Sentencia RP-1084-22 — Registro 19472
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria con relación a la causa que se instruyó por los delitos de facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas, portación ilegal de arma de uso personal y asociación ilícita en perjuicio de la salud de la población y la seguridad interior del Estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO DIEZ (10): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a las señoras MERLIN SULAY COOX Y AMARJIT PABLA, la pena de TRECE (13) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; y a la multa de CIEN MIL DE LEMPIRAS (L.100.000.00) y por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN, por cada una de las tres armas de fuego que portaba (penas que sumadas son nueve años de reclusión) y por el delito de FACILITACION DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL CONSUMO Y/O TRAFICO ILICITO De DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DE ESTADO DE HONDURAS, a la pena de SEIS AÑOS DE RECLUSIÓN Y UNA MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme Al CODIGO PENAL DECRETO NÚMERO 70-2015, derogada, la pena a imponer por el delito de ASOCIACION ILICITA, era reclusión de Veinte (20) a treinta (30) años y multa de Cien Mil Lempiras, mientras que la pena regulada en el artículo 554 del vigente Código Penal, dos presupuestos, la pena oscila entre DIEZ (10) A QUINCE (15) AÑOS y multa de Quinientos (500) a Mil (1,000) días, si se trata de los directivos, promotores y financistas de la Asociación Ilícita; y de SEIS (6) A DIEZ (10) AÑOS y multa de Cien (100) a Quinientos (500) días, para los simples integrantes de la asociación. II. En cuanto al delito de Portación Ilegal de Armas, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 332 inciso B establece que: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas.” Es decir, que esa conducta delictiva, se sancionaba con reclusión de tres (3) a seis (6) años. En cuanto al Código Penal vigente Decreto 130-2017, establece el artículo 580: “TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO. La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y, ARTICULO 584 NUMERAL 1.- Agravantes Especificas. Las penas previstas en este capítulo se incrementan hasta en un tercio (1/3) en los casos siguientes: 1) Los hechos son cometidos en el ámbito de un grupo delictivo organizado,……..como ocurre en el caso de autos. 2) ARTICULO 584 NUMERAL 1.- Agravantes Especificas. Las penas previstas en este capítulo se incrementan hasta en un tercio (1/3) en los casos siguientes: 1) Los hechos son cometidos en el ámbito de un grupo delictivo organizado,……..como ocurre en el caso de autos. Al hacer los aumentos tal como lo establecen los artículos antes señalados, la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización y 1/3 cuando los hechos son cometidos en el ámbito de un grupo delictivo organizado”. Bajo este examen, después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código no benefician a las condenadas, pues se les impondría una pena de cinco años con cuatro meses por cada una de las armas, si se le aplica la pena mínima y estas sumadas hacen un total de dieciséis (16) años. III. En cuanto al delito de FACILITACION DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL CONSUMO Y/O TRAFICO ILICITO De DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DE ESTADO DE HONDURAS, se les condenó a la pena de SEIS AÑOS DE RECLUSIÓN Y UNA MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN, conforme a la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Indebido de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. Artículo 36 y 38. Y con el nuevo CODIGO PENAL DECRETO NÚMERO 130-2017, se le aplicaría el 312 que derogada, la pena antes señalada e impone de 10 a 15 años y una multa de trescientos (300) a quinientos (500) días, si concurren algunas de las agravantes como ser que el delito se cometa en el ámbito de un grupo delictivo organizado como ocurre en el caso de autos. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal, Decreto 130-2017, sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias donde en los hechos probados y la fundamentación jurídica se estableció que las los condenados MERLIN SULAY COX Y AMARJIT PABLA, son miembros activos de la estructura criminal pandilla dieciocho, agrupados para la comisión de diversidad de ilícitos y asimismo, que al momento de su captura se encontraron armas de uso comercial sin su respectivo permiso de portación; asimismo, se les encontró Marihuana al momento de que los policías que les dieron captura, estimando el Tribunal Juzgador que aun y cuando se imponga las penas mínimas para todos los delitos, por no concurrir circunstancias atenuantes y agravantes. Estas penas no son más favorables para las condenadas XOC Y PABLA, en tal sentido, no les beneficia la aplicación de la retroactividad de las penas para el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR, TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO y FACILITACION DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL CONSUMO Y/O TRAFICO ILICTO DE DROGAS. IV. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias, que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; pues las nuevas penas estipuladas en el Código Penal Vigente, no son más benignas a las condenadas MERLIN SULAY COX Y AMARJIT PABLA.”
Legislación citada
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de junio de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por la Abogada SOMAY JAMILETH PERALTA DAVILA a favor de las Señoras MERLIN SULAY COOX Y AMARJIT PABLA, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, con relación a la causa que se instruyó contra las Señoras MERLIN SULAY COOX Y AMARJIT PABLA por los delitos de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, PORTACION ILEGAL DE ARMA DE USO PERSONAL Y ASOCIACION ILICITA en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE MONDURAS. (Exp. No. TST/FM-5-44-203.7). PARTES INTERVINIENTES Abogada SOMAY JAMILETH PERALTA DAVILA, apoderada procesal de las señoras MERLIN SULAY COOK YAMARJIT PABLA. Revisionista. Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, Agente Fiscal del Ministerio Público. HECHOS PROBADOS“PRIMERO: El 22 de marzo del 2016, a las diecisiete horas, se recibió en la Fuerza Nacional Antiextorsión una información anónima en la que se señaló recibió una información anónima en la que se señaló que dos personas del sexo femenino y otra de sexo masculino (todos miembros de la mara (18) se desplazarían del sector ocho de la colonia hato de en medio de Tegucigalpa llevando en sus bolsas armas de fuego hacia la colonia El Pedregal de la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, señalándose como hora de salida por el sector ocho del hato de en medio las dieciocho (18:00) horas, razón por la cual la Fuerza Nacional Antiextorsión organizó tres equipos de agentes policiales, los cuales se desplazaron al sector ocho de la Colonia Hato de en medio de esta ciudad capital, específicamente frente a la ferretería “Alucom”, todo con el fin de corroborar dicha información. SEGUNDO: En el sector ocho de la colonia hato de en medio frente a la ferretería “Alucom”, a las dieciocho horas, transitaban por dicho lugar las jóvenes AMARJIT PABLA, MERLIN SULAY COX y un joven todos vistiendo el tipo de ropa descrito por el informante, por lo que los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión que se encontraban en dicho lugar procedieron a requerirlas y al practicarles un registro personal, encontrándosele en el bolso a la joven AMARJIT PABLA tres armas de fuego en buen funcionamiento (revolver calibre 357 magnum marca Astra serie R232590 con seis cartuchos sin percutir, pistola marca IWI modelo JERICHO 941F serie 39305242, calibre nueve milímetros con la leyenda “Policía Nacional” con su respectivo cargador y siete cartuchos sin percutir y un (1) arma de fuego tipo pistola marca Llama calibre 40 S&W con seis cartuchos sin percutir y su respectivo cargador), veintitrés bolsas de plástico transparente conteniendo 35.0 gramos de marihuana, un teléfono celular B MOBILE AX680 con IMEI 3525120171065773 con sus respectivas tarjetas 2.1 SIM TIGO numero 8950402502643305441 y 2.2 MICRO SD HC 4GB SERIE 1320PW6621P, y en el bolso de la joven MERLIN SULAY COX, se le encontró un posesión de tres armas de fuego un (1) arma de fuego tipo revolver marca Smith & Wesson. Modelo 64-3 , calibre 38 especial, serie ID75459 con tres cartuchos sin percutir, un (1) arma de fuego tipo revolver marca F& L modelo Ranger, calibre 38 special, serie 03627B con tres cartuchos sin percutir y un (1) arma de fuego tipo pistola, marca Makarow, calibre 8.81x18mm (9mm Makarov) con su respectivo cargador y siete cartuchos sin percutir) veinte bolsitas de plástico conteniendo 31.1 gramos de marihuana y un teléfono celular marca SAMSUNG GALAXI ACE 4, modelo SM-G318ML, IMEI. 352661077646738 con su respectivo ll MICRO SIM CLARO número 8950400111517296736 y un 1.2 MICRO SD. HC. 4GB SP.” ANTECEDENTES 1)Que en fecha veintitrés (23) de marzo del de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, la abogada PAULINA GALO, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores PABLA AMARJIT Y MERLIN SULAY COX, por los delitos de TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS Y PORTACION ILEGAL DE ARMA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.(Folios 2-5 del antecedente). 2) Que en fecha diecisiete (17) de enero de dos mil dieciocho (2018) el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, dictó sentencia mediante la cual FALLA: “PRIMERO: Condenar a la acusada AMARJIT PABLA cuyos datos generales de identidad fueron antes mencionados, como autora responsable de un (1) delito de FACILITACION DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL CONSUMO Y/O TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS que deberá pagar al Estado de Honduras ante la Tesorería General de la República, así como la imposición de SEIS AÑOS DE RECLUSION, la que cumplirá en el centro penal del sistema nacional penitenciario que designe el juez ejecutor competente, no procediendo su condena en costas. SEGUNDO: Asimismo se le impone a la acusada AMARJIT PABLA las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal de seis años de reclusión, así como el comiso de su bolso y de los treinta y los treinta y cinco gramos (35 Grms.) de marihuana que se decomisaron durante su detención. Una vez firme esta sentencia deberá llevarse a cabo la destrucción de la droga mediante el procedimiento establecido para tal fin en el artículo 38 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, declarándose a la acusada civilmente responsable de indemnización de eventuales perjuicios ocasionados al Estado de Honduras mediante los hechos por los cuales es condenada, cuya determinación exacta deberá ser tasada por el Juez de Ejecución Competente. TERCERO: Condenar a la acusada MERLIN SULAY COX cuyos datos generales de identidad fueron antes mencionados, como autora responsable de un (1) delito de FACILITACION DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL CONSUMO Y/O TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS que deberá pagar al Estado de Honduras ante la Tesorería General de la República, imponiéndosele a la vez la pena de SEIS AÑOS DE RECLUSION, la que cumplirá en el centro penal del sistema nacional penitenciario que designe el juez ejecutor. competente, no procediendo su condena en costas. CUARTO: Asimismo se le impone a la acusada MERLIN SULAY COX las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal de seis años de reclusión, así como el comiso de su bolso y de los treinta y la bolsa y los treinta y un punto tres gramos (31.3 Grms.) de marihuana que se decomisaron durante su detención. Una vez firme esta sentencia deberá llevarse a cabo la destrucción de la droga mediante el procedimiento establecido para tal fin en el artículo 38 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, declarándose a la acusada civilmente responsable de indemnización de eventuales perjuicios ocasionados al Estado de Honduras mediante los hechos por los cuales es condenada, cuya determinación exacta deberá ser tasada por el Juez de Ejecución Competente. QUINTO: Condenar a la acusada AMARJIT PABLA cuyos datos generales de identidad fueron antes mencionados, como autora responsable de tres (3) delitos en concurso real de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE USO PERSONAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a sufrir la pena de tres (3) años de reclusión por cada una de las tres armas de fuego que portaba (penas que sumadas son nueve años de reclusión), las que cumplirá en el centro penal del sistema nacional penitenciario que designe el juez ejecutor competente, junto con las accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil durante el tiempo de duración de cada una de las penas principales, por lo que durante dicho tiempo la condenada no podrá ejerce su principal oficio público que ostente durante el tiempo de la condena, y no podrá ejercer el derecho político del sufragio referido en el artículo cuarenta y nueve del Código Penal. SEXTO: Condenar a la acusada MERLIN SULAY COX cuyos datos generales de identidad fueron antes mencionados, como autora responsable de tres (3) delitos en concurso real de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE USO PERSONAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a sufrir la pena de tres (3) años de reclusión por cada una de las tres armas de fuego que portaba penas que sumadas son nueve años de reclusión), las que cumplirá en el centro penal del sistema nacional penitenciario que designe el juez ejecutor competente, junto con las accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil durante el tiempo de duración de cada una de las penas principales, por lo que durante dicho tiempo la condenada no podrá ejerce su principal oficio público que ostente durante el tiempo de la condena, y no podrá ejercer el derecho político del sufragio referido en el artículo cuarenta y nueve del Código Penal, declarándosele interdicto civilmente. SEPTIMO: Condenar a la acusada AMARJIT PABLA cuyos datos generales de identidad fueron antes mencionados, como autora responsable de un (1) delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de MULTA DE SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS que deberá pagar al Estado de Honduras ante la Tesorería General de la República, así como la imposición de la pena de TRECE AÑOS, CUATRO MESES DE RECLUSION la que cumplirá en el centro penal del sistema nacional penitenciario que designe el juez ejecutor competente, no procediendo su condena en costas, imponiéndosele a la vez las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de cada una de las penas principales, declarándose a la acusada civilmente responsable de indemnización de eventuales perjuicios ocasionados al Estado de Honduras mediante los hechos por los cuales es condenada, cuya determinación exacta deberá ser tasada por el Juez de Ejecución Competente. OCTAVO: Condenar a la acusada MERLIN SULAY COX cuyos datos generales de identidad fueron antes mencionados, como autora responsable de un (1) delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de Y MULTA DE SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS que deberá pagar al Estado de Honduras ante la Tesorería General de la República, así como la imposición de la pena de TRECE AÑOS, CUATRO MESES DE RECLUSION la que cumplirá en el centro penal del sistema nacional penitenciario que designe el juez ejecutor competente, no procediendo su condena en costas, imponiéndosele a la vez las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de cada una de las penas principales, declarándose a la acusada civilmente responsable de indemnización de eventuales perjuicios ocasionados al Estado de Honduras mediante los hechos por los cuales es condenada, cuya determinación exacta deberá ser tasada por el Juez de Ejecución Competente. NOVENO: Se declara el comiso de los siguientes objetos: Dos carteras o bolsos de mujer propiedad de las condenadas, un teléfono celular marca SAMSUNG GALAXY ACE 4, modelo SM-G318ML IMEI: 352661077646738, un 1.1 MICRO SIM CLARO número 8950400111517296736, un 1.2 MICRO SD: HC 4GB SP, un teléfono celular B MOBILE AX680 con IMEI 3525120171065773 con sus respectivas tarjetas 2.1 SIM TIGO numero 8950402502643305441 y 2.2 MICRO SD HC 4GB serie 1320PW6621P, un (1) revolver calibre .357 magnum marca Astra serie R232590 con seis cartuchos sin percutir, un (1) arma de fuego tipo pistola marca Llama calibre.40 S&W con seis cartuchos sin percutir y su respectivo cargador, un (1) arma de fuego tipo revolver marca F&L modelo Ranger, calibre.38 special, serie 03627B con tres cartuchos sin percutir, un (1) arma de fuego tipo revolver marca Smith & Wesson modelo 64-3, calibre.38 special, serie 1D75359 con tres cartuchos sin percutir y un (1) arma de fuego tipo pistola marca Makarov calibre 8.81x18mm (9mm Makarov) con su respectivo cargador y siete cartuchos sin percutir, las cuales eventualmente podrán ser devueltas a sus legítimos propietarios previa acreditación de su propiedad siempre y cuando que los reclamantes no sean autores y/o partícipes en los hechos que fundamentan la presente sentencia. DECIMO: Previa acreditación de su propiedad, se ordena la devolución a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, un (1) arma de fuego tipo pistola marca IWI modelo JERICHO 941F serie 39305242, calibre nueve milímetros con la leyenda "Policía Nacional" con su respectivo cargador y siete cartuchos sin percutir. Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. (Folios 302-311 del recurso de mérito). 3) En fecha nueve (09) de mayo del dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Integrante MARTA DELIA MERINO CONDE, con la comparecencia de la abogada SAGRARIO ROSIBEL MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la abogada SOMAY JAMILETH PERALTA DAVILA, actuando en su condición de Apoderado Legal de las señoras MERLIN SULAY COOX Y AMARJIT PABLA. El Ministerio Público consideró: Que del examen de los antecedentes, se aprecia que el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete (7) de enero del año dos mil dieciocho (2018), condenó a las señoras MERLIN SULAY COOX Y AMARJIT PABLA, por los delitos de FACILITACIÓN DE IOS MEDIOS DE TRES (3) DELITOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS, PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE USO PERSONAL Y ASOCIACIÓN ILICITA, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, por lo que a efecto de determinar si procede la aplicación retroactiva del actual Código Penal, es necesario fijar las penas a imponer conforme la norma sustantiva, tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes en la presente causa, como a continuación se expone: I. El artículo 554 regula el tipo penal de Asociación Ilícita, el cual es sancionado con una pena de seis (6) a diez (10) años de prisión y multa de cien (100) a quinientos (500) días, que al relacionarlo con el artículo 53, se establece que cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L.5,000.00). II. El artículo 580 numeral 1 sanciona el delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Permitida, con una pena de uno (1) a cuatro (4) años de reclusión, aumentada en un tercio (1/3) conforme su último párrafo, resultando una pena de cuatro (4) años a cinco (5) años RECURSO DE REVISION PENAL NO. 1084-2022 cuatro ( meses de prisión; la que a su vez se incrementaron un tercio (1/3), por concurrir la agravante contenida en el numeral 1 del artículo 584, por haberse cometido 108 hechos en el ámbito de un grupo delictivo, de conformidad como quedo acreditado en la declaratoria de hechos probados, al referirse que se trataban de tres personas miembros de la Mara 18, resultando una pena abstracta de cinco (5) años cuatro (4) meses a siete (7) años un (1) mes diez (10) días de prisión por los delitos. III. Respecto al delito de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS, en el Código Penal Vigente, dicha conducta penal se encuentra reguladas en el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, contenido en el artículo 311, por lo que al revisar los hechos probados en la sentencia de mérito, se colige que a las sentenciadas se les decomisó 23 bolsitas de plástico, conteniendo 35.0 gramos de marihuana, por lo que debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, que de conformidad con lo estipulado en el artículo 321 segundo párrafo del Código Penal vigente. “Se entiende que no causan grave daño a la salud los derivados del cáñamo índico o americano o del cannabis sativa.” Asimismo, este ilícito penal contempla la pena de multa que le fue impuesta al hoy condenado, equivalente a (L. 50,000.00), por 1o que en aplicación al precitado artículo 53 del Código Penal vigente, correspondería imponer una multa mínima de 100 días. En este orden de ideas, el Código Penal vigente exige que para efectos de determinar la aplicación de la retroactividad de la ley penal más favorable que reconoce el artículo 615 de la norma sustantiva, es imperativo que las disposiciones del nuevo Código Penal resulten más favorables tomadas en su conjunto, ya que no es admisible la aplicación fragmentando las dos (2) normas sustantivas. Dicho lo anterior, al realizar el análisis comparativo entre las penas impuestas en la presente causa y las penas aplicables conforme al actual Código Penal, se aprecia que la sanción aplicable al delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Permitida, se ve incrementada en una pena abstracta de cinco (5) años con cuatro (4) meses, a siete (7) años con un (1) mes y diez (10) de prisión, por cada uno de los 3 delitos que fueron condenadas, en comparación a los tres (3) de reclusión a los que fueron condenadas. Conforme a lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que en la presente causa no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme el Código anterior. VII. OPINIÓN: El Ministerio Público, con base a lo antes expuesto, es del parecer QUE NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, que se ha hecho mérito. Solamente. Acto seguido, cedió la palabra a la Abogada LOURDES ELENA BARRIENTOS SAHURY, en su condición Representante de la Procuraduría General de la República a efecto de que ésta presente la oposición del ente acusador al recurso de Revisión de mérito, y presente las pruebas que estime pertinentes, haciéndolo de la Siguiente manera: gracias su señoría en esta ocasión nos vamos a adherir a lo ya solicitado por el Ministerio Público, ya por las razones y motivos que ha expresado el Ministerio Público, lo cual solicitamos que igual que no se otorgue, la retroactividad de la ley en el presente caso.(Folios 68-71 vuelto del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos; sin embargo, adopta la garantía constitucional de Revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda, que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte, el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega, que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la Revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de Revisión en materia penal, constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentación del Garantista expuesta en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. EL recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establecen la procedencia de la acción de Revisión Penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de Revisión, que se celebró en fecha nueve de mayo del año dos mil veinticuatro, se aprecia que el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete (7) de enero del año dos mil dieciocho (2018), condenó a las señoras MERLIN SULAY COOX Y AMARJIT PABLA, por los delitos de FACILITACIÓN DE IOS MEDIOS DE TRES (3) DELITOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS, PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE USO PERSONAL Y ASOCIACIÓN ILCIITA, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, por lo que, a efecto de determinar si procede la aplicación retroactiva del actual Código Penal, es necesario fijar las penas a imponer conforme la norma sustantiva, tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes en la presente causa, como a continuación se expone: I. El artículo 554 regula el tipo penal de Asociación Ilícita, el cual es sancionado con una pena de seis (6) a diez (10) años de prisión y multa de cien (100) a quinientos (500) días, que al relacionarlo con el artículo 53, se establece que cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L.5,000.00). II. El artículo 580 numeral 1 sanciona el delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Permitida, con una pena de uno (1) a cuatro (4) años de reclusión, aumentada en un tercio (1/3) conforme su último párrafo, resultando una pena de cuatro (4) años a cinco (5) años RECURSO DE REVISION PENAL NO. 1084-2022 cuatro ( meses de prisión; la que a su vez se incrementaron un tercio (1/3), por concurrir la agravante contenida en el numeral 1 del artículo 584, por haberse cometido 108 hechos en el ámbito de un grupo delictivo, de conformidad como quedo acreditado en la declaratoria de hechos probados, al referirse que se trataban de tres personas miembros de la Mara 18, resultando una pena abstracta de cinco (5) años cuatro (4) meses a siete (7) años un (1) mes diez (10) días de prisión por los delitos. III. Respecto al delito de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA BI TRAFICO DE DROGAS, en el Código Penal Vigente, dicha conducta penal se encuentra reguladas en el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, contenido en el artículo 311, por lo que al revisar los hechos probados en la sentencia de mérito, se colige que a las sentenciadas se les decomisó 23 bolsitas de plástico, conteniendo 35.0 gramos de marihuana, por lo que debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, que de conformidad con lo estipulado en el artículo 321 segundo párrafo del Código Penal vigente. “Se entiende que no causan grave daño a la salud los derivados del cáñamo índico o americano o del cannabis sativa.” Asimismo, este ilícito penal contempla la pena de multa que le fue impuesta al hoy condenado, equivalente a (L.50,000.00), por 1o que en aplicación al precitado artículo 53 del Código Penal vigente, correspondería imponer una multa mínima de 100 días. En este orden de ideas, el Código Penal vigente, exige que para efectos de determinar la aplicación de la retroactividad de la ley penal más favorable que reconoce el artículo 615 de la norma sustantiva, es imperativo que las disposiciones del nuevo Código Penal resulten más favorables tomadas en su conjunto, ya que no es admisible la aplicación fragmentando las dos (2) normas sustantivas. Dicho lo anterior, al realizar el análisis comparativo entre las penas impuestas en la presente causa y las penas aplicables conforme al actual Código Penal, se aprecia que la sanción aplicable al delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Permitida, se ve incrementada en una pena abstracta de cinco (5) años cuatro (4) meses a siete (7) años un (1) mes diez (10) de prisión, por cada uno de los 3 delitos que fueron condenadas en comparación a los tres (3) de reclusión a los que fueron condenadas. Conforme a lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que en la presente causa no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme el Código anterior. VII. OPINIÓN: El Ministerio Público, con base a lo antes expuesto, es del parecer QUE NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, que se ha hecho mérito CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas, las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho, cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617, se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir, la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello, como se ha señalado, implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017, de fecha 18 de enero de 2018, publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940, de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala, a continuación, hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión Penal. I. Que del estudio de la sentencia emitida por el juzgador primario y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal, esta Sala aprecia, que efectivamente las señoras MERLIN SULAY COOX Y AMARJIT PABLA, fueron condenadas por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la sentencia definitiva y firme en fecha diecisiete de enero del año dos mil dieciocho, a la pena de TRECE (13) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; y a la multa de CIEN MIL DE LEMPIRAS (L.100.000.00) y por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de La SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN, por cada una de las tres armas de fuego que portaba (penas que sumadas son nueve años de reclusión) y por el delito de FACILITACION DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL CONSUMO Y/O TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DE ESTADO DE HONDURAS, a la pena de SEIS AÑOS DE RECLUSIÓN Y UNA MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL. II. Que esta Sala de lo Constitucional, constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria firme, antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 332 DEL CODIGO PENAL SOBRE EL DELITO DE ASOACION ILICITA, y el artículo 332 B en relación al delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL del Código Penal decreto 144-1983, estimando que la acción ejecutada por los imputados se subsume en el tipo penal de Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. III. Esta Sala, realiza un examen de todas las normas penales aplicables el caso sub judice, para verificar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. En virtud del vocablo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho) el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a las señoras MERLIN SULAY COOX Y AMARJIT PABLA, la pena de TRECE (13) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; y a la multa de CIEN MIL DE LEMPIRAS (L.100.000.00) y por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN, por cada una de las tres armas de fuego que portaba (penas que sumadas son nueve años de reclusión) y por el delito de FACILITACION DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL CONSUMO Y/O TRAFICO ILICITO De DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DE ESTADO DE HONDURAS, a la pena de SEIS AÑOS DE RECLUSIÓN Y UNA MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme Al CODIGO PENAL DECRETO NÚMERO 70-2015, derogada, la pena a imponer por el delito de ASOCIACION ILICITA, era reclusión de Veinte (20) a treinta (30) años y multa de Cien Mil Lempiras, mientras que la pena regulada en el artículo 554 del vigente Código Penal, dos presupuestos, la pena oscila entre DIEZ (10) A QUINCE (15) AÑOS y multa de Quinientos (500) a Mil (1,000) días, si se trata de los directivos, promotores y financistas de la Asociación Ilícita; y de SEIS (6) A DIEZ (10) AÑOS y multa de Cien (100) a Quinientos (500) días, para los simples integrantes de la asociación. II. En cuanto al delito de Portación Ilegal de Armas, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 332 inciso B establece que: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas.” Es decir, que esa conducta delictiva, se sancionaba con reclusión de tres (3) a seis (6) años. En cuanto al Código Penal vigente Decreto 130-2017, establece el artículo 580: “TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO. La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y, ARTICULO 584 NUMERAL 1.- Agravantes Especificas. Las penas previstas en este capítulo se incrementan hasta en un tercio (1/3) en los casos siguientes: 1) Los hechos son cometidos en el ámbito de un grupo delictivo organizado,……..como ocurre en el caso de autos. 2) ARTICULO 584 NUMERAL 1.- Agravantes Especificas. Las penas previstas en este capítulo se incrementan hasta en un tercio (1/3) en los casos siguientes: 1) Los hechos son cometidos en el ámbito de un grupo delictivo organizado,……..como ocurre en el caso de autos. Al hacer los aumentos tal como lo establecen los artículos antes señalados, la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización y 1/3 cuando los hechos son cometidos en el ámbito de un grupo delictivo organizado”. Bajo este examen, después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código no benefician a las condenadas, pues se les impondría una pena de cinco años con cuatro meses por cada una de las armas, si se le aplica la pena mínima y estas sumadas hacen un total de dieciséis (16) años. III. En cuanto al delito de FACILITACION DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL CONSUMO Y/O TRAFICO ILICITO De DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DE ESTADO DE HONDURAS, se les condenó a la pena de SEIS AÑOS DE RECLUSIÓN Y UNA MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN, conforme a la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Indebido de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. Artículo 36 y 38. Y con el nuevo CODIGO PENAL DECRETO NÚMERO 130-2017, se le aplicaría el 312 que derogada, la pena antes señalada e impone de 10 a 15 años y una multa de trescientos (300) a quinientos (500) días, si concurren algunas de las agravantes como ser que el delito se cometa en el ámbito de un grupo delictivo organizado como ocurre en el caso de autos. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal, Decreto 130-2017, sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias donde en los hechos probados y la fundamentación jurídica se estableció que las los condenados MERLIN SULAY COX Y AMARJIT PABLA, son miembros activos de la estructura criminal pandilla dieciocho, agrupados para la comisión de diversidad de ilícitos y asimismo, que al momento de su captura se encontraron armas de uso comercial sin su respectivo permiso de portación; asimismo, se les encontró Marihuana al momento de que los policías que les dieron captura, estimando el Tribunal Juzgador que aun y cuando se imponga las penas mínimas para todos los delitos, por no concurrir circunstancias atenuantes y agravantes. Estas penas no son más favorables para las condenadas XOC Y PABLA, en tal sentido, no les beneficia la aplicación de la retroactividad de las penas para el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR, TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO y FACILITACION DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL CONSUMO Y/O TRAFICO ILICTO DE DROGAS. IV. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias, que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; pues las nuevas penas estipuladas en el Código Penal Vigente, no son más benignas a las condenadas MERLIN SULAY COX Y AMARJIT PABLA. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada SOMAY JAMILETH PERALTA DAVILA, a favor de las condenadas MERLIN SULAY COOX Y AMARJIT PABLA, contra la sentencia definitiva condenatoria de fecha diecisiete de enero del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó Magistrado Wagner Vallecillo. - NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de septiembre de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha veinte de junio de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-1084-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL