Sentencia RP-1064-23 — Registro 19745
Resumen
Sentencia en recursos de revisión acumulados condenó a recurrente como autores del delito de Secuestro en perjuicio de afectado a una pena de veinticinco (25) años de reclusión como penas principales; condenándolos a penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, con declaración de responsabilidad civil; La Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de recurrente.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala aprecia que efectivamente los señores RAUL ARMANDO FAJARDO VINDEL Y PROSPERO OSWALDO PACHECO RODRIGUEZ fueron condenados por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha diecinueve (19) de Septiembre del dos mil diecinueve (2019), a la pena de VEINTICINCO AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO en perjuicio de (SIC)….”LUIS DANIEL MOURRA LUNA”, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena..."..."en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a los señores RAUL ARMANDO FAJARDO VINDEL Y PROSPERO OSWALDO PACHECO RODRIGUEZ, la pena principal de VEINTICINCO AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena..."..."En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde al encausado se le impuso la pena de veinticinco años. Se debe imponer al encausado la pena de QUINCE (15) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena por el delito de Secuestro, en virtud que se le agrava porque solo concurre según los hechos probados de la sentencia dos circunstancias agravantes como ser la numeral 3 y 7 del artículo 240 del Nuevo Código Penal Vigente, como ser La Privación de Libertad exceda de setenta y dos (72) horas; y la numeral 7 que indica que es cuando el delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; como lo estableció el Ministerio Público en Audiencia de Oposición; ya que se cumplen según los hechos probados de la misma sentencia por observarse en la foliada de la misma que el cumplimiento de la condición no se logró; pero que sí bien es cierto de la foliada del expediente en los hechos probados de la sentencia se logra observar que el ofendido estuvo en cautiverio o secuestrado por trece días y con las llamadas o escuchas telefónicas autorizadas judicialmente se logra interceptar comunicaciones entre los señores RAUL FAJARDO VINDEL, con PROSPERO OSWALDO PACHECO RODRIGUEZ, entre RAUL FAJARDO VINDEL Y KEVIN JOHAN URBINA PAZ, y entre RAUL FAJARDO VINDEL Y MARCO ANTONIO PRADO AQUINO, manifestándose entre ellos avances y estado de las negociaciones de pago de rescate del señor ELIAS MOURRA..."..."en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala aprecia que efectivamente los señores RAUL ARMANDO FAJARDO VINDEL Y PROSPERO OSWALDO PACHECO RODRIGUEZ fueron condenados por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha diecinueve (19) de Septiembre del dos mil diecinueve (2019), a la pena de VEINTICINCO AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO en perjuicio de (SIC)….”LUIS DANIEL MOURRA LUNA”, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena..."..."en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a los señores RAUL ARMANDO FAJARDO VINDEL Y PROSPERO OSWALDO PACHECO RODRIGUEZ, la pena principal de VEINTICINCO AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena..."..."En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde al encausado se le impuso la pena de veinticinco años. Se debe imponer al encausado la pena de QUINCE (15) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena por el delito de Secuestro, en virtud que se le agrava porque solo concurre según los hechos probados de la sentencia dos circunstancias agravantes como ser la numeral 3 y 7 del artículo 240 del Nuevo Código Penal Vigente, como ser La Privación de Libertad exceda de setenta y dos (72) horas; y la numeral 7 que indica que es cuando el delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; como lo estableció el Ministerio Público en Audiencia de Oposición; ya que se cumplen según los hechos probados de la misma sentencia por observarse en la foliada de la misma que el cumplimiento de la condición no se logró; pero que sí bien es cierto de la foliada del expediente en los hechos probados de la sentencia se logra observar que el ofendido estuvo en cautiverio o secuestrado por trece días y con las llamadas o escuchas telefónicas autorizadas judicialmente se logra interceptar comunicaciones entre los señores RAUL FAJARDO VINDEL, con PROSPERO OSWALDO PACHECO RODRIGUEZ, entre RAUL FAJARDO VINDEL Y KEVIN JOHAN URBINA PAZ, y entre RAUL FAJARDO VINDEL Y MARCO ANTONIO PRADO AQUINO, manifestándose entre ellos avances y estado de las negociaciones de pago de rescate del señor ELIAS MOURRA..."..."en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de septiembre de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Revisión Penal (Acumulados) Interpuestos por los abogados JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES a favor del Señor RAUL ARMANDO FAJARDO VINDEL (Reg. No. SCO-1064- 2023); Y, el Abogado CARLOS EDUARDO AVILA FUNEZ, a favor del señor PROSPERO OSWALDO PACHECO RODRIGUEZ (Reg. No. SCO-450-2024); ambos recurso interpuestos contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), con relación a la causa que se instruyó contra los Señores RAUL ARMANDO FAJARDO VINDEL Y PROSPERO OSWALDO PACHECO RODRIGUEZ por el delito de SECUESTRO en perjuicio de ELIAS DANIEL MOURRA LUNA.ANTECEDENTES1)Que en fecha veintiuno (21) de septiembre del dos mil dieciséis (2016), comparecieron ante el Juzgado de Letras Penal con competencia Territorial Nacional en Materia Penal el Agente de Tribunales del Ministerio Público, el abogado MITZY ZELIBETH VILLATORO VASQUEZ presentando requerimiento fiscal en contra de PROSPERO OSWALDO PACHECO RODRIGUEZ, KEVIN JOHAN URBINA PAZ, RAUL ARMANDO FAJARDO VINDEL, ERICK JOSUE AMAYA COREA, por suponerlos responsables de la comisión del delito de SECUESTRO, en perjuicio de ELIAS DANIEL MOURRA LUNA.-(folios 1 al 6 de la pieza de los antecedentes del A-quo)2)Que en fecha diecinueve (19) de Septiembre del dos mil diecinueve (2019), el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, dictó sentencia mediante la cual este Tribunal, por unanimidad, FALLA: PRIMERO: Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS al señor RAÚL ARMANDO FAJARDO VINDEL, a título de autor como responsable del delito de SECUESTRO en perjuicio de (SIC)…”LUIS DANIEL MOURRA LUNA”, a la pena de VEINTICINCO AÑOS DE RECLUSIÓN, como pena principal, la que deberá cumplir en un centro Penitenciario del país, quedando sujeto a obras públicas o las labores que regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva. SEGUNDO: Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS al señor ERICK JOSUÉ AMAYA COREA, a título de autor como responsable del delito de SECUESTRO en perjuicio de (SIC)…”LUIS DANIEL MOURRA LUNA”, a la pena de VEINTICINCO AÑOS DE RECLUSIÓN, como pena principal, la que deberá cumplir en un centro Penitenciario del país, quedando sujeto a obras públicas o las labores que regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva. TERCERO: Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS al señor KEVIN JOHAN URBINA PAZ, a título de autor como responsable del delito de SECUESTRO en perjuicio de (SIC)…”LUIS DANIEL MOURRA LUNA”, a la pena de VEINTICINCO AÑOS DE RECLUSIÓN, como pena principal, la que deberá cumplir en un centro Penitenciario del país, quedando sujeto a obras públicas o las labores que regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva. CUARTO: Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS al señor PROSPERO OSWALDO PACHECO RODRÍGUEZ, a título de autor como responsable del delito de SECUESTRO en perjuicio de (SIC)…”LUIS DANIEL MOURRA LUNA”, a la pena de VEINTICINCO AÑOS DE RECLUSIÓN, como pena principal, la que deberá cumplir en un 36 centro Penitenciario del país, quedando sujeto a obras públicas o las labores que regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva. QUINTO: Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENANOS al Señor MARCO ANTONIO PRADO AQUINO, a título de cómplice simple como responsable del delito de SECUESTRO en perjuicio de (SIC)…”LUIS DANIEL MOURRA LUNA…”, a la pena de VEINTE AÑOS CON SEIS MESES DE RECLUSIÓN, como pena principal, la que deberá cumplir en un centro Penitenciario del país, quedando sujeto a obras públicas o las labores que regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva SEXTO: Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS a los señores RAÚL ARMANDO FAJARDO VINDEL, KEVIN JOHAN URBINA PAZ, ERICK JOSUE AMAYA COREA, PROSPERO OSWALDO PACHECO RODRÍGUEZ Y MARCO ANTONIO PRADO AQUINO, como responsables del delito de SECUESTRO en perjuicio de (SIC)…”LUIS DANIEL MOURRA LUNA…”, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena de reclusión impuesta a cada uno. SEPTIMO: Se declara a los condenados RAÚL ARMANDO FAJARDO VINDEL, KEVIN JOHAN URBINA PAZ, ERICK JOSUÉ AMAYA COREA, PROSPERO OSWALDO PACHECO RODRÍGUEZ Y MARCO ANTONIO PRADO AQUINO, responsables civilmente, lo que deberá ser reclamado de conformidad a lo establecido en el artículo 432 y siguientes del Código Procesal Penal. OCTAVO: Declarar el comiso de estos objetos siguientes: Dos (02) teléfonos celulares, uno (01) marca Samsung Galaxy S6 Edge, color dorado. Un (01) celular marca NOBA II NYX color negro; un teléfono celular marca Samsung, color negro; un celular marca Nokia color gris sin batería y sin chip y un (1) celular marca CLARO color negro con gris con batería y con chip de la empresa CLARO; un teléfono celular de color negro marca NYX; un teléfono celular marca BLU color negro con franja Azul; Siete aparatos móviles que se describen a continuación: Un (1) teléfono marca IPHONE de color blanco. Un (1) teléfono celular marca OLA de color blanco. Un (1) teléfono celular marca NYX de color negro. Un (1) teléfono celular marca BLACKBERRY color gris. Un (1) teléfono celular marca IPOD color gris con negro. Un (1) teléfono Samsung de color blanco. Un (1) teléfono celular marca Samsung color café, decomisados en la casa de que habitaba el señor Marco Antonio Prado Aguino; salvo que se demuestre que alguno de ellos es un tercero no responsable; un televisor gris con negro marca ORION con su respectiva caratula de embalaje; Una bolsa plástica transparente sellada y firmada conteniendo en su interior Una tarjeta porta chip de la empresa TIGO con número 97413850. Una tarjeta porta chip de la empresa claro con pin 1111 PUK 70932773; Una cámara dé grabación color blanco marca MASTER LINE con modelo MI 3106S36 con serie 06121075062 con su respectivo cable de color negro; dos gorros pasamontañas, uno de color negro y el otro de color café; Cuatro llaves, una de ellas utilizada para chachas o esposas en la cual se lee SMITH WESSON; Un tozo de Cartón que sujeta dos cadenas metálicas cubiertas con cinta adhesiva color gris (plateado) en deterioro, unidas en el centro por un candado marca VIKINGO con el Número "3" manuscrito. En uno de sus extremos sujeta un trozo de metal con una argolla color gris (plateado) y un tornillo color dorado, en el otro extremo dos aros de presión; en uno de los cuales se lee la serie K63292 y en el otro se observa la leyenda M100-1 MADE IN USA, MARCAS REGISTRADAS SMITH & WESON HOULTON, ME; un cargador de pistola color negro dicho cargador en su interior conteniendo varios proyectiles; una cámara análoga de color gris marca QUICK CAM con rollo marca KONICA con su respectivo estuche de color negro; Una bolsa plástica transparente sellada y firmada conteniendo en su interior una computadora color gris con negro marca HP. NOVENO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Notifíquese esta sentencia a cada una de las partes procesales. ASÍ POR NUESTRA SENTENCIA, LO PRONUNCIMO MANDAMOS Y FIRMAMOS. (Folios 63 al 86 de la pieza de los antecedentes del A-quo)3)Que en fecha quince (15) de agosto del dos mil veintitrés (2023), se recibió el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES interponiendo recurso de revisión penal a favor del señor RAUL ARMANDO FAJARDO VINDEL , contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), con relación a la sentencia condenatoria que se dictó al señor RAUL ARMANDO FAJARDO VINDEL. Solicitando objetivamente citar a las partes que deberá de celebrarse dentro de los 30 días hábiles y dictar una nueva sentencia aplicando la retroactividad de la Ley penal más favorable del nuevo código penal vigente, establecido en el decreto 130-2017 y en definitiva resolver conforme a derecho corresponde declarando con lugar dicha petición.(Folios 01 al 07 de la pieza de recurso)4)Que en fecha quince (15) de abril del dos mil veinticuatro (2024), se recibió el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado CARLOS EDUARDO AVILA FUNEZ interponiendo recurso de revisión penal a favor del señor PROSPERO OSWALDO PACHECO RODRIGUEZ , contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL , en fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), con relación a la sentencia condenatoria que se dictó al señor PROSPERO OSWALDO PACHECO RODRIGUEZ. Solicitando modificar sentencia condenatoria de fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecinueve (2019),a favor del sentenciado PROSPERO OSWALDO PACHECO RODRIGUEZ en base al principio constitucional de retroactividad de la ley penal establecido en el artículo 96 de la constitución de la republica de honduras y del ley código penal vigente (Folios 14 al 20 de la pieza de recurso) 5)En fecha diecisiete de agosto del dos mil veintitrés y el veintitrés (23) de abril del dos mil veinticuatro (2024), esta Sala tuvo por admitidos los recursos de revisión interpuestos contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COOMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, de fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). (Folios 9 y 51 de la pieza de recurso) 6)En fecha treinta (30) de octubre del dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante FELIPE RENE SPEAR LAINEZ, con la comparecencia de la abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA , en su condición de Fiscal del Ministerio Público y los abogados JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADAREZ actuando en su condición de Apoderado Legal del señor RAUL ARMANDO FAJARDO VINDEL; y CARLOS EDUARDO AVILA FUNEZ actuando en su condición de Apoderado Legal del señor PROSPERO OSWALDO PACHECO RODRIGUEZ; mismos que solicitaron que se revisara la sentencia en base al artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud de la aplicación de la Retroactividad de la Ley más favorable de acuerdo al Código Penal Vigente decreto 130-2017, en su artículo 240 numeral 3 donde se establece que la pena oscila de 12 a 15 años de reclusión; ya que la privación del ofendido traspasó las 72 horas. En cuanto al planteamiento que realizó el Ministerio Público estableció que después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que los Revisionistas en su escrito de interposición del recurso, solicitan que se revea la Sentencia firme de fecha diecinueve (19) de septiembre del dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor de los hoy condenados, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Nuevo Código Penal Vigente, el delito de SECUESTRO por el cual fueron condenados sus representados, es por eso que solicitan que sean sancionados con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1).., 2)..., 3)..,4) ....., 5) ...,6) ... 7) .., 8) Proceda la aplicación retroactiva una ley penal por ser más benigna..", relacionado con los artículos 615 y 616 del Nuevo Código Penal, que señalan: Artículo 615: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar La ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. De lo expuesto por los revisionistas, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de SECUESTRO por el cual se condenó a los privados de libertad RAUL ARMANDO FAJARDO VINDEL Y PROSPERO OSWALDO PACHECO RODRIGUEZ. EL delito de SECUESTRO se sancionaba en el artículo 192 del Código Penal derogado, con una pena de 20 AÑOS A PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE POR VIDA. "Aun cuando no consiguiere su propósito, quien, con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio; b),c)".- En el Nuevo Código Penal Vigente, el delito de SECUESTRO se encuentra regulado en el Artículo 239, en el que se establece de que "Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de 8 A 12 AÑOS Y PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA POR EL DOBLE DE TIMPO DE LA CONDENA". Sin embargo, de los Hechos Probados se advierte que concurren las agravantes establecidas en el artículo 240 numerales 3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) hora. 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; atendiendo que la víctima estuvo privada de libertad por 13 días, asimismo se determina que para perpetrar el injusto penal, participaron tres individuos armados, lo que conforme al artículo 136 del Código Penal, 10 define como GRUPO DELICTIVO ORGANIZADO, como lo siguiente: "Se considera grupo delictivo organizado estructurado de tres (3) a más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados conforme lo dispuesto en el presente Código" determinado la norma citada en el párrafo último lo siguiente:"Si concurrirán dos más circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años de prisión.". De ahí, que estima esta Representación fiscal que en el caso sub -examine las disposiciones contempladas en el Nuevo Código Penal, corresponde su aplicación, ya que efectivamente establece una pena más favorable a los hoy condenados, por lo que, lo peticionado por los revisionistas se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal por ser esta más benigna a los condenados. III.- OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUEN las presentes acciones de revisión, en los términos supra señalados.- Acto seguido, cedió la palabra Abogado CARIOS EDUARDO AVILA FUNEZ apoderado legal de la Señora PROSPERO OSWALDO PACHECO RODRIGUEZ a efecto de que haga uso de su derecho a la Réplica, quien manifiesta: Pues en aras de la aplicación de la justicia, pues esta defensa está en contra de lo manifestado por el ente fiscal, cómo es posible que el ente fiscal viene aquí a decir a querer agregar una agravante que no existe caeríamos en un doble juzgamiento en contra de mi representado ya las agravantes están establecidas en el código viejo, que cuando entra empieza el código nuevo desaparecen es totalmente absurdo que a estas alturas el fiscal quiera agregar un agravante que no existe como la es la numeral 7 si vemos que el ente acusador, pues está actuando objetivamente, también debe actuar objetivamente a favor de nuestro imputado pues caeríamos en un doble juzgamiento si esta honorable sala pretende incluirle una nueva agravante que no existe en el caso porque mi representado s6lo se le agrega lo que es el agravante numeral 3 del 240 que habla que en el código viejo era 24 horas, la privación y el código nuevo habla sobre 1o que es las 72 horas nada más por eso es que esta defensa solicita la pena de 12 a 15 años solamente. (Folios 65 al 68 de la pieza del recurso de amparo).CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos de los Garantistas expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. Los recurrentes fundan su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor de los condenados, cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Solicitando una condena de 12 años de reclusión. CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. Así mismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Articulo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás.CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.CONSIDERANDO SEIS (6): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro-CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.CONSIDERANDO DIEZ (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas.CONSIDERANDO ONCE (11): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal esta Sala aprecia que efectivamente los señores RAUL ARMANDO FAJARDO VINDEL Y PROSPERO OSWALDO PACHECO RODRIGUEZ fueron condenados por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha diecinueve (19) de Septiembre del dos mil diecinueve (2019), a la pena de VEINTICINCO AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO en perjuicio de (SIC)….”LUIS DANIEL MOURRA LUNA”, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 192 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Secuestro. III. Esta Sala procede a examinar si el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho.CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a los señores RAUL ARMANDO FAJARDO VINDEL Y PROSPERO OSWALDO PACHECO RODRIGUEZ, la pena principal de VEINTICINCO AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en 192 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida y el Código Penal vigente Decreto 130-2017 en su artículo 239 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta pena de prisión de ocho (8) a doce(12) años; así como el 240 que contiene el SECUESTRO AGRAVADO: Que establece que debe de ser castigado a una pena de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1,2, 3) La Privación de Libertad exceda de setenta y dos (72) horas; 4,5,6,7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; 8,9,….. Así como también sí concurren dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años.- Sí se causa, dolosa o imprudentemente, la muerte del secuestrado, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que, en el marco de penas abstractas, tomando en cuenta que los encausados fueron condenados a la pena de veinticinco años, de acuerdo al artículo 194.2 del Código Penal derogado; y de acuerdo al Código Penal Vigente son menos gravosas para el encausado. II. El sentenciado, al tenor del artículo 239 del nuevo Código Penal cometió el delito de Secuestro, puesto que privó de la libertad a otra persona y exigió condición para liberarla cumpliéndose esta condición. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada. III. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde al encausado se le impuso la pena de veinticinco años. Se debe imponer al encausado la pena de QUINCE (15) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena por el delito de Secuestro, en virtud que se le agrava porque solo concurre según los hechos probados de la sentencia dos circunstancias agravantes como ser la numeral 3 y 7 del artículo 240 del Nuevo Código Penal Vigente, como ser La Privación de Libertad exceda de setenta y dos (72) horas; y la numeral 7 que indica que es cuando el delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; como lo estableció el Ministerio Público en Audiencia de Oposición; ya que se cumplen según los hechos probados de la misma sentencia por observarse en la foliada de la misma que el cumplimiento de la condición no se logró; pero que sí bien es cierto de la foliada del expediente en los hechos probados de la sentencia se logra observar que el ofendido estuvo en cautiverio o secuestrado por trece días y con las llamadas o escuchas telefónicas autorizadas judicialmente se logra interceptar comunicaciones entre los señores RAUL FAJARDO VINDEL, con PROSPERO OSWALDO PACHECO RODRIGUEZ, entre RAUL FAJARDO VINDEL Y KEVIN JOHAN URBINA PAZ, y entre RAUL FAJARDO VINDEL Y MARCO ANTONIO PRADO AQUINO, manifestándose entre ellos avances y estado de las negociaciones de pago de rescate del señor ELIAS MOURRA; Y la definición según el artículo 136 del nuevo Código Penal Vigente de lo que es Grupo Delictivo Organizado, se establece que es cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados conforme a lo dispuesto en el presente Código.- V. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por los abogados JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES a favor del señor RAUL ARMANDO FAJARDO VINDEL; y por el abogado CARLOS EDUARDO AVILA FUNEZ, a favor del señor PROSPERO OSWALDO PACHECO RODRIGUEZ.- II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta a los señores RAUL ARMANDO FAJARDO VINDEL Y PROSPERO OSWALDO PACHECO RODRIGUEZ, por el delito de SECUESTRO, en perjuicio de ELIAS DANIEL MOURRA LUNA, con la observación que en la sentencia de la condena el ofendido aparece con el nombre de (SIC)…”LUIS DANIEL MOURRA LUNA”, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO a los Señores RAUL ARMANDO FAJARDO VINDEL Y PROSPERO OSWALDO PACHECO RODRIGUEZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de SECUESTRO AGRAVADO en perjuicio de (SIC)…”LUIS DANIEL MOURRA LUNA”, con la observación que en el proceso aparece también con el nombre ELIAS DANIEL MOUURA LUNA, a la pena de QUINCE (15) AÑOS de prisión y prohibición de residir o acudir al lugar en que se haya cometido el delito o en aquel en que resida la víctima o su familia por el doble de tiempo de la condena. Más las penas accesorias de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado Luis Fernando Padilla Castellanos.- NOTIFÍQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de octubre de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal(Acumulado) registrado en este Tribunal con el número SCO-1064-2023 y 450-2024
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL