Sentencia RP-1195-22 — Registro 20092
Resumen
Tribunal de sentencia condenó a recurrente como autor responsable de los delitos de Portación ilegal de arma prohibida en perjuicio de la Seguridad interior del Estado de Honduras, a una pena de ocho (8) años de reclusión y multa pecuniaria como penas principales; Además, como autor del delito de Facilitación de local para el tráfico de drogas en perjuicio de la Salud Pública del Estado de Honduras, a una pena de seis (6) años de reclusión y multa pecuniaria como penas principales; haciendo un total de catorce (14) años de reclusión; Con penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, declarándole su responsabilidad civil; La Sala de lo Constitucional concluyó que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva, como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión, Por lo que procede la aplicación retroactiva en favor del recurrente de una norma vigente, cuya pena de privativa de libertad le resulta más benigna.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor ORLANDO ALCIDES VENEGAS DIAZ fue condenado por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante sentencia definitiva y firme de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), y Casada en forma parcial mediante sentencia de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veinte (2020), por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de: 1) FACILITACIÓN DEL LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de OCHO (08) AÑOS DE RECLUSIÓN y UNA MULTA DE SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (LP. 66,600.66); y 2) PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la PENA PRINCIPAL de OCHO (08) AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE CINCO MIL LEMPIRAS (LP. 5,000.00); asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciséis (2016) y Casada en forma parcial mediante sentencia de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veinte (2020), por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se condenó al ciudadano ORLANDO ALCIDES VENEGAS DÍAZ, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en los artículos 332-A del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83 y artículos 22 y 28 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, estimando que el condenado cometió los delitos de Portación Ilegal de Arma Prohibida y Facilitación de Local para el Tráfico de Drogas. III- Esta Sala haciendo un examen comparativo de ambas normas penales, concluye: que el Código Penal derogado en su artículo 332-A disponía una pena abstracta de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y Multa de cinco mil (L. 5,000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras por cada arma incautada, más las accesorias que correspondan, por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA; por su parte la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, establecía una pena abstracta de seis (6) a nueve (9) años de reclusión para el delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO DE DROGAS, pena que debía ser aumentada en un tercio, si la acción es cometida por dos o más personas, según lo disponía el artículo 28 de la ley en comento, quedando una pena abstracta de ocho (8) a doce (12) años de reclusión. En el Código Penal Decreto 130-2017 el delito de TRÁFICO DE DROGAS, se encuentra tipificado en el artículo 311 y es castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años, por tratarse de drogas que no causan grave daño a la salud, según la definición contenida en el artículo 321 de la misma norma; en el caso en estudio concurre la agravante específica, contenida en el numeral 3) del artículo 312 de la nueva norma penal, que establece: “El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado”, por ello corresponde imponer las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días; el delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO se encuentra plasmado en el artículo 580 numeral 2) y es castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres años; la pena se aumenta en un tercio (1/3) a quien porte las armas sin autorización, por ello al hacer el cálculo aritmético queda un marco de pena abstracta de seis (6) a ocho (8)años de prisión. Ponderando el quantum de las penas, en relación a los dos delitos por los cuales fue condenado el señor ORLANDO ALCIDES VENEGAS DÍAZ, se aprecia que el Código Penal vigente resulta más beneficioso en relación al delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, no así, para el delito de TRÁFICO DE DROGAS, resultando este último en perjuicio para el condenado, por concurrir la agravante específica supra relacionada, en atención a las circunstancias en cómo se dieron los hechos condenados, en cuanto al delito de Tráfico de Droga, resultan en penas abstractas de mayor cuantía; no obstante, se trata de un concurso real y en consideración a ello la ponderación de penas se debe realizar en forma global, por lo cual, con la suma de todas las penas en forma concreta, se refleja que el Código Penal vigente resulta de igual forma en perjuicio para el encausado, al determinarse circunstancias agravantes en la sentencia condenatoria que es objeto de la acción de revisión; si bien se impusieron penas mínimas en la sentencia objeto de revisión, la sumatoria de las mismas en concurso real, resultan igual a las penas que tendría que cumplir conforme a la sentencia examinada. El fundamento de ello se encuentra recogido en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, norma jurídica aplicable a las cuestiones de Revisión de leyes penales, el cual establece que la suma de penas se deberá hacer de manera global cuando se trate de un concurso real, como es el caso de esta sentencia en Revisión, puesto que hay concurso real cuando un mismo sujeto realiza dos (2) o más acciones u omisiones y con ello infringe una misma norma penal varias veces o varias normas penales -Artículo 66 Código Penal decreto 130-2017-. Siendo de esta manera que, aun la ponderación en forma global de las penas concretas a imponer a cada uno de los delitos no refleja benignidad en el quantum de la pena, la suma de todas ellas, deja un total de pena que conlleva perjuicio al encausado, suma que se realiza en observancia de la limitación de cumplimiento a treinta (30) años, como lo refiere el artículo 616 en comento, por lo cual resulta que en el presente caso no procede aplicar la retroactividad de la ley penal. IV- Esta Sala de lo Constitucional considera que el caso sub júdice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal por no resultar está, más benigna..."..."La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983 y la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, mediante las cuales se condenó al ciudadano ORLANDO ALCIDES VENEGAS DÍAZ y el Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal, permiten determinar que, este último prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme a la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, creado mediante Decreto 126-89, disposiciones ahora derogadas, por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal en favor del ciudadano ORLANDO ALCIDES VENEGAS DÍAZ..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.6 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor ORLANDO ALCIDES VENEGAS DIAZ fue condenado por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante sentencia definitiva y firme de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), y Casada en forma parcial mediante sentencia de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veinte (2020), por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de: 1) FACILITACIÓN DEL LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de OCHO (08) AÑOS DE RECLUSIÓN y UNA MULTA DE SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (LP. 66,600.66); y 2) PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la PENA PRINCIPAL de OCHO (08) AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE CINCO MIL LEMPIRAS (LP. 5,000.00); asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciséis (2016) y Casada en forma parcial mediante sentencia de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veinte (2020), por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se condenó al ciudadano ORLANDO ALCIDES VENEGAS DÍAZ, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en los artículos 332-A del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83 y artículos 22 y 28 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, estimando que el condenado cometió los delitos de Portación Ilegal de Arma Prohibida y Facilitación de Local para el Tráfico de Drogas. III- Esta Sala haciendo un examen comparativo de ambas normas penales, concluye: que el Código Penal derogado en su artículo 332-A disponía una pena abstracta de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y Multa de cinco mil (L. 5,000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras por cada arma incautada, más las accesorias que correspondan, por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA; por su parte la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, establecía una pena abstracta de seis (6) a nueve (9) años de reclusión para el delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO DE DROGAS, pena que debía ser aumentada en un tercio, si la acción es cometida por dos o más personas, según lo disponía el artículo 28 de la ley en comento, quedando una pena abstracta de ocho (8) a doce (12) años de reclusión. En el Código Penal Decreto 130-2017 el delito de TRÁFICO DE DROGAS, se encuentra tipificado en el artículo 311 y es castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años, por tratarse de drogas que no causan grave daño a la salud, según la definición contenida en el artículo 321 de la misma norma; en el caso en estudio concurre la agravante específica, contenida en el numeral 3) del artículo 312 de la nueva norma penal, que establece: “El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado”, por ello corresponde imponer las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días; el delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO se encuentra plasmado en el artículo 580 numeral 2) y es castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres años; la pena se aumenta en un tercio (1/3) a quien porte las armas sin autorización, por ello al hacer el cálculo aritmético queda un marco de pena abstracta de seis (6) a ocho (8)años de prisión. Ponderando el quantum de las penas, en relación a los dos delitos por los cuales fue condenado el señor ORLANDO ALCIDES VENEGAS DÍAZ, se aprecia que el Código Penal vigente resulta más beneficioso en relación al delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, no así, para el delito de TRÁFICO DE DROGAS, resultando este último en perjuicio para el condenado, por concurrir la agravante específica supra relacionada, en atención a las circunstancias en cómo se dieron los hechos condenados, en cuanto al delito de Tráfico de Droga, resultan en penas abstractas de mayor cuantía; no obstante, se trata de un concurso real y en consideración a ello la ponderación de penas se debe realizar en forma global, por lo cual, con la suma de todas las penas en forma concreta, se refleja que el Código Penal vigente resulta de igual forma en perjuicio para el encausado, al determinarse circunstancias agravantes en la sentencia condenatoria que es objeto de la acción de revisión; si bien se impusieron penas mínimas en la sentencia objeto de revisión, la sumatoria de las mismas en concurso real, resultan igual a las penas que tendría que cumplir conforme a la sentencia examinada. El fundamento de ello se encuentra recogido en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, norma jurídica aplicable a las cuestiones de Revisión de leyes penales, el cual establece que la suma de penas se deberá hacer de manera global cuando se trate de un concurso real, como es el caso de esta sentencia en Revisión, puesto que hay concurso real cuando un mismo sujeto realiza dos (2) o más acciones u omisiones y con ello infringe una misma norma penal varias veces o varias normas penales -Artículo 66 Código Penal decreto 130-2017-. Siendo de esta manera que, aun la ponderación en forma global de las penas concretas a imponer a cada uno de los delitos no refleja benignidad en el quantum de la pena, la suma de todas ellas, deja un total de pena que conlleva perjuicio al encausado, suma que se realiza en observancia de la limitación de cumplimiento a treinta (30) años, como lo refiere el artículo 616 en comento, por lo cual resulta que en el presente caso no procede aplicar la retroactividad de la ley penal. IV- Esta Sala de lo Constitucional considera que el caso sub júdice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal por no resultar está, más benigna..."..."La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983 y la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, mediante las cuales se condenó al ciudadano ORLANDO ALCIDES VENEGAS DÍAZ y el Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal, permiten determinar que, este último prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme a la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, creado mediante Decreto 126-89, disposiciones ahora derogadas, por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal en favor del ciudadano ORLANDO ALCIDES VENEGAS DÍAZ..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.6 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado EDWIN ELIGIO FLORES MALDONADO, a favor del señor ORLANDO ALCIDES VENEGAS DIAZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), con relación a la causa que se instruyó contra el señor ORLANDO ALCIDES VENEGAS DIAZ, quien fue condenado por los delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA Y FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS Y LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. A N T E C E D E N T E S 1) En fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el abogado GERARDO ORTEGA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal en contra de los ciudadanos SAMUEL JOSUE ALVAREZ CARDONA, RICHARDSON RICARDO BORJAS QUINTANILLA, JOSUE EMILIO MEJIA COREA, ORLANDO ALCIDES VENEGAS DIAZ, JUAN CARLOS TEJADA SANDOVAL, ALEXANDER SEVILLA MONTOYA y BETY ELIZABETH ARMIJO AGUILAR, por suponerlos responsable a título de coautores de la comisión de los delitos de POSESIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS, ASOCIACIÓN ILÍCITA, POSESIÓN ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDAS Y COMERCIALES, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS Y LA SALUD DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios de 1-4 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: CONDENAR al señor ALEXANDER SEVILLA MONTOYA, cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas, como autor, responsable penalmente del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; por el cual, se le impone la pena de NUEVE (9) AÑOS DE RECLUSIÓN Y MULTA DE CINCO MIL LEMPIRAS (L. 5,000.00), como penas principales. SEGUNDO: CONDENAR al señor ORLANDO ALCIDES VENEGAS DÍAZ, cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas, como autor, responsable penalmente del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; por el cual, se le impone la pena de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN Y MULTA DE CINCO MIL LEMPIRAS (L. 5,000.00), como penas principales. TERCERO: CONDENAR al señor SAMUEL JOSUÉ ÁLVAREZ CARDONA, cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas, como autor, responsable penalmente de un delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; por el cual, se le impone una pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN, como pena principal. CUARTO: CONDENAR a los señores SAMUEL JOSUÉ ÁLVAREZ CARDONA Y ORLANDO ALCIDES VENEGAS DÍAZ, cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas, como autores, responsables penalmente del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS; por el cual, se les impone a cada uno de ellos, las penas de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSIÓN Y MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L. 50,000.00), como penas principales. QUINTO: CONDENAR a los señores RICHARDSON RICARDO BORJAS QUINTANILLA, JOSUE EMILIO MEJÍA COREA Y ALEXANDER SEVILLA MONTOYA, cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas, como autores, responsables penalmente del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS; por el cual, se les impone a cada uno de ellos, las penas de SIETE (7) AÑOS DE RECLUSIÓN Y MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L. 50,000.00), como penas principales. Haciendo un total, de pena que deberán cumplir: 1) ALEXANDER SEVILLA MONTOYA, DIECISÉIS (16) AÑOS DE RECLUSIÓN; 2) ORLANDO ALCIDES VENEGAS DÍAZ, de CATORCE (14) AÑOS DE RECLUSIÓN; en tanto que el señor SAMUEL JOSUÉ ÁLVAREZ CARDONA, deberá cumplir un total de NUEVE (9) AÑOS DE RECLUSIÓN; y los señores RICHARDSON RICARDO BORJAS QUINTANILLA Y JOSUE EMILIO MEJÍA COREA, deberán cumplir un total de SIETE (7) AÑOS DE RECLUSIÓN. Las penas de reclusión las deberán cumplir los condenados, una en pos de otra, comenzando por las más graves, en la Penitenciaría Nacional de Támara, Francisco Morazán o en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución determine. En tanto que las penas de multa señaladas, deberán enterarlas los condenados, respectivamente por cada delito, en la Tesorería General de la República. SEXTO: Absolver a los señores SAMUEL JOSUÉ ÁLVAREZ CARDONA, RICHARDSON RICARDO BORJAS QUINTANILLA Y JOSUE EMILIO MEJÍA COREA, del delito de POSESION ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. SÉPTIMO: Absolver a los señores RICHARDSON RICARDO BORJAS QUINTANILLA, JOSUE EMILIO MEJÍA COREA, ORLANDO ALCIDES VENEGAS DÍAZ Y ALEXANDER SEVILLA MONTOYA, del delito de POSESION ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. OCTAVO: Absolver a los señores SAMUEL JOSUÉ ÁLVAREZ CARDONA, RICHARDSON RICARDO BORJAS QUINTANILLA, JOSUE EMILIO MEJÍA COREA, ORLANDO ALCIDES VENEGAS DÍAZ, ALEXANDER SEVILLA MONTOYA y BETTY ELIZABETH ARMIJO AGUILAR, del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. NOVENO: Se les condena a los señores SAMUEL JOSUÉ ÁLVAREZ CARDONA, RICHARDSON RICARDO BORJAS QUINTANILLA, JOSUE EMILIO MEJÍA COREA, ORLANDO ALCIDES VENEGAS DÍAZ Y ALEXANDER SEVILLA MONTOYA, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, durante el tiempo de duración de la condena. Y al señor SAMUEL JOSUÉ ÁLVAREZ CARDONA, además se le condena también a la pena de Inhabilitación Especial. DÉCIMO: Se declara a los condenados responsables civilmente. DÉCIMO PRIMERO: No se condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. DÉCIMO SEGUNDO: Se declara el comiso de: a) Las siguientes armas y municiones: 1) El arma de fuego, tipo fusil, modelo AK-47, calibre 7.62X39 mm, número de serie 1971 BM9220, con su respectivo cargador metálico; 2) El arma de fuego, tipo fusil, modelo AK-47, calibre 7.62X39 mm, serie 435636, con su respectivo cargador metálico; y 3) El arma de fuego de fabricación artesanal o casera, compuesta por dos tubos metálicos en forma de “T”, donde uno de los tubos funciona como percutor y el otro como cañón, que se acoplan entre sí, fue diseñada para utilizar munición calibre .38 SPECIAL, conteniendo solo un casquillo metálico de color gris percutado. Y 16 cartuchos de color amarillo sin percutar, calibre 7,62 X 39mm. Se ordena la devolución al Ministerio Público de: 1) El arma de fuego tipo pistola, marca NORINCO, modelo 1911 Al, calibre .45ACP, número de serie 906263, con su respectivo cargador metálico, sin cartuchos; y 2) El arma de fuego tipo pistola, marca SARSILMAZ, modelo BERNARDELLI, calibre 9X19, número de serie T1102-07G00444, con su respectivo cargador metálico, sin cartuchos. Bajo la observación que los demás cartuchos que fueron incautados, fueron utilizados en el proceso de peritaje de las armas, a fin de determinar su estado de funcionamiento y de obtener pruebas patrones. Se ordena la devolución a quien acredite ser su legítimo propietario, de: b) 1- Un teléfono celular marca Black Berry, color negro, modelo 8520, con chip de Tigo y memoria extraíble de 1GB, con su respectiva batería color negra. 2- Un teléfono celular marca BLU, color rojo, con dos chip, uno de Claro y uno de Tigo, con su respectiva batería color blanco. 3- Un teléfono celular marca OLA, color blanco, sin chip y con su respectiva batería color azul. 4- Un teléfono celular marca Claro color negro y gris, con chip de Claro, con su respectiva batería, color blanco. 5- Un teléfono celular marca Samsung color negro y rojo, con chip de Tigo, batería color negro. 6- Un teléfono celular marca NYX, color negro, sin chip, sin batería y sin tapadera; y 7- Una cámara fotográfica marca Sony, de color rosado y gris, sin batería y sin memoria. Se declara el comiso de: c) Tres radios de comunicación de corta distancia: 1- Color negro, sin marca; 2- Color negro y amarillo, marca Motorola; 3- Color negro y café, marca Motorola. Todos ellos, sin sus respectivas baterías, por haber sido desechadas para efecto de su preservación. Se declara el comiso de: d) A- Una bolsa plástica enumerada con No. 1, conteniendo cuarenta y cuatro (44) bolsas plásticas transparentes pequeñas vacías; y una bolsa plástica transparente, firmada y sellada, conteniendo hierba seca, Marihuana. Con un peso neto total de noventa y tres punto cuatro gramos (93.4 g). B- Una bolsa plástica transparente enumerada con No.2, la cual contiene una bolsa plástica transparente, firmada y sellada, conteniendo treinta y siete (37) envoltorios de papel periódico vacíos; y una bolsa plástica transparente firmada y sellada, conteniendo hierba seca, Marihuana, con un peso neto total determinado de ochenta y cuatro punto siete gramos (84.7 g). C- Una bolsa plástica transparente enumerada con el No. 3, la cual contiene una bolsa plástica transparente, firmada y sellada, conteniendo un envoltorio de cinta adhesiva y plástico transparente, vacío; y una bolsa plástica transparente, firmada y sellada, conteniendo hierba húmeda, Marihuana, con un peso neto total determinado de trescientos trece punto dos gramos (313.2 g). Haciendo un total que asciende a cuatrocientos noventa y uno punto tres gramos (491.3 g) de marihuana. Asimismo, se ordena la posterior destrucción de dicha droga, de conformidad a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas; todo ello, en atención a que se trata de una sustancia de ilícito comercio y tenencia, objeto de delito. Para lo anterior, se deberá tener en consideración que dicha droga fue objeto de dos pericias, una inicial que se anuló y una segunda pericia que se evacuó como prueba en juicio, habiéndose utilizado cierta cantidad de droga para la realización de ambas pericias, que no fue determinada concretamente en el dictamen final que se presentó como prueba al juicio; por lo cual, previa destrucción de la droga, tanto la cantidad utilizada por los peritos, como la cantidad restante, deberá ser aclarada por el Laboratorio de Toxicología de Medicina Forense, a efecto de que el Juez de Ejecución determine cuál es la cantidad concreta a incinerar. NOTIFIQUESE A LAS PARTES PROCESALES DE LA PRESENTE SENTENCIA. ASI LO DECLARAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS…” (Folios del 46-90 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por el Ministerio Público, contra la sentencia relacionada en el acápite que antecede, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, dictó sentencia en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veinte (2020), mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: Declara SIN LUGAR el recurso de casación por infracción de ley en sus motivos primero, tercero, cuarto y quinto, interpuesto el Ministerio Público.- SEGUNDO: Declara CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de casación por infracción de ley en su motivo segundo, interpuesto el Ministerio Público.- Como consecuencia se casa parcialmente la sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis (f 456), dictada por el tribunal de sentencia con competencia territorial nacional en materia penal, reformándose el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia en los siguientes términos: i.- Se debe condenar y se condena al acusado Orlando Alcides Vanegas Diaz, de generales descritas en el acumulado judicial, como coautor responsable de un delito consumado de facilitación de local para el tráfico ilícito de drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de reclusión de ocho años y a la pena de multa de sesenta y seis mil seiscientos lempiras con sesenta y seis centavos; ii.- Se debe condenar y se condena al acusado Samuel Josué Álvarez Cardona, de generales descrita en el acumulado judicial, como coautor responsable de un delito consumado de facilitación de local para el tráfico ilícito de drogas, en perjuicio de la salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de reclusión de ocho años y a la pena de multa de sesenta y seis mil seiscientos lempiras con sesenta y seis centavos; iii.- Se declara firme y ejecutable la condena de las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil impuesta a los acusados Orlando Alcides Vanegas Diaz y Samuel Josué Álvarez Cardona, y la pena accesoria de inhabilitación especial impuesta al acusado Samuel Josué Álvarez Cardona, impuestas en el pronunciamiento noveno de la parte resolutiva de la sentencia; iv.- Se reforma el pronunciamiento noveno de la parte dispositiva de la sentencia, en el sentido de que se condena a los acusados Orlando Alcides Vanegas Diaz y Samuel Josué Álvarez Córdoba, a realizar trabajo penitenciario durante el tiempo de internamiento por cumplimiento de la pena privativa de libertad, conforme a legislación vigente.- v.- Se dispone que a las penas de reclusión impuestas a los reos Orlando Alcides Vanegas Diaz y Samuel Josué Álvarez Córdoba, deberán cumplirse de manera sucesiva, iniciando por la más grave a la que se deberá de deducir el tiempo en que hayan estado cautelarmente privados de la libertad como consecuencia de la causa penal que genera esta sentencia. TERCERO: Declara FIRME Y EJECUTABLE los pronunciamientos segundo, tercero, sexto, séptimo, octavo, décimo, décimo primero y décimo segundo de la parte resolutiva de la sentencia. - CUARTO: Declara la NO PROCEDENCIA de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a los ahora condenados Orlando Alcides Vanegas Diaz y Samuel Josué Álvarez Cardona.- QUINTO: Declara la PROCEDENCIA de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a los acusados Alexander Sevilla Montoya, Josué Emilio Mejía Corea, y Richardson Ricardo Borjas Quintanilla; En consecuencia, reforma los pronunciamientos primero, quinto y noveno de la parte resolutiva de la sentencia en los siguientes términos: i.- Que debemos condenar y condenamos al acusado Alexander Sevilla Montoya: como coautor de un delito consumado de tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo, en perjuicio de la Salud Pública, a cumplir las penas principales siguientes: prisión por cinco (05) años; multa de cien días, a razón de veinte lempiras exactos por cada día, dando un total de dos mil lempiras (L. 2000.00).- Condenamos al acusado Sevilla Montoya como coautor de un delito consumado de portación ilegal de arma de fuego prohibida en perjuicio del Orden Público, a las penas principales siguientes: prisión por siete (07) años; pena de localización permanente por tres (03) años; pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta por catorce (14) años; y pena de privación al derecho de la tenencia y portación de armas, así como de la posibilidad de obtenerlo durante tiempo de cumplimiento de la pena de prisión, hasta que la misma se haya extinguido penamente.- Por disposición constitucional (Art. 41.2), se condena al acusado a la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de las penas principales.- Las penas principales impuestas de cumplirán en el orden siguiente: penas de prisión de manera sucesiva, iniciando con la más grave, a la que deberá de deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad cautelarmente por la misma causa criminal; penas de localización permanente e inhabilitación especial, de manera simultánea, a partir de que el condenado recobre su libertad y pena de privación de derecho de tenencia y portación de armas de fuego, hasta que la pena de prisión se extinga completamente.- ii.- Que debemos condenar y condenamos al acusado Josué Emilio Mejía Corea, también de generales conocidas en el acumulado judicial, como coautor de un delito consumado de Trafico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo, en perjuicio de la Salud Pública, a cumplir las penas principales siguientes: pena de prisión por cinco (05) años y pena de multa de cien días, a razón de veinte lempiras por cada día, dando un total de dos mil lempiras (L 2,000.00); y a la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Art. 41.2) por el tiempo señalado para el cumplimiento de las penas principales.- iii.- Que debemos condenar y condenamos al acusado Richardson Ricardo Borjas Quintanilla, también de generales conocidas en el acumulado judicial, como coautor de un delito consumado de tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo, en perjuicio de la Salud Publica, a cumplir las penas principales siguientes: pena de prisión por cinco (05) años y pena de multa de cien días, a razón de veinte lempiras por cada día, dando un total de dos mil lempiras (L. 2,000.00); y a la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Art. 41.2) por el tiempo señalado para el cumplimiento de las penas principales.- Y MANDA: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaria del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- NOTIFÍQUESE…” (Folios del 94-118fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) En fecha cuatro (04) de agosto del año dos mil veintidós (2022), compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Abogado EDWIN ELIGIO FLORES MALDONADO, interponiendo Recurso de Revisión a favor del señor ORLANDO ALCIDES VENEGAS DIAZ, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el acápite que antecede, solicitando la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal, a favor del condenado ORLANDO ALCIDES VENEGAS DIAZ, por la entrada en vigencia del Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, el cual contiene penas más favorables para los delitos condenados a su representado. (Folios 1-2 de los autos) 5) En fecha veintiocho (28) de agosto del año do mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante MARVIN RIGOBERTO ESPINAL PINEL, con la comparecencia de la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y del Abogado EDWIN ELIGIO FLORES MALDONADO, actuando en su condición de Apoderada Legal del señor ORLANDO ALCIDES VENEGAS DIAZ; en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; habiendo manifestando el recurrente que solicita se aplique el principio de retroactividad de la ley penal más favorable al reo, en cuanto al artículo 96 de la Constitución de la República y artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional.- La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados…”. (Folios del 20-23fv de los autos) CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista fundamenta su petición en los preceptos jurídicos contenidos en el artículo 96 de la Constitución de la República y en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista en su escrito de interposición del Recurso peticiona la revisión de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, resuelta en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciséis (2016) y Casada en forma parcial mediante sentencia de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veinte (2020), por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia; tomando en cuenta que en junio del año 2020 ha entrado en vigencia el nuevo Código Penal, mediante Decreto número 130-2017, el cual reforma los delitos de Porte Ilegal de Arma Prohibida y Trafico de Drogas, estableciendo penas notoriamente menores si se les compara con las penas del Código Penal Derogado. CONSIDERANDO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición y presentación de pruebas. Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas se celebró en fecha veintiocho de agosto del año dos mil veinticuatro, ante el Pleno de Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Edwin Eligio Flores Maldonado, como garantista a favor del señor Orlando Alcides Venegas Diaz y la abogada Sandra Lorena Zuniga García, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Se le cedió la palabra al abogado Edwin Eligio Flores Maldonado, quien expresa que: (Sic) “…ratifico el recurso de revisión interpuesto ante la Sala de lo Constitucional en fecha cuatro de agosto del dos mil veintidós, en la aplicación de la nueva ley penal establecida vigente, establecida en el decreto 130-2017 en relación al artículo 96 de la Constitución de la República y 96 de la ley de Justicia Constitucional…”.- Seguidamente se le cedió la palabra a la Fiscal del Ministerio Público Abogada Sandra Lorena Zuniga García, quien en su análisis jurídico hace referencia a los artículos 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 53, 136, 311, 312, 321, 580, 615 y 616 del nuevo Código Penal, 332-A del Código Penal derogado y artículos 22 y 28 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, en atención a las sanciones para los delitos de Tráfico de Drogas y Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego permitidas y prohibidas; expresando que: (Sic) “…Que en el caso sub-judice corresponde agravar la pena en vista que la Sala de lo Penal mediante fallo de 21 de octubre del 2021, reformó la condena en relación al delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO DE DROGAS, al determinar que concurre la agravante invocada por el ente acusador, contenida en el artículo 28 de ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, que establece lo siguiente: "Cuando dos o más personas se organizan para la comisión de los delitos establecidos en la presente Ley, serán sancionados con un tercio más de la pena principal." En tal sentido, la nueva norma penal establece en el artículo 312.-AGRAVANTES ESPECÍFICAS DEL TRÁFICO DE DROGAS: En el caso del párrafo primero del artículo anterior se deben imponer las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días, si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 1)…, 2)…, 3) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado. De ahí que el artículo 136 del Código Penal, define como GRUPO DELICTIVO ORGANIZADO, lo siguiente: "Se considera grupo delictivo organizado estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados conforme lo dispuesto en el presente Código". Por lo que lo dispuesto en la nueva norma no resulta más favorable al condenado. En ese sentido, se advierte que el nuevo ordenamiento jurídico no le es más favorable al establecer una pena mayor a la que fue sentenciado por el delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO DE DROGAS, y al no poder fragmentarse la norma aplicando lo que le favorece y rechazando lo que le perjudica, conforme lo establece el artículo 616, lo que limita aplicar el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República, que reza; "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente procesado…” , por lo que el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios del 20-23fv de los autos) CONSIDERANDO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. CONSIDERANDO (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a.Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO (7): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. B. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador.c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO (8): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (9): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, el señor: Orlando Alcides Venegas Díaz, fue condenado mediante sentencia dictada en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal y Casada en forma parcial mediante sentencia de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veinte (2020), por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de Portación Ilegal de Arma Prohibida y Facilitación de Local para el Tráfico de Drogas, tipificados en los Artículos 332-A de la norma derogada y artículos 22 y 28 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas; normas que disponían en su orden: artículo 332-A “Fabricación y Tráfico de Material de Guerra, Armas y Municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L. 5,000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras por cada arma incautada. La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”; Artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas “Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aun a título gratuito para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas”; asimismo el artículo 28 disponía: “Cuando dos o más personas se organizan para la comisión de los delitos establecidos en la presente Ley, serán sancionados con un tercio más de la pena principal.”. La nueva norma en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, tipifica en el artículo 311 “Tráfico de Drogas. Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además multa de cien (100) a quinientos (500) días. Las penas de prisión a imponer deben ser, en cada uno de los supuestos del párrafo anterior, de uno (1) a tres (3) años o de dos (2) a cinco (5) años de prisión, cuando de las circunstancias del hecho y de las personales del culpable, se deduzca una menor gravedad. No se puede hacer uso de esta regla si concurre alguna de las agravantes contempladas en el artículo siguiente.”; en el artículo 312 se establecen las agravantes específicas a saber: “Agravantes Específicas del Tráfico de Drogas. En el caso del párrafo primero del artículo anterior se deben imponer las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días, si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 1)…; 2)…; 3) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado;…”. En relación al delito de Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego el Artículo 580 dispone: “Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego. La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y, 2) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municione prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización”. -Énfasis y subrayado añadidos- CONSIDERANDO (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (11): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor ORLANDO ALCIDES VENEGAS DIAZ fue condenado por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante sentencia definitiva y firme de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), y Casada en forma parcial mediante sentencia de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veinte (2020), por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de: 1) FACILITACIÓN DEL LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de OCHO (08) AÑOS DE RECLUSIÓN y UNA MULTA DE SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (LP. 66,600.66); y 2) PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la PENA PRINCIPAL de OCHO (08) AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE CINCO MIL LEMPIRAS (LP. 5,000.00); asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciséis (2016) y Casada en forma parcial mediante sentencia de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veinte (2020), por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se condenó al ciudadano ORLANDO ALCIDES VENEGAS DÍAZ, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en los artículos 332-A del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83 y artículos 22 y 28 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, estimando que el condenado cometió los delitos de Portación Ilegal de Arma Prohibida y Facilitación de Local para el Tráfico de Drogas. III- Esta Sala haciendo un examen comparativo de ambas normas penales, concluye: que el Código Penal derogado en su artículo 332-A disponía una pena abstracta de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y Multa de cinco mil (L. 5,000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras por cada arma incautada, más las accesorias que correspondan, por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA; por su parte la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, establecía una pena abstracta de seis (6) a nueve (9) años de reclusión para el delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO DE DROGAS, pena que debía ser aumentada en un tercio, si la acción es cometida por dos o más personas, según lo disponía el artículo 28 de la ley en comento, quedando una pena abstracta de ocho (8) a doce (12) años de reclusión. En el Código Penal Decreto 130-2017 el delito de TRÁFICO DE DROGAS, se encuentra tipificado en el artículo 311 y es castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años, por tratarse de drogas que no causan grave daño a la salud, según la definición contenida en el artículo 321 de la misma norma; en el caso en estudio concurre la agravante específica, contenida en el numeral 3) del artículo 312 de la nueva norma penal, que establece: “El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado”, por ello corresponde imponer las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días; el delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO se encuentra plasmado en el artículo 580 numeral 2) y es castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres años; la pena se aumenta en un tercio (1/3) a quien porte las armas sin autorización, por ello al hacer el cálculo aritmético queda un marco de pena abstracta de seis (6) a ocho (8)años de prisión. Ponderando el quantum de las penas, en relación a los dos delitos por los cuales fue condenado el señor ORLANDO ALCIDES VENEGAS DÍAZ, se aprecia que el Código Penal vigente resulta más beneficioso en relación al delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, no así, para el delito de TRÁFICO DE DROGAS, resultando este último en perjuicio para el condenado, por concurrir la agravante específica supra relacionada, en atención a las circunstancias en cómo se dieron los hechos condenados, en cuanto al delito de Tráfico de Droga, resultan en penas abstractas de mayor cuantía; no obstante, se trata de un concurso real y en consideración a ello la ponderación de penas se debe realizar en forma global, por lo cual, con la suma de todas las penas en forma concreta, se refleja que el Código Penal vigente resulta de igual forma en perjuicio para el encausado, al determinarse circunstancias agravantes en la sentencia condenatoria que es objeto de la acción de revisión; si bien se impusieron penas mínimas en la sentencia objeto de revisión, la sumatoria de las mismas en concurso real, resultan igual a las penas que tendría que cumplir conforme a la sentencia examinada. El fundamento de ello se encuentra recogido en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, norma jurídica aplicable a las cuestiones de Revisión de leyes penales, el cual establece que la suma de penas se deberá hacer de manera global cuando se trate de un concurso real, como es el caso de esta sentencia en Revisión, puesto que hay concurso real cuando un mismo sujeto realiza dos (2) o más acciones u omisiones y con ello infringe una misma norma penal varias veces o varias normas penales -Artículo 66 Código Penal decreto 130-2017-. Siendo de esta manera que, aun la ponderación en forma global de las penas concretas a imponer a cada uno de los delitos no refleja benignidad en el quantum de la pena, la suma de todas ellas, deja un total de pena que conlleva perjuicio al encausado, suma que se realiza en observancia de la limitación de cumplimiento a treinta (30) años, como lo refiere el artículo 616 en comento, por lo cual resulta que en el presente caso no procede aplicar la retroactividad de la ley penal. IV- Esta Sala de lo Constitucional considera que el caso sub júdice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal por no resultar está, más benigna. CONSIDERANDO ONCE (13): La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983 y la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, mediante las cuales se condenó al ciudadano ORLANDO ALCIDES VENEGAS DÍAZ y el Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal, permiten determinar que, este último prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme a la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, creado mediante Decreto 126-89, disposiciones ahora derogadas, por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal en favor del ciudadano ORLANDO ALCIDES VENEGAS DÍAZ. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del Agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 número 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 66, 69, 136, 311, 312.3) 321, 580.2), 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017. FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado EDWIN ELIGIO FLORES MALDONADO, a favor del señor ORLANDO ALCIDES VENEGAS DÍAZ; Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. NOTIFIQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. “Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días de octubre del dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha treinta de julio del dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1195-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL