Sentencia RP-1104-22 — Registro 19258
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la Sentencia Condenatoria con relación a la causa que se instruyó por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego de uso prohibido y material de guerra en concurso ideal con los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego de uso comercial y uso indebido de indumentaria policial militar en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras. Se declara sin lugar al encontrarse el sentenciado gozando del beneficio de libertad condicional, el código penal, Decreto 130-2017, niega la posibilidad de realizar el análisis de ponderación de la norma penal más favorable.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se falló condenar a ORLIN ARMANDO CRUZ FLORES, como autor penalmente responsable por los delitos de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego de Uso Prohibido y Material de Guerra en Concurso Ideal con los Delitos de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego de Uso Comercial, Uso Indebido de Indumentaria Policial Militar, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado, a la pena de diez años de reclusión y una multa de seis mil doscientos cincuenta lempiras (L, 6,250.00) por cada arma de guerra incautada, sumando la cantidad de Dieciocho Mil Setecientos Cincuenta Lempiras (L.18,750.00). La Sala de lo Constitucional constata que en el caso concreto no procede la retroactividad de la ley penal, en virtud que, consta en autos según el cómputo de la pena que rindió la Juez de Ejecución que corre agregado a folio 41, de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veintidós, y del mismo se desprende que el señor ORLIN ARMANDO CRUZ FLORES, podía optar al beneficio de libertad condicional a partir del uno (01) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), concatenado a esto encontramos, a folio 109 al 112 que se dictó resolución por el Juzgado de Ejecución de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, que el condenado ORLIN ARMANDO CRUZ FLORES, reunió los requisitos legales para acceder al Beneficio de Libertad Condicional planteada a su favor, y consta también a folio 64 de los autos que se le otorgó el certificado de libertad provisional condicional, de fecha treinta de mayo del año dos mil veintidós, acreditando con ello, lo manifestado por el Ministerio Púbico, al momento de contestar la solicitud del revisionista en la audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal, por lo que se desprende que el condenado ORLIN ARMANDO CRUZ FLORES, goza del beneficio de libertad condicional. En este sentido, establece el artículo 618 del código penal 130-2017, que si el cumplimiento de la pena estuviere suspendido no se procede a su revisión, a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y ésta se revocare. En este caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión de la misma. La misma regla se observa si el penado se encuentra en situación de libertad condicional. Al encontrarse el sentenciado gozando del beneficio de libertad condicional, el código penal, Decreto 130-2017, niega la posibilidad de realizar el análisis de ponderación de la norma penal más favorable. En ese mismo orden de ideas, el artículo 616 del de la norma citada expresa que el análisis de reglas de ponderación debe realizarse de manera completa y prohíbe la fragmentación de las normas penales; es decir, la comparación debe realzarse de forma integral y no solo en atención al quantum de las penas que pudiesen corresponder al delito por el cual fue condenado.”
Legislación citada
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 618 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno ce marzo de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por la Abogada NINOSKA ESTEFANIA ARGUETA CANACA Y CLAUDIA PATRICIA RAMOS RODEZNO, a favor de los señores ELIAS OBED HARRY CASTRO Y ORLIN ARMANDO CRUZ FLORES, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, en fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, con relación a la causa que se instruyó contra los señores ELIAS OBED HARRY CASTRO Y ORLIN ARMANDO CRUZ FLORES por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PROHIBIDO Y MATERIAL DE GUERRA EN CONCURSO IDEAL CON LOS DELITOS DE TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL Y USO INDEBIDO DE INDUMENTARIA POLICIAL MILITAR en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dos (2) de junio de dos mil dieciocho (2018), el Fiscal del Ministerio Público, Abogado OSCAR MAURICIO TABORA ALVAREZ, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Santa Bárbara, presentando requerimiento fiscal contra los señores ELIAS OBED HARRY CASTRO, VICTOR MANUEL COREA ALVARENGA, ORLIN ARMANDO CRUZ FLORES, ORLIN JAVIER AVILA MALDONADO, BRYAN IVAN MALDONADO CORTEZ, por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO Y MATERIAL DE GUERRA, TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, USO INDEBIDO DE INDUMENTARIA POLICIAL MILITAR Y ASOCIACON ILICITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1-2 de la pieza de antecedentes). 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, el Tribunal de Sentencia de Santa Barbara, Departamento de Santa Bárbara, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual Falló: “PRIMERO: Absolver de toda responsabilidad penal a los acusados Elias Obed Harry Castro, Jose David Corea Rodriguez, Orlin Armando Cruz Flores, Orlin Javier Avila Maldonado y Bryan Ivan Maldonado Cortez, de generales de identidad ya descritas en el preámbulo de esta sentencia, por la comisión del delito de Asociación Ilícita en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, por el que fueron acusados por el Ministerio Publico y la Procuraduría General de la Republica. SEGUNDO: Absolver de toda responsabilidad penal al acusado Jose David Corea Rodriguez, de generales de identidad ya descritas en el preámbulo de esta sentencia, por la comisión del delito de Uso Indebido de Nombre Supuesto en perjuicio de La Fe Publica del Estado de Honduras, por el que fue acusado por el Ministerio Publico y la Procuraduría General de la Republica. TERCERO: Condenar a los acusados Elias Obed Harry Castro, Jose David Corea Rodriguez, Orlin Armando Cruz Flores, Orlin Javier Avila Maldonado y Bryan Ivan Maldonado Cortez, cuyas menciones de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autores responsables del delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego de Uso Prohibido y Material de Guerra en Concurso Ideal con los delitos de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego de Uso Comercial, Uso Indebido de Indumentaria Policial Militar en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSION, mas la multa de seis mil doscientos cincuenta (6,250.00) lempiras por cada arma de guerra incautada, sumándose la cantidad de DIECIOCHO MIL SETENCIENTOS CINCUENTA (L. 18,750.00) Lempiras por las arma de guerra incautadas; debiéndose computar la misma desde el día en que fue recluido de manera efectiva en el centro penal respectivo, abonando a la misma el tiempo que han permació en efectiva prisión preventiva, y la que deberá cumplir en el centro de reclusión que designe el Juzgado de Ejecucion. CUARTO:…” (Folios 135 al 149 de la pieza de antecedentes). 3) Que en veintisiete de julio de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, la Abogada NINOSKA ESTEFANIA ARGUETA CANACA Y CLAUDIA PATRICIA RAMOS RODEZNO, presentando recurso de revisión penal a favor de los señores ELIAS OBED HARRY CASTRO Y ORLIN ARMANDO CRUZ FLORES contra la sentencia condenatoria de fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-04 del recurso). 4) Que en fecha diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, habiendo comparecido la Abogada NINOSKA ESTEFANIA ARGUETA CANACA Y CLAUDIA PATRICIA RAMOS RODEZNO, en su condición de apoderada legal de los señores ELIAS OBED HARRY CASTRO Y ORLIN ARMANDO CRUZ FLORES y la Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de Revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de Revisión en aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017). La representante del Ministerio Público, concluyó que en la presente causa no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal, no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme al Código anterior, por lo fue de la opinión porque: “SE DENIEGUE” la presente acción de revisión,…”. (Folios 88 al 90 del recurso de mérito). HECHOS PROBADOS Primero: El día viernes uno (1) del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), a eso de las cinco y treinta minutos de la tarde agentes de la Policía Nacional mediante operativo le hacen señal d parada al conductor de un vehículo Ford Escape, color blanco,, placa PEE 9161 a la altura de la Aldea Montelimar en la carretera CA-$, jurisdicción del Municipio de Quimistan, Departamento de Santa Bárbara, requiriendo al conductor y sus ocupantes quienes bajan del automóvil siendo identificados como Elías Obed Harry Castro, José David Corea Rodríguez, Orlin Armando Cruz Flores,, Bryan Iván Maldonado Cortez y Orlin Javier Ávila Maldonado, quienes no portaban evidencias alguna en su cuerpo y ropa; mismo que fueron detenidos y puestos a la orden de la autoridad correspondiente. SEGUNDO: Luego del registro personal los agentes de policía proceden a inspeccionar el vehículo Ford Escape color blanco, paca PEE 9161, encontrando en su interior un (1) arma de fuego, tipo fusil, marca Arsenal, modelo Ar-M4FS calibre 5.56x45 MM, numero de serie KP 485111, con culata pagable, guardamano y empuñadura de material de plástico color negro con portafusil de tela color negro, con troquel que en su armazón se lee “P.N.H” acoplado en su guardamano un foco de aparente material metálico color negro, con dos cargadores largos plásticos curvos color negro con capacidad de almacenamiento para treinta y dos (32) cartuchos, calibre 5.56 MM y cincuenta y cinco cartuchos cilíndricos golleteados, calibre 5.56 MM/223 sin percutir; un (1) arma de fuego, tipo fusil de 302260137414000554355799338000fabricación Rusa, modelo A -47, calibre 706x39 MM, número de serie 1963 AH 8527, con dos cargadores largos, curvos, metálicos, color negro con oxido, con capacidad de almacenamiento para treinta y dos (32) cartuchos, calibre MM, y sesenta y dos (62) cartuchos cónicos golleteados, de material ferroso, de percusión central, calibre 7.2x39 MM sin percutir; Un (1) arma de fuego, tipo pistola, marca GIRZAN, modo MCT40, calibre .40 AUTO, número de serie T636812 U00016, con su respectivo cargador metálico y diez cartuchos, calibre .40 sin percutir; un (1 arma de fuego, tipo pistola, marca CZ, modelo 75BD, calibre 9 MM LUGER, con su respectivo cargador metálico y veintiséis (26) cartuchos calibres 9 MM, sin percutir; un (01) arma de fuego tipo pistola, marca Smith & Wesson, modelo SW9F, calibre 9 MM, numero serie PAF7979, con su respectivo cargador metálico y trece cartuchos, calibre 9mm sin percutir; un (1) cargador largo metálico curvo de color negro, con capacidad de almacenamiento para treinta (39) cartuchos, calibre 5,56 M/.223" y veintidós cartuchos calibre 5,56MM/.223" sin percutir; d s (2) cargad res cortos metálicos, color negro con oxido, con capacidad de almacenamiento o para dieciséis cartuchos cada uno, y dieciocho cartuchos, calibre 9 MM, sin percutir; un (1) arma de fuego tipo lanza granada, calibre 40 milímetros, marca Colt, longitud de cañón: 271 milímetros; tipo de anima: Estriad ; cantidad: estrías, seis (06) macizos; sentido de rotación: Derecha; funcionamiento de tiro a tiro; capacidad: Un cartuchos alojado en su recamara; Grabados: Colt 40 m; fabricación: Casera; acabado: Recubrimiento en pintura color negro; cachas: olor marrón; guardamanos: En plástico color negro; todas las armas de fuego descritas presentan buen estado de funcionamiento mecánico operativo; tres (3) ranadas, 1) Una granada de 40 milímetros con vaina del cartucho de aluminio de color gris, con un fulminante en su culote sin percutir, con un cuerpo e caucho de olor negro con cuatro puertos de emisión de gas los cuales se encuentran bajo u a etiqueta de color amarillo con leyenda de letras mayúsculas de color negro e lee 40MM (Línea superior), CS (Línea superior), TERA SMOKE Línea inferior y M.F.G: 03-07; Peso 179.737 gramos, Longitud 122.67 mm, di metro 39.9 m , Propulsor: Pólvora; cebador: Persecución, 2) Una Granada de 40 milímetros con vaina del cartucho de aluminio de color verde olivo, con seriales no legibles, con u fulminante en su culote sin percutir, con un cuerpo de aluminio d colores gris amarillo y una ojiva color amarillo, tipo: HEDP; diámetro 41.2 mm, longitud: 102.84mm; Peso 231.129 gramos, Propulsor: Pólvora; cebador: percusión; cuerpo: Falda de aluminio con copa de acero adjunto, espoleta: Iniciador sin marcaje, base detonante, vaina del cartucho Ml 18, rango máximo 400 m, rango de armado 14-27 m, radio muerte: 5 m, 3) Una granada de 40 milímetros c n vaina del cartucho de aluminio de color verde olivo, con leyenda 40mm 118, con un fulminante su culote sin percutir, con un cuerpo de aluminio de colores gris amarillo y u a ojiva color amarillo, tipo: HEDP; diámetro 39.10 mm, longitud: 03.17mm; p so 228.246 gramos; propulsor: Pólvora; cebador: percusión; cuerpo: Falda de aluminio con copa de acero adjunto, espoleta: Iniciador sin marcaje, base d tonante, vaina del cartucho Ml 18, rango máximo 400 m, rango e armado 14 27 m, radio muerte.- todas presentan sus partes constitutivas para ser usada como munición ya que puede ser empleada como unidad de carga en armas de fuego compatibles con el calibre 40 milímetros ya que cuenta con todos sus componentes para su funcionamiento.- Cuatro chalecos antibalas, tres e color negro y uno de color verde.- Dos teléfonos celulares. consistente en Yin teléfono celular marca: SONY XPERIA, modelo: Q104; color: negro; IMEI: 3 922106-780 1-6; numero: Deshabilitado; Batería: Funcional: estado: Función l; Tarjeta Si. SIMCARD: Claro; ICCD: 8950400111612106731; IMSI: 8950400\01755865433; el segundo, consistente en un teléfono celular marca: PCD, modelo: B32; color: Blanco; EMEI: 3216031122837, numero deshabilitado, batería funciona, estado funcional y cuatro chalecos antibalas, tres”. FUNDAMENTACIÓN 1) Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que: “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . 2) Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal se celebró en fecha diecisiete de agosto del año dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de las abogadas NINOSKA ESTEFANIA ARGUETA CANACA Y CAUDIA PATRICIA RAMOS RODEZNO, como revisionistas; y, la abogada MARINA AUDELIA VARELA FIGUEROA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. El abogado JUAN FERNANDO MOLINA, en su condición de Representante de la Procuraduría General de la República, Manifestando la Abogada CLAUDIA PATRICIA RAMOS RODEZNO, que ratifica el recurso presentado a favor del señor Orlin Armando Cruz Flores, en virtud de que se desistió del recurso interpuesto a favor del señor Elías Obed Harry Castro, debido a que el diecinueve de octubre del año dos mil veintidós falleció de muerte natural entonces únicamente se ratifica por el condenado Cruz Flores, y que en virtud de que el Código fue reformado por el nuevo código, le aplica el beneficio de retroactividad de la ley penal, por lo cual con el debido respeto, en apego al Principio de Retroactividad de la Ley Penal pide, se deje sin valor y efecto la pena de la ley penal ya derogada, siendo que las nuevas le beneficia en gran medida a su representado y por lo tanto debe hacerse un nuevo cómputo. POR SU PARTE EL MINISTERIO PUBLICO a través de la abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, expresa, que el señor Orlin Armando Cruz, fue condenado con la legislación derogada, por los delitos de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego de Uso Prohibido y Material de Guerra en Concurso Ideal con los Delitos de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego de Uso Comercial, Uso Indebido de Indumentaria Policial Militar, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado, a la pena de diez años de reclusión y una multa de seis mil doscientos cincuenta lempiras (L:6,250.00), por cada arma de guerra incautada, sumando la cantidad de Dieciocho Mil Setecientos Cincuenta Lempiras (L.18,750.00) y con el actual código Penal vigente las penas a imponer son de menor cuantía, por lo que a su criterio las disposiciones del Código Penal vigente resultan más favorables. Se colige de las diligencias, que en fecha 5 de mayo y 6 de junio del año 2022, el Juzgado de Ejecución de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, las otorgó a los condenados en mención, el beneficio de libertad condicional, en virtud de lo establecido en el Código vigente (Decreto 1|340-2017). De igual forma, al revisar la norma sustantiva vigente se establece en el artículo 618 lo siguiente Penas Suspendidas.” Si el cumplimiento de la pena estuviera suspendido no se procede a su revisión, a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y esta se revocare. En este caso y antes de procederé al cumplimiento efectivo de la pena suspendido, se procede a la revisión de la misma, y se observa que el penado se encuentra en situación de libertad condicional y por lo tanto es de la opinión que se deniegue la acción de revisión. Por su Parte del Abogado JUAN FERNANDO MOLINA GODOY, establece que esta en consonancia total con el Ministerio Público, pues se nos ha acreditado que los penados o el penado que se encuentra vivo, pues goza de la medida de libertad condicional, pues en ese sentido en base al artículo 618 del Código Penal el cual condiciona el recurso de revisión, por lo que es del parecer que se declare sin lugar el recurso de revisión planteado por la el representante de ORLIN ARMANDO CRUZ FLORES. 3) Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se falló condenar a ORLIN ARMANDO CRUZ FLORES, como autor penalmente responsable por los delitos de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego de Uso Prohibido y Material de Guerra en Concurso Ideal con los Delitos de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego de Uso Comercial, Uso Indebido de Indumentaria Policial Militar, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado, a la pena de diez años de reclusión y una multa de seis mil doscientos cincuenta lempiras (L, 6,250.00) por cada arma de guerra incautada, sumando la cantidad de Dieciocho Mil Setecientos Cincuenta Lempiras (L.18,750.00). La Sala de lo Constitucional constata que en el caso concreto no procede la retroactividad de la ley penal, en virtud que, consta en autos según el cómputo de la pena que rindió la Juez de Ejecución que corre agregado a folio 41, de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veintidós, y del mismo se desprende que el señor ORLIN ARMANDO CRUZ FLORES, podía optar al beneficio de libertad condicional a partir del uno (01) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), concatenado a esto encontramos, a folio 109 al 112 que se dictó resolución por el Juzgado de Ejecución de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, que el condenado ORLIN ARMANDO CRUZ FLORES, reunió los requisitos legales para acceder al Beneficio de Libertad Condicional planteada a su favor, y consta también a folio 64 de los autos que se le otorgó el certificado de libertad provisional condicional, de fecha treinta de mayo del año dos mil veintidós, acreditando con ello, lo manifestado por el Ministerio Púbico, al momento de contestar la solicitud del revisionista en la audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal, por lo que se desprende que el condenado ORLIN ARMANDO CRUZ FLORES, goza del beneficio de libertad condicional. En este sentido, establece el artículo 618 del código penal 130-2017, que si el cumplimiento de la pena estuviere suspendido no se procede a su revisión, a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y ésta se revocare. En este caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión de la misma. La misma regla se observa si el penado se encuentra en situación de libertad condicional. Al encontrarse el sentenciado gozando del beneficio de libertad condicional, el código penal, Decreto 130-2017, niega la posibilidad de realizar el análisis de ponderación de la norma penal más favorable. En ese mismo orden de ideas, el artículo 616 del de la norma citada expresa que el análisis de reglas de ponderación debe realizarse de manera completa y prohíbe la fragmentación de las normas penales; es decir, la comparación debe realzarse de forma integral y no solo en atención al quantum de las penas que pudiesen corresponder al delito por el cual fue condenado. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del Agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por las abogadas NINOSKA ESTEFANIA ARGUETA CANACA Y CLAUDIA PATRICIA RAMOS RODEZNO, a favor del condenado ORLIN ARMANDO CRUZ FLORES. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Vallecillo.-NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA DE LO SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de marzo de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-1104-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL