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Sentencia RP-1086-22 — Registro 19746

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la Sentencia Condenatoria con relación a la causa que se instruyó por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en Revisión Penal, se impuso a Santos Ubaldo Cerrato Canales, la pena de siete (7) años de prisión, por un delito de Fraude. El delito de Fraude en el código penal anterior tenía una pena abstracta de 6 a 9 años de reclusión; y en el actual código penal vigente regulado en el artículo 482 establece la pena abstracta de 5 a 7 años de prisión. De acuerdo a lo anterior, al tratarse ambas de penas privativas de libertad, no se considera que el actual código penal sea más favorable, ya que la pena anterior con todas las circunstancias resulta también imponible con el actual código penal (7 años de prisión). 2. Es evidente que de lo expuesto no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva ley penal, ya que para el Fraude la nueva pena también resulta imponible. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616.4 del Nuevo Código Penal, ni que después de la condena hayan sobrevenido nuevos hechos o elementos de pruebas que favorezcan al condenado."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada Blanca Argentina Gómez Matamoros, a favor del señor Santos Ubaldo Cerrato Canales, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Corrupción, en fecha cuatro de diciembre de dos mil veinte, con relación a la causa que se instruyó contra el señor SANTOS UBALDO CERRATO CANALES, por el delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL “PRIMERO: El veintidós (22) de febrero del año dos mil diez (2010), el señor Santos Ubaldo Cerrato Canales fue nombrado como Gerente General de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO), quien dentro del marco de sus funciones designó al señor Víctor Samuel Anchecta, como Jefe de la División Administrativa y de Recursos Humanos, siendo éstos los únicos autorizados a realizar transacciones financiero-administrativas en nombre de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO). SEGUNDO: Que aprovechando esta circunstancia, y a raíz de la recomendación realizada por el Tribunal Superior de Cuentas, en el sentido que era necesario ola modernización de los sistemas, contable y de inventario, de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO), es que los señores Santos Ubaldo Cerrato Canales y Víctor Samuel Anchecta, coludidos y en acuerdo con el señor Johnny Lopez, suscriben una serie de contratos, para que el señor López proporcionara, a través de las empresas Microsys S.A. y C&I Software, el software Microsft Dynamics, en sus diferentes módulos, así como el hardware necesario para el funcionamiento del referido programa y cámara de seguridad para tener un mejor control de las finanzas e inventarios de la institución. Contratos que fueron firmados por el señor Santos Ubaldo Cerrato Canales y el señor Johnny López, sin tener la disponibilidad presupuestaria, ni una adecuada planificación de la implementación del proyecto de modernización de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO). TERCERO: Que a pesar del incumplimiento por parte del señor Johnny López en los primeros contratos, el señor Santos Ubaldo Canales y Víctor Samuel Anchecta, continuaron con los pagos para la empresa Microsys y C&I Software, lo que generó un perjuicio patrimonial a la Suplidora Nacional de productos Básicos (BANASUPRO), por un monto de Tres millones dos cientos veinte mil cuatrocientos treinta y cinco Lempiras con cuarenta y cinco centavos (L. 3,220,435.45), fondos que terminaron en poder del señor Johnny López, quien se benefició con los mismos, pese a no haber cumplido con lo estipulado en los contratos y no haber entregado el equipo y el software conforme a las especificaciones técnicas requeridas. CUARTO: El señor José Norman Canales Fúnez, se desempeñó como Jefe de División Contable y Financiera de la Suplidoras Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO); y la señora Claudia Monserrat Cáceres Zúniga, como Encargada de Bienes Nacionales; cargos que de conformidad a la estructura orgánica de la institución, no tenían poder de decisión, en la suscripción de contratos y pagos a los proveedores.” A N T E C E D E N T E S 1) En fecha veintitrés (23) de agosto de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, el abogado CARLOS FRANCISCO HERRERA ORELLANA, en su condición de defensor privado del señor SANTOS UBALDO CERRATO CANALES, por suponerle responsable del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1503 del antecedente, Tomo II). 2) Que en fecha cuatro (04) de diciembre de dos mil VEINTE, el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, dictó sentencia mediante la cual falló: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al encausado SANTOS UBALDO CERRATO CANALES cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas en el preámbulo de esta sentencia a la pena de Siete (7) años de prisión, la multa de Tres millones dos cientos veinte mil cuatrocientos treinta y cinco Lempiras con cuarenta y cinco centavos (L. 3,220,435.45) e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la pena de prisión como pena principal por la comisión de un delito de Fraude, en perjuicio de La administración pública. SEGUNDO: …………… (Folios 1564-1602 del recurso de mérito). 3) En fecha diecinueve (19) de octubre del año do mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, con la comparecencia de la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada Blanca Argentina Gómez Matamoros, actuando en su condición de Apoderada Legal el señor SANTOS UBALDO CERRATO CANALES. El Ministerio Público consideró: “Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Tribunal de Sentencias con Competencia Nacional en Materia de Corrupción dicto sentencia en fecha veintiuno (21) de Junio del año dos mil veintiuno (2021), contra el señor SANTOS UBALDO CERRATO CANALES, por el delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, condenándolo a la pena de SIETE (7) AÑOS DE RECLUSIÓN Y UNA MULTA DE TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL, CUATROCIENTOS TREINTA y CINCO LEMPIRAS CON CUARENTICINCO CENTAVOS (L 3,220,435.45), sentencia contra la cual se interpuso un Recurso de Casación por Infracción de Ley, el cual fue desistido por la recurrente, en fecha 24 de mayo del 2021. El revisionista en la presente causa, solicita la revisión de una sentencia firme, por medio de la cual se decidió condenar al señor Santos Ubaldo Cerrato Canales, conforme el decreto 130-2017, fundamentando su petición en el numeral 6 del 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, sin embargo no consta haberse acreditado que después de la condena sobrevinieron nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que encuadra en una norma más favorable; aunado a ello, se advierte que las partes tuvieron la oportunidad de interponer los recursos que en derecho corresponda para atacar la sentencia que se considera injusta en el momento procesal oportuno, observándose de la foliada resolución de fecha 27 de mayo del 2021, emitida por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, a través de la cual declaró desistido por parte de la defensa del condenado, el recurso de Casación por Infracción de Ley. Esta Representación Fiscal estima, que el alegato de la recurrente no es procedente, por 1o que lo solicitado no se encuentra conforme a derecho. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia por que NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” (Folios 23-26 del recurso de mérito). FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República, prohíbe en su artículo 186, abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega, que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha establecido que: “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal, se celebró en fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la abogada Blanca Argentina Gómez Matamoros, a favor del señor Santos Ubaldo Cerrato Canales, como revisionista; y, la abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. La abogada defensora, solicita la revisión de la pena y que se aplique el principio de retroactividad de la ley, tomando en cuenta las nuevas penas vigente en el Decreto 130-2017, en base al artículo 96 de la Constitución, se solicita la retroactividad de la ley, siempre que favorezca al reo, por lo que se solicita la revisión de las penas. Por su parte el Ministerio Público, estima que las disposiciones contenidas en el actual código penal, no son más favorables al sentenciado; por lo que solicita que no se otorgue la revisión solicitada. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en Revisión Penal, se impuso a Santos Ubaldo Cerrato Canales, la pena de siete (7) años de prisión, por un delito de Fraude. El delito de Fraude en el código penal anterior tenía una pena abstracta de 6 a 9 años de reclusión; y en el actual código penal vigente regulado en el artículo 482 establece la pena abstracta de 5 a 7 años de prisión. De acuerdo a lo anterior, al tratarse ambas de penas privativas de libertad, no se considera que el actual código penal sea más favorable, ya que la pena anterior con todas las circunstancias resulta también imponible con el actual código penal (7 años de prision). 2. Es evidente que de lo expuesto no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva ley penal, ya que para el Fraude la nueva pena también resulta imponible. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616.4 del Nuevo Código Penal, ni que después de la condena hayan sobrevenido nuevos hechos o elementos de pruebas que favorezcan al condenado. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96.6.8, 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Código Penal reformado en el artículo 193 y 616 por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021 y 482 y 616 del código penal vigente. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal, interpuesta por la Abogada Blanca Argentina Gómez Matamoros, en favor del señor SANTOS UBALDO CERRATO CANALES. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al Juzgado de Ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de septiembre de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha dos de junio de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-1086-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL