Sentencia RP-1094-23 — Registro 19747
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria en aplicabilidad del Principio de retroactividad en materia penal por el delito de Violación Especial en perjuicio de menor, Sala Constitucional aprecia que después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión, por lo que es procedente la aplicación retroactiva.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."En el caso que nos ocupa, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, al acusado el Tribunal sentenciador le impuso una pena mínima establecida para este ilícito penal (QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN). Y en base al principio pro- homine procede aplicar una nueva pena en iguales circunstancias. IV. Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia en revisión, se concluye que al imputado se le debe imponer la pena de NUEVE (9) AÑOS DE PRISIÓN por el delito de VIOLACIÓN a que fue condenado, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. V. Que el Ministerio Publico argumenta que se debe aumentar en un tercio (1/3) la pena, por concurrir la agravante del artículo 255 numeral 1 del Código Penal vigente, al desprenderse de los hechos probados que el sentenciado utilizó arma de fuego para amenazar a la víctima con el propósito de no denunciar la agresión sexual. Este alegato no es de recibo en razón de que, de los mismos hechos probados (ver folio 24 vuelto de la pieza del antecedente) declarados en la sentencia que se revisa, se desprende que el encausado no utilizó arma de fuego para someter a la víctima, dicha arma no fue utilizada en la ejecución del hecho, sino con el propósito de la que víctima no contara lo sucedido, tal como lo refleja el hecho probado. Por lo cual no se puede agravar la pena atribuida al delito de Violación que es de nueve a trece años de prisión. VI. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor EVER JOSE LEVERON ARITA, de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que proceda a la ejecución y realización del cómputo de una nueva pena."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."En el caso que nos ocupa, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, al acusado el Tribunal sentenciador le impuso una pena mínima establecida para este ilícito penal (QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN). Y en base al principio pro- homine procede aplicar una nueva pena en iguales circunstancias. IV. Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia en revisión, se concluye que al imputado se le debe imponer la pena de NUEVE (9) AÑOS DE PRISIÓN por el delito de VIOLACIÓN a que fue condenado, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. V. Que el Ministerio Publico argumenta que se debe aumentar en un tercio (1/3) la pena, por concurrir la agravante del artículo 255 numeral 1 del Código Penal vigente, al desprenderse de los hechos probados que el sentenciado utilizó arma de fuego para amenazar a la víctima con el propósito de no denunciar la agresión sexual. Este alegato no es de recibo en razón de que, de los mismos hechos probados (ver folio 24 vuelto de la pieza del antecedente) declarados en la sentencia que se revisa, se desprende que el encausado no utilizó arma de fuego para someter a la víctima, dicha arma no fue utilizada en la ejecución del hecho, sino con el propósito de la que víctima no contara lo sucedido, tal como lo refleja el hecho probado. Por lo cual no se puede agravar la pena atribuida al delito de Violación que es de nueve a trece años de prisión. VI. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor EVER JOSE LEVERON ARITA, de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que proceda a la ejecución y realización del cómputo de una nueva pena."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."En el caso que nos ocupa, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, al acusado el Tribunal sentenciador le impuso una pena mínima establecida para este ilícito penal (QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN). Y en base al principio pro- homine procede aplicar una nueva pena en iguales circunstancias. IV. Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia en revisión, se concluye que al imputado se le debe imponer la pena de NUEVE (9) AÑOS DE PRISIÓN por el delito de VIOLACIÓN a que fue condenado, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. V. Que el Ministerio Publico argumenta que se debe aumentar en un tercio (1/3) la pena, por concurrir la agravante del artículo 255 numeral 1 del Código Penal vigente, al desprenderse de los hechos probados que el sentenciado utilizó arma de fuego para amenazar a la víctima con el propósito de no denunciar la agresión sexual. Este alegato no es de recibo en razón de que, de los mismos hechos probados (ver folio 24 vuelto de la pieza del antecedente) declarados en la sentencia que se revisa, se desprende que el encausado no utilizó arma de fuego para someter a la víctima, dicha arma no fue utilizada en la ejecución del hecho, sino con el propósito de la que víctima no contara lo sucedido, tal como lo refleja el hecho probado. Por lo cual no se puede agravar la pena atribuida al delito de Violación que es de nueve a trece años de prisión. VI. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor EVER JOSE LEVERON ARITA, de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que proceda a la ejecución y realización del cómputo de una nueva pena."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por los Abogados BRENDA JANETH CRUZ HERNANDEZ y RONY ALFREDO LANZA CRUZ, a favor del Señor EVER JOSUE LEVERON ARITA, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA, DEPARTAMENTO DE COPAN, en fecha ocho del mes de enero del dos mil diecinueve, con relación a la causa que se instruyó contra el Señor EVER JOSUE LEVERON ARITA, por el delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de MENOR. (Exp.0413/24/2018) A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinticinco (25) de febrero del dos mil dieciocho (2018) la Agente de Tribunales del Ministerio Público, la abogada KARLA NINOSKA HERNANDEZ CALIX, comparece presentando REQUERIMIENTO FISCAL, en contra el señor EVER JOSE LEVERON ARITA, a quien se le supone responsable del delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de la MENOR. (Folios 01-04 del antecedente) 2) Que en fecha ocho (08) de enero del dos mil diecinueve (2019), el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, dictó sentencia mediante la cual “FALLA: PRIMERO: Condenar al ciudadano EVER JOSÉ LEBERON ARITA, cuyas menciones generales de identidad ya han sido citadas anteriormente, como autor material directo del delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de la joven MENOR, a una pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION, previo abono del tiempo que estuvo privado de libertad como producto de la medida cautelar de prisión preventiva que venía sufriendo durante la secuela del presente proceso, la que deberá cumplir en la Granja Penal de Santa Rosa de Copan o cualquier otro centro que dispongan las autoridades del Instituto Penitenciario Nacional. SEGUNDO: Condenar al ciudadano EVER JOSÉ LEBERON ARITA a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL durante todo el tiempo que dure la pena principal de reclusión, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. TERCERO: No procede condenar en costas procésales ni personales ocasionados por el juicio, al imputado EVER JOSE LEBERON ARITA. No procede decretar ningún comiso. CUARTO: Se declara la responsabilidad civil del condenado consistente en una reparación del daño moral e indemnización por los daños físicos y morales causados a la parte ofendida provenientes del delito por el cual es condenado. QUINTO: Inscribir la presente sentencia en el libro respectivo que para tal efecto lleva este Juzgado y a su vez se ordena extender a las partes las copias de la misma. Una vez firme la sentencia que se envié al Juzgado de Letras de Ejecución correspondiente para su ejecución. Notifíquese la presente sentencia a las partes procésales. Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. (Folios 161-167 del recurso de mérito) 3) En fecha cinco (05) de junio del dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante MARVIN RIGOBERTO ESPINAL PINEL con la comparecencia de la abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado RONY ALFREDO LANZA CRUZ actuando en su condición de Apoderado Legal del señor EVER JOSUE LEVERON ARITA; El revisionista manifestó: Ratifica el recurso de revisión presentado, en virtud que su representado fue condenado a la pena de quince años de reclusión mediante sentencia de fecha ocho de enero del dos mil diecinueve, solicita la aplicación del nuevo Código penal Decreto 130-2017, que contempla una rebaja sustancial, por lo que en base al principio de retroactividad penal, solicita se imponga a su representado la pena de nueve años de prisión, mas las penas accesorias de prohibición de residencia y aproximación de la víctima. La representación del Ministerio Público, dijo: “Después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de Interposición del recurso, solicita que se revise la Sentencia firme dictada por el Tribunal de Sentencia de la Entrada Nueva Arcadia Copán de fecha 08 de enero del 2019, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Nuevo Código Penal Vigente, el delito por el cual fue condenado su representado ahora se sanciona con una pena más benigna por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de 10 Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1) ..., 2).., 3) .., 4) .., 5) ..., 6) .. 7)..., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna," relacionado con los artículos 615 y 616 del Nuevo Código Penal, que señalan: Articulo 615: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en Su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETERMINAR IA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Es así que esta representación fiscal procede a realizar el análisis de ambas leyes penales: En el Código Penal derogado el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL establecía en el Artículo 140 constituye delito de VIOLACIÓN: “El acceso carnal con persona de uno u otro sexo mediante violencia o amenaza de ocasionarle al sujeto pasivo, al cónyuge de éste o compañero de hogar, a uno de sus parientes dentro del cuarto (4to) grado de consanguinidad o segundo (2do) de afinidad un perjuicio grave e inminente… . Son casos especiales de violación el acceso carnal con persona de uno u otro sexo cuando sin mediar violencia amenaza, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes…; Tales casos serán sancionados con una pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión.1)..,2)..,3)..,4)..,5). Con la misma pena se sancionarán los casos de violación que se cometan por más de una persona, por alguien reincidente, cuando la víctima esté embarazada, quede embarazada como producto de la violación o cuando la víctima sea mayor de setenta (70) años. En el Nuevo Código Penal Vigente, el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL se encuentra regulado en el ARTÍCULO 249 VIOLACIÓN. Constituye delito de violación el acceso carnal no consentido por vía vaginal, anal o bucal con persona de uno u otro sexo, así como la introducción de órganos corporales u objetos por cualquiera de las dos (2) primeras vías. En todo caso, se debe considerar no consentido cuando se ejecuten concurriendo alguna de las circunstancias siguientes 1…; 2) La víctima es menor de catorce (14) años, aun cuando se cuente con su consentimiento; o, 3)…; El autor de un delito de violación debe ser castigado con las penas de prisión de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Al examinar el fallo sub-judice, se extrae que el hoy sentenciado fue condenado a la pena de QUINCE (15) AÑOS de reclusión, y de acuerdo al nuevo Código Penal la pena a imponer en el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL es de, NUEVE (09) AÑOS A TRECE (13) AÑOS de prisión más la prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Sin embargo, al desprenderse del hecho probado que el sentenciado utilizó arma de fuego para amenazar a la víctima con el propósito que no denunciara la agresión sexual cometida por su persona, concurre la agravante contenida en el artículo 255 numeral 1, que dice: El autor hace uso de armas u otros instrumentos peligrosos para la vida o la salud de la víctima, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por otros delitos; Por lo que corresponde aumentar la pena en 1/3, de tal forma que al efectuar el cálculo aritmético resulta una pena abstracta de TRECE (13) años a DIECISIETE (17) años 4 (CUATRO) meses de prisión. En tal sentido se estima, que conforme lo proclama el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República; "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado." De ahí, que dicho precepto constitucional contempla el principio de favorabilidad, que establece una importante excepción en el caso de que la nueva ley sea más favorable al reo, ante las premisas expuestas, estima esta representación fiscal que en el caso sub-examine, las disposiciones contempladas en el Nuevo Código Penal no resultan más favorable al hoy condenado, en virtud que la pena impuesta conforme la legislación derogada, resulta también imponible conforme lo establece el artículo 616 de la nueva norma sustantiva. III.-OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión. en los términos supra señalados. (Folios 20-22 vuelto del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día cinco (05) de junio del año dos mil veinticuatro (2024), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado RONY ALFREDO LANZA CRUZ, como garantista a favor del condenado EVER JOSUE LEVERON ARITA, la abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra al abogado RONY ALFREDO LANZA CRUZ, quien expuso que en virtud que su representado fue condenado a la pena de quince años de reclusión mediante sentencia de fecha ocho de enero del dos mil diecinueve, solicita la aplicación del nuevo Código penal Decreto 130-2017, que contempla una rebaja sustancial, por lo que en base al principio de retroactividad penal, solicita se imponga a su representado la pena de nueve años de prisión, más las penas accesorias de prohibición de residencia y aproximación de la víctima.- Seguidamente se le cedió la palabra a la representante del Ministerio Público quien hizo uso de la palabra, expresando que el hoy sentenciado fue condenado a la pena de QUINCE (15) AÑOS de reclusión, y de acuerdo al nuevo Código Penal la pena a imponer en el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL es de, NUEVE (09) AÑOS A TRECE (13) AÑOS de prisión más la prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Al desprenderse del hecho probado que el sentenciado utilizó arma de fuego para amenazar a la víctima con el propósito que no denunciara la agresión sexual cometida por su persona, concurre la agravante contenida en el artículo 255 numeral 1, por lo que corresponde aumentar la pena en 1/3, de tal forma que al efectuar el cálculo aritmético resulta una pena abstracta de TRECE (13) años a DIECISIETE (17) años 4 (CUATRO) meses de prisión. Estima esta representación fiscal que las disposiciones contempladas en el Nuevo Código Penal no resultan más favorable al hoy condenado, en virtud que la pena impuesta conforme la legislación derogada, resulta también imponible conforme lo establece el artículo 616 de la nueva norma sustantiva. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. “En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SEIS (6): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO ONCE (11): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor EVER JOSE LEVERON ARITA, fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA, COPAN, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha ocho de enero del año dos mil diecinueve, a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, en perjuicio de MENOR, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 140 último párrafo del Código Penal Decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Violación Especial a título de autor. III- Esta Sala considera que el caso sub examine encaja en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho.CONSIDERANDO DOCE (12): Que en la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor EVER JOSE LEVERON ARITA, la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable como autor del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de MENOR. I- Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, establecía una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años de reclusión. (Artículo 140 último párrafo) y el Código Penal vigente Decreto 130-2017 en el artículo 249 párrafo tercero establece para la misma conducta delictiva una pena abstracta de prisión de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima, por el doble del tiempo de la pena de prisión. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. II- En el examen de los concretos hechos estampados en el expediente del Tribunal de Sentenciador, estos encuadran en el artículo 249 del Código Penal Vigente que expresamente dice: “Constituye delito de violación el acceso carnal no consentido por vía vaginal anal o bucal con persona de uno u otro sexo, así como la introducción de órganos corporales u objetos por cualquiera de las dos (2) primeras vías. En todo caso, se debe considerar no consentido cuando se ejecuten concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1) Empleo de violencia o intimidación; 2) La víctima es menor de catorce (14) años, aun cuando se cuente con su consentimiento; o, 3) Abuso de la enajenación mental de la víctima o anulación de su voluntad originada por cualquier causa, incluido el aprovechamiento de una situación de absoluta indefensión de la víctima. El autor de un delito de violación debe ser castigado con las penas de prisión de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión.”. III. En el caso que nos ocupa, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, al acusado el Tribunal sentenciador le impuso una pena mínima establecida para este ilícito penal (QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN). Y en base al principio pro- homine procede aplicar una nueva pena en iguales circunstancias. IV. Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia en revisión, se concluye que al imputado se le debe imponer la pena de NUEVE (9) AÑOS DE PRISIÓN por el delito de VIOLACIÓN a que fue condenado, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. V. Que el Ministerio Publico argumenta que se debe aumentar en un tercio (1/3) la pena, por concurrir la agravante del artículo 255 numeral 1 del Código Penal vigente, al desprenderse de los hechos probados que el sentenciado utilizó arma de fuego para amenazar a la víctima con el propósito de no denunciar la agresión sexual. Este alegato no es de recibo en razón de que, de los mismos hechos probados (ver folio 24 vuelto de la pieza del antecedente) declarados en la sentencia que se revisa, se desprende que el encausado no utilizó arma de fuego para someter a la víctima, dicha arma no fue utilizada en la ejecución del hecho, sino con el propósito de la que víctima no contara lo sucedido, tal como lo refleja el hecho probado. Por lo cual no se puede agravar la pena atribuida al delito de Violación que es de nueve a trece años de prisión. VI. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor EVER JOSE LEVERON ARITA, de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que proceda a la ejecución y realización del cómputo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 249, 615 y 616 del Código Penal.- FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por los abogados BRENDA YANETH CRUZ HERNANDEZ y RONY ALFREDO LANZA CRUZ, a favor del señor EVER JOSE LEVERON ARITA; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA, DEPARTAMENTO DE COPAN, en fecha ocho (8) de enero del año dos mil diecinueve (2019); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor EVER JOSE LEVERON ARITA, por el delito de VIOLACION en perjuicio de MENOR, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor EVER JOSE LEVERON ARITA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de VIOLACIÓN en perjuicio de MENOR, a la pena de NUEVE (09) AÑOS DE PRISIÓN, prohibición de residir en el lugar donde reside la víctima y prohibición de aproximarse a la víctima, por el doble del tiempo de la pena de prisión. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda a la ejecución del presente fallo practicando un nuevo computo de la pena. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días de octubre del dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veinticinco de agosto del dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1094-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL