2017, entrado en vigencia a partir del 25 de junio de 2020, y el cual establecía como una de sus modalidades criminosas para la realización del delito, la no justificación de la procedencia lícita de los activos; es decir, según la construcción objetiva del tipo penal, bastaba al ente acusador demostrar la no justificación legal de los activos sin necesidad de que procedan de algún delito de los enumerados en el tipo penal o algún delito considerado grave. Por su parte, el sentenciado devenía obligado a acreditar la condición de licitud de los activos en descargo de la acusación o, que no procedían de un delito de los enlistados en el tipo penal o considerado grave. No obstante, mediante el Decreto legislativo No. 93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 439 del Decreto legislativo 130-2017, contentivo del nuevo Código Penal y hace modificaciones a la descripción del tipo penal de Lavado de Activos, ya no se establece como modalidad criminosa que el sujeto no tenga justificación lícita de los activos, determinando el legislador que este supuesto de hecho no debe ser reprochable penalmente, debiendo el Ministerio Público, acreditar que los activos son productos de un delito grave y a los cuales busca dárseles condición de licitud. En el caso bajo estudio, en el hecho probado de la sentencia solo establece que los sentenciados manejaron entre el año 2011 Y 2019, el señor Melvin Florentino López, dispuso de la cantidad 7,237,961.74 lempiras; cantidades de dinero del cual no tenían justificación lícita de su procedencia. No se describe que los activos sean productos directos o indirectos de las diferentes acciones que describe y exige el tipo penal o de un delito grave. Es decir, la conducta descrita en los hechos probados no encaja en la descripción de la nueva norma penal convirtiéndolo en atípico al no tener relevancia jurídico penal con la nueva legislación..."..."esta Sala encuentra que si bien es cierto, al señor MELVIN FLORENTINO LOPEZ, se le dictó sentencia absolutoria por el delito de tráfico Ilícito de Drogas, pues solo se encuentra acreditado en el proceso que se reunían constantemente en varios puntos del Municipio de Sabá, Colón, al momento de su captura no se le encontró droga alguna, pero como consta en el hecho probado de esta sentencia venida en revisión, el condenado Melvin Florentino López, no acreditó la procedencia de la cantidad de dinero que tuvo bajo su disposición..."..."la Sala de lo Constitucional concluye, que no es procedente la aplicación retroactiva de la ley penal en favor del señor MELVIN FLORENTINO LOPEZ NAVARRETE; ya que no le es más favorable este Código en el presente caso, pues la pena a imponer seria la misma al realizar los cálculos. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código no benefician al condenado. Y, por lo tanto, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que no se cumple con los requisitos exigidos, tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que no es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor MELVIN FLORENTINO LOPEZ NAVARRETE..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de abril de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada MIRLA AUXILIADORA REYES OSEGUERA, a favor del señor MELVIN FLORENTINO LOPEZ NAVARRETE, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha veintinueve de noviembre dos mil veintidós, con relación a la causa que se instruyó contra el señor MELVIN FLORENTINO LOPEZ NAVARRETE, por haber sido condenado por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) En fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, el abogado JOSE ROGELIO COREA CASTILLO, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores ILVIS OMAR HERRERA, DAVID CRUZ MUNGUIA, MELVIN FLORENTINO LOPEZ NAVARRETE Y GERSON IVAN REYES EUCEDA, por suponerlos responsables del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS (Folios 1-7 del antecedente). 2) En fecha dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), esta Sala tuvo por recibido el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la abogada MIRLA AUXILIADORA REYES OSEGUERA, a favor del señor MELVIN FLORENTINO LOPEZ NAVARRETE OPEZ, contra la sentencia condenatoria dictada por EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha uno de veintinueve de noviembre dos mil veintidós, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. Acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando darle el trámite de ley y resolver conforme a lo peticionado, señalando y convocando a la audiencia solicitada para proceder a la revisión de la condena, considerando la pena que establece el nuevo código penal en el artículo 439, en razón de que la nueva ley favorece al delincuente o procesado. (Folios 01-06 del recurso de mérito). 3) Que en fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintidós (2022), el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho, dictó sentencia, mediante la cual falló: “sic PRIMERO: Condenar como en efecto Condenamos al señor DAVID CRUZ MUNGUÍA, de generales conocidas en el proceso, a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN, MÁS LA MULTA DE 300 DÍAS A RAZÓN DE 100 LEMPIRAS POR DIA, haciendo un total de 30,000.00 Lempiras; como autor penalmente responsable por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. Pena que deberá cumplir en el centro penal que estime el Juez de Ejecución competente, a la cual se le ha descontar el tiempo que ha permanecido en efectiva prisión por esta causa, quedando obligado a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. En cuanto a la multa debe enterarla a la Tesorería General de la República. Además, se le impone la pena de Inhabilitación Absoluta. SEGUNDO: Condenar al señor DAVID CRUZ MUNGUIA, de generales ya conocidas en este proceso, a la pena de UN (1) AÑO DE PRISIÓN, por el delito de Tenencia ilegal de arma Comercial, en perjuicio de La SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. También se le condena a la pena de localización permanente de un (1) año. Pena que deberá cumplir en el centro penal que estime el Juez de Ejecución competente, a la cual se le ha descontar el tiempo que ha permanecido en efectiva prisión por esta causa, quedando obligado a realizar labores dentro del establecimiento penal como lo ordena la ley que regula el sistema penitenciario. Además, se le condena la pena Accesoria de Inhabilitación Especial. TERCERO: Condenar como en efecto condenamos al señor DAVID CRUZ MUNGUIA, de generales conocidas en el proceso, por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN, Y MULTA DEL 150% DEL VALOR DE LO LAVADO, que asciende a 11,808,696.50 Lempiras. Más la pena de Inhabilitación Absoluta. CUARTO: Condenar como en efecto condenamos al señor MELBIN FLORENTINO LÓPEZ NAVARRETE, de generales conocidas en el proceso, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena DE DIEZ (10) AÑOS DE PRISION, Y MULTA DEL 150% DEL VALOR DE LO LAVADO, que asciende a 10,856,942.61 Lempiras. Pena que deberá cumplir en el centro penal que estime el Juez de Ejecución competente, a la cual se le ha de descontar el tiempo que ha permanecido en efectiva prisión por esta causa, quedando obligado a realizar labores dentro del establecimiento penal como lo ordena la ley que regula el sistema penitenciario. Más la pena de Inhabilitación Absoluta. QUINTO: Condenar como en efecto condenamos al señor ILVIS OMAR HERRERA, de generales conocidas en el proceso, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de OCHO (8) AÑOS DE PRISON, Y MULTA DEL 100% DEL VALOR DE LO LAVADO, que asciende a 10,856,942.61 Lempiras. Pena que deberá cumplir en el centro penal que estime el Juez de Ejecución competente, a la cual se le ha descontar el tiempo que ha permanecido en. efectiva prisión por esta causa, quedando obligado a realizar labores dentro del establecimiento penal como lo ordena la ley que regula el sistema penitenciario. Más la pena de Inhabilitación Absoluta. SEXTO: Condenar como en efecto condenamos al señor SELVIN JAVIEL LÓPEZ NAVARRETE, de generales conocidas en el proceso, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena DE OCHO (8) AÑOS DE PRISION, Y MULTA DEL 100% DEL VALOR DE LO LAVADO, que asciende a 4,358,833.72 Lempiras. Pena que deberá cumplir en el centro penal que estime el Juez de Ejecución competente, a la cual se le ha descontar el tiempo que ha permanecido en efectiva prisión por esta causa, quedando obligado a realizar labores dentro del establecimiento penal como lo ordena la ley que regula el sistema penitenciario Mas la pena de Inhabilitación Absoluta. SEPTIMO: Absolver como en efecto absolvemos, a los señores ILVIS OMAR HERRERA, MELBIN FLORENTINO LÓPEZ NAVARRETE, GERSON IVAN REYES EUCEDA, LUIS ALONZO CASTRO FUNEZ Y SELVIN JAVIEL LÓPEZ GAVARRETE, por el delito de TRAFICO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de La SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. Delito por el cual venían siendo acusados. Debiendo otorgárseles la carta de Libertad definitiva, hasta que la sentencia adquiera el carácter de firme. OCTAVO: Absolver como en efecto Absolvemos, al señor GERSON IVAN REYES EUCEDA, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. Por la cual venía siendo acusado, debiendo otorgarse la carta de Libertad definitiva, hasta que la sentencia adquiera el carácter de firme. NOVENO: Se declara el comiso de los objetos e instrumentos, así como la nulidad y disolución las sociedades mercantiles y su inscripción contenidas en las escrituras públicas descritas en el numeral decimo de la fundamentación Jurídica de esta Sentencia, hasta que la sentencia adquiera el carácter de firme. DECIMO: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a las partes procesales que intervinieron en el proceso. DECIMO PRIMERO: Se declara a los condenados ILVIS OMAR HERRERA, MELBIN FLORENTINO LÓPEZ NAVARRETE, SELVIN JAVIEL LOPEZ GAVARRETE y DAVID CRUZ MUNGUIA, responsables civilmente, la cual deberá ser fijada en la fase de ejecución de la pena. DECIMO SEGUNDO: Que se notifique la presente Sentencia a las partes procesales, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer el recurso de casación dentro del término de veinte días (20). Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos (Folios 138- 172 del recurso de mérito). 4) En fecha treinta de octubre de dos mil veinticuatro, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante MARVIN RIGOBERTO ESPINAL PINEL, con la comparecencia de la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada BRENDA JANETH CRUZ HERNANDEZ, actuando en su condición de Apoderada Legal del señor MELBIN FLORENTINO LÓPEZ NAVARRETE; El Ministerio Público consideró: ANTECEDENTE: 1.- Lo constituye la sentencia firme dictada en fecha (29) de noviembre del dos mil veintidós (2022), por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual condenó al hoy sentenciado MELVIN FLORENTINO LOPEZ NAVARRETE por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, a una pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA del 150% DEL VALOR DE IO LAVADO, que asciende a DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (L. 10,856,942.61), como pena principal más la inhabilitación Absoluta. 2.- El recurrente presentó recurso de Revisión en fecha 18 de septiembre del 2023, a efecto que se aplique la retroactividad a favor de su representado al determinar que el artículo 439 del Código Penal vigente que contiene el injusto penal de Lavado de Activos, fue reformado a través del Decreto 93-21, derogando lo atinente a la no justificación, causa de condena de su representado; asimismo, no se probó que su representado haya cometido el delito precedente (Tráfico de drogas, Trata de Personas o Venta de Armas), por 1o que solicita una sentencia Absolutoria. II. APRECIACION JURÍDICA: Que la causal de revisión invocada por el revisionista se encuentra contenida en el numeral 8 del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado en cualquiera de los casos siguientes cuándo: 1) ... 2) .... 3) ..., 4) ..., 5) ..., 6)., 7) ...8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna; así como el principio constitucional contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República, por considerar que la entrada en vigencia del actual Código Penal resulta más favorable, por lo cual peticiona que se revea la sentencia firme donde resultó condenado su poderdante. Artículo 615: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETERMINAR si es ley PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique...Del examen de los antecedentes, se aprecia que el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal condenó al acusado en mención por el delito de LAVADO DE ACTIVOS contenido en el artículo 439 de la norma penal vigente, por haberse acreditado que el hoy sentenciado dispuso de cantidades de dinero, sin causa que 10 justificara; determinando el Recurrente que su representado debe ser beneficiado con una sentencia absolutoria, en vista que dicho artículo fue reformado a través del Decreto No 93-2021, que derogó lo referente: "O que no tenga causa o justificación económica o licita de su procedencia", lo que en su momento fue el motivo de condena y al no existir dicha circunstancia procede la absolución. Al examinar el antecedente de mérito, se aprecia que la reforma al artículo 439 del Código Penal vigente, realizada a través del Decreto 93-2021 publicado en el Diario Oficial La Gaceta NO. 35,760, derogó lo atinente "O que no tenga causa o justificación económica o licita de su procedencia." Sin embargo, dicha reforma contraviene disposiciones de carácter convencional al suprimir que no se tengan causa o, justificación económica o lícita de la procedencia del bien, lo que violenta el numeral 7) del artículo 5 de la Convención de Viena que exhorta a los Estados Partes a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen lícito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno. Asimismo, la Convención de Palermo expone en su artículo 12 numeral 7): "Los Estados Partes podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen ilícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso en la medida que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas". De ahí que, al ser el Estado de Honduras, parte de Tratados Internacionales en materia de narcotráfico y criminalidad organizada, estos constituyen obligatoriedad de cumpliendo conforme al principio fundamental que los tratados deben ser cumplidos (PACTA SUNT SERVANDA), contemplado en el artículo 26 de la convención de Viena de 1969, que establece: "Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe", mismo que lo encontramos consagrado en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, en el párrafo 2 del artículo 2 que dice: "Sus miembros cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos". En razón a ello, la reforma contenida en el Decreto 93-2021, fue derogada por el Honorable Congreso Nacional mediante Decreto 43-2023, por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte; de igual manera este Alto Tribunal declaró con lugar por mayoría simple, el recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por el Ministerio Público, concluyendo que el artículo 439 del código penal fue reformado mediante un proceso legislativo viciado, en el que el honorable Congreso Nacional omitió el Control Constitucional previo que impone el artículo 219 de la Constitución de la República, determinando que la inconstitucionalidad por razón de forma del artículo 439 del Código Penal es de recibo, en virtud de lo cual su contenido debe retrotraerse a su texto original tal como aparece en el Decreto 130-2017, publicado en La Gaceta, diario oficial de la república de Honduras, el 10 de mayo de 2019, No 34940. Asimismo, la Sala afirma de manera categórica que la redacción del artículo 439 del código penal, reformado mediante el artículo 4 del decreto 93-2021, no se encuentra dispuesta de conformidad con las obligaciones contraídas por el Estado de Honduras con la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada transnacional o Convención de Palermo y asimismo, contraviene de manera directa a las obligaciones contenidas en la Convención de Mérida, como si lo estaba anteriormente en su forma original, es decir, como se dispone en el Decreto Legislativo 130-2017 (Código Penal) es por ello que el Recurso de Inconstitucionalidad presentado por el Ministerio Público, en el primer motivo por razón de contenido fue también de recibo por esta honorable Sala. De ahí que se estime que lo peticionado por la revisionista no se encuentra conforme a Ley. III. OPINIÓN: El Ministerio Público, con base a lo antes expuesto, es del parecer QUE SE DENIEGUE la solicitud de Revisión presentada conforme los argumentos que anteceden. Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión penal se celebró en fecha treinta de octubre del año dos mil veinticuatro, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada BRENDA LORENA ZUNIGA GARCIA, en representación de MELVIN FLORENTINO LAOPEZ NAVARRETE, como revisionista; la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña; y el Abogado ABIEZER ZABDIL LOPEZ BONILLA, en su condición de representante de la Procuraduría General de la República. El Apoderado legal de señor Melvin Florentino López Navarrete, manifestó que: “Que hemos acudido en solicitud de revisión ante esta Honorable Sala Constitucional a favor de mi representado Melvin Florentino López, quien fuera condenado a una pena de 10 años de reclusión, más una multa de 10,856,942.61 conforme a lo presentado en el artículo Código Penal, que el artículo uno del Código Penal vigente, mediante Decreto 130-2017; así como, el artículo 615, en apego a lo que ya establece concatenado con lo que ya establece el artículo 96 de la Constitución de la República. Esto es, en cuanto a la Retroactividad de la Ley Penal, a la cual pues su presentado acude con fundamento en todas estas leyes que le dan la facultad para que en su caso, aun habiendo una sentencia firme, pueda ser revisado en virtud de que la norma que ha sido modificada a través del primer término, el Decreto 130-2017, concatenado con el Decreto 93-2021, en el cual pues ya se establecía la reforma en el sentido del delito previo y la no justificación para estos tipos de casos referentes al delito de Lavado de Activos, es así, que considera que su representado se enmarca dentro de este beneficio de retroactividad de ley penal y es por esa razón que solicita que mediante este decreto que ya cuenta con diferente jurisprudencia, únicamente quiere enunciar cuatro sentencias número 3-2021, contra Jean Francisco Hernández, 4-66-2022, contra Mario Torres de Olivera, 3-86-2021, marinos pescadería y 5-15-2022 Roosevelt Avilés, ex alcalde de Talanga, todos por el delito de Lavado de Activos, a quienes el Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional, tuvo a bien aplicar este decreto conforme a la retroactividad de la ley penal, aunado también a la sentencia que ya tenemos de esta Honorable Sala SCO-0536-2022, por lo que pide se le decrete inocente a su representado en aplicación a la retroactividad de la ley…” Por su Parte el Abogado FERNANDO JOSE NAVARRO VASQUEZ, en su condición de Representante de la Procuraduría General de la República manifestó, que: ….Que esta representación considera, que esta modificación del Decreto 93-2021, en la reforma del artículo 439 del Código Penal vigente, contentivo del delito de Lavado de Activos en el sentido a que no se tenga causa justificación económica o lícita de su procedencia, por lo cual el tipo penal quedó sujeto a ese momento a la procedencia de uno o mas de los catálogos que enumera el tipo penal de Lavado de Activos; sin embargo, cabe mencionar que el Estado de Honduras es parte de diferentes Convenciones Internacionales y que claramente se contravinieron al momento de realizar esta reforma. En este sentido, la Convención de Viena en su artículo 5 numeral 7. Exhorta a los Estados partes a considerar exigir que se demuestre el origen lícito del supuesto delito. Asimismo, la Convención de Palermo, en su artículo 12, numeral 7, nos indica que los Estados partes podrán considerar la posibilidad de exigir al delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto, del delito de los bienes expuestos, de ahí que el Estado de Honduras, al ser parte de estos convenios, constituye una obligatoria de cumplimiento conforme al principio fundamental Pacta Sun Servanda, que rigen en los tratados, mismo que se encuentra contemplado en la Convención de Viena de 1969, en su artículo 26, el cual se lee todo tratado en vigor, obliga a las partes y debe de ser cumplido por ellos de buena fe y en ese mismo sentido, la carta de la Naciones Unidas en su artículo 2, párrafo segundo….Que es del parecer que no procede otorgar la presente acción de revisión que ha solicitado la defensa, en vista de que dicha apreciación de la defensa no es conforme a derecho y contraviene las disposiciones emanadas de una Convención Internacional, de la cual el Estado de Honduras es parte; asimismo, considera que ya el artículo del Decreto 93-2021, en ese sentido, ha sufrido una modificación mediante el Decreto 43-2023, lo cual ya coloca esa modificación al Decreto 93-2021, como una ley intermedia y que ya hay basta jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en ese sentido, de la no aplicabilidad de leyes intermedias en cuanto al principio de retroactividad, esta representación considera que no se debe de otorgar la presente acción de revisión presentada por la defensa.” Por su Parte, la Abogada Sandra Lorena Zúniga García, en su condición de Representante del Ministerio Público expresa que: ” según los siguientes antecedentes que lo constituye la sentencia firme dictada en fecha (29) de noviembre del dos mil veintidós (2022), por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual condenó al hoy sentenciado MELVIN FLORENTINO LOPEZ NAVARRETE por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, a una pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA del 150% DEL VALOR DE LO LAVADO, que asciende a DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (L. 10,856,942.61) como pena principal más la inhabilitación Absoluta. 2.- El recurrente presentó recurso de Revisión en fecha 18 de septiembre del 2023, a efecto que se aplique la retroactividad a favor de su representado al determinar que el artículo 439 del Código Penal vigente que contiene el injusto penal de Lavado de Activos, fue reformado a través del Decreto 93-21 derogando lo atinente a la no justificación, causa de condena de su representado, obtuviera el asimismo no se probó que su representado dinero de un delito precedente (Tráfico de drogas, Trata de Personas o Venta de Armas ), por 10 que solicita una sentencia Absolutoria. II. APRECIACION JURÍDICA: Que la causal de revisión invocada por el revisionista se encuentra contenida en el numeral 8 del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado en cualquiera de los casos siguientes cuándo: 1) ... 2) .... 3) ..., 4) ..., 5) ..., 6)., 7) ...8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna; así como el principio constitucional contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República, por considerar que la entrada en vigencia del actual Código Penal resulta más favorable, por lo cual peticiona que se revea la sentencia firme donde resultó condenado su poderdante. Artículo 615: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETERMINAR si es ley PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique... Del examen de los antecedentes, se aprecia que el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, condenó al acusado en mención por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, contenido en el artículo 439 de la norma penal vigente, por haberse acreditado que el hoy sentenciado dispuso de cantidades de dinero, sin causa que 10 justificara; determinando el Recurrente que su representado debe ser beneficiado con una sentencia absolutoria, en vista que dicho artículo fue reformado a través del Decreto No 93-2021, que derogó lo referente: "O que no tenga causa o justificación económica o licita de su procedencia", lo que en su momento fue el motivo de condena y al no existir dicha circunstancia procede la absolución. Al examinar el antecedente de mérito, se aprecia que la reforma al artículo 439 del Código Penal vigente, realizada a través del Decreto 93-2021 publicado en el Diario Oficial La Gaceta NO. 35,760, derogó lo atinente "O que no tenga causa o justificación económica o licita de su procedencia." Sin embargo, dicha reforma contraviene disposiciones de carácter convencional al suprimir que no se tengan causa o, justificación económica o lícita de la procedencia del bien, lo que violenta el numeral 7) del artículo 5 de la Convención de Viena que exhorta a los Estados Partes a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen lícito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno. Asimismo, la Convención de Palermo expone en su artículo 12 numeral 7): "Los Estados Partes podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen ilícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso en la medida que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas". De ahí que, al ser el Estado de Honduras, parte de Tratados Internacionales en materia de narcotráfico y criminalidad organizada, estos constituyen obligatoriedad de cumpliendo conforme al principio fundamental que los tratados deben ser cumplidos (PACTA SUNT SERVANDA), contemplado en el artículo 26 de la convención de Viena de 1969, que establece: "Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe", mismo que lo encontramos consagrado en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, en el párrafo 2 del artículo 2 que dice: "Sus miembros cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos". En razón a ello, la reforma contenida en el Decreto 93-2021, fue derogada por el Honorable Congreso Nacional mediante Decreto 43-2023, por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte; de igual manera este Alto Tribunal declaró con lugar por mayoría simple, el recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por el Ministerio Público, concluyendo que el artículo 439 del código penal fue reformado mediante un proceso legislativo viciado, en el que el honorable Congreso Nacional omitió el Control Constitucional previo que impone el artículo 219 de la Constitución de la República, determinando que la inconstitucionalidad, por razón de forma del artículo 439 del Código Penal es de recibo, en virtud de lo cual su contenido debe retrotraerse a su texto original tal como aparece en el Decreto 130-2017, publicado en La Gaceta, diario oficial de la república de Honduras, el 10 de mayo de 2019, No 34940. Asimismo, la Sala afirma de manera categórica que la redacción del artículo 439 del Código penal, reformado mediante el artículo 4 del decreto 93-2021, no se encuentra dispuesta de conformidad con las obligaciones contraídas por el Estado de Honduras con la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada transnacional o Convención de Palermo y asimismo contraviene de manera directa a las obligaciones contenidas en la Convención de Mérida, como si lo estaba anteriormente en su forma original, es decir, como se dispone en el decreto Legislativo 130-2017 (Código Penal) es por ello que el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ministerio Público, en el primer motivo por razón de contenido fue también de recibo por esta honorable Sala. De ahí que se estime que lo peticionado por la revisionista no se encuentra conforme a Ley. III. OPINIÓN: El Ministerio Público, con base a lo antes expuesto, es del parecer QUE SE DENIEGUE la solicitud de Revisión presentada conforme los argumentos que anteceden.”CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad), donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultará a éste, para que señale la que más le favorece.CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a MELVIN FLORENTINO LOPEZ NAVARRETE Y OTROS, la pena de diez (10) años de prisión y multa de doscientos cuarenta y nueve millones, y muta de 150% del valor de lo Lavado, que asciende a DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS, por ser autores penalmente responsables del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Para dictar el fallo condenatorio, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, aplicó lo dispuesto en el artículo 439 del NCP 130-2017, entrado en vigencia a partir del 25 de junio de 2020, y el cual establecía como una de sus modalidades criminosas para la realización del delito, la no justificación de la procedencia lícita de los activos; es decir, según la construcción objetiva del tipo penal, bastaba al ente acusador demostrar la no justificación legal de los activos sin necesidad de que procedan de algún delito de los enumerados en el tipo penal o algún delito considerado grave. Por su parte, el sentenciado devenía obligado a acreditar la condición de licitud de los activos en descargo de la acusación o, que no procedían de un delito de los enlistados en el tipo penal o considerado grave. No obstante, mediante el Decreto legislativo No. 93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 439 del Decreto legislativo 130-2017, contentivo del nuevo Código Penal y hace modificaciones a la descripción del tipo penal de Lavado de Activos, ya no se establece como modalidad criminosa que el sujeto no tenga justificación lícita de los activos, determinando el legislador que este supuesto de hecho no debe ser reprochable penalmente, debiendo el Ministerio Público, acreditar que los activos son productos de un delito grave y a los cuales busca dárseles condición de licitud. En el caso bajo estudio, en el hecho probado de la sentencia solo establece que los sentenciados manejaron entre el año 2011 Y 2019, el señor Melvin Florentino López, dispuso de la cantidad 7,237,961.74 lempiras; cantidades de dinero del cual no tenían justificación lícita de su procedencia. No se describe que los activos sean productos directos o indirectos de las diferentes acciones que describe y exige el tipo penal o de un delito grave. Es decir, la conducta descrita en los hechos probados no encaja en la descripción de la nueva norma penal convirtiéndolo en atípico al no tener relevancia jurídico penal con la nueva legislación. Por otra parte, la fiscalía expuso en síntesis que no procedía la retroactividad de la ley penal, arguyendo que dicha reforma contraviene disposiciones garantizadas en el bloque de constitucional y solicita “se decrete inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el decreto legislativo 93-2021 en lo atinente “que no tenga causa de justificación económica o licita de su procedencia” por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte”. Considera que se violenta el numeral 7 del artículo 5 de la Convención de Viena que exhorta a los Estados parte a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen lícito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno; y, la convención de Palermo que en su artículo 12 numeral 7) que dice: “Los Estados parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen ilícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso en la medida que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas”; así como también, considera lesionados el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. De lo antes expuesto, la Sala de lo Constitucional pone de relieve que los artículos 15 y 16 de la Constitución de la República establecen que «Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales», y que, «los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno», se deduce con certeza que el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia generada en virtud de él, es una fuente fundamental de la que derivan otros derechos humanos en el marco del constitucionalismo hondureño. En este sentido, haciendo un análisis de lo peticionado por la Fiscalía, esta Sala encuentra que si bien es cierto, al señor MELVIN FLORENTINO LOPEZ, se le dictó sentencia absolutoria por el delito de tráfico Ilícito de Drogas, pues solo se encuentra acreditado en el proceso que se reunían constantemente en varios puntos del Municipio de Sabá, Colón, al momento de su captura no se le encontró droga alguna, pero como consta en el hecho probado de esta sentencia venida en revisión, el condenado Melvin Florentino López, no acreditó la procedencia de la cantidad de dinero que tuvo bajo su disposición; asimismo, en fecha 18 de septiembre del año 2023, fecha en que se solicitó revisión de la sentencia condenatoria de fecha veintinueve del año dos mil veintidós, y que se aplicara el artículo 439 del Código Penal Reformado, establecido en el Decreto 93-2021, al momento de dicha solicitud, este artículo ya había sido reformado por el Decreto 43-2023, el cual fue publicado en fecha 25 de julio del año 2023, y por lo tanto no se puede aplicar para otorgar la retroactividad de la ley solicitada, pues esta ley no es más benigna como lo pretende el recurrente, en virtud que el Decreto 43-2013, dejó sin valor ni efecto la reforma hecha al artículo 439 del Decreto 130-2017, la cual se encuentra contenido en el Artículo 4 del Decreto Legislativo No. 93-2021. Por lo antes expuesto, la Sala de lo Constitucional concluye, que no es procedente la aplicación retroactiva de la ley penal en favor del señor MELVIN FLORENTINO LOPEZ NAVARRETE; ya que no le es más favorable este Código en el presente caso, pues la pena a imponer seria la misma al realizar los cálculos. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código no benefician al condenado. Y, por lo tanto, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que no se cumple con los requisitos exigidos, tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que no es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor MELVIN FLORENTINO LOPEZ NAVARRETE. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: PRIMERO: Declara Sin Lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada MIRLA AUXILIADORA REYES OSEGUERA a favor del señor MELVIN FLORENTINO LOPEZ NAVARRETE. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el magistrado WAGNER VALLECILLO PAREDES. Notifíquese . FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días de septiembre del dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintidós de abril del dos mil veinticinco, recaídas en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1216-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL