Sentencia RP-1201-22 — Registro 19261
Resumen
Tribunal de Sentencia condenó a recurrente a una pena de Cinco (5) años, Ocho (8) meses de reclusión, más pena pecuniaria, penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, con responsabilidad civil; como autor responsable del delito de Estafa continuada en perjuicio de afectados; La Sala de lo Constitucional concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica"..."..."del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JUAN BAUTISTA VELASQUEZ CRUZ, fue condenado por el delito de ESTAFA CONTINUADA por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, mediante la Sentencia Definitiva y Firme de fecha veintidós (22) de agosto del dos mil trece (2013), a la pena principal de CINCO (5) AÑOS, OCHO (8) MESES DE RECLUSION Y MULTA DE VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (Lps. 27,224.30); Así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria, antes relacionada mediante la cual se condenó al señor JUAN BAUTISTA VELASQUEZ CRUZ, el Tribunal Sentenciador aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 241 NUMERAL 1 del CÓDIGO PENAL, contenido en el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de ESTAFA CONTINUADA...."..."en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JUAN BAUTISTA VELASQUEZ CRUZ, la pena principal de la pena principal de CINCO (5) AÑOS, OCHO (8) MESES DE RECLUSION Y MULTA DE VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (Lps. 27,224.30); Así mismo las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de ESTAFA CONTINUADA, enmarcado en el artículo 242 numeral 1 establecía una pena abstracta de reclusión de dos (2) a cinco (5) años y multa igual al diez por ciento (10%) del valor defraudado. El Código Penal Vigente Decreto 130-2017, en el artículo 367 dispone: ..."..."Del estudio de la sentencia revisada, se establece en los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folios 530 al 533 del expediente del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa), que esos hechos probados en la sentencia que se revisa, se subsumen en el delito de Estafa Impropia, delito que fue cometido de manera continuada, en ese sentido, el Código Penal Decreto 130-2017 dice: ARTÍCULO 68...."..."haciendo la operación aritmética para el delito continuado, el nuevo parámetro de pena para el delito de ESTAFA IMPROPIA, es de cinco (5) años, diez (10) meses a reis (6) años, ocho (8) meses. Por lo cual tomando en consideración que el encausado Juan Bautista Velásquez Cruz, fue condenado bajo la figura de estricta conformidad establecida en el artículo 322 del Código Procesal Penal, correspondería imponer al condenado Juan Bautista Velásquez Cruz, la pena de CINCO (5) AÑOS DIEZ (10) MESES DE PRISIÓN. III. Del estudio de los antecedentes y del recurso de revisión impetrado, esta Sala aprecia, que las penas establecidas para el delito de Estafa Impropia estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 artículo 367, no resultan más benignas que las establecidas en el Código Penal decreto 144-1983, derogado. En virtud que si bien es cierto en el Código Penal vigente no se establece multa para este delito, la pena de prisión imponible con el Código Penal vigente supera la pena impuesta con las disposiciones del Código Penal derogado. Por ello, con fundamento en el artículo 616 del Código Penal Decreto 130-2017, no es posible la fragmentación de la norma, tomando en cuenta lo que le favorece y rechazando lo que le perjudique. Por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor Juan Bautista Velásquez Cruz. VI. Que el alegato de la Fiscal del Ministerio Publico, referido a que se debe condenar como concurso real, el mismo no es de recibo, en razón de que el encausado Juan Bautista Velásquez Cruz, fue condenado por un delito continuado y no en concurso real como lo pretende la representante del Ministerio Publico..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 580 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica"..."..."del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JUAN BAUTISTA VELASQUEZ CRUZ, fue condenado por el delito de ESTAFA CONTINUADA por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, mediante la Sentencia Definitiva y Firme de fecha veintidós (22) de agosto del dos mil trece (2013), a la pena principal de CINCO (5) AÑOS, OCHO (8) MESES DE RECLUSION Y MULTA DE VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (Lps. 27,224.30); Así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria, antes relacionada mediante la cual se condenó al señor JUAN BAUTISTA VELASQUEZ CRUZ, el Tribunal Sentenciador aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 241 NUMERAL 1 del CÓDIGO PENAL, contenido en el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de ESTAFA CONTINUADA...."..."en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JUAN BAUTISTA VELASQUEZ CRUZ, la pena principal de la pena principal de CINCO (5) AÑOS, OCHO (8) MESES DE RECLUSION Y MULTA DE VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (Lps. 27,224.30); Así mismo las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de ESTAFA CONTINUADA, enmarcado en el artículo 242 numeral 1 establecía una pena abstracta de reclusión de dos (2) a cinco (5) años y multa igual al diez por ciento (10%) del valor defraudado. El Código Penal Vigente Decreto 130-2017, en el artículo 367 dispone: ..."..."Del estudio de la sentencia revisada, se establece en los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folios 530 al 533 del expediente del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa), que esos hechos probados en la sentencia que se revisa, se subsumen en el delito de Estafa Impropia, delito que fue cometido de manera continuada, en ese sentido, el Código Penal Decreto 130-2017 dice: ARTÍCULO 68...."..."haciendo la operación aritmética para el delito continuado, el nuevo parámetro de pena para el delito de ESTAFA IMPROPIA, es de cinco (5) años, diez (10) meses a reis (6) años, ocho (8) meses. Por lo cual tomando en consideración que el encausado Juan Bautista Velásquez Cruz, fue condenado bajo la figura de estricta conformidad establecida en el artículo 322 del Código Procesal Penal, correspondería imponer al condenado Juan Bautista Velásquez Cruz, la pena de CINCO (5) AÑOS DIEZ (10) MESES DE PRISIÓN. III. Del estudio de los antecedentes y del recurso de revisión impetrado, esta Sala aprecia, que las penas establecidas para el delito de Estafa Impropia estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 artículo 367, no resultan más benignas que las establecidas en el Código Penal decreto 144-1983, derogado. En virtud que si bien es cierto en el Código Penal vigente no se establece multa para este delito, la pena de prisión imponible con el Código Penal vigente supera la pena impuesta con las disposiciones del Código Penal derogado. Por ello, con fundamento en el artículo 616 del Código Penal Decreto 130-2017, no es posible la fragmentación de la norma, tomando en cuenta lo que le favorece y rechazando lo que le perjudique. Por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor Juan Bautista Velásquez Cruz. VI. Que el alegato de la Fiscal del Ministerio Publico, referido a que se debe condenar como concurso real, el mismo no es de recibo, en razón de que el encausado Juan Bautista Velásquez Cruz, fue condenado por un delito continuado y no en concurso real como lo pretende la representante del Ministerio Publico..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 580 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por el Abogado JAVIER SALUSTIANO SANDOVAL MELENDEZ a favor del Señor JUAN BAUTISTA VELASQUEZ CRUZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha veintidós de agosto de dos mil trece, con relación a la causa que se instruyó contra el Señor JUAN BAUTISTA VELASQUEZ CRUZ por el delito de ESTAFA CONTINUADA en perjuicio de los Señores(as) VILMA ZULEMA VILLEDA, WENDY ARACELY GONZALES VILLATORO Y OTROS. (Exp. No. 964- 2017-J2). ANTECEDENTES 1) Que, habiendo comparecido al Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada RUTH RODRIGUEZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor JUAN BAUTISTA VELASQUEZ CRUZ, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio de los Señores(as) VILMA ZULEMA VILLEDA, WENDY ARACELY GONZALES VILLATORO Y OTROS. 2) Que en fecha veintidós de agosto del año dos mil trece, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic)“ FALLA PRIMERO: Debemos condenar y condenamos al señor JUAN BAUTISTA VELASQUEZ CRUZ, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsables penalmente del delito ESTAFA CONTINUADA, a la pena de CINCO (5) AÑOS, OCHO (8) MESES DE RECLUSIÓN, pena a la que se deberá descontar el tiempo en que el acusado haya estado en prisión preventiva por ésta causa, y la que deberá cumplir en el centro penitenciario que el Juez de Ejecución considere más conveniente. SEGUNDO: Se impone al acusado JUAN BAUTISTA VELASQUEZ CRUZ, la Pena de MULTA consistente en el pago de la cantidad de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (Lps.27,224.30), cantidad que deberá enterar en la Tesorería General de la República. TERCERO: Así mismo, y como consecuencia de la pena principal, se le condena al acusado JUAN BAUTISTA VELASQUEZ CRUZ a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL durante el tiempo de duración de la pena principal. CUARTO: Se declara al condenado JUAN BAUTISTA VELASQUEZ CRUZ, responsable civilmente a favor de cada una de las víctimas, la cual será tasada en la fase de ejecución de la pena. QUINTO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al acusado JUAN BAUTISTA VELASQUEZ CRUZ. Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales. Así por esta nuestra Sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos. (Folios 530-533 de la pieza de antecedente). 3) En fecha cinco de agosto del año de dos mil veintidós, compareció ante esta Sala por el Abogado JAVIER SALUSTIANO SANDOVAL MELENDEZ, presentando recurso de revisión a favor de del señor JUAN BAUTISTA VELASQUEZ CRUZ, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado. (Folios 1-5 del recurso de mérito). 4) En fecha cinco de junio del año dos mil veinticuatro, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado FELIPE RENE SPEER LAINEZ, con la comparecencia de la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado JAVIER SALUSTIANO SANDOVAL MELENDEZ, en su condición de Apoderado Legal del señor JUAN BAUTISTA VELASQUEZ CRUZ, quien manifestó: Que la norma vigente y que favorece al condenado establece una pena mínima de 2 años y una pena máxima de cuatro años de acuerdo a lo establecido en el artículo 365 del Código Penal, agravado en un tercio según lo establecido en el artículo 68 del Código Penal, quedando una pena mínima agravada 2 años 8 meses, y siendo que su representado se sometió a la figura de estricta conformidad se le debe imponer la pena mínima; El Ministerio Público, a través de su agente fiscal DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, expuso: “… de conformidad a la Declaración de Hechos Probados que contiene la sentencia de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil trece (2013), emitida por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa y cuya revisión se solicita, el señor JUAN BAUTISTA VELASQUEZ CRUZ fue encontrado responsable a título de autor de la comisión del delito de ESTAFA CONTINUADA por la venta fraudulenta de terrenos a 23 ofendidos, por lo que al haberse condenado por el delito de ESTAFA CONTINUADA, a la luz del artículo 616 del Código Penal vigente, para efectos de determinar la ley penal más favorable la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley, sería de 23 penas de CUATRO (4) A SEIS (6) AÑOS OCHO (8) MESES, de ahí que aun y cuando con el Código Penal vigente se le hubiese impuesto la pena mínima por cada delito la pena concreta sería de 92 AÑOS DE PRISIÓN, entrando en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años señalada por el artículo 66 del mismo Código, por lo que la comparación se hace de forma global pudiendo verificar que la suma de las condenas a imponerse en sentencia superan el límite señalado. De aquí que esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no le son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta conforme la legislación derogada, es menor que la pena que resultaría imponer con arreglo al Código Penal vigente. Por otra parte, de los autos se desprende que el condenado JAVIER SALUSTIANO SANDOVAL MELENDEZ se encuentra prófugo de la justicia, pues se ordenó se girara la respectiva orden de captura en fecha 16 de noviembre del año 2017, para que cumpla la pena impuesta y hasta la fecha no ha sido habido, por lo que deberá de actualizar dicha orden de captura para que surta los efectos legales correspondientes y se someta al proceso y al cumplimiento de la condena que le fue impuesto por el delito antes relacionado. De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 8 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal, por no ser esta más benigna al condenado.” (Folios 51 al 55 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Constitución de la República. Argumenta que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables a su representado, siendo la nueva norma penal la contenida en el artículo 367 numeral 2 que contempla el delito de Estafa Impropia que se sanciona con una pena de 3 a 5 años de reclusión y en relación a que en su sentencia se dio un acuerdo de estricta conformidad, se le debe imponer la pena mínima de acuerdo al artículo 322 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha cinco (05) de junio del año dos mil veinticuatro (2024), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado JAVIER SALUSTIANO SANDOVAL MELENDDEZ, en su condición de Apoderado Legal del señor JUAN BAUTISTA VELASQUEZ CRUZ, quien manifestó lo siguiente: “Que la norma vigente y que favorece al condenado establece una pena mínima de 2 años y una pena máxima de cuatro años de acuerdo a lo establecido en el artículo 365 del Código Penal, agravado en un tercio según lo establecido en el artículo 68 del Código Penal, quedando una pena mínima agravada 2 años 8 meses, y siendo que su representado se sometió a la figura de estricta conformidad se le debe imponer la pena mínima.” La Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, expreso lo Siguiente: “de conformidad a la Declaración de Hechos Probados que contiene la sentencia de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil trece (2013), emitida por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa y cuya revisión se solicita, el señor JUAN BAUTISTA VELASQUEZ CRUZ fue encontrado responsable a título de autor de la comisión del delito de ESTAFA CONTINUADA por la venta fraudulenta de terrenos a 23 ofendidos, por lo que al haberse condenado por el delito de ESTAFA CONTINUADA, a la luz del artículo 616 del Código Penal vigente, para efectos de determinar la ley penal más favorable la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley, sería de 23 penas de CUATRO (4) A SEIS (6) AÑOS OCHO (8) MESES, de ahí que aun y cuando con el Código Penal vigente se le hubiese impuesto la pena mínima por cada delito la pena concreta sería de 92 AÑOS DE PRISIÓN, entrando en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años señalada por el artículo 66 del mismo Código, por lo que la comparación se hace de forma global pudiendo verificar que la suma de las condenas a imponerse en sentencia superan el límite señalado. De aquí que esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no le son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta conforme la legislación derogada, es menor que la pena que resultaría imponer con arreglo al Código Penal vigente.” CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho, cuando al señalar las fuentes formales de éste, agrega a las leyes un orden aplicable. Así mismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Articulo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro. - CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto a juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Que en el caso sub examine, el peticionario abogado JAVIER SALUSTIANO SANDOVAL MELENDEZ, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha cinco de agosto del dos mil veintidós, presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal, en base al principio de retroactividad de la ley penal más favorable al sentenciado, por lo que solicita se imponga a su representado la pena de dos años ocho meses de prisión por ser la pena mínima y hacerse dictado la sentencia bajo el acuerdo de estricta conformidad. CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JUAN BAUTISTA VELASQUEZ CRUZ, fue condenado por el delito de ESTAFA CONTINUADA por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, mediante la Sentencia Definitiva y Firme de fecha veintidós (22) de agosto del dos mil trece (2013), a la pena principal de CINCO (5) AÑOS, OCHO (8) MESES DE RECLUSION Y MULTA DE VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (Lps. 27,224.30); Así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria, antes relacionada mediante la cual se condenó al señor JUAN BAUTISTA VELASQUEZ CRUZ, el Tribunal Sentenciador aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 241 NUMERAL 1 del CÓDIGO PENAL, contenido en el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de ESTAFA CONTINUADA. III- Esta Sala procede a examinar si el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JUAN BAUTISTA VELASQUEZ CRUZ, la pena principal de la pena principal de CINCO (5) AÑOS, OCHO (8) MESES DE RECLUSION Y MULTA DE VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (Lps. 27,224.30); Así mismo las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de ESTAFA CONTINUADA, enmarcado en el artículo 242 numeral 1 establecía una pena abstracta de reclusión de dos (2) a cinco (5) años y multa igual al diez por ciento (10%) del valor defraudado. El Código Penal Vigente Decreto 130-2017, en el artículo 367 dispone: “Estafa Impropia. Se debe castigar con la pena de prisión de tres (3) a cinco (5) años, quien ejecute alguna de las conductas siguientes: 1) Quien en perjuicio de tercero, dispone de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga o gravamen sobre la misma: 2) Quien enajena, grave o arrienda una cosa mueble o inmueble, atribuyéndose falsamente facultades de disposición sobre la cosa; 3) Quien otorga en perjuicio de otro un contrato simulado; y, 4) Quien en un procedimiento judicial, manipula las pruebas en las que pretende fundar sus alegaciones o emplea otro fraude procesal análogo, provocando error en el Órgano Jurisdiccional competente y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parteo de un tercero. Asimismo, incurre en esta modalidad de estafa quien, en el modo descrito, provoca error en la parte contraria, llevándola a cambiar su voluntad procesal y perjudicando sus intereses económicos. En ese orden de ideas, la descripción del tipo penal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folios 530-531 del expediente del Tribunal de Sentencia). II. Del estudio de la sentencia revisada, se establece en los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folios 530 al 533 del expediente del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa), que esos hechos probados en la sentencia que se revisa, se subsumen en el delito de Estafa Impropia, delito que fue cometido de manera continuada, en ese sentido, el Código Penal Decreto 130-2017 dice: ARTÍCULO 68.- DELITO CONTINUADO Y DELITO MASA. Quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados, con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3). Según lo establecido en el artículo el artículo 367 del Código Penal Vigente el delito de Estafa Impropia, se sanciona con pena de tres (3) a cinco (5) años de prisión; en ese sentido, el artículo 68 citado líneas arriba, dispone que “…debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados, con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3). En ese orden de ideas haciendo la operación aritmética para el delito continuado, el nuevo parámetro de pena para el delito de ESTAFA IMPROPIA, es de cinco (5) años, diez (10) meses a reis (6) años, ocho (8) meses. Por lo cual tomando en consideración que el encausado Juan Bautista Velásquez Cruz, fue condenado bajo la figura de estricta conformidad establecida en el artículo 322 del Código Procesal Penal, correspondería imponer al condenado Juan Bautista Velásquez Cruz, la pena de CINCO (5) AÑOS DIEZ (10) MESES DE PRISIÓN. III. Del estudio de los antecedentes y del recurso de revisión impetrado, esta Sala aprecia, que las penas establecidas para el delito de Estafa Impropia estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 artículo 367, no resultan más benignas que las establecidas en el Código Penal decreto 144-1983, derogado. En virtud que si bien es cierto en el Código Penal vigente no se establece multa para este delito, la pena de prisión imponible con el Código Penal vigente supera la pena impuesta con las disposiciones del Código Penal derogado. Por ello, con fundamento en el artículo 616 del Código Penal Decreto 130-2017, no es posible la fragmentación de la norma, tomando en cuenta lo que le favorece y rechazando lo que le perjudique. Por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor Juan Bautista Velásquez Cruz. VI. Que el alegato de la Fiscal del Ministerio Publico, referido a que se debe condenar como concurso real, el mismo no es de recibo, en razón de que el encausado Juan Bautista Velásquez Cruz, fue condenado por un delito continuado y no en concurso real como lo pretende la representante del Ministerio Publico. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 95, 96 numeral 8, 99 párrafo primero. FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN PENAL presentada por el Abogado JAVIER SALUSTIANO SANDOVAL MELENDEZ a favor del señor JUAN BAUTISTA VELÁSQUEZ CRUZ, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha veintidós (22) de agosto del dos mil trece (2013). Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente. REDACTO MAGISTRADO LUIS FERNANDO PADILLA. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. - LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha dos de junio del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1201-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL